El veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Adrian Clouatre, carga a su hija de 3 meses de edad, Lyn, y a su hijo de casi 2 años de edad, Noah, en su residencia, el 17 de junio de 2025, en Baton Rouge, Luisiana. (Foto: AP/Stephen Smith/Archivo)
Una mujer que fue detenida durante una cita de ciudadanía en mayo pasado no será deportada después de que un juez dictaminó esta semana que prohíbe su expulsión. Pero su esposo, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina, dijo que ella sigue bajo custodia en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana.
Paola Clouatre, de 25 años, ha permanecido detenida durante dos meses en un complejo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Monroe, a la espera de saber si se le permitirá permanecer en el país. Puede recibir visitas semanales de su esposo, quien conduce ocho horas de ida y vuelta desde Baton Rouge para que la madre pueda amamantar a su bebé de 4 meses y ver a su hijo de 2 años.
Clouatre, una ciudadana mexicana, y su madre, ingresaron a Estados Unidos en busca de asilo hace más de una década. Después de casarse con su esposo en 2024 y solicitar su tarjeta de residencia para poder vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, se enteró de que el ICE había emitido una orden de deportación en su contra en 2018 luego de que su madre no se presentó a una audiencia de inmigración.
Durante una cita en mayo pasado con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) en Nueva Orleans, un empleado preguntó sobre la orden de deportación. Clouatre explicó que estaba tratando de reabrir su caso, y su esposo declaró a The Associated Press que él y su esposa intentaban «hacer lo correcto». Los agentes se presentaron poco después y esposaron a Clouatre.
Adrian Clouatre ha pasado casi ocho semanas luchando por la liberación de su esposa, y permanece optimista de que su familia podrá reunirse pronto fuera del centro de detención, ubicado a casi 290 kilómetros (180 millas) de su residencia en el sur de Luisiana.
El miércoles se enteraron que un juez en California —la jurisdicción original del caso de Paola Clouatre— había suspendido la orden de expulsión en su contra.
Adrian Clouatre aplaudió la decisión. Aseguró que su abogado prepara los documentos para solicitar la liberación de su esposa, aunque no hay garantías y el proceso podría tomar semanas, incluso en el mejor de los escenarios.
«Sólo le repito a nuestro hijo: ‘Mamá vendrá a casa pronto'», dijo Adrian Clouatre.
En tanto, el abogado de la pareja trabaja para volver a echar andar el proceso de la tarjeta de residencia de Clouatre, informó The New Orleans Advocate/The Times-Picayune. Si bien los USCIS ya han dictaminado que la pareja tiene un matrimonio válido, el proceso ha quedado suspendido en medio de la batalla legal.
Clouatre es una de las decenas de miles de personas que se encuentran detenidas como parte de la promesa del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que están en el país sin permiso legal.
El esposo de Clouatre aseguró que el senador federal republicano John Kennedy también ha solicitado que el Departamento de Seguridad Nacional libere a su esposa. La oficina de Kennedy no respondió a la solicitud de comentarios de la AP.
Kennedy no es el primer republicano de Luisiana en involucrarse en un caso de inmigración en el estado, de marcada mayoría republicana. A principios de este mes, una madre iraní que fue detenida por el ICE después de vivir en Estados Unidos durante casi cinco décadas, fue liberada luego de que el líder de la Cámara de Representantes federal, Steve Scalise, salió a su defensa.
Sean Jordan, juez de la Corte Federal de Distrito en el Distrito Este de Texas —quien fue nombrado por el presidente Donald Trump—, determinó recientemente que la norma excedía la autoridad de la CFPB (siglas en inglés de la oficina de protección del consumidor). Jordan indicó que la CFPB no está autorizada para eliminar la deuda médica de los reportes de crédito según la Ley de Informe Justo de Crédito, que protege la información recopilada por las agencias acerca de informes sobre consumidores.
Se tenía previsto que eliminar la deuda médica de los reportes de crédito de los consumidores aumentara los puntajes crediticios de millones de familias en un promedio de 20 puntos, señaló la oficina. La CFPB alega que su investigación ha demostrado que las reclamaciones de facturas de atención médica pendientes de pago son un mal indicio de la capacidad de una persona para pagar un préstamo, y a pesar de ello se utilizan a menudo para rechazar solicitudes de hipotecas.
Las tres agencias nacionales de informes de crédito —Experian, Equifax y TransUnion— anunciaron el año pasado que eliminarían las cobranzas médicas por debajo de 500 dólares de los reportes de crédito de los consumidores en Estados Unidos. Se calculaba que la norma de la CFPB prohibiría que todas las facturas médicas pendientes de pago aparecieran en los informes de crédito, y les prohibiría a los prestamistas usar esa información.
