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Óscar de la Hoya, demandado por agresión sexual

(Foto: EFE/CAROLINE BREHMAN)

Redacción Deportes.- El exboxeador Óscar de la Hoya fue demandado por una extrabajadora de Casa Mexico Enterprises, una compañía de tequila de la que es socio, por presuntamente agredirla sexualmente en dos ocasiones en 2020, informó este miércoles Los Angeles Times.

El diario estadounidense informó que la demanda a De la Hoya fue interpuesta en la Corte Superior de Los Ángeles.

La probable víctima aseguró que durante un viaje a México en marzo de 2020 a visitar la fábrica de Casa Mexico, De la Hoya acudió a su cuarto con los pantalones en las rodillas y se metió en su cama, tras lo cual la mujer lo sacó de esta y lo regresó a su dormitorio.

En la mañana siguiente, la demandante acudió a la habitación de De la Hoya a despertarlo después de que no se presentara a un tour por la fábrica y el exboxeador la empujó a su cama y la agredió sexualmente.

La segunda ocasión que la mujer fue atacada por el empresario de 49 años fue cuando regresaron del viaje de México a Los Ángeles en casa de De la Hoya, tras una cena a la que acudieron ejecutivos de Casa Mexico.

Según la demanda, cuando el promotor de boxeo se encontró a solas con la mujer, le introdujo un objeto sexual en su cuerpo sin su consentimiento.

Junto a las acusaciones a De la Hoya, la mujer integró a su demanda denuncias contra otros directivos de Casa Mexico por sus malos tratos cuando fue trabajadora que incluyen humillaciones y daños emocionales y físicos.

Esta no es la primera vez que De la Hoya es acusado de una agresión sexual. En 2019 se dio a conocer una demanda que otra mujer interpuso por ataques en 2017.

De la Hoya se retiró del boxeo en 2008, dejó un récord de 39 victorias y seis derrotas y ganó 11 títulos mundiales en seis diferentes pesos. Es oriundo de Los Ángeles con origen mexicano.

Nuevo club de infantes en el oeste de Filadelfia estará vacunando

(Foto: EFE/MOHAMED MESSARA/Archivo)

Con una nueva ola de COVID previsible y el mandato del uso de mascarillas en Filadelfia restablecido, las personas mayores de 5 años pueden obtener vacunas COVID gratuitas sin necesidad de cita previa en la feria de recursos el jueves 21 de abril de 2022, de 3 p. m. a 7 p. m. en Caring People Alliance’s NEW West Philadelphia Boys & Girls Club, 5843-55 Catharine Street, Filadelfia

Durante el Día del Fundador en Caring People Alliance, en el que celebran los 200 habitantes de Filadelfia que se reunieron hace 90 años el 21 de abril para crear Caring People Alliance para mantener segura a la juventud de Filadelfia, la comunidad celebrará el en el  Boys & Girls Club, en un espacio grande y luminoso para brindar a los niños de Filadelfia un lugar seguro para jugar, aprender y crecer lejos de la violencia exterior; asociados con CHOP van a vcunar a las personas de 5 años en adelante contra el COVID, justo cuando se prevé que una nueva ola de Omicron XE, que se transmite más fácilmente. Las personas recibirán la primera y la segunda dosis, así como refuerzos sin tener que programar una cita.

Más de 15 organizaciones comunitarias estarán presentes en la celebración ofreciendo recursos críticos, incluido acceso a Internet gratuito, actividades extracurriculares, atención prenatal y más. Los profesionales de recursos humanos de Caring People Alliance incluso estarán en el sitio reclutando empleados para puestos en la organización.

