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Republicanos venden sobras por pan durante receso legislativo de agosto

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Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción.

De cara al receso legislativo de agosto, los republicanos están tratando de “venderle” su proyecto de ley presupuestario al público, intentando maquillar lo que en realidad es una propuesta profundamente perjudicial. Aunque intenten disfrazar el daño, las consecuencias reales se sentirán después, especialmente tras las elecciones, cuando entren en vigor las peores partes. No nos dejemos engañar. Lo que están promocionando no es un camino hacia el progreso—es un ataque calculado contra las familias trabajadoras, especialmente las latinas.

Los republicanos votaron a favor de eliminar puestos de trabajo y aumentar los costos para poder otorgar más recortes fiscales a los más ricos. Recortaron las inversiones en energía limpia que estaban creando decenas de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos bien remunerados y accesibles sin necesidad de tener un título universitario. Ahora, esos puestos de trabajo están desapareciendo, los proyectos se están cancelando y los salarios se están perdiendo.

Mientras tanto, las familias latinas verán cómo se disparan sus facturas de electricidad. Este proyecto de ley elimina los créditos para paneles solares, electrodomésticos energéticamente eficientes y vehículos eléctricos, elementos que contribuían a reducir los gastos domésticos. Con el calor extremo, la demanda de energía impulsada por la inteligencia artificial y una red eléctrica anticuada, los precios están subiendo rápidamente. Los latinos, que ya gastan un 20% más de sus ingresos en energía, serán los más afectados. La mitad de nuestras familias ya sufren inseguridad energética. Este proyecto de ley empeora la situación.

Este verano, la crisis climática no es una amenaza abstracta, sino una realidad cotidiana. Nuestras comunidades están sufriendo olas de calor mortales, inundaciones repentinas y enfrentándose a incendios forestales colosales. No son eventos aleatorios, sino el resultado directo del calentamiento global. Cuando los republicanos recortan las inversiones en energía limpia, están alimentando más devastación.

Y el problema no termina ahí, también está en juego nuestra atención médica. Este proyecto de ley recorta casi un billón de dólares de Medicaid, un recorte histórico que podría dejar sin cobertura a 14 millones de estadounidenses. Eso es un golpe directo a la comunidad latina, que constituye casi un tercio de los beneficiarios de Medicaid. Más de la mitad de los adultos latinos de EE. UU. no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente. Estos recortes dejarán a nuestras familias más vulnerables y con una mayor carga financiera.

Este proyecto de ley es más que impopular, es peligroso. Las encuestas muestran que es una de las leyes más criticadas desde 1990, y con razón. Los republicanos rompieron una regla fundamental de la política: no votar en contra de tus propios electores. Pero lo hicieron, y los votantes latinos no deben permitir que sus representantes evadan su responsabilidad y afronten las consecuencias de sus actos.

Tenemos que movilizarnos durante el verano de mentiras de Trump. Los líderes locales, los empresarios, los trabajadores y las familias deben alzar la voz y cuestionar sus decisiones. Desde Arizona hasta Nevada y Texas, tenemos que dejar muy claro que el Partido Republicano ha elegido pelear por los multimillonarios en lugar de por nosotros.

Antonieta Cádiz es la directora ejecutiva de Climate Power En Acción. Anteriormente, trabajó como corresponsal nacional para La Opinión y fue escritora política nacional para Univisión.

Las encuestas, el fantasma de Epstein, las grietas en el partido y la política de la amnesia

Imagen de archivo. EFE/EPA/JABIN BOTSFORD / POOL

La reciente polémica en torno a la divulgación parcial de los archivos de Epstein, de quien la opinión pública espera conocer si existe o no una “lista de clientes”, ha arrojado una nueva sombra sobre el gobierno del presidente Donald Trump, reavivando viejas dudas, alimentando nuevas críticas, e incluso despertando suspicacias y desconfianza dentro de su propio partido y su base más cercana, el movimiento MAGA.