La CFPB estimó que la norma habría eliminado 49 mil millones de dólares en deuda médica de los informes de crédito de 15 millones de estadounidenses. Según la agencia, uno de cada cinco estadounidenses tiene al menos una cuenta de cobro de deuda médica en sus informes de crédito, y más de la mitad de los registros de cobranza en dichos reportes son de deudas médicas. El problema afecta desproporcionadamente a las personas no blancas, según halló la CFPB: el 28% de los negros y el 22% de los hispanos en Estados Unidos tienen deuda médica, en comparación con el 17% de los blancos.
El Congreso estableció la CFPB después de la crisis financiera de 2008, con el fin de monitorear a las compañías de tarjetas de crédito, proveedores de hipotecas, cobradores de deudas y otros segmentos del sector financiero enfocados en el consumidor. Este año, el gobierno de Trump solicitó que la agencia suspendiera casi todas sus operaciones, lo que prácticamente la dejó inoperante.
Una mujer usa una caminadora mientras sale de la residencia para ancianos Toby and Leon Cooperman Sinai Residences, el 4 de julio de 2025, en Boca Raton, Florida. (Foto: AP/Rebecca Blackwell)
Las residencias para ancianos en Estados Unidos, que ya pasaban apuros para contratar personal, ahora enfrentan el ataque del presidente Donald Trump a una de sus pocas fuentes confiables de trabajadores: los inmigrantes.
Las instalaciones para adultos mayores y para personas con discapacidad reportan la pérdida esporádica de empleados cuyo estatus legal ha sido revocado por Trump. Pero temen que se avecinen consecuencias aún más dramáticas, ya que el flujo de trabajadores potenciales está reduciéndose a un mínimo debido al descenso general de la inmigración legal.
“En este momento nos sentimos completamente apaleados”, señaló Deke Cateau, director general de A.G. Rhodes, una empresa que opera tres residencias para adultos mayores en el área de Atlanta, de las que una tercera parte del personal está compuesto por individuos nacidos en aproximadamente tres docenas de países extranjeros. “La línea de suministro es cada vez más y más pequeña”.
Se prevé que ocho de los trabajadores de Cateau se verán obligados a irse tras la revocación de su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite a las personas que ya viven en Estados Unidos quedarse y trabajar legalmente si sus países de origen no son seguros debido a disturbios civiles o desastres naturales. Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la designación se amplió para cubrir a personas de una docena de países, incluido un gran número de Venezuela y Haití.
Si bien quienes tienen TPS representan una pequeña minoría de los 500 empleados de A.G. Rhodes, Cateau agrega que será “muy difícil, si no es que imposible, reemplazarlos”, y le preocupa qué ocurrirá después.
Un anciano se sirve del buffet por el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la residencia para ancianos Toby and Leon Cooperman Sinai Residences, el 4 de julio de 2025, en Boca Raton, Florida. (Foto: AP/Rebecca Blackwell)
“Puede que hoy sean ocho, pero quién sabe cuántos serán en el futuro”, apunta Cateau, él mismo un inmigrante que llegó de Trinidad y Tobago hace 25 años.
Casi uno de cada cinco trabajadores civiles en Estados Unidos nació en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), pero al igual que en los sectores de la construcción, la agricultura y la manufactura, los inmigrantes están sobrerrepresentados en los empleos de cuidado de personas. Más de una cuarta parte de los aproximadamente 4 millones de asistentes de enfermería, auxiliares de salud a domicilio, auxiliares de cuidado personal y otros de los así llamados trabajadores de atención directa nacieron en el extranjero, según PHI, una organización sin fines de lucro enfocada en la fuerza laboral del cuidado de personas.
El envejecimiento de la enorme generación del “Baby Boom” —nacidos entre 1946 y 1964— está a punto de incrementar aún más la demanda de cuidadores de personas, en entornos institucionales y en los hogares de los propios individuos. La BLS pronostica un mayor incremento entre los auxiliares de salud a domicilio y de cuidado de personas que en cualquier otro puesto laboral, con unos 820.000 nuevos empleos añadidos para 2032.
Las residencias para ancianos, los centros de vida asistida, las agencias de atención domiciliaria y otras empresas similares contaban con los inmigrantes para cubrir muchos de esos puestos, por lo que el regreso de Trump a la Casa Blanca —y el ataque de su gobierno a casi todas las formas de inmigración— ha generado un escalofrío en todo el sector.
Katie Smith Sloan, directora general de LeadingAge, que representa a centros de atención sin fines de lucro, reporta que las residencias para ancianos y para personas con discapacidad de todo el país se han visto afectadas por el revuelo migratorio. Algunas han reportado que empleados suyos han dejado de asistir al trabajo por temor a una redada, a pesar de que tienen autorización para estar en el país. Otras tienen trabajadores que deben quedarse en casa con sus niños, a quienes no han enviado a la escuela por temor a las redadas. Muchos otros ven una disminución en la cantidad de solicitantes de empleo.
“Esto es como un puñetazo en el estómago”, añade.
