Fotografía de archivo de un trabajador del acero en Filadelfia. EFE/MICHAEL REYNOLDS
Las acerías US Steel y Nippon Steel anunciaron el pasado viernes, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo para que el grupo japonés invierta 11.000 millones de dólares en la acería estadounidense, el cual incluye la concesión de una llamada acción dorada para el Gobierno de EE.UU., que le permitirá ejercer control sustancial sobre la empresa con sede en Pensilvania.
Trump, firmó una orden Ejecutiva que condicionaba el trato a la firma de un Acuerdo de Seguridad Nacional (NSA) con el Gobierno federal, que ambas empresa han indicado que rubricaron ya.
«El NSA prevé aproximadamente 11.000 millones de dólares en nuevas inversiones hasta 2028, lo que incluye la inversión inicial en un proyecto totalmente nuevo que se completará después de 2028», explicaron las dos empresas en un comunicado conjunto.
«El NSA también incluye compromisos relacionados con la gobernanza (incluida la emisión de una acción dorada al Gobierno de Estados Unidos), la producción nacional y asuntos comerciales», añade el texto.
Según el comunicado el acuerdo «impulsará inversiones sin precedentes en la producción de acero en Estados Unidos, protegiendo y creando más de 100.000 empleos».
Se siguen sin conocer en todo caso muchos detalles de un acuerdo que Washington ha evitado calificar de «compra» en la medida de lo posible, insistiendo en que U.S. Steel seguirá siendo estadounidense, conservará su nombre y mantendrá sede en Pensilvania.
Fue precisamente en una de las plantas de U.S. Steel en ese estado donde Trump adelantó el pasado 23 de mayo que daría luz verde a la operación después de haber bloqueado la oferta de fusión inicial.
El pasado 3 de enero, cuando todavía estaba en el poder el demócrata Joe Biden (2021-2025) bloqueó la venta de la acería estadounidense, alegando motivos de seguridad nacional y de cara a que el país tuviera una «industria acerera fuerte».
El bloqueo formal de la fusión frustró una operación valorada inicialmente en unos 14.000 millones de dólares que debía convertir a Nippon Steel en la segunda mayor acerera del mundo y en un gigante de la industria pesada capaz de competir con otros como ArcelorMittal o los titanes chinos liderados por Baowu Steel.
Trump dijo, antes de la decisión de Biden, que se oponía frontalmente a la operación, pero tras retornar a la Casa Blanca y recibir en febrero al primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, se mostró favorable a que Nippon Steel pueda adquirir una participación limitada en el gigante estadounidense venido a menos.
Personas participan en una manifestación en defensa de la comunidad migrante este sábado, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Enid M Salgado
Puerto Rico se unió el sábado a las protestas contra las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, recordando que la isla es tierra de migrantes y rechazando las redadas realizadas para detener principalmente a miembros de la comunidad dominicana.
Los manifestantes denunciaron asimismo que el Gobierno puertorriqueño de Jenniffer González está colaborando con las autoridades federales y entregando información de los migrantes para facilitar su detención y deportación.
Convocada por el Frente contra las Políticas Migratorias del Presidente Trump, bajo el lema ‘Puerto Rico es tierra de migrantes’, cientos de personas se congregaron en la calle Fortaleza del Viejo San Juan, frente a la sede del Ejecutivo.
‘Lucha sí, entrega no’, ‘No a la deportación, sí a la integración’, ‘Jenniffer escucha, estamos en la lucha’, ‘Las dominicanas son nuestras hermanas y los dominicanos son nuestros hermanos’ y ‘En Borinken, bienvenida toda América Latina’ fueron algunas de las consignas coreadas.
Personas participan en una manifestación en defensa de la comunidad migrante este sábado, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Enid M Salgado
Con banderas puertorriqueñas, dominicanas y palestinas, los manifestantes marcharon por la calle Fortaleza y alrededores como parte de las movilizaciones ‘No Kings Day’, que se están dando en distintas partes de EE.UU., país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.
En uno de los discursos durante la protesta, Nilmaris Díaz, hija de migrantes dominicanos y miembro de la Colectiva Feminista en Construcción, denunció que las redadas tienen un componente racista.
«Acechan a migrantes haitianos, dominicanos, a personas nacidas aquí visiblemente negras, lo que demuestra que esto es una política que pretende moldear un presente en el que las personas negras estén sujetas a cualquier tipo de violencia», afirmó.
«Las personas migrantes, como mis papás y mi familia, trabajan, construyen, alimentan y sudan este país. Somos parte de la comunidad», dijo Díaz entre aplausos.
La activista llamó a «asumir un posicionamiento de defensa» de las comunidades migrantes y a «enfrentar» al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
En lo que va de 2025, el ICE ha realizado al menos 568 detenciones relacionadas a estatus migratorio en Puerto Rico, casi cien detenciones cada mes de este año.
Por su parte, Romelinda Grullón, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, denunció que esos operativos del ICE «han desatado una verdadera crisis humanitaria, porque el terror generado ha llevado a las personas inmigrantes a no asistir a sus lugares de trabajo y hasta a los hospitales a buscar servicio».
Además, el Gobierno de Puerto Rico entregó las listas con los datos de las licencias de conducir de sobre 6.000 personas inmigrantes en el país, lo que ha despertado gran controversia en la isla.
Por ello, el Frente exigió al Gobierno de González que cese cualquier colaboración con el ICE y otras agencias de control migratorio, incluyendo el compartir información y datos de las personas inmigrantes que residen en Puerto Rico.