El problema más evidente no es solo lo que los archivos podrían revelar, sino lo que ocultan. Nombres clave siguen tachados. Detalles cruciales permanecen fuera del alcance del público. A pesar de las múltiples exigencias de transparencia total, el Departamento de Justicia, bajo las directrices de la era Trump, ha continuado ocultando información esencial. Para un gobierno que hizo campaña prometiendo “limpiar el pantano”, el caso Epstein es un recordatorio de que algunas de las aguas más tóxicas siguen intactas, o –como algunos temen– protegidas a propósito.

Por eso las acusaciones ya no vienen solo de los demócratas o los críticos habituales de los medios, sino desde dentro del mismo Partido Republicano. Esta semana, las pantallas digitales en Times Square mostraron un mensaje público, financiado por donantes conservadores, exigiendo transparencia y rendición de cuentas, no del gobierno de Biden, sino del propio Trump y sus aliados. Es raro ver críticas internas al partido ocupar ese tipo de espacios de alto perfil, pero el mensaje fue claro y es preocupante, porque a esas voces que se han manifestado desde hace tiempo fuera del coro republicano dominado por MAGA, se han sumado más de los que parecían incondicionales.

El escándalo de Epstein no es un asunto partidista; es un asunto moral. Y aunque ningún partido está exento de vínculos y acciones cuestionables, la insistencia en ocultar información bajo el liderazgo de Trump solo profundiza las sospechas. No se trata de chismes, sino de justicia, transparencia y confianza en las instituciones que afirman servir al pueblo.

En medio de todo esto, aún causa sorpresa la popularidad que mantiene el presidente. A pesar de las controversias, de las duras críticas a sus políticas migratorias y de los recortes sociales impuestos por su llamada “Big Beautiful Bill”, las encuestas indican que Trump sigue contando con el respaldo de entre el 40 y el 45% de los estadounidenses. Un fenómeno digno de reflexionar.

Trump ha llamado a construir muros, no solo físicos, sino también simbólicos, entre las comunidades, entre los inmigrantes legales y los indocumentados; entre los amigos y los enemigos de Estados Unidos; y sus políticas fiscales están poniendo en dificultad precisamente a los más vulnerables: inmigrantes, familias de bajos recursos, comunidades marginadas. Los recortes a programas de asistencia alimentaria, vivienda y salud pública han dejado a millones tratando de sobrevivir con lo mínimo en el país más rico del mundo.

Y sin embargo, el eco se mantiene y el expresidente sigue siendo sorprendentemente resistente. Quizás la respuesta a este fenómeno esté en la erosión de la educación cívica y en el uso sesgado de la información, pero también en los principios y valores.

Los archivos de Epstein, las discrepancias internas, los ataques a los derechos humanos de los inmigrantes y la investida de la red de protección social, todo esto hubiera destruido a cualquier político tradicional. Pero vivimos en tiempos muy extraños.

La pregunta ahora es si la demanda de transparencia en el caso Epstein se convertirá en una exigencia común que trascienda líneas partidistas. Si la «Big Beautiful Bill» será recordada no como un triunfo fiscal, sino como un manual de abandono social. Si los mensajes de Times Square llegaran a ser mella, o solo otra inversión millonaria en los esfuerzos por recuperar al Partido Republicano.

Este país tiene que exigir algo más que secretos, división y frases vacías, demandar a los líderes a que no oculten la verdad, que protejan a los vulnerables y que gobiernen con integridad.

Si las encuestas van a cambiar, si la cultura política va a evolucionar, ese cambio no vendrá fundamentalmente desde arriba. Tiene que comenzar desde el pueblo, desde los jóvenes, la clase trabajadora, y de la experiencia de los adultos mayores, hay que perseguir una madurez cívica con impacto electoral, donde los principios y valores esenciales de esta nación de naciones, se vean reflejados.

Shapiro-Davis Administration invests in safer


The Building Opportunity through Out-of-School Time (BOOST) Grant Program aims to prevent community violence by providing safe, structured spaces for youth.