• Profesionales médicos de CHOP administrando vacunas

• Familias locales

• El personal y los voluntarios de Caring People Alliance, incluidos los profesionales de recursos humanos que buscan empleados

•  Comcast

• Servicios para la Familia del Centro de Justicia Juvenil

• Hockey sobre hielo

• Departamento de Salud Pública de Filadelfia

• Departamento de Ingresos de Filadelfia

• Empresas comunitarias

• PECO

• Más allá de la alfabetización

• MANÁ

• Capitanes de Lectura Oeste/Sudoeste (Ciudadanos Globales)

• Biblioteca gratuita de Filadelfia – Sucursal Blanche A. Nixon/Cobbs Creek

• Coalición de Atención Materna

• Oficina de la concejal Katherine Gilmore Richardson

Evacúan el Capitolio de EE.UU. «por precaución» al acercarse un avión

Foto: EFE/MICHAEL REYNOLDS/Archivo)

Washington, EE.UU.- La Policía del Capitolio de Estados Unidos ordenó este miércoles la evacuación inmediata de todo el edificio que aloja el Congreso estadounidense, tras detectar que se acercaba al complejo un avión que tildó inicialmente de «probable amenaza».

Sin embargo, minutos después de alertar sobre el tema, la Policía del Capitolio subrayó en un tuit que la evacuación se había producido «por precaución» y que «no hay ninguna amenaza» activa contra la sede del Parlamento del país.

Camargo y los Filis salen de la mala racha ante Rockies

El panameño de los Filis de Filadelfia Johan Camargo celebra después de conectar un jonrón de tres carreras en la séptima entrada del juego ante los Rockies de Colorado, el miércoles 20 de abril de 2022, en Denver. (Foto: AP/David Zalubowski)

Denver. — El panameño Johan Camargo acumuló cuatro imparables, incluyendo un cuadrangular de tres carreras durante un ataque de cinco anotaciones en la séptima entrada, y los Filis de Filadelfia superaron el miércoles 9-6 a los Rockies de Colorado para frenar una racha de tres derrotas.

Kyle Schwarber añadió un tablazo al tercer piso del jardín derecho en el Coors Field, mientras que Nick Castellanos y Alec Bohm también sumaron vuelacercas. Los Filis finalizaron su gira con marca de 2-5 y obtuvieron apenas su segundo triunfo en sus últimos nueve compromisos.

El ambidiestro Camargo, torpedero titular en reemplazo del lesionado Didi Gregorius, conectó tres sencillos antes de su cuadrangular ante el zurdo Lucas Gilbreath, quien admitió la carrera del empate al golpear a Schwarber con un lanzamiento y las bases llenas.

El venezolano Jhoulys Chacín (2-1) regaló una base por bolas y admitió dos sencillos en el quinto inning para cargar con el revés.

Ryan McMahon disparó dos dobletes y produjo tres carreras por los Rockies, que no pudieron completar la barrida en la serie de tres partidos.

Brad Hand (1-0) sacó el último out del sexto capítulo para colgarse la victoria y Corey Knebel retiró a los últimos tres enemigos para su segundo rescate, ayudando a los Filis a colocarse cinco juegos por debajo de .500 por primera vez desde el 22 de agosto de 2022.

Por los Filis, el panameño Camargo de 5-4 con tres producidas y una anotada. El dominicano Jean Segura de 5-1.

Por los Rockies, el venezolano Elías Díaz de 1-0.

Mujeres marcharon pidiendo el fin de oleada de desapariciones en México

Varias mujeres sostienen unos carteles durante unas protestas hoy, en Ciudad de México(México).(Foto: EFE/Sashenka Gutiérrez)

Ciudad de México.- Varias decenas de mujeres marcharon este martes en el centro de la Ciudad de México pidiendo justicia por desapariciones de jóvenes, especialmente en el norteño estado de Nuevo León, donde se vive una oleada y las autoridades notificaron que se registraron hasta ocho desapariciones por día.

“Estamos pidiendo justicia, que ya no se maten mujeres, que nos protejan, que podamos salir tranquilas a las calles”, dijo a Efe Karla, una de las participantes en la marcha, en la que se trató de llegar hasta el Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, pero no se logró debido a que varios centenares de mujeres policías encapsularon a uno de los grupos, de aproximadamente 40 manifestantes y se vieron varios enfrentamientos.

Algunas manifestantes aseguraron haber sido agredidas y relataron que las mujeres policía, que custodiaron la marcha, les robaron sus pertenencias.