Rachel Blumberg, directora general de la empresa de asilos Toby and Leon Cooperman Sinai Residences, en Boca Raton, Florida, ya perdió a 10 trabajadores cuyo permiso para permanecer en Estados Unidos les fue otorgado a través de un programa conocido como “permiso condicional” humanitario, el cual había sido otorgado a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ella prevé que va a perder a 30 más en las próximas semanas, cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal para haitianos.
“Creo que es la punta del iceberg”, expresa Blumberg, quien pronostica que se irán más empleados que quizás no sean sujetos a ser deportados ellos mismos, pero cuyos cónyuges o padres sí lo sean.
Eugene Preslier, derecha, es acompañado por su enfermera privada certificada Miriam Louis al volver a su apartamento desde el comedor, en la residencia de ancianos Toby and Leon Cooperman Sinai Residences, el 4 de julio de 2025, en Boca Raton, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Blumberg recibió un aviso con menos de 24 horas de anticipación cuando sus empleados perdieron su permiso de trabajo, lo que desató una carrera contrarreloj para cubrir los turnos. Ya aumentó los salarios y las bonificaciones por recomendación, pero agrega que será difícil reemplazar no sólo a los asesores de los ancianos, sino también a los empleados de mantenimiento, lavaplatos y camareros.
“Desafortunadamente, los estadounidenses no se sienten atraídos a solicitar y trabajar en los puestos que tenemos disponibles”, puntualiza.
Los cuidadores de primera línea son mujeres en gran medida, y la mayoría pertenecen a grupos minoritarios, según PHI. Ganaban un promedio de apenas 16,72 dólares por hora en 2023.
Las residencias de cuidados a largo plazo experimentaron un éxodo de trabajadores a medida que la pandemia de COVID-19 dificultó aún más un tipo de trabajo ya de por sí complejo. En algunas residencias, el empleo comenzaba a normalizarse a los niveles previos a la pandemia y entonces se implementó la represión migratoria, a pesar de que en todo el sector todavía existe una escasez masiva de trabajadores.
Algunos en este tipo de negocios miraron con frustración cómo Trump lamentó que sectores como la agricultura y la hostelería se verían perjudicados por sus políticas, y se preguntaron por qué quienes limpian habitaciones de hotel o cosechan tomates merecen más atención que quienes cuidan a los ancianos. Más allá de la revocación de las autorizaciones de trabajo para personas que viven en Estados Unidos, las residencias para adultos mayores o personas con discapacidad tienen dificultades para obtener la aprobación de visas para enfermeras tituladas y auxiliares de enfermería con licencia que contratan en el extranjero.
Lo que solía ser un proceso sencillo ahora toma tanto tiempo que los candidatos reconsideran por completo el trabajar en Estados Unidos, informa Mark Sanchez, director de operaciones de United Hebrew, una residencia para adultos mayores en New Rochelle, Nueva York.
“Hay filas y filas y filas” (de aplicantes), reporta Sanchez, “y ahora dicen: ‘Voy a ir a Canadá’, y ‘Voy a ir a Alemania y me reciben con los brazos abiertos’”.
Al revisar un centro cuyo personal es inmigrante en su mayoría, el hijo de inmigrantes filipinos se pregunta de dónde provendrán sus futuros empleados.
“No tengo al ICE (siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) llegando a mi puerta y llevándose a mi gente”, dice Sánchez, “pero el suministro que antes fluía ahora llega a cuentagotas”.
Los trabajadores de cuidado a personas a largo plazo son reclutados rutinariamente no sólo por hospitales y consultorios médicos, sino también por restaurantes, tiendas y fábricas. La mitad del personal promedio de una residencia de adultos mayores se renueva cada año, según datos federales, lo que hace que atraer y retener a cada empleado resulte vital para su funcionamiento.
Robin Wolzenburg, de LeadingAge en Wisconsin —una asociación de empresas sin fines de lucro dedicadas a la atención de adultos mayores—, comenzó a trabajar para dar puestos a una oleada de personas de Afganistán después de que Estados Unidos retirara a sus últimos soldados de ese país hace cuatro años, y de que miles de refugiados llegaran a su estado. Las residencias de cuidado de personas comenzaron a contratar a los refugiados, y estaban tan encantadas con ellos que algunas instalaciones comenzaron a contratar refugiados que llegaban de Ucrania, Somalia y el Congo. Aunque muchas residencias tenían tasas de retención de empleados de aproximadamente el 30%, Wolzenburg reportó que la cifra supera el 90% entre los refugiados.
Trump ha detenido la mayoría de las admisiones de refugiados, lo que significa que el exitoso programa de alcance comunitario de Wolzenburg no tiene nuevos refugiados a quienes dirigirse.
“Ha sido realmente devastador”, señala. “Nuestras comunidades, que trabajaban activamente con las agencias de reasentamiento, ya no están canalizando esas derivaciones a centros de cuidado a largo plazo como nosotros hacíamos. Ya no llegan refugiados”.