PCCD leaders tour the Regional Engagement Center in Selinsgrove, which served over 360 students during the school year and is expanding its programming to offer more access to the “drop-in” program during the summer.

Selinsgrove, PA — A local nonprofit community center, Regional Engagement Center (REC), is expanding its free drop-in programs for students in grades 3-12 thanks to funding from the Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency’s (PCCD) BOOST Grant Program.

Today, PCCD officials visited REC to see BOOST funding in action, engage with youth participants, and discuss the importance of continued investments in out-of-school time programs as a strategy to prevent violence and promote safer, healthier communities.

«REC’s Drop-In Center gives youth a safe place to learn, grow, and build relationships—and that’s exactly what our BOOST grant program is all about,» said PCCD Executive Director Kirsten Kenyon. «We’re proud to support local organizations like this one that are opening doors for young people, keeping them safe, and making our communities stronger every day.”

BOOST funding supports prevention programs and out-of-school time initiatives designed to engage at-risk school-age youth in underserved communities and offer safe and supportive spaces.

Last January, PCCD’s School Safety and Security Committee approved $11.5 million in first-time BOOST grants to 46 programs across the Commonwealth. REC received $167,000 to enhance and expand its free after-school and summer drop-in programs.

“I couldn’t be more grateful for the funding and support from PCCD for our free after-school and summer drop-in programs, allowing us to be open all year long,” said REC President Kelly Feiler. “This grant funding has allowed us to stay open during university breaks and offer a summer session to far more students than in previous years. We are also developing data collection methods that will improve our ability to show the impact of our programs to the community and state. I know our program participants and staff are equally grateful for PCCD!”.

During the academic year, the REC’s Drop-In Program served a record 367 youth after school from the hours of 3-6 PM. There are currently 89 youth registered to attend the Summer Drop-In Program, compared to 32 registered last year without PCCD’s BOOST funding. Staffing and operational costs being covered by BOOST have allowed for increased hours of operation and unlimited access for youth to attend the Summer Drop-In Program, providing food security, socialization, and educational experiences at no cost until school starts.

Since taking office in January 2023, the Shapiro-Davis Administration has secured millions in state funding to make our communities and schools safer, including:

  • Awarding $85 million in Violence Intervention and Prevention (VIP) funding for 131 VIP and Coordinated Community Violence Intervention (CCVI) strategies grant projects;
  • Providing more than 800 technical assistance sessions to 135 community-based violence prevention groups receiving PCCD grant funding through the PA Peace Alliance; and
  • Providing over $275 million in School Safety and Security Grant Funding to public and nonpublic schools to enhance physical security and support students’ behavioral health needs.

PCCD also recently announced more than $5 million through two separate Byrne State Crisis Intervention Program (SCIP) funding solicitations to reduce firearm suicides and intimate partner homicides and improve behavioral health responses.

The BOOST initiative is part of the Shapiro-Davis Administration’s broader commitment to enhancing community safety and investing in the well-being of youth across the Commonwealth. Learn more about PCCD’s efforts to reduce violence and make Pennsylvania’s communities safer.

Fabricante de cheesesteaks en Filadelfia enfrenta el constante aumento del precio de la carne

cheesesteak
Thinly sliced strips of beef set in a tray for cheesesteaks in a tray at Jim's South St. in Philadelphia, Wednesday, July 23, 2025. (AP Photo/Matt Rourke)

Ken Silver conoce bien la carne de res, porque conoce bien el cheesesteak de Filadelfia. Ahora espera que el aumento de precio durante el verano en su principal producto no le cause indigestión a él ni a sus clientes.

Silver, presidente de Jim’s South St. en Filadelfia, dijo que podría verse obligado a subir los precios de sus populares sándwiches para compensar el alza en el costo de la carne, o incluso declarar un precio de mercado, algo más común en mariscos que en carne.