“Que en lugar de que hagan esto, haya apoyos, vigilancia, que investigue a quien hace esto (abusos, desapariciones, feminicidios). Las niñas ya no pueden andar en la calle, que sean castigados, que los encierren para que no sigan haciendo daño”, dijo Esmeralda, una mujer que participó en la manifestación.

Colectivos feministas se enfrentan con la policía en protesta por la desaparición de mujeres y niñas hoy, en Ciudad de México(México). (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Allí, las mujeres trataron de avanzar pero finalmente desistieron y pidieron que se abriese el cerco para poder dirigirse a la boca de metro más cercana. Sin embargo las agentes tardaron alrededor de media hora en permitir el paso y muchas de las presentes terminaron agotadas, dijeron.

Por último fueron en grupo hasta el metro y terminó la jornada para ellas.

Desde hace varias semanas México está pendiente del aumento de desapariciones en el estado de Nuevo León.

Incluso la semana pasada se anunció la formación de un “grupo especial” para atender este tipo de crímenes, además de la creación de una Fuerza de Tarea integrada por diversas instituciones de seguridad que comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi Susana Escobar, joven de 18 años desaparecida el pasado 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con dos amigas.

Colectivos feministas se enfrentan con la policía en protesta por la desaparición de mujeres y niñas hoy, en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Los feminicidios y las desapariciones fueron en aumento en México desde la década de 1990, aumentaron en la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 y ahora más de 10 mujeres son asesinadas cada día, por lo que desde hace tres años el movimiento feminista fue tomando fuerza en el país.

En septiembre de 2020 la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue tomada por un grupo de mujeres feministas en señal de protesta y durante más de un año y medio allí se realizaron eventos y pasaron víctimas de abuso, familiares de desaparecidos y madres de víctimas de feminicidio.

Pero el pasado viernes varios centenares de policías accedieron al inmueble, sacaron a las pocas mujeres que todavía residían allí y detuvieron a tres de ellas.

Este martes un juez ordenó juicio por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo contra ellas, que se encuentran en el reclusorio de Santa Martha Acatitla donde permanecerán los 30 días que se fijaron para el cierre de la investigación complementaria.

Director general de Salud de EEUU a VOA: “La pandemia no ha terminado”

El cirujano general de Estados Unidos, Vivek H. Murthy, durante una entrevista con la Voz de América en Miami, Florida, el 19 de abril de 2022. (Foto: Antoni Belchi /VOA)

En una entrevista exclusiva con Voz de América, el director general de Salud Pública de Estados Unidos advirtió que la crisis del COVID-19 no ha terminado, a pesar de que ahora se cuenta con mejores herramientas para afrontar la pandemia.

Miami, EE.UU. — En Estados Unidos ya se han distendido la mayoría de las medidas contra el COVID-19. La más reciente ha sido la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en los medios de transporte público de todo el país.

El Gobierno confirmó que dejará de hacer cumplir la orden de usar mascarilla en los aeropuertos, aviones, trenes o autobuses después de que un tribunal federal de Florida decidió que esa norma, que llevaba vigente 14 meses, era ilegal y que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se habían excedido en su autoridad.

Aunque la eliminación de estas restricciones podría enviar un mensaje erróneo a la población de pensar que la crisis sanitaria ya se ha superado por completo, las autoridades de salud advierten que no es así y que es importante seguir manteniendo precauciones al respecto.

Tenemos mejores herramientas

El director general de Salud Pública de Estados Unidos, Vivek H. Murthy, en declaraciones exclusivas a la Voz de América, recordó que “la pandemia no ha terminado” aunque los datos de muertes y hospitalizaciones por coronavirus son bajos.

“La pandemia no ha terminado, pero estamos en una mejor posición respecto a hace dos años porque tenemos mejores herramientas”, afirmó.

El jefe del servicio de salud pública se refería a que gracias a las “vacunas y tratamientos que son efectivos”, además de la disponibilidad de “mascarillas y pruebas”, se ha podido afrontar esta situación sanitaria con mayor éxito que al inicio de la pandemia.