Lynne Katzmann, fundadora de Juniper Communities, que gestiona 21 instalaciones en cinco estados, dice que es bastante difícil encontrar a trabajadores adecuados a los que les guste mucho laborar con adultos mayores. Ahora, en un momento en que los centros se preparan para la afluencia de nuevos residentes causada por el cambio demográfico del país, se enfrentan a otro reto para conseguir una fuerza laboral estable.
“El trabajo es difícil. No siempre ha sido el empleo mejor pagado que uno pueda tener”, agrega. “Pero muchos de los inmigrantes que han elegido este trabajo consideran que el cuidado de personas es una profesión noble”.
Fotografía cedida por el santuario United Giving Hope que muestra una carta del 20 de junio de 2025 enviada por la Administración Trump a un menor inmigrante en Illinois (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Santuario United Giving Hope)
Unas cartas enviadas a menores inmigrantes por la Administración Trump, que los instan abandonar inmediatamente Estados Unidos pese a haber entrado legalmente al país y amenazan con deportaciones, multas y procesos penales, horrorizan a familias y líderes civiles de Illinois
«Es hora de que salgas de Estados Unidos», señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre.
«Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho», agrega.
«Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación», agrega la carta, que amenaza a los niños con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones.
«No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el gobierno federal te encontrará», concluye de manera ominosa.
«Esta es una barbaridad, algo nunca visto o imaginado por todos lo que nos dedicamos a la defensa de los indocumentados», declaró a EFE la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, que tiene sede en la ciudad de Waukegan, Illinois, 74 kilómetros al norte de Chicago.
El país más poderoso del mundo
«Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo de parte del Gobierno del país más poderoso del mundo, que les niega el permiso humanitario. Esto es muy grave y fuerte», agregó.
Decenas de niños del área de Waukegan, que forman parte de aquellos que cruzaron sin sus padres la frontera, en este caso mayoritariamente de México, recibieron cartas de deportación. Todos ellos ingresaron legalmente al país en 2014 bajo un programa humanitario como ‘menores no acompañados’ y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.
A pesar de la reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en un tribunal de inmigración, por la forma en que ingresaron al país, y dependen de abogados defensores que han visto su trabajo reducido por falta de recursos.
Según Contreras, las cartas pueden ser un cambio «preocupante y alarmante», porque ahora se buscaría despojar a los niños de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar la deportación de menores sin el debido proceso.
«Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. Incluso si el ICE no los busca de inmediato, la sola amenaza les causa un grave trauma psicológico», dijo.
Tres de esos niños, acompañados de madres o tías, buscaron la protección del ‘santuario’ en la iglesia de Contreras. Un cuarto fue dejado solo al cuidado de la iglesia porque sus padres tienen miedo. «Estados Unidos está perdiendo su humanidad, las iglesias y otros santuarios ya no ofrecen garantías», afirmó la pastora.
Fotografía cedida por el santuario United Giving Hope que muestra una carta del 20 de junio de 2025 enviada por la Administración Trump a un menor inmigrante en Illinois (Estados Unidos). (Foto: EFE/Santuario United Giving Hope)
El silencioso desmantelamiento legal
La ley de inmigración establece que los menores no acompañados que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal deben recibir protección especial: son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés) y se les otorga un permiso humanitario mientras se procesan sus casos.
Pero en los últimos meses, defensores de los migrantes y abogados afirman que el sistema se está desmantelando silenciosamente.
Cada vez más menores no acompañados ven revocada su permiso humanitario y son encarcelados en procesos migratorios donde no tienen ninguna capacidad para defenderse, dijo a medios locales Davina Casas, pastora y líder de la Organización Monarquía, de Chicago.
Casas explicó que en marzo la Administración Trump recortó los fondos para abogados de menores no acompañados, y sólo tras una demanda de 11 grupos defensores se restablecieron temporalmente por orden judicial, aunque el caso sigue abierto.
Los grupos sostienen que, según una ley contra la trata de 2008, el Gobierno debe ofrecer asistencia legal y garantizar la repatriación segura de los niños, pero Casas duda que, incluso con fondos restablecidos, la demanda pueda ser cubierta.
En abril pasado, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8.300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes, según TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), una organización adscrita a la Universidad de Syracuse.
La mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15.000 tenían menos de 4 años y otros 20.000 entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17.000 de ellos deportados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU. (ICE) ha dado orden de que se coloque una tobillera electrónica a todos los inmigrantes que forman parte de un programa de seguimiento en el que están inscritas más de 180.000 personas, según consta en un documento interno al que ha tenido acceso el diario The Washington Post.
El escrito está fechado el pasado 9 de junio, y en el mismo se ordena colocar estos grilletes con sistema GPS a todo el que sea parte del proyecto Alternativas a la Detención de la agencia, al que están apuntados voluntariamente unos 183.000 inmigrantes.