“Realmente odio tener que hacer eso”, expresó Silver, cuyo padre fundó el negocio en 1976.

Los precios de la carne de res en Estados Unidos han aumentado de forma constante durante los últimos 20 años, ya que la oferta de ganado sigue siendo limitada mientras la demanda de carne se mantiene alta.

Silver explicó que actualmente el precio que paga a su proveedor por la carne es aproximadamente un dólar más por libra que hace un año. Y eso se suma a un incremento de casi el 50% cuando reabrió el restaurante en 2024 tras un incendio —una situación que calificó como “una locura”.

“Nuestra estrategia, por ahora, es absorber el costo y esperar que, al terminar el verano —con la temporada de parrilladas y todo lo demás—, los precios bajen”, comentó el pasado miércoles.

Un cheesesteak en Jim’s South St. cuesta actualmente $13.49, frente a los $11.49 de 2022, cuando el local tuvo que cerrar por casi dos años debido al incendio. Los cheesesteaks suelen prepararse con finas tiras de carne, queso y cebolla, aunque también se les pueden añadir otros ingredientes.

Para los consumidores, el precio promedio de una libra de carne molida alcanzó los $6.12 en junio, lo que representa un aumento de casi 12% respecto al año anterior, según datos del gobierno estadounidense. El precio promedio de todos los cortes de carne cruda subió 8%, situándose en $11.49 por libra.

“Hemos tenido que sacrificar rentabilidad para mantener lo que nuestros clientes esperan cuando vienen aquí: un cheesesteak a un precio razonable y de la mejor calidad que puedan encontrar”, señaló Silver.

Uno de los clientes, Bryan Williams, opinó que un aumento en el precio no lo disuadiría de seguir haciendo pedidos.

“Así están las cosas hoy en día”, dijo. “Realmente no hay nada que ellos puedan hacer al respecto”.

Con información de AP

Centro Musical: A cultural icon keeping music alive in Philadelphia

Multiple musical instruments, such as guitars, cuatros, congas, tambourines, and bongos, can be found in the store. (Photo: Impacto/Staff)

Centro Musical of Philadelphia is a cultural institution recognized for its commitment to artistic development and the promotion of local talent. That’s why we spoke with its founder, Reinaldo Meléndez-Martínez, to learn more about his work and vision as part of our “Support Local” report series.

Reinaldo Meléndez-Martínez, owner of Centro Musical in Philadelphia. (Photo: Impacto/Staff)

In the heart of Philadelphia’s Latino neighborhood, at the intersection of 5th Street and Lehigh Avenue, Centro Musical remains much more than a record store: it is a symbol of identity, memory, and community. Since 1960, it has been a meeting place for lovers of tropical music and, since 2014, under the Puerto Rican management of Reinaldo Meléndez-Martínez, it has continued its legacy as a defender of Latino culture: “We’ve been here for 68 years. We have everything from musical instruments and souvenirs to machines for making pasteles,” he said.

Reinaldo, passionate about salsa and Puerto Rican roots, has preserved the essence of the original business founded by the González family. In his store, visitors can find classic records, instruments, t-shirts, flags, and cultural items, as well as enjoy the company of other community members.

Centro Musical is located at 464 W Lehigh Ave, Philadelphia, PA 19133. (Photo: Impacto/Staff)

Centro Musical also serves as a gathering space, where local musicians often improvise performances, blending nostalgia with cultural resilience: “ Sales are down but it’s important for people to know that we are not just a store; we are those who listen to you, help if you need it, and we are from here, from the community. That’s why I want to take this opportunity to invite everyone to come to our business we work here with a lot of love.”

Machines for making traditional Christmas pasteles. (Photo: Impacto/Staff)

Supporting businesses like Centro Musical strengthens the local economy and preserves traditions that continue to unite generations in North Philadelphia.