Ante las críticas, el pasado 6 de junio, la gobernadora justificó que las leyes de inmigración federal son «mandatorias» y que su Administración está haciendo «lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni mas, ni menos».
Más de 2.000 actos han sido convocados este sábado en los 50 estados de EE.UU. para coincidir con un controvertido desfile militar que el presidente Donald Trump ha querido celebrar en Washington y protestar contra lo que los organizadores califican de «autoritarismo» por parte de su Gobierno.
Según un mapa facilitado por los organizadores, solo en Indiana hay programadas unas tres decenas de manifestaciones. También hay protestas programadas en otros países, como Reino Unido, México y Alemania.
La manifestación principal se llevará a cabo en Filadelfia, no en Washington, para marcar un contraste simbólico con el evento oficial. Filadelfia, una ciudad rica en historia revolucionaria, acogerá la transmisión nacional en directo del acto, dijo Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible y una de las organizadoras de las concentraciones, en consonancia con sus esfuerzos por enmarcar las protestas como una oposición pacífica y patriótica.
Greenberg se negó a especular sobre el tamaño de las manifestaciones, pero dijo que los organizadores habían recibido más confirmaciones de asistencia que para las protestas masivas “¡Hands Off!” de abril.
El desfile, que coincide con el 79 cumpleaños de Trump, ha sido criticado por los convocantes y otras figuras que consideran que el presidente busca alimentar su ego con un evento que en realidad se celebra para honrar el 250 aniversario de la fundación del Ejército de los Estados Unidos.
La jornada de protestas ha sido bautizada como ‘Día Sin Reyes’, pues las organizaciones detrás de las mismas consideran que el neoyorquino está actuando como uno desde su retorno a la Casa Blanca, y destacan además que el mandatario esté usando al ejército, que se fundó para hacer frente precisamente a la monarquía británica, para cubrirse de gloria.
«El 14 de junio, Día de la Bandera, el presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominación para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes», reza la convocatoria del ‘Día sin reyes».
El organizador de «Sin Reyes», Ezra Levin dijo al The Washington Post que el interés se ha disparado desde el inicio de las protestas, con personas en 200 ciudades más inscribiéndose para organizar eventos esta misma semana.
“Ya no hablamos solo con gente que se preocupa por la política”, dijo Levin, cofundador del grupo de defensa liberal Indivisible.
“La gente ve los excesos de Trump y dice: ‘No me gusta, ¿qué puedo hacer?’”.
Levin añadió que esperan más de los cerca de 3.5 millones de personas que participaron en una jornada de acción similar a nivel nacional en abril.
No se ha convocado acto alguno en Washington adrede para tratar de evitar que lo que suceda en la capital sea «el centro de gravedad» y se espera que la protesta de Filadelfia, ciudad 200 kilómetros al noreste de la capital y considerada la cuna del movimiento independentista y de la democracia estadounidense, sea una de las mayores que se celebrarán en la tarde del sábado.
“En lugar de permitir que este desfile de cumpleaños sea el centro de atención, haremos que las acciones en todos los demás lugares sean la historia de Estados Unidos ese día: gente unida en comunidades de todo el país para rechazar la política autoritaria y la corrupción”, dice el sitio web.
«El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes», concluye el mensaje de los organizadores.
“No Kings es un día nacional de desafío. Desde las cuadras de la ciudad hasta los pueblos pequeños, desde los tribunales hasta los parques comunitarios, estamos tomando acción para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo luce realmente la democracia”, dice la página principal de NoKings.org, el colectivo central que organiza las protestas del sábado. “No nos reunimos para alimentar su ego. Estamos construyendo un movimiento que lo dejará atrás.”
Las protestas son una continuación de las manifestaciones del 5 de abril, cuando millones de estadounidenses salieron a las calles para alzar la voz contra Trump durante el movimiento “Hands Off” (Manos Fuera).
Tanto el desfile militar como el ‘Día sin reyes’ llegan después de una tumultuosa semana en la que las protestas contra las agresivas redadas contra migrantes del Gobierno Trump han deparado protestas y disturbios en Los Ángeles desde el pasado 6 de junio, y que han encontrado apoyo en otras ciudades con cientos de arrestos en todo el país.
Trump ha dicho que en Washington se celebrará «por todo lo alto» y ha advertido que «si hay alguna protesta, cuando salgan se enfrentarán una fuerza muy poderosa».
El presidente decidió además movilizar a miles de efectivos de la Guardia Nacional para sofocar las protestas de Los Ángeles, decisión criticada por las autoridades locales, que consideran que los disturbios estaban bajo control y que la orden de Trump solo buscaba incrementar la tensión.
Un juez federal recien estimó que la decisión del presidente es ilegal, aunque un tribunal de apelaciones dejó la orden en suspenso horas después.
Por su parte, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha seguido los pasos de Trump y el jueves anunció que ha ordenado el despliegue de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional, junto con más de 2.000 policías estatales, para responder a las manifestaciones en curso y en preparación para las convocadas para el ‘Día sin reyes’.
Fotografía de archivo de un trabajador del acero en Filadelfia. EFE/MICHAEL REYNOLDS
Redadas migratorias amenazan negocios que abastecen alimentos en EE. UU.
Las redadas migratorias a gran escala en empacadoras y campos en California están amenazando a las empresas que suministran a Estados Unidos gran parte de los alimentos que consume, de acuerdo con las asociaciones agrícolas.
Docenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados recientemente después de que agentes federales uniformados se desplegaran en plantaciones al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura, conocido por el cultivo de fresas, limones y aguacates.