El programa está diseñado para monitorear y supervisar a aquellos que no tienen que estar internados en centros de detención y están inmersos en procedimientos administrativos sobre su estatus y busca garantizar que asistan a las vistas en las cortes de inmigración o que cumplan con las posibles órdenes de expulsión.
El memorando al que accedió The Washington Post insta a que la tobillera se coloque a todo participante en el programa «siempre que sea posible», ya que se contemplan excepciones como las mujeres embarazadas, en cuyo caso se les colocaría una muñequera electrónica.
Actualmente solo 24.000 de los participantes -el 13 % del total- en este programa de seguimiento de ICE tienen colocada una tobillera electrónica.
Esta nueva orden otorga así un impulso inusitado al uso de dispositivos de seguimiento electrónicos, una controvertida medida que tiene más de 20 años de antigüedad en EE. UU.
Aunque el uso de estos aparatos se considera más compasivo que la detención física, su empleo también ha sido criticado por lo incómodo que resulta portarlos, además de la invasión de privacidad y el estigma visible que impone a aquellas personas que son obligadas a llevarlos.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero el presidente estadounidenses Donald Trump ha reforzado enormemente su lucha contra la inmigración y su Gobierno ha ordenado llevar a cabo 3.000 deportaciones al día.
Carlos Narváez, de los Medias Rojas de Boston, batea un cuadrangular de dos carreras que marcó la diferencia en el partido de béisbol de Grandes Ligas frente a los Filis de Filadelfia durante la 11ma entrada, el miércoles 23 de julio de 2025, en Filadelfia. (Foto: AP/Matt Slocum)
FILADELFIA. — El venezolano Carlos Narváez disparó un jonrón de dos carreras en la undécima entrada, Romy González bateó un grand slam en la quinta y los Medias Rojas de Boston derrotaron 9-8 a los Filis de Filadelfia el miércoles por la noche.
Narváez, quien fue llamado por interferencia del receptor en cada uno de los dos primeros juegos de la serie, conectó una recta de 97 millas por hora de Seth Johnson (1-1) y lo mandó a la primera fila de los asientos del jardín izquierdo.
El peruano Jesús Luzardo no permitió un imparable hasta un doble de apertura de Masataka Yoshida al comenzar la quinta.
Greg Weissert (3-3) se llevó la victoria y Brennan Bernardino consiguió su primer salvamento.
Filadelfia anotó todas sus carreras antes de las entradas adicionales por la vía de los cuadrangulares.
Kyle Schwarber y Bryce Harper batearon jonrones consecutivos en la primera entrada. El tablazo de Schwarber fue su 34to de la temporada y el cuarto en seis juegos desde el receso del Juego de Estrellas. Harper pegó su vuelacercas que terminó en el segundo nivel del jardín derecho. Fue su 14to de la campaña y alcanzó 350 en su carrera.
Nick Castellanos y Bryson Stott también conectaron jonrones solitarios para los Filis para construir la ventaja de 5-0 de Filadelfia. J.T. Realmuto agregó un cuadrangular solitario en la octava para forzar las entradas adicionales. Schwarber y el dominicano Johan Rojas añadieron sencillos productores en las entradas extras.
Por los Medias Rojas, los venezolanos Carlos Narváez bateó de 5-2 con una carrera anotada y dos impulsadas y Wilyer Abreu de 5-0; y el mexicano Marcelo Mayer de 1-0 con una anotada.
Por los Filis, el dominicano Johan Rojas de 1-1 con una producida; y el panameño Edmundo Sosa de 4-0.
Hulk Hogan poses during the MTV Video Music Awards Forum at Radio City Music Hall, Aug. 30, 2006, in New York. (Photo: AP/Jason DeCrow/File)
Hulk Hogan, el ícono de la lucha libre profesional conocido por su bigote y su pañuelo en la cabeza que convirtió el deporte en un gran negocio y un referente cultural, murió el jueves a los 71 años, según informó la policía de Florida.
Las autoridades respondieron a una llamada matutina sobre una persona con paro cardíaco en Clearwater, Florida. Hogan fue declarado muerto en un hospital, dijo la policía en un comunicado en Facebook.
Hogan, cuyo nombre real era Terry Bollea, fue quizás la mayor estrella en la larga historia de la WWE. Fue la principal atracción de la primera WrestleMania en 1985 y fue una figura constante durante años, enfrentándose a todos, desde Andre The Giant y Randy Savage hasta The Rock e incluso el presidente de la compañía, Vince McMahon.
Hulk Hogan fires up the crowd between matches at WrestleMania 21 at the Staples Center in Los Angeles, April 3, 2005. (Photo: AP/Chris Carlson/File)
Ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005.
WWE expresó: “Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan ayudó a la WWE a lograr reconocimiento global en la década de 1980. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Hogan”.
“Hulkamania”, como se llamaba la energía que creó, comenzó a desatarse a mediados de la década de 1980 y llevó la lucha libre profesional al público general. Era un héroe estadounidense ondeando la bandera, con el bigote en forma de herradura, equipo rojo y amarillo y enormes brazos que llamaba sus “pitones de 24 pulgadas”.