Centro Musical is located at 464 W Lehigh Ave, Philadelphia, PA 19133. (Photo: Impacto/Staff)

Committed to the growth and well-being of our community, we reaffirm the importance of supporting local talent and businesses. From here, we say: “Apoya lo Local”

Centro Musical
464 W Lehigh Ave, Philadelphia, PA 19133
Phone: (215) 425-7050

Daniel Rodriguez, Puerto Rican lifelong community advocate passes away

Daniel Rodríguez. (Foto: Archivo)

Daniel Rodriguez, a beloved father, grandfather, mentor, and lifelong community advocate, passed away on July 13, 2025, at the age of 73.

Born on January 5, 1952, in Naguabo, Puerto Rico, to Justa Figueroa, Daniel moved to Philadelphia as a young boy. He attended Timothy Academy and was an active member of Iglesia Evangelica Bautista, where his roots in service and faith began to take hold.

Daniel devoted his life to empowering and uplifting the Latino community in Philadelphia. He taught photography at Central Loyola and Taller Puertorriqueño, sharing his love for visual storytelling with young people. His career then led him to the Hunting Park Community Development Corporation, where he helped local entrepreneurs launch businesses and revitalize neighborhoods. At the Philadelphia Rehab Project, he played a key role in improving housing in underserved communities. 

One of the most impactful chapters of his life was his many years serving as a legislative aide to Councilman Angel Ortiz. In that role, Daniel helped shape and implement a wide range of initiatives—from housing and economic development to education and public safety—that directly improved the lives of countless Philadelphia residents. His deep understanding of community needs, combined with his policy insight and unwavering commitment, left a lasting imprint on the city’s underprivileged neighborhoods.

Later, he served as Housing Director at Norris Square Civic Association, where he worked to expand affordable housing in the heart of the Latino community. He capped off his career with public service on the Board of the Department of Licenses and Inspections, where he advocated for safe, equitable building practices across the city.

Beyond his professional contributions, Daniel was a man of many passions. He had a deep love for salsa and other Puerto Rican music, a talent for urban botany, and a gifted eye for photography—a craft he embraced not just as an art form, but as a way of storytelling and community connection. His passion for cars was the spark that first ignited his interest in building and hands-on problem solving, a drive that would later extend to other areas of his life. He was also a self-taught tech enthusiast who mastered computer hardware and software, building his own systems long before it became commonplace.

Above all, Daniel’s proudest role was as a husband, father, and grandfather. He was preceded in death by his beloved wife, Nilda, with whom he shared a life full of love, partnership, and purpose. He is survived by his four sons—Daniel, Mark, Julian, and Andre—and his grandchildren Sincere, Mark, Grace, Jayden, and Julian, all of whom carry forward his spirit, warmth, and integrity.

His legacy lives on in the neighborhoods he helped shape, the people he mentored, and the family who loved him dearly.

Hispanas de barrios pobres tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer

Hispanas
Fotografía sin fecha cedida por la American Cancer Society (ACS) donde aparece Eva (i), una mujer puertorriqueña posando frente a un panel de lucha contra el cáncer en el Bronx, Nueva York (EE. UU.). EFE/ American Cancer Society

Los Ángeles (EE. UU.)- Eva recuerda con tristeza como su médico menospreció sus preocupaciones por una masa en su pecho, una historia que parece repetirse en los vecindarios racial y económicamente segregados, donde las hispanas tienen muchas más probabilidades de recibir un diagnóstico de cáncer de mama o cuello uterino en etapas avanzadas, según un estudio de la American Cancer Society (ACS).

“Me dijo (el médico familiar) que eso no era nada”, contó a EFE Eva, una puertorriqueña residente en el Bronx (Nueva York) sobre las dificultades que enfrentó para ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres.

En ese entonces, la latina estaba convencida de que el calambre y el dolor que sufrió tras tocar la masa debajo de su seno izquierdo eran el signo de “algo grave”. Ese presentimiento fue el que le hizo enfrentarse con su doctor y exigir que se le hiciera un examen.