Otros no acuden a trabajar debido al miedo que se ha extendido entre las comunidades de inmigrantes, mientras el presidente, Donald Trump, intensifica su campaña contra la migración con la promesa de aumentar drásticamente los arrestos.
Envió agentes federales a efectuar detenciones en estacionamientos de Home Depot y en lugares de trabajo, incluyendo autolavados y una fábrica de ropa. Además, el mandatario desplegó tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras las protestas contra sus operaciones de control migratorio. Las manifestaciones se han repetido en otras ciudades del país.
Maureen McGuire, directora ejecutiva de la Oficina de Agricultura del condado de Ventura, afirmó que entre el 25 % y el 45 % de los trabajadores han dejado de presentarse a trabajar en los campos desde el inicio de las redadas a gran escala este mes.
“Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos quedan sin cosechar, las empacadoras se retrasan y las cadenas de suministro del mercado, desde las tiendas de comestibles locales hasta los minoristas nacionales, se ven afectadas”, dijo en un comunicado el jueves. “Esto afecta a todo estadounidense que coma”.
California, un importante centro agrícola de EE. UU.
Las explotaciones agrícolas californianas producen más de un tercio de las verduras del país y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos. Aunque el gobierno estatal está en manos de los demócratas, en los territorios dedicados al cultivo hay grandes áreas republicanas y muchos agricultores en toda la región confiaban en la ayuda de Trump en cuestiones clave que van desde el agua hasta el comercio.
Primitiva Hernández, directora ejecutiva de 805 UndocuFund, estimó que al menos 43 personas fueron detenidas en el campo en los condados de Ventura y Santa Bárbara desde el lunes. La cifra procede tanto del consulado mexicano como de las propias estimaciones del grupo tras hablar con familiares de los arrestados, explicó.
Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, apuntó que su asociación recibió reportes de detenciones de migrantes en explotaciones tan al norte como el Valle Central de California. Lucas Zucker, codirector ejecutivo de la Alianza de la Costa Central Unida por una Economía Sostenible, dijo que los trabajadores agrícolas les comunicaron que los agentes acudieron a al menos nueve granjas, pero fueron rechazados por los supervisores porque no tenían orden judicial.
“Esto es simplemente un ataque masivo a una comunidad inmigrante de clase trabajadora y es, en esencia, discriminación», afirmó Zucker. “No persiguen a personas concretas que sean realmente el objetivo. Están buscando a ciegas».
En respuesta a preguntas sobre este tipo de detenciones, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que la agencia seguirá las instrucciones del presidente y continuará tratando de expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos.
Trump reconoce las preocupaciones de los agricultores
El presidente reconoció el jueves la preocupación de los agricultores porque la intensificación de la aplicación de la ley migratoria pueda dejarlos sin la mano de obra de la que dependen para cultivar los alimentos para el país. Dijo que se haría algo para abordar la situación, pero no proporcionó detalles específicos.
“Nuestros grandes agricultores y personas en el sector hostelero y de esparcimiento han estado afirmando que nuestra muy agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y con mucha experiencia, y que esos puestos son casi imposibles de reemplazar”, dijo en su cuenta de redes sociales.
“Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los CRIMINALES de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios!”.
La Oficina de Agrucultura de California dijo que no ha recibido informes de una interrupción generalizada en la fuerza laboral, pero apuntó que entre los miembros de la comunidad hay preocupación. Bryan Little, director de defensa de políticas de la entidad, afirmó que llevan tiempo presionando para una reforma migratoria que aborde la enquistada escasez de mano de obra.
“Entendemos que algunos trabajadores pueden sentirse inseguros en este momento y queremos ser muy claros: la agricultura de California depende y valora a su mano de obra”, dijo Little en un comunicado. “Si la actividad federale de control migratorio continúa en esta dirección, será cada vez más difícil producir alimentos, procesarlos y llevarlos a los estantes de las tiendas».
Trabajador agrícola teme por sus hijos
Un trabajador, que pidió no ser identificado por miedo, contó que estaba recolectando fresas en una explotación en el condado de Ventura el martes temprano cuando más de una docena de autos llegaron a la propiedad de al lado. Según su relato, arrestaron al menos a tres personas y las metieron en camionetas, mientras las trabajadoras lloraban. Los supervisores del terreno en el que trabajaba él no permitieron la entrada de los agentes, añadió.
«Lo primero que me vino a la mente fue ¿quién se quedará con mis hijos?», dijo el trabajador mexicano y lleva dos décadas viviendo en Estados Unidos. «Es algo muy triste y desafortunado porque no somos criminales».
Señaló que no fue a trabajar el miércoles por miedo y que sus jefes le dijeron que se quedara en casa al menos un día más hasta que se calme la situación. Pero eso significa que la fruta no se está recogiendo y él no está cobrando.
«Son días perdidos, días que no trabajamos. Pero, ¿qué más podemos hacer?», se cuestionó.
Governor Josh Shapiro today announced that Amazon is planning to invest at least $20 billion to establish multiple high-tech cloud computing and artificial intelligence (AI) innovation campuses across the Commonwealth of Pennsylvania. This investment will create at least 1,250 high-paying, high-tech jobs. Salem Township and Falls Township are the first communities identified as sites for these future campuses. Multiple additional Pennsylvania communities are under consideration. (Credit: Commonwealth Media Services)
HARRISBURG, Pa. — Job No. 1 for Republicans in Pennsylvania is to scrounge up a candidate to contest next year’s reelection bid by Democratic Gov. Josh Shapiro — if only to run interference for other Republicans on the ballot who are clinging to seats in Congress.