Professional wrestler Hulk Hogan poses for photographers on March 29, 2018, in Los Angeles. (Photo: AP/Chris Pizzello/Invision/File)
En los últimos años, Hogan se había adentrado más en la política.
En la Convención Nacional Republicana de 2024, Hogan fusionó maniobras clásicas de la WWE con la retórica del presidente Donald Trump para respaldar enérgicamente a su viejo conocido.
”¡Dejen que la Trumpamania se desate! ¡Dejen que la Trumpamania gobierne de nuevo! ¡Dejen que la Trumpamania haga a América grande otra vez!”, gritó Hogan a la multitud.
Hulk Hogan rips his shirt before Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally at Madison Square Garden, Oct. 27, 2024, in New York. (Photo: AP/Alex Brandon/File)
Se arrancó una camiseta con una imagen de él mismo en una motocicleta para revelar una brillante camiseta de campaña de Trump-Vance debajo. El entonces candidato presidencial Trump se levantó para aplaudir el gesto.
En 2016, un jurado de Florida otorgó a Hogan 115 millones de dólares en su demanda por un video sexual contra Gawker Media y luego agregó 25 millones de dólares en daños punitivos. Hogan demandó después de que Gawker en 2012 publicara un video de él teniendo relaciones sexuales con la esposa de su ex mejor amigo. Alegó que la publicación violó su privacidad.
Hogan sonrió y vistió de negro durante las tres semanas del juicio.
“En todos lados donde aparezco, la gente me trata como si todavía fuera el campeón”, dijo sobre el apoyo de los fanáticos.
Hogan se convirtió por primera vez en campeón en lo que entonces era la Federación Mundial de Lucha Libre en 1984, y el la lucha libre profesional despegó desde allí. Su popularidad ayudó a la creación del evento anual WrestleMania en 1985, cuando se unió a Mr. T para vencer a “Rowdy” Roddy Piper y “Mr. Wonderful” Paul Orndorff en el evento principal.
World Wrestling Federation heavyweight champion Hulk Hogan, left, and Mr. T. appear at a news conference on March 18, 1985, in New York’s Madison Square Garden. (Photo: AP/Corey Struller/File)
Derribó y venció a Andre the Giant en WrestleMania III en 1987, y la WWF ganó impulso. Su rivalidad con el fallecido “Macho Man” Randy Savage, quizás su mayor rival, llevó a la lucha profesional aún más lejos.
Hogan fue una figura central en lo que se conoce como las Guerras de los Lunes por la Noche. La WWE y la World Championship Wrestling buscaban la supremacía de las audiencias en 1996. Hogan inclinó las cosas a favor de la WCW con el nacimiento del personaje de Hollywood Hogan y la formación del Nuevo Orden Mundial, un grupo villano que puso a la WCW por delante en las audiencias.
Regresó a la WWE en 2002 y se convirtió en campeón nuevamente. Su combate con The Rock en WrestleMania X8, una derrota durante la cual los fanáticos aclamaron a su personaje de “chico malo”, fue visto como un pase de estafeta.
Hulk Hogan, whose given name is Terry Bollea, waits in the courtroom during a break in his trial against Gawker Media in St. Petersburg, Fla., March 9, 2016. (Photo: AP/Steve Nesius, Pool/ File)
Quizás era tan conocido por enorme su personalidad como por sus hazañas en el ring. Era querido por sus “promos”, sesiones de entusiasmo que usaba para atraer a los fanáticos a los combates. A menudo jugaba con su entrevistador, “Mean” Gene Okerlund, comenzando sus entrevistas con: “Bueno, déjame decirte algo, Mean Gene”.
También incursionó en el cine y la televisión. Fue Thunderlips en la película Rocky III en 1982.
Dos ancianos pasean por un parque. (Foto: EFE/J.Casares/Archivo)
Caminar es uno de los ejercicios más recomendables para reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y muerte, sobre todo si el objetivo es llegar a los 7.000 pasos diarios, según reveló un estudio publicado este miércoles en The Lancet.
Expertos de la Universidad de Sídney (Australia) analizaron datos de más de 160.000 adultos para constatar que incluso la meta de 4.000 pasos diarios, frente a una media baja de 2.000, puede aportar significativos beneficios para la salud.
Lo ideal es completar 7.000 pasos diarios, un objetivo más realista que los 10.000 recomendados hasta ahora, destacan los autores.
Caminar unos 5 kilómetros al día, lo que equivale aproximadamente a 7.000 pasos con una zancada media, se asocia, apuntan, a reducciones en el riesgo de sufrir varios problemas de salud graves, incluida la mortalidad por todas las causas en hasta un 47 %.
También detectaron beneficios para prevenir enfermedades cardiovasculares, cuyo riesgo cayó en un 25 % al pasar de los 2.000 a 7.000 pasos diarios; cáncer (6 %); diabetes tipo 2 (14 %); demencia (38 %); depresión (22 %), y caídas (28 %).