No es el momento de bajar la guardia

Pese a eso, Murthy insistió en que no hay que bajar la guardia y que se han de seguir tomando precauciones e impulsar estrategias para frenar los contagios. “Creo que no es el momento de bajar la guardia por completo”, recalcó.

Ante este escenario, el alto funcionario subrayó que hay “más trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia”, aunque desde el Gobierno se muestran satisfechos por todo lo que ha hecho hasta ahora para evitar mayores brotes y cierres. “Podemos sentirnos bien por todo el progreso que hemos logrado”, agregó.

Sin embargo, Murthy reconoce que algunas personas sí que deberían seguir siendo cautas y cuidadosas, especialmente las que tienen condiciones médicas prexistentes. “Por ejemplo, si es mayor y tiene afecciones médicas que pueden ponerlo en mayor riesgo, o si vive con alguien que no está vacunado, que puede estar en una categoría de mayor riesgo, entonces es importante ser cauteloso”, comentó.

Precisamente, ese es el mensaje que también han repetido desde los principales organismos sanitarios, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encargadas de monitorear la pandemia.

Hemos perdido a casi un millón de personas

En ese sentido, recordó que “todavía estamos perdiendo cientos de personas todos los días a causa del COVID-19” e insistió, de nuevo, en la importancia de seguir tomando las pautas de recomendación de los expertos.

“Hemos perdido a casi un millón de personas. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de salvar tantas vidas como sea posible y mantener a las personas sanas”, dijo a la VOA.

Con todo, celebró que se cuentan “con más herramientas” para poder llevar una vida más o menos normal. “Podemos tener más herramientas ahora para hacer las cosas que nos importan, como ver amigos, volver al trabajo, llevar a nuestros hijos a la escuela. Eso es lo que está sucediendo en todo Estados Unidos”.

La importancia de la tecnología y la salud

El director general de Salud Pública de EEUU participó en la feria tecnológica Emerge Americas en Miami, Florida, considerada la más importante para el mercado de Latinoamérica. Durante su alocución hizo mención a “la importancia de la tecnología y la salud pública” para que juntos se puedan complementar y “abordar los desafíos de salud críticos que tenemos en el futuro”.

“La pandemia nos enseñó mucho y una de las cosas que nos dijeron es que necesitamos tecnología para conectar a las personas con el tratamiento”, señaló a la VOA.

Además, dijo que las nuevas tecnologías implementadas al campo de la salud también deberían servir para “hacer una mejor vigilancia para la próxima pandemia e incluso para la pandemia de coronavirus que aún está en curso”, además de ser una herramienta que conecte a la población.

“También necesitamos aplicar tecnología para fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, fortaleciendo las relaciones y las conexiones entre las personas”, añadió.

Malos consejos alejan más a latinos de la universidad que la falta de dinero

Fotografía de archivo de varios estudiantes hispanos. (Foto: EFE/Felipe Chacón)

Denver (CO).– Los malos consejos recibidos en la infancia superaron a las falta de recursos entre los motivos que argumentaron los hombres latinos en Colorado que evitaron que se matricularan en una universidad o terminaran sus estudios superiores, según un informe de la Fundación de Becas de Denver (DSF, en inglés).

Cuando se les preguntó a estos hombres menores de 35 años y con diversas experiencias en estudios terciarios qué les impedía ir a la universidad, las respuestas incluyeron la carencia de recursos económicos, la falta de suficiente información, o inevitables responsabilidades laborales o familiares.

Sin embargo, la principal razón presentada por aquellos que nunca fueron a la universidad o que iniciaron una carrera, pero nunca la completaron, fue «tomar malas decisiones basándose en malos consejos recibidos en la infancia».

Esas «malas decisiones» incluyen no conectarse con personas de otros grupos étnicos o nacionalidades, no solicitar ayuda financiera, no acceder a servicios para estudiantes (asistencia alimenticia, salud mental, mentores), o simplemente creer que «ir a la universidad no es algo que yo pueda lograr».