In other words, the unalluring mission of next year’s Republican gubernatorial nominee could be just to not get blown out by the relatively popular incumbent. That’s because a lopsided victory by Shapiro could otherwise doom Republicans up and down Pennsylvania’s ballot — and, with them, the GOP’s narrow majority in the U.S. House that backs President Donald Trump’s agenda.
That’s one more reason Pennsylvania could again find itself at the center of attention, even during the midterms and even if the GOP faces long odds against beating Shapiro. Democrats are targeting four GOP-held congressional seats in Pennsylvania alone — more than in any other state — and they need to flip only three seats nationwide to retake the majority they lost in 2022.
Having a valuable standard-bearer is important, analysts say. That is the candidate who often sets the tone for the party in the state, delivers the party’s message and drives the enthusiasm of the party’s faithful to go out and vote.
Republicans had Trump atop their ticket in 2024, and he proved formidable in Pennsylvania. Next year, it will be Democrats with a familiar name leading the way, and he, too, brings considerable heft.
He’ll run at what could be a difficult time for Republicans. During a midterm election, the party of the president — in this case, Trump — typically loses seats in what pollsters describe as a political readjustment by an electorate that tends to punish the status quo.
“The big question I have is, ‘Would you as a Republican thinking about this office want to choose 2026 as the time you want to make that run?’” said Christopher Borick, a pollster and director of the Muhlenberg College Institute of Public Opinion. “You’re thinking, ‘Well I want to be governor,’ but you’re thinking, ‘I have to first take on a well-funded incumbent who’s never lost a race in the state, and I have to do it in a period where my party is facing headwinds.’”
The four Republican congressmen in Pennsylvania being targeted by Democrats are Rob Bresnahan, Brian Fitzpatrick, Ryan Mackenzie and Scott Perry.
Fitzpatrick and Perry are survivors of repeated challenges. Bresnahan and Mackenzie are freshmen.
Fitzpatrick is one of just three House Republicans nationally to represent a district won by Democrat Kamala Harris in last year’s presidential election. He won by 13 percentage points.
Pennsylvania Gov. Josh Shapiro speaks before Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris and her running mate Minnesota Gov. Tim Walz during a campaign event in Philadelphia, Tuesday, Aug. 6, 2024. (Photo: Impacto/Staff)
But Perry, Bresnahan and Mackenzie each won by 1.6 percentage points or less, putting their victories among the narrowest of 2024.
Those victories came without political headwinds on a GOP ticket led by Trump, who carried battleground Pennsylvania by nearly 2 percentage points.
Plus, Republicans lost a slew of seats in Pennsylvania the last two times an incumbent Democratic governor ran for reelection in midterms with a Republican president.
It’s going to be “super-important” for Republicans’ down-ballot races to have a strong top-of-the-ticket candidate, said Bob Salera, a Republican campaign strategist who has worked on campaigns for governor in Pennsylvania.
But, Republicans acknowledge, Shapiro enters the race from a position of strength.
“He’s turning into a national figure, so he’ll have all the money possible at his disposal to win in 2026,” Salera said. “He’s a formidable candidate, for certain, and it’ll take a formidable Republican to beat him.”
Defeating Shapiro is obviously the GOP’s preference. But a competitive race could at least protect other Republicans and damage Shapiro’s popularity in Pennsylvania enough to pay dividends in the next presidential contest.
“Josh Shapiro is a fairly strong candidate,” said Bill Bretz, the GOP chair of heavily Republican Westmoreland County. “He’s someone we need to identify the chink in the armor here and need to set back his candidacy for governor so that we can set him back in 2028.”
In any case, it’s a little early for that conversation, Bretz said.
Governor Josh Shapiro today announced that Amazon is planning to invest at least $20 billion to establish multiple high-tech cloud computing and artificial intelligence (AI) innovation campuses across the Commonwealth of Pennsylvania. (Credit: Commonwealth Media Services)
No Republican has declared a candidacy for the GOP nomination, and, for now, two in particular say they’re considering it.
One is U.S. Rep. Dan Meuser, who hails from a Trump-friendly congressional district in northeastern Pennsylvania. At Trump’s rally at a U.S. Steel plant last month, Trump singled out Meuser in the crowd and said nice things about him.
“He’s been a great congressman, and if you run, you have my support totally, and you’ll win,” Trump said. Meuser said he’ll decide by July 1.
The other is state Treasurer Stacy Garrity, a two-time statewide winner who has campaigned for other Republicans all over Pennsylvania but has raised only a fraction of the money Shapiro did while winning two low-profile races.
All told, Democrats have put a target on 35 Republican-held House districts, needing to flip just three to transform a 220-215 majority into a minority.
For his part, Shapiro smashed Pennsylvania’s campaign spending record in 2022, and he’s running for reelection in a state that’s friendly to incumbent governors.
Shapiro’s most recent public approval ratings resemble those of a candidate who’ll cruise to reelection, said Berwood Yost, a pollster and director of the Center for Opinion Research at Franklin and Marshall College.
Shapiro unified the party and its allies behind his candidacy in 2022, after winning two statewide elections for attorney general.
Shapiro has ably managed the levers of state government and avoided any major scandal. He has raised his profile nationally, including making Harris’ shortlist of vice presidential running mates, and kept his grip on party unity.
For a candidate to run against Shapiro, there aren’t many incentives, Yost said. Timing can be everything in a successful — or unsuccessful — political career, he said.