Estudios anteriores han puesto el foco en el impacto de esta actividad física moderada en la salud cardíaca o en las tasas de mortalidad generales, mientras que esta investigación examina, por primera vez, sus efectos en diferentes cuadros de salud, explican los expertos.
Por ello, subrayan la importancia de recurrir a métodos de computación diaria para medir «de forma sencilla» este tipo de ejercicio físico.
Sugieren asimismo que los resultados del estudio podrían contribuir a la elaboración de futuras directrices y recomendaciones de sanidad pública, animando a más personas a registrar sus pasos como una forma práctica de mejorar su salud.
Insisten en que el mínimo recomendado de 4.000 pasos diarios ya produce efectos positivos frente a la actividad baja de los 2.000, si bien precisan que en algunas afecciones, como las enfermedades cardíacas, los beneficios aumentan más allá de los 7.000, mientras que en la mayoría, estos tienden a estabilizarse.
A este respecto, desmitifican la meta de las 10.000 zancadas al día, en cierto sentido «poco realista» para aquellas personas que son «menos activas», al tiempo que sostienen que las 7.000 pueden proporcionar mejoras significativas en la salud.
Un tribunal de apelaciones falló este miércoles en contra de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU. Donald Trump que acaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país.
La decisión que da respaldo un fallo anterior, emitido por una corte en menor instancia, tacha la acción del presidente de «inconstitucional» y prohíbe que se pueda implementar a nivel nacional.
La demanda fue presentada por parte de cuatro estados con gobiernos demócratas -Washington, Arizona, Illinois y Oregon- y supone la primera vez que un tribunal de apelaciones emite un fallo sobre este caso.
«El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en los Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo», escribieron los jueces del tribunal, que se inclinaron 2-1 en contra de la orden ejecutiva.
El fallo de hoy llega poco menos de un mes después de que el Supremo de EE. UU. publicara un fallo que limita el poder de los jueces federales para emitir medidas cautelares a nivel nacional.
La decisión permite excepciones para demandas colectivas y a los estados si una corte ve necesaria una medida cautelar a nivel nacional en sus demandas, como es el caso del fallo de hoy, emitido por el Circuito de Apelaciones del Noveno Distrito, en California.
Las partes demandantes argumentan que, aunque se permita en sus estados reconocer la ciudadanía por nacimiento, que otros partes no lo hagan les supone «daños irreparables».
A los estados «se les negarán los reembolsos federales por la atención médica y los servicios sociales prestados a niños que ya no serían considerados ciudadanos según la Orden Ejecutiva, y que incurrirán en costos administrativos sustanciales asociados con el cumplimiento de dicha Orden», detalló el fallo.
En su segundo día en el poder, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados y de migrantes con visados temporales. El decreto contradice la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que considera ciudadano a cualquiera que nazca en EE. UU.
El Mes del Orgullo de la Discapacidad es una oportunidad para celebrar la vida, la resistencia y el liderazgo de las personas con discapacidad. También nos permite volver a comprometernos a desmantelar los sistemas que los marginan y criminalizan. En la ACLU de Pensilvania, nuestro trabajo por los derechos de las personas con discapacidad forma parte de una lucha más amplia por la justicia que reconoce los problemas interrelacionados del capacitismo, el racismo y la injusticia económica.
Durante más de una década, hemos luchado por los derechos de las personas con discapacidad, en particular de las personas negras, morenas o con bajos ingresos. Nuestros esfuerzos se extienden a escuelas, cárceles, hospitales y asambleas legislativas para promover la dignidad, el acceso y la justicia para todos.
He aquí un resumen de nuestra lucha, año tras año:
En 2013, colaboramos con la Red de Derechos de los Discapacitados de Pensilvania (ahora conocida como Disability Rights Pennsylvania) para presentar una demanda federal para poner fin al uso del confinamiento solitario, conocido como ‘Unidades de Vivienda Restringida’, para personas con enfermedades mentales graves en las prisiones estatales. El aislamiento a menudo puede empeorar los síntomas psiquiátricos en lugar de ofrecer el tratamiento y el apoyo necesarios.
En 2014, presionamos a la legislatura de nuestro estado para que exigiera capacitación a la Policía sobre salud mental y discapacidades, porque la actuación policial nunca debe ser la respuesta por defecto a la discapacidad.
De 2015 a 2019, desafiamos al Departamento de Servicios Humanos en repetidas ocasiones por abandonar a los residentes de Pensilvania con discapacidades psiquiátricas en las cárceles, a menudo durante meses, debido a una escasez crítica de camas de tratamiento. Estos individuos, muchos no aptos para juicio y en crisis psiquiátrica, languidecían en las celdas en lugar de recibir la atención que el estado está legal y moralmente obligado a proporcionar. El sistema penitenciario no puede ni debe sustituir la atención de salud mental.