“A mí no me importa lo que tú dices, mi cuerpo me dice una cosa diferente, me haces los estudios o me llamas a tu supervisor”, evoca la hispana con amargura sobre el debate con su médico.

Eva no es la única latina que ha enfrentado obstáculos para obtener el diagnóstico, según los resultados de un estudio publicado este miércoles en la Revista del Instituto Nacional del Cáncer (JNCI).

La investigación, que analizó casi 100.000 casos del Registro de Cáncer del Estado de Nueva York entre 2008-2019, mostró que las barreras estructurales en los barrios segregados continúan retrasando el diagnóstico de cáncer de mama y de cuello uterino, incluso entre las personas elegibles para la detección, según explicó a EFE Qinran Liu, investigadora postdoctoral en la ACS y autora principal del estudio.

La segregación influye en el diagnóstico

Esta investigación es la primera en utilizar datos de distritos censales (el nivel geográfico más granular disponible en los registros de cáncer) para examinar cómo la segregación económica racial influye en el diagnóstico en etapa avanzada de los tres principales tipos de cáncer, (mama, cuello uterino y colorrectal) detectables simultáneamente.

A cada caso de cáncer analizado, los investigadores le asignaron una puntuación de segregación vecinal y se les clasificó en cuatro categorías, de menor a mayor segregación, para comparar las tasas de incidencia de diagnósticos de cáncer en etapa temprana y tardía.

Los resultados del estudio mostraron que las tasas de incidencia (TI) tanto para el cáncer de mama como para el de cuello uterino en estadios avanzados y localizados fueron significativamente más altas en áreas con bajos recursos económicos y con alta concentración racial (ya sea de población negra no hispana o hispana) en comparación con las áreas más ricas de esa misma población.

Y es que, el análisis de los datos sugiere que en general las redes de apoyo en los barrios hispanos “podrían mitigar” los efectos adversos para la salud que suelen estar asociados con la segregación racial.

“Estas comunidades pueden brindar efectos protectores a través de programas de salud culturalmente apropiados, apoyo psicosocial y participación comunitaria que promueven conductas de búsqueda de atención médica y facilitan diagnósticos tempranos”, indicó Liu.

Barreras para la salud

Sin embargo, en los barrios hispanos económicamente desfavorecidos que enfrentan barreras estructurales, como una menor cobertura de seguro médico y retos financieros, se observó una disminución de los posibles efectos protectores asociados con las altas concentraciones de hispanos.

“Estas barreras se ven agravadas por el aislamiento lingüístico y los desafíos relacionados con la inmigración, que restringen aún más la búsqueda de atención médica por parte de las personas de bajos ingresos de origen hispano y dificultan la navegación en el sistema de salud”, ahonda la investigadora.

A Eva, de 61 años, le preocupa que más hispanas enfrenten una situación parecida a la de ella.

“Es que no solo fue el diagnóstico, a mi no me llamaron a explicarme que tenía cáncer, me mandaron directamente a las quimioterapias, y allí fue donde la doctora me dijo que ya me estaba llegando a la garganta, eso no es justo”, indica la puertorriqueña que ha vivido la mayor parte de su vida en el Bronx.

En ese sentido, Liu advierte que estos hallazgos proporcionan a los sistemas de salud y a los responsables de la formulación de políticas evidencia para dirigir la difusión bilingüe, la orientación de pacientes y la asistencia con seguros y costos a las comunidades más necesitadas.

“Reconocer tanto el riesgo como la resiliencia ayuda a diseñar intervenciones personalizadas según las necesidades de cada comunidad”, añade.

Por su parte, Eva, que se encuentra en remisión desde hace varios años, pero con chequeos cada seis meses, anima a las hispanas a buscar ayuda, y no «dejarse vencer» por los obstáculos del sistema.

EE. UU. identifica «vulnerabilidades» de seguridad en plan de visas para menores migrantes

vulnerabilidades
Archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Los Ángeles (EE.UU.)- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó este jueves un informe que identifica “importantes” vulnerabilidades de seguridad en un programa que ofrece protección y un camino a la residencia permanente a menores inmigrantes que han sido abusados, abandonados o descuidados por uno de sus padres, conocido como SIJ.