“You never know what’s going to happen, but you’re signing up for something you know will be incredibly challenging,” Yost said. “You have to wonder, if you’re an ambitious politician, timing is important.
“Maybe you wait this one out. There’s always another statewide race.”
After more than a decade of collaboration with U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Montgomery County Correctional Facility (MCCF) has announced plans to cease honoring ICE detainers that lack a judicial warrant. The decision, which comes on the heels of intense community organizing and advocacy, is being hailed as a critical step forward by local immigrant rights organizations.
In a joint statement released Friday, a coalition of advocacy groups including CAIR Pennsylvania, the Pennsylvania Immigration Coalition, Unides Para Servir Norristown, the Movement for Black and Brown Lives in Montgomery County, and the Woori Center, expressed “cautious hope” about the policy change. While the final version of the policy is still being drafted, the organizations view the move as a potential turning point in the county’s relationship with ICE and immigrant communities.
“We are cautiously hopeful that this will mark the end of ICE detainers in Montgomery County and if so, that will be a victory hard won by the community, for the community,” the coalition said in the statement.
However, the advocates were clear that the policy change, while significant, does not undo the harm already inflicted. “This change comes too late for the many community members who are now in ICE detention or have been deported due to past MCCF collaboration with ICE,” they wrote. The groups vowed to continue supporting those impacted by deportation and reiterated their demand for broader legislative protections through a «Welcoming County Act.»
The shift in MCCF policy came shortly after a high-profile case in which a Norristown mother was transferred to ICE custody, igniting renewed public outcry. “The expediency in their actions now proves what we have known all along… the county has always had the power to end ICE collaboration,” the statement read.
For months, community members and advocacy groups have pressured county commissioners to sever ties with ICE and enact policies that safeguard immigrant residents. With MCCF’s reversal, the spotlight now turns to the county government. The coalition is urging commissioners to take the next step and codify protections by passing the Welcoming County Act.
“The law is clear,” the organizations stated. “The county commissioners can and must pass a Welcoming County Act.”
The immigrant rights community in Montgomery County views this latest development as a result of persistent grassroots pressure. But for them, the fight is far from over. As the final policy is awaited, eyes remain fixed on the commissioners and the ongoing call for lasting, systemic change.
Personas protestan frente a un hotel donde se hospedan agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), este miércoles en Whittier, California (EE.UU.). EFE/Ana Milena Varón
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha decidido pausar su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos métodos, según adelantó este viernes el diario The New York Times.
Según un correo electrónico al que ha tenido acceso el rotativo y la confirmación de funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pause los operativos que afectan a la industria agrícola y a la hostelería.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó en un comunicado que se obedecerán «las instrucciones del presidente» y que la cartera seguirá «trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales».
Adriana Martínez sostiene un letrero en una marcha de trabajadores sindicalizados y otras personas a favor de David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio de California, el lunes 9 de junio de 2025, en Las Vegas. (Foto: AP/John Locher)
La decisión apunta a que esta campaña de arrestos a discreción para tratar de deportar a inmigrantes a gran escala está perjudicando a industrias y a circunscripciones electorales cuyo apoyo Trump quiere conservar de cara a las legislativas del año próximo.
Las nuevas instrucciones se transmitieron a ICE en un correo electrónico enviado este pasado jueves en el que se pide que se «suspendan todas las investigaciones/operaciones de cumplimiento de la ley en centros de trabajo en sector de agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles”.
Estas nuevas directrices llegan a su vez tras más de una semana de intensas protestas en Los Ángeles contra esta política migratoria y de que el propio Trump admitiera de que las redadas parecen estar afectando al sector agrícola, que en estados como California, donde se han intensificado las detenciones, dependen casi exclusivamente de la mano de obra inmigrante.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha implementado una agresiva política de mano dura contra la inmigración y responsables de su Gabinete mantuvieron recientemente una reunión con la cúpula de ICE para ordenarles que llevaran a cabo 3.000 arrestos al día, un mandato que parece estar detrás de la intensificación de las redadas.
ARCHIVO – El presidente Donald Trump, izquierda, habla con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en un evento realizado en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, el 12 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
WASHINGTON (AP) — El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proporcionó esta semana a las autoridades de deportación los datos personales —incluido el estatus migratorio— de inscritos en el Medicaid, un acto que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración.
En un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press se muestra que las autoridades del Medicaid intentaron bloquear, sin éxito, la transferencia de datos, alegando preocupaciones jurídicas y éticas.
No obstante, dos altos asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que el conjunto de datos se entregara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según se muestra en los correos electrónicos. A los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) se les dieron sólo 54 minutos el martes para acatar la directriz.
El conjunto de datos incluye la información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., todos los cuales permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses se inscriban en programas del Medicaid que les pagan sus gastos utilizando únicamente fondos aportados por los contribuyentes estatales. Los CMS transfirieron la información en un momento en que el Gobierno de Trump intensificaba sus redadas migratorias en el sur de California.
Además de ayudar a las autoridades a localizar a los migrantes, señalaron expertos, el Gobierno también podría usar la información para frustrar las esperanzas de aquellos que desean obtener la residencia legal, la residencia permanente o naturalizarse si alguna vez obtuvieron beneficios del Medicaid financiados por el gobierno federal.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó en un comunicado que le preocupa la forma en que los funcionarios de deportación podrían utilizar los datos, especialmente mientras las autoridades federales realizan redadas migratorias con la asistencia de efectivos de la Guardia Nacional y la infantería de Marina en Los Ángeles.