Este año también nos hemos unido a la ACLU nacional y a otras organizaciones afiliadas y aliadas para oponernos al llamado “One Big Beautiful Bill”, que reduciría la cobertura de Medicaid para millones de personas, con un enorme impacto en las personas con discapacidad. El acceso a la atención sanitaria no se negocia políticamente: es un derecho y seguiremos luchando para que las personas con discapacidad obtengan la atención que necesitan.
Durante más de una década, hemos combatido las prácticas perjudiciales en las escuelas que afectan a los estudiantes con discapacidades, lo que resulta en que estos estudiantes sean disciplinados de manera desproporcionada e inapropiada, al ser suspendidos, arrestados, restringidos físicamente o colocados en aislamiento. Esta labor es la más destacada de la ACLU-PA en materia de derechos de los discapacitados.
En todo el país y en Pensilvania, un estudiante negro con discapacidad es el estudiante con más probabilidades de enfrentarse a castigos graves en la escuela o de ser remitido a las fuerzas del orden y detenido. En todo el estado, los niños negros con discapacidades son arrestados en las tasas más altas de todos los estudiantes, aproximadamente seis veces la tasa de los estudiantes en su totalidad.
Nuestro trabajo ha consistido en documentar estas prácticas nocivas, identificar las políticas y prácticas que deben modificarse y abogar por políticas y prácticas escolares que lleven a que estos estudiantes reciban un trato justo.
Desde 2013, hemos elaborado una serie de informes y documentos informativos de gran repercusión. Beyond Zero Tolerance: Discipline and Policing in Pennsylvania Public Schools (Más allá de la tolerancia cero: disciplina y actuación policial en las escuelas públicas de Pensilvania), publicado originalmente en 2013, identificó los patrones de castigo que afectan a los estudiantes con discapacidad (especialmente a los estudiantes negros) basándose en una revisión de los 500 distritos del estado. En 2022, publicamos un informe de seguimiento que documentaba que, en el condado de Allegheny, los estudiantes con discapacidades eran remitidos de forma desproporcionada a las fuerzas del orden y arrestados, y en la mayoría de los casos, era por incidentes menores. Muchos distritos escolares no informaron de estas detenciones, lo que provocó que el alcance del problema quedara oculto a la vista, planteando importantes cuestiones sobre la rendición de cuentas y la discriminación.
Educar a los líderes a nivel de distrito escolar ha sido una prioridad en nuestro trabajo. Desde 2018, hemos organizado cinco “cumbres de actuación policial en las escuelas”, mini-conferencias para líderes de distritos escolares (personal directivo y miembros del consejo) en las que el grupo se reúne con expertos para explorar cómo minimizar el uso de la policía en asuntos escolares cotidianos. Las presentaciones sobre el contacto de las fuerzas del orden con los alumnos con discapacidades han sido un componente central de cada cumbre, incluida la más reciente, celebrada en Pittsburgh en 2024. Unos 50 distritos escolares públicos de Pensilvania han participado en estas mini-conferencias. También nos hemos asociado con la Fundación FISA, Heinz Endowments y la Fundación Pittsburgh para presentar una serie de seminarios en línea sobre ‘Raza y discapacidad’ y debatir las intersecciones entre raza, discapacidad y disciplina en las escuelas de primaria y secundaria.
He tenido el privilegio personal de formar parte de un comité consultivo del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Pensilvania, donde ayudamos a financiar programas que trabajan para desmantelar la tendencia de los jóvenes discapacitados de la escuela a la cárcel. Por último, he participado de forma significativa en la labor de la Learning Disabilities Association of America, una red nacional con sede en Pensilvania, en cuyo consejo asesor profesional he participado y en cuyas conferencias nacionales recientes he hablado de “raza, discapacidad y disciplina escolar”.
Una visión de justicia para los discapacitados
La justicia para las personas con discapacidad requiere algo más que victorias legales o pequeños ajustes políticos; exige una imaginación radical y cambios estructurales. Aspira a un mundo en el que las personas con discapacidad no sean criminalizadas, marginadas ni utilizadas solo como
representación simbólica, sino a uno en el que su liderazgo dé forma activa a los sistemas y soluciones necesarios para que todos prosperen.
En este Mes del Orgullo de la Discapacidad, reflexionamos no sólo sobre nuestros progresos, sino también sobre los activistas, líderes comunitarios y visionarios de la comunidad de discapacitados que siguen impulsándonos hacia la justicia. El trabajo está lejos de haber terminado. Juntos debemos crear sistemas que den prioridad al acceso, la dignidad y la liberación colectiva.
El Mes del Orgullo de la Discapacidad se celebra en julio para promover la inclusión y visibilidad de las personas con discapacidad, conmemorando la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) promulgada el 26 de julio de 1990.
HAROLD JORDAN Coordinador de Equidad Educativa a nivel nacional, ACLU de Pensilvania
