Ciudad de México. — El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió el martes a México una política de prevención de este fenómeno “generalizado”, que incluya en primer lugar atajar la impunidad pero también establecer un plan «ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública.
Al presentar un informe desde Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, enfatizó que para combatir una impunidad que es “casi absoluta” y “estructural”, las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del Estado, tanto cuando hay acción directa en los crímenes como cuando hay complicidad u omisión en desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
Según datos oficiales, México tiene casi 100.000 desaparecidos —el 98% desde 2006 cuando empezó la guerra frontal contra el crimen organizado— y una enorme crisis forense, ya que hay 52.000 restos de personas sin identificar en morgues y fosas comunes de panteones.
El documento es fruto de la visita de dos semanas que el comité hizo a México en noviembre, el primer Estado señalado por graves violaciones que se abre a este tipo de escrutinio.
El gobierno, en un comunicado, dijo recibir las recomendaciones del comité “respetuosamente, con el compromiso de implementarlas de buena fe” pero el “Movimiento por nuestros desaparecidos”, que agrupa a muchas organizaciones de familiares, exigió que fuera “de manera urgente y contundente”.
Como ejemplo de impunidad, el informe indica que solo entre el 2% y el 6% de los casos de desapariciones han sido judicializados. “A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales”, lo que contribuye a que las víctimas no confíen en las autoridades y no denuncien.
El Comité instó a abandonar la “política de militarización” de la seguridad pública porque este enfoque se ha demostrado “insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos» ya que militares han sido señalados por graves violaciones, explicó Villa Quintana. También pidió que Guardia Nacional se convierta en un cuerpo civil.
Aunque la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años, el informe destaca un “incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia» y que estarían vinculadas al robo de menores, violencia o explotación sexual y feminicidios, entre otros delitos.
El Comité también hizo un llamado al gobierno mexicano para que elimine los obstáculos en la persecución penal de las desapariciones forzadas, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes —muchos de ellos objeto de prácticas de “retorno y abandono” a su suerte— y aborde la crisis forense porque según indicó no existe una política pública de identificación humana, ni los registros o bases de datos adecuadas.
Pidió además una “coordinación sistemática y efectiva” de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas y que todas las acciones, incluida la política de prevención, se lleven a cabo en coordinación con las familias.
A pesar de los avances institucionales y legales, el informe pide a México que esas leyes se pongan en práctica, alguno que no se ha hecho en muchos casos.