“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se lee en el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que nos ha hecho saber la AP es extremadamente preocupante y, de ser cierta, es potencialmente ilegal, especialmente en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para utilizar la información personal de los estadounidenses”.
Algunos legisladores de California también expresaron alarma el viernes. La representante federal Laura Friedman, de filiación demócrata, escribió en la red social X que “nunca deberíamos usar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra. Esto sólo llevará a más caos y dolor en nuestras comunidades”.
Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), dijo que el compartir datos fue legal. Se negó a responder preguntas sobre por qué se compartieron los datos con el DHS y cómo se utilizarían.
“Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal —y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables—, para asegurar que los beneficios del Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, explicó Nixon.
Una funcionaria del DHS, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que Trump “prometió proteger el Medicaid para los beneficiarios elegibles. Para cumplir esa promesa después de que (el expresidente) Joe Biden inundó a nuestro país con decenas de millones de inmigrantes ilegales, los CMS y el DHS están explorando una iniciativa para asegurar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios del Medicaid destinados a estadounidenses respetuosos de la ley” .
Cabe precisar que para tener acceso a estos beneficios se necesita un seguro social, por lo cual los indocumentados no tienen acceso.
La iniciativa parece formar parte de un empeño más amplio del Gobierno de Trump para proporcionarle al DHS más datos sobre los migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a impedir que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
Una revisión enfocada en millones de inmigrantes inscritos en el Medicaid
Los CMS anunciaron a finales del mes pasado que revisaban a algunas personas inscritas en el Medicaid de ciertos estados con el fin de garantizar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”. En una carta enviada a los funcionarios estatales del Medicaid, los CMS dijeron que la iniciativa formaba parte de la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero, titulada: “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.
Dentro de esa revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre no ciudadanos inscritos en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora del Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de los CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes al tanto del proceso.
Los datos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y detalles de reclamaciones de los inscritos en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a los CMS. Ambas personas hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre la entrega de datos.
Funcionarios de los CMS intentaron luchar contra la solicitud de entrega de datos del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría distintas leyes federales, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Vitolo.
“Varias autoridades jurídicas y regulatorias federales no permiten que los CMS compartan esta información con entidades fuera de los CMS”, escribió Vitolo, explicando además que la entrega de tales datos personales sólo está permitida para la administración directa del programa Medicaid.
Entregar información sobre solicitantes o inscritos en el Medicaid a funcionarios del DHS violaría una “política de larga data”, escribió Vitolo, empleada de carrera, a Kim Brandt, administradora adjunta y directora de operaciones de los CMS que fue designada por Trump.
No fue posible contactar a Vitolo ni a Brandt para solicitarles sus comentarios.
(Photo: Illustrative/File)
Los argumentos jurídicos expuestos en el memorando no lograron persuadir a los funcionarios designados por Trump en el HHS, que supervisa el Medicaid.
El 10 de junio, cuatro días después de que se enviara el memorando, funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS para las 5:30 tiempo del Este de hoy”, según intercambios de correos electrónicos obtenidos por la AP.
Exfuncionarios del gobierno dijeron que la medida era inusual porque los CMS, que tienen acceso a datos de salud personales de casi la mitad del país, no suelen compartir información tan delicada con otros departamentos.
“El DHS no desempeña ningún papel en nada relacionado con el Medicaid”, observó Jeffrey Grant, un ex empleado de carrera de los CMS.
Más allá de sus argumentos jurídicos, Vitolo dijo que compartir la información con el DHS podría tener un efecto disuasorio en los estados, quizás incitándolos a retener información. Los estados, agregó, necesitaban protegerse contra el “riesgo jurídico” que asumían al darle a funcionarios federales datos que podrían compartirse con las autoridades de deportación.
Un hecho “preocupante”
Todos los estados están obligados legalmente a proporcionar servicios de emergencia del Medicaid a personas que no son estadounidenses, incluidas aquellas que están legalmente en el país pero que aún no han cumplido con un período de espera de cinco años para solicitar ingresar al Medicaid.
Siete estados, junto con el Distrito de Columbia, permiten que los inmigrantes iregulares se inscriban —con beneficios completos— en el programa Medicaid de su estado. Los estados pusieron en marcha estos programas durante el Gobierno de Biden y dijeron que no le facturarían al Gobierno federal para que cubriera los costos de atención médica de esos inmigrantes.
El Gobierno de Trump ha planteado dudas sobre esa promesa. Nixon, el portavoz del HHS, dijo que los programas de Medicaid para inmigrantes patrocinados por los estados “abrieron las compuertas para que los inmigrantes ilegales se aprovechen del Medicaid, y obligaron a los estadounidenses que trabajan duro a pagar la factura”.
Todos esos estados —California, Nueva York, Washington, Oregon, Illinois, Minnesota y Colorado— tienen gobernadores demócratas. Debido a los problemas presupuestarios de su estado, Newsom anunció este año que congelaría la inscripción en el programa; Illinois también cerrará en julio su programa para aproximadamente 30.000 personas que no son ciudadanos.
Los estados restantes —Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado— aún no han enviado los datos identificables a los CMS como parte de la revisión, según un funcionario de salud pública que ha revisado las solicitudes de esos organismos a los estados.
Funcionarios de salud de Illinois también indicaron que estaban “profundamente preocupados” por los hallazgos de la AP, los cuales revelaron que la información de los clientes del Medicaid de su estado fue compartida con agencias federales fuera de los CMS, dado que “tienen entendido que los datos están protegidos por la Ley de Privacidad de 1974 y otras regulaciones federales, que protegen los derechos de los estadounidenses sobre datos personales y de salud delicados”.