Un reporte anterior de la DSF, publicado en diciembre de 2021, había encontraron que el porcentaje de hombres latinos en Colorado que va a la universidad es el menor porcentaje entre todos las etnias y minorías.

Al contrario de lo sucedido con las latinas, el porcentaje de hombres latinos universitarios en Colorado no mejoró durante la última década y, de hecho, empeoró durante la pandemia.

A la vez, según DSF, el porcentaje de latinas graduándose de la universidad duplica al de latinos: 82 % contra 41 % en carreras de cuatro años.

Al presentar el reporte esta semana, Nathan Cadena, gerente de operaciones de la DSF, evitó hablar de «malos consejos» y se refirió en cambio a «ciertas normas culturales».

En el caso de los jóvenes latinos, sostuvo Cadena, existen «ciertos roles y ciertas expectativas que no necesariamente invitan a tomar decisiones propias, especialmente si eso significa alejarse de la familia o de la comunidad».

«Es algo tácito en la cultura y en la comunidad latinas y es algo que no favorece las decisiones individuales o la exploración por cuenta propia», opinó.

Más allá de estadísticas educativas o de razones para alejarse de la universidad, el nivel educativo de los hombres latinos de Colorado es de vital importancia teniendo en cuenta que una de cada cinco personas en este estado y dos de cada tres nuevos trabajadores es de origen latino, indica el informe.

Además, los latinos tienen el más alto índice de pobreza intergeneracional (padres dejando deudas a sus hijos o no transfiriendo el patrimonio acumulado en la familia), una situación que, según Cadena, podría solucionarse precisamente con mejores estudios.

El reporte subraya que aquellos hombres latinos que llegaron a la universidad y completaron sus carreras lo hicieron «por haber recibido respaldo y buenos consejos desde temprana edad», especialmente de padres o maestros que «se enfocaron en el potencial» del estudiante, y no en los obstáculos, como la falta de recursos o distancia a la universidad.

Cadena confía que el nuevo informe ayudará a «ofrecer ayuda personalizada» a los hispanos que quieran llegar a la universidad y, eventualmente, a romper el ciclo de pobreza y de falta de estudios universitarios entre las generaciones.

Unos 2 millones de latinas y 1,4 millones de latinos asistían a las universidades de Estados Unidos en 2019, casi 100.000 más que en 2018, según el Departamento de Educación federal.

Sin embargo, esos números se redujeron por la pandemia entre un 5 % a un 20 %, dependiendo de la región del país.

ICE pagó 17 millones de dólares por hospedaje para inmigrantes que no usó

Imagen de archivo que muestra varios inmigrantes en Del Río (EEUU). (Foto: EFE/ Alex Segura)

Washington, EE.UU.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pagó 17 millones de dólares por habitaciones en hoteles para inmigrantes que mayormente no fueron ocupadas, según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgado este miércoles.

«ICE no justificó de manera adecuada la necesidad de contrato con una sola fuente para albergar a las familias migrantes y gastó unos 17 millones de dólares por espacio y servicios en seis hoteles que mayormente no se usaron entre abril y junio de 2021», indica el informe.

El arreglo con un solo contratista, la firma Endeavours, resultó en el gasto de millones de dólares por habitaciones en hoteles que no se usaron, añadió.

Además, Endeavors incumplió con los nuevos protocolos sanitarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y con las pruebas apropiadas de la covid-19 para las familias migrantes, detalla.

«Por ejemplo, hubo familias a las que ICE no les hizo la prueba de detección de covid-19 antes de transportarlas a hoteles, y no siempre el personal de Endeavours les hizo las pruebas a su llegada o partida de hoteles», agrega el informe.

Esto «puso a las familias migrantes y a la población alrededor en riesgo de contraer la covid-19», detalla.

La OIG explicó que entre abril y septiembre de 2021 llevó a cabo inspecciones remotas y en el terreno de hoteles de ICE que albergaban familias migrantes y, en el curso de esas inspecciones identificó razones para preocuparse por el contrato y por el cuidado de los detenidos.