El informe ‘Criminalidad, Pandillas y Preocupaciones de Integridad del Programa de Peticiones de Jóvenes Inmigrantes Especiales’ encontró debilidades en el sistema de evaluación SIJ, lo que supone un reto para la seguridad pública del país.

USCIS analizó más de 300.000 peticiones presentadas entre octubre del 2012 hasta febrero de 2025 por menores que querían ser amparados por la visa para juveniles SIJ, que los protege de la deportación y da un camino a la legalización.

La investigación detalla que 853 solicitudes a ese programa fueron hechas por menores clasificados como conocidos o presuntos pandilleros, y la mayoría fueron aprobadas.

Más de 600 menores vinculados con la pandilla salvadoreña MS-13 presentaron solicitudes de SIJ, y más de 500 fueron aprobadas. Entre estos solicitantes se incluyen al menos 70 acusados de delitos federales de crimen organizado y muchos otros acusados de delitos violentos en Estados Unidos, detalla el informe.

Los investigadores también encontraron que se aprobaron las solicitudes de 100 menores que presuntamente eran miembros o estaban vinculados a la pandilla Calle 18; al menos tres inmigrantes relacionados con el Tren de Aragua; y «docenas» de menores pertenecientes a las pandillas Sureños y Norteños.

Algunos solicitantes de SIJ cometieron fraude al momento de presentar la solicitud sobre su nombre, fecha de nacimiento y país de ciudadanía, entre otros, asegura USCIS.

«Extranjeros delincuentes se están infiltrando en EE. UU. a través de un programa diseñado para proteger a niños extranjeros maltratados, desatendidos o abandonados”, declaró el portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser.

El mes pasado USCIS rescindió un cambio hecho por el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), que otorgaba permisos de trabajo y protección contra la deportación a los solicitantes de este programa ante la falta de visas SIJ aprobadas por el Congreso.

En un comunicado USCIS dijo que la Casa Blanca también está explorando nuevas medidas para «mitigar las vulnerabilidades» en la integridad del programa SIJ y garantizar que la clasificación SIJ siga estando disponible para los menores a los que pretendía proteger.

El Congreso de EE. UU. estableció el programa SIJ en 1990 y lo ha modificado en varias ocasiones para permitir que los menores inmigrantes indocumentados, a quienes un tribunal ha determinado que no pueden reunirse con uno o ambos padres debido a abuso, negligencia o abandono, se acojan al beneficio que otorga la residencia permanente legal, y un eventual camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Por ley, no existen impedimentos penales ni requisitos de buena conducta moral para que un peticionario de SIJ pueda obtener la aprobación de su solicitud.

Trump firma orden ejecutiva que facilita la remoción de personas sin hogar de las calles

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EFE/EPA/Yuri Gripas / ABACAPRESS.COM / POOL

Washington (EE. UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que facilitará a los estados y ciudades remover a las personas sin hogar de las calles y enviarlas a centros de tratamiento, aunque no hayan dado su consentimiento.

El mandatario estadounidense explicó que su administración ha adoptado un nuevo enfoque para lidiar con el problema de las personas sin techo «centrado en la protección de la seguridad» pública.

La medida pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.

También instruye a la fiscal a brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales que permitan el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidar de sí mismas.

“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se lee en la orden titulada ‘Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses’.

La normativa además requiere a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que «hagan cumplir las prohibiciones” sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo.

La orden también exige una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y personas con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y cómo dichos datos podrían utilizarse para justificar una mayor criminalización, advirtió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, dijo que la orden demuestra un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.

“Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona”, agregó la abogada.

Katovich recordó que Trump ha redoblado la apuesta por políticas que “castigan” a personas desfavorecidas, como la firma de la ley presupuestaria que diezma el programa de salud pública Medicaid, el principal financiador de servicios de adicción y salud mental.