En un comunicado emitido después de la publicación de la historia de la AP, Newsom indicó que la decisión de compartir los datos “pondrá en peligro la seguridad y salud de aquellos que sin duda serán blanco de este abuso”.
Funcionarios de salud estatales del Distrito de Columbia y de Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Planean una protesta anti-Trump a gran escala y en un solo día en más de 1.800 puntos de EE. UU.
Filadelfia se prepara para una manifestación paralela a la celebración del desfile militar en D.C.
La coalición No Kings (Sin Reyes), que reúne a más de 190 grupos de defensa de la democracia en EE. UU., planea llevar a cabo este sábado 14 de junio multitudinarias protestas de costa a costa en contra del presidente Donald Trump.
Es una movilización organizada inicialmente por el movimiento 50501, que representa 50 estados, 50 protestas, un solo movimiento.
La convocatoria pretende opacar un desfile militar programado en Washington D.C. para el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del presidente. Planean una protesta anti-Trump a gran escala y en un solo día en más de 1.800 puntos de EE. UU.
El nombre «No Kings» (Sin Reyes) hace referencia a la oposición a lo que consideran un comportamiento autoritario por parte de Trump, comparándolo con un monarca en lugar de un presidente democrático
La convocatoria pretende opacar el desfile militar programado para ese mismo día en Washington D.C., con el que Trump conmemorará el 250.º Aniversario del Ejército Estadounidense, y Día de la Bandera en EE. UU., y que coincide con su 79.º cumpleaños.
Trump ha organizado un desfile militar masivo en Washington D.C., con tanques, artillería y miles de soldados, lo que ha sido criticado como un intento de glorificación personal. Se espera la participación de unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros.
La manifestación principal se llevará a cabo en Filadelfia, no en Washington, para marcar un contraste simbólico con el evento oficial.
«En lugar de permitir que este desfile de cumpleaños sea el centro de gravedad, haremos que la acción en todas partes sea la historia de EE. UU. ese día: gente uniéndose en comunidades de todo el país para rechazar la política autoritaria y la corrupción», escribe No Kings en su sitio web, señalando que no organizará ningún evento en la capital. «Celebraremos una importante marcha y manifestación emblemática en Filadelfia para establecer un claro contraste entre nuestro movimiento popular y el costoso, derrochador y antiestadounidense desfile de cumpleaños en Washington», añade la organización; que quiere dejar claro su rechazo al autoritarismo, la corrupción y la política centrada en los multimillonarios.
Se calcula que el desfile ordenado por Trump tendrá un coste estimado de entre 25 y 45 millones de dólares.
En Filadelfia, la movilización en paralelo, promovida como una “jornada nacional de desafío”, describe las protestas como una oportunidad para que los estadounidenses “se unan contra la crueldad, la corrupción y el autoritarismo”.
Estas protestas se suman a una serie de manifestaciones a nivel nacional que se realizaron en abril, organizadas por Hands Off! y el Movimiento 5050. Más de 1,000 personas se reunieron en Old City el 19 de abril para denunciar lo que consideraban políticas “antidemocráticas” por parte de la Casa Blanca.
Según los organizadores, los eventos “No Kings” estarán comprometidos con la acción no violenta, y se espera que cualquier persona que participe en las marchas contribuya a evitar posibles enfrentamientos.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, tuvo un mensaje para quienes piensan asistir a las protestas:
“Quiero alentar a cualquier persona que decida manifestarse a que lo haga de manera pacífica. La violencia no es la respuesta, y no será permitida ni en esta ciudad ni en todo el estado”, subrayó.
“Estoy coordinando estrechamente con la alcaldesa Parker; nuestro coronel de la policía estatal está en comunicación constante con el comisionado Bethel, y nos aseguraremos de que sea un día pacífico aquí en Filadelfia”, dijo Shapiro en entrevista con CBS.
La protesta y marcha de “No Kings” en Center City está programada para comenzar a las 12:30 p.m. en LOVE Park
Según la ciudad de Filadelfia, se espera que las personas comiencen a congregarse en la zona desde las 10 a.m.
Los manifestantes marcharán desde LOVE Park por la Benjamin Franklin Parkway hacia Eakins Oval y el Museo de Arte de Filadelfia, donde se realizará una concentración de 1 a 3 p.m.
Funcionarios de la ciudad advirtieron que se esperan retrasos significativos en el tráfico durante ese período.
Los organizadores estiman que entre 60,000 y 80,000 personas participarán en la marcha y concentración.
Filadelfia, afirman, desempeña un papel fundamental en la democracia estadounidense por ser el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia, un acto de desafío a un rey.
“Ya nos deshicimos de uno hace 250 años: un rey loco”, dijo Vicki Miller a la prensa, líderesa del grupo Indivisible Philadelphia, una organización comunitaria que ayuda a liderar la protesta local. “No vamos a permitir que esto se repita”.
Miller aseguró que los preparativos llevan semanas en marcha, con voluntarios elaborando carteles y distribuyendo banderas estadounidenses.
“Queremos que todos sepan que estamos unidos y que no vamos a echarnos atrás”, afirmó. Los organizadores también han reiterado su compromiso con la protesta pacífica del sábado, sin escalar ni caer en provocaciones.