ICE empezó a alojar grupos familiares detenidos en el centro residencial familiar (FRC, en inglés) de Berks, en Leesport, Pensilvania en 2001.

En 2014 y como resultado del aumento de las familias capturadas en la frontera sur de Estaos Unidos, ICE abrió otros dos FRC, en Dilley y en Karnes, ambos en Texas. A esa altura los tres tenían una capacidad total de 6.652 camas.

En 2007, la agencia desarrolló sus regulaciones para la operación de estos centros residenciales, incluido el cuidado médico, la alimentación, la asesoría legal, servicios de educación y medios para las quejas.

«A comienzo de 2021, ICE anticipó otro incremento en los cruces de frontera por parte de unidades familiares y, para incrementar su capacidad de alojamiento ICE firmó un contrato de 86,9 millones de dólares para el período marzo a septiembre, para la provisión de 1.239 camas y otros servicios necesarios en hoteles», señala el informe.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Wilkes-Barre Citizens Voice. April 16, 2022.

Editorial: Legislators lose lease on patience

Nearly 20 years ago, when state Sen. Ed Helfrick was asked why he thought it was appropriate to spend more than $600 of public money every month for his lease of a Mercedes-Benz ML 320, he revealed the fundamental problem when he responded: “I don’t think I should have to drive something less just because I’m a legislator.”

Most of his constituents and other Pennsylvanians had to drive something less, of course, while paying Helfrick’s lease to a grateful car dealer in his district.

In 2017, police in suburban Harrisburg stopped a since-retired representative in a state-leased vehicle and asked if he had been drinking. He said he had, according to The Pittsburgh Post-Gazette, but that it was “part of my job.”

Some lawmakers over the years at least have recognized the bad optics inherent in a man of the people driving around in a people-funded car that the people can’t afford for themselves.

A former state representative from Scranton, for example, once acknowledged that he had a state-leased SUV for jaunts to Harrisburg, but had the good sense to leave it in his garage and use a lesser conveyance to go to political rallies, chicken dinners, fundraisers, civic events and funerals in the district.

That latent capacity for embarrassment, coupled with public pressure and changing economics, gradually has eroded legislators’ preference for state-leased vehicles. Almost all legislators used to have leases, but this year only 26 of 203 representatives and 11 of 50 senators have them.

Economics have changed in that taxpayers reimburse legislators for gas mileage when they use their own vehicles for public business. The state pays the IRS-allowed rate of 58.5 cents per mile, which means that some legislators would fare better financially driving their own vehicles rather than leasing.

In a vote that was a few decades late, the House voted 183-16 on Wednesday to eliminate state-funded car leases for legislators, which put Pennsylvania in league with 48 other states. That’s just one aspect of much broader expense reforms that lawmakers should enact, but it’s a start.

But the bill might not have such an easy drive through the Senate, where several top Republican committee chairman are among that chamber’s legislators that have state-funded leases.

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Scranton Times-Tribune. April 19, 2022.

Editorial: Keep lottery transparency

State Sen. John Yudichak, an independent from Swoyersville, seems somewhat confused about government transparency. He recently said that he respects the need for transparency regarding operations of a multibillion-dollar state agency while introducing a bill to eliminate it.

His bill would forfeit the public information rights of 13 million Pennsylvanians and cede to a handful of extremely lucky private individuals the right to withhold public information.

Under the bill, anyone who wins $1 million or more in the state lottery would have the option to keep his identity secret. Only the winner’s city and county of residence would be disclosed. Now, the state Open Records Law rightly holds that the identity of lottery winners is public information.

That requirement is not frivolous. Its purpose is to thwart corruption. Disclosing winners’ names is a fundamentally sound method to help ensure that lottery games are on the up-and-up.

Yudichak says he wants to protect big winners from scammers. But the lottery easily could offer winners guidance on how to avoid scams without sacrificing transparency.