La medida de hoy sigue una tomada en marzo pasado cuando el mandatario estadounidense ordenó al Servicio de Parques Nacionales remover los campamentos de personas sin hogar y los grafitis en tierras federales.

El número de personas (274,224) que vivieron en las calles de Estados Unidos en una sola noche durante el 2024 fue el más alto jamás registrado en el país, según datos citados por la Casa Blanca en la orden.

Mexicana casada con veterano de Infantería de Marina busca su liberación de custodia migratoria

El veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Adrian Clouatre, carga a su hija de 3 meses de edad, Lyn, y a su hijo de casi 2 años de edad, Noah, en su residencia, el 17 de junio de 2025, en Baton Rouge, Luisiana. (Foto: AP/Stephen Smith/Archivo)

Una mujer que fue detenida durante una cita de ciudadanía en mayo pasado no será deportada después de que un juez dictaminó esta semana que prohíbe su expulsión. Pero su esposo, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina, dijo que ella sigue bajo custodia en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana.

Paola Clouatre, de 25 años, ha permanecido detenida durante dos meses en un complejo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Monroe, a la espera de saber si se le permitirá permanecer en el país. Puede recibir visitas semanales de su esposo, quien conduce ocho horas de ida y vuelta desde Baton Rouge para que la madre pueda amamantar a su bebé de 4 meses y ver a su hijo de 2 años.

Clouatre, una ciudadana mexicana, y su madre, ingresaron a Estados Unidos en busca de asilo hace más de una década. Después de casarse con su esposo en 2024 y solicitar su tarjeta de residencia para poder vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, se enteró de que el ICE había emitido una orden de deportación en su contra en 2018 luego de que su madre no se presentó a una audiencia de inmigración.

Durante una cita en mayo pasado con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) en Nueva Orleans, un empleado preguntó sobre la orden de deportación. Clouatre explicó que estaba tratando de reabrir su caso, y su esposo declaró a The Associated Press que él y su esposa intentaban «hacer lo correcto». Los agentes se presentaron poco después y esposaron a Clouatre.

Adrian Clouatre ha pasado casi ocho semanas luchando por la liberación de su esposa, y permanece optimista de que su familia podrá reunirse pronto fuera del centro de detención, ubicado a casi 290 kilómetros (180 millas) de su residencia en el sur de Luisiana.

El miércoles se enteraron que un juez en California —la jurisdicción original del caso de Paola Clouatre— había suspendido la orden de expulsión en su contra.

Adrian Clouatre aplaudió la decisión. Aseguró que su abogado prepara los documentos para solicitar la liberación de su esposa, aunque no hay garantías y el proceso podría tomar semanas, incluso en el mejor de los escenarios.

«Sólo le repito a nuestro hijo: ‘Mamá vendrá a casa pronto'», dijo Adrian Clouatre.

En tanto, el abogado de la pareja trabaja para volver a echar andar el proceso de la tarjeta de residencia de Clouatre, informó The New Orleans Advocate/The Times-Picayune. Si bien los USCIS ya han dictaminado que la pareja tiene un matrimonio válido, el proceso ha quedado suspendido en medio de la batalla legal.

Clouatre es una de las decenas de miles de personas que se encuentran detenidas como parte de la promesa del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que están en el país sin permiso legal.

El esposo de Clouatre aseguró que el senador federal republicano John Kennedy también ha solicitado que el Departamento de Seguridad Nacional libere a su esposa. La oficina de Kennedy no respondió a la solicitud de comentarios de la AP.

Kennedy no es el primer republicano de Luisiana en involucrarse en un caso de inmigración en el estado, de marcada mayoría republicana. A principios de este mes, una madre iraní que fue detenida por el ICE después de vivir en Estados Unidos durante casi cinco décadas, fue liberada luego de que el líder de la Cámara de Representantes federal, Steve Scalise, salió a su defensa.