Cierres de calles y restricciones de estacionamiento por la protesta “No Kings” en Filadelfia
Los siguientes cierres viales estarán vigentes el sábado 14 de junio:
Desde las 3:00 a.m. hasta alrededor de las 5:00 p.m.:
Eakins Oval entre Kelly Drive y MLK Drive (frente al Museo de Arte de Filadelfia)
Kelly Drive (sentido hacia el centro) cerrada en Fairmount Avenue
Desde las 10:00 a.m. hasta aproximadamente la 1:30 p.m.:
Calles Arch del 1500 al 1600
Calle 16 desde John F. Kennedy Blvd. hasta Cherry Street
Benjamin Franklin Parkway desde el 1600 al 1700
Desde las 11:30 a.m. hasta aproximadamente las 2:30 p.m.:
Benjamin Franklin Parkway desde la calle 18 hasta Eakins Oval, incluyendo calles transversales
Desde las 11:30 a.m. hasta aproximadamente las 5:00 p.m.:
Benjamin Franklin Parkway del 2200 al 2300, incluyendo calles transversales
Spring Garden Street desde Pennsylvania Avenue hasta Benjamin Franklin Parkway
Calle 23 desde Pennsylvania Avenue hasta Benjamin Franklin Parkway
Kelly Drive en ambos sentidos, desde Eakins Oval hasta Sedgley Drive
Puente de Spring Garden (sentido hacia el centro)
Los conductores que infrinjan las señales temporales de “Prohibido estacionar o detenerse” durante los horarios señalados podrían ver sus vehículos remolcados o trasladados.
La ciudad también informó que varias rutas de autobuses SEPTA serán desviadas entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. aproximadamente.
Un manifestante ondea una bandera mientras un taxi Waymo se incendia cerca del centro de detención metropolitano del centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras la protesta contra la redada migratoria de anoche. (Foto: AP/Jae C. Hong)
Durante la última semana, un mar de banderas mexicanas verdes, blancas y rojas se ha convertido en un elemento fijo de las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.
El uso de banderas mexicanas y de otros países latinoamericanos durante las protestas es una forma de simbolismo que muchos conservadores consideran antiestadounidense, mientras que otros argumentan que es una expresión de orgullo por la patria que no podría ser más estadounidense. Ya sean banderas estadounidenses, mexicanas o palestinas, las pancartas reflejan una nación de inmigrantes cuyas historias se han entrelazado con la historia de Estados Unidos, según los expertos.
Kris Hernández, profesora asociada de historia en Connecticut College, afirmó que ondear banderas extranjeras en Estados Unidos siempre ha concientizado sobre la difícil situación de los grupos marginados. Su aparición en las últimas protestas podría simbolizar la solidaridad con su tierra natal o con los movimientos sociales que apoyan a los estadounidenses de ascendencia mexicana, añadió.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a la prensa que quienes ondeaban banderas mexicanas en las protestas contra la inmigración eran radicales de izquierda que atacaban a los agentes del orden que «expulsaban de la ciudad a inmigrantes ilegales violentos y delincuentes».
Incluso el exrepresentante republicano Adam Kinzinger, un acérrimo crítico de Trump expresó su descontento con la exhibición de banderas no estadounidenses en las protestas contra la inmigración que se han extendido a otros estados.
“Las protestas pacíficas están bien. La violencia no lo está y solo destruirá tu mensaje”, escribió Kinzinger en X. “Banderas estadounidenses o nada”.
En medio de la reacción negativa, muchos estadounidenses que apoyan el derecho a protestar animan a los manifestantes a protestar contra las políticas migratorias con la bandera estadounidense en lugar de una extranjera, como una forma de reclamar la bandera estadounidense para todos los que consideran a Estados Unidos su hogar.
Un manifestante usa un respirador afuera de un centro de detención en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras la redada de inmigración de anoche. (Foto: AP/Jae Hong)
Esto subraya la influencia que puede tener la bandera estadounidense, dijo Hernández. “Lo que estamos viendo… es que a la gente no le gusta ver algunas banderas por encima de otras”, dijo.
Algunos activistas latinos afirman que la bandera mexicana está siendo usada por personas que vivían en este país antes de que formara parte de Estados Unidos. California fue parte de México hasta el siglo XIX.
Muchos mexicoamericanos son descendientes de personas que nunca cruzaron una frontera; en cambio, la frontera los cruzó a ellos.
Aun así, la exhibición de la bandera mexicana en las protestas se está distorsionando, convirtiéndola en algo que no es, afirmó Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
Un manifestante, con una camiseta de los Dodgers de Los Ángeles y una bandera estadounidense como capa, camina junto a una línea policial que bloquea una calle en el centro de Los Ángeles el lunes 9 de junio de 2025. (Foto: AP/Jae Hong)
Héctor E. Sánchez, presidente y director ejecutivo de “Mi Familia Vota”, una organización sin fines de lucro dedicada a movilizar a los votantes latinos afirmó que los mexicanos han estado al frente de los ataques en materia de inmigración, ataques que se intensificaron durante las dos campañas de Trump.
Manifestación exigiendo la liberación del líder sindical David Huerta, presidente de SEIU California y SEIU-USWW, que fue arrestado por las autoridades federales la semana pasada, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. (Foto: EFE/ALLISON DINNER)
Sánchez se pregunta por qué no se considera antiamericano que algunos estadounidenses ondeen banderas confederadas junto a la bandera estadounidense.
“Vemos muchas banderas que celebran la historia y el patrimonio cultural”, dijo. “¿Por qué la comunidad mexicana es constantemente atacada?”.