“While recognizing the importance of transparency in Pennsylvania Lottery operations, I believe it is equally important to protect our lottery winners’ privacy and protect them from criminals and scam artists… ,” Yudichak declared.

That’s false equivalency. Transparency and secrecy aren’t equal initiatives for an agency that sold $5.3 billion in tickets, cleared $1.3 billion and paid $3.5 billion in prizes during the 2020-2021 fiscal year. Transparency is far more important for Pennsylvanians and should remain in place.

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Pittsburgh Post-Gazette. April 16, 2022.

Editorial: Pa. can benefit from onshoring strategic manufacturing

Russia’s invasion of Ukraine underscored the importance of a national industrial policy that President Joe Biden should embrace in his second year. Such a policy should include more rare earth metal production and semiconductor chip manufacturing on these shores. That’s good for national security and for Pennsylvania’s economy in particular.

Now, U.S. manufacturers are almost completely reliant on China and its client states for the rare earth metals that are essential to, among many other things, batteries, electric cars and solar panels. For the past several years, public and private agencies have promised that such elements can be refined from coal mine waste, in which Pennsylvania is uniquely rich. With $140 million in funding from President Joe Biden’s infrastructure bill, it’s time to follow through on those promises.

Pennsylvania is also well-situated to relieve American dependence on foreign-made semiconductor chips, which are the currency of the digital age. Congress should pass the proposed $52 billion in incentives to onshore this essential industry; concerns about government inefficiency and favoritism, such as those raised by Sen. Pat Toomey, fade with a more uncertain and dangerous international scene.

Right now, by far the biggest producer of chips is the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), which owns the world’s largest foundry in Hsinchu on the island’s west coast. In the wake of Russia’s aggression, however, reliance on a small country that is eyed greedily by its much larger neighbor — in this case, communist China — feels like a risky bet.

COVID-related semiconductor shortages already roiled the car market last year; a larger disruption, such as loss of access to Taiwan-made TSMC products, would cripple the American economy.

For its part, TSMC is already investing in the United States, including building a $12 billion chip foundry outside Phoenix. And U.S.-based Intel is spending $20 billion on a facility outside Columbus. Compare these numbers to the $6 billion Shell is spending on the massive Beaver County cracker plant to understand just how big, and transformative, these investments can be.

As a growing hub of tech research and business, Pittsburgh’s public and private interests should lobby hard for a big piece of the semiconductor pie.

Russia’s aggression has demonstrated the danger of relying on the goodwill of authoritarian regimes for essential products and raw materials. German officials scoffed when former President Donald Trump warned them about their dependence on Russian natural gas during a United Nations address. Now they look foolish. Meanwhile, nations such as Egypt that relied on Russian and Ukrainian wheat because their climates weren’t suitable for mass production are looking at frightening shortages.

The United States has enough natural, financial and human resources that it should need little, if anything, from other countries. There are benefits to trade, to be sure, but the United States should not depend on its adversaries for any major strategic resource or product.

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Philadelphia Daily News/Inquirer. April 17, 2022.

Editorial: Compassion is hard to come by in Pennsylvania’s broken prison system.

What does Pennsylvania gain from incarcerating a person with dementia, besides footing the bill for their care?

Some people incarcerated in Pennsylvania state prisons are as far as one could imagine from being a threat to society. They can barely take care of themselves, let alone hurt others — and some are terminally ill. The need to care for these people is so great that last year, the Department of Corrections announced a new unit, a first of its kind, specifically to treat those who are imprisoned and suffer from dementia. The unit is in addition to existing long-term care beds, which also provide hospice care.

What does Pennsylvania gain from incarcerating a person with dementia? The obvious answer is nothing. But broken laws, harsh sentences, and a lack of political will mean that there is no way out of prison, no matter how ill or frail one becomes.

The Pennsylvania state prison population is getting older. The Department of Corrections defines an “elderly inmate” as being over 50. A decade ago, this age group accounted for roughly 10% of those in state prisons; now it is 27%. Among those roughly 10,000 individuals who are designated “elderly” behind bars, nearly 2,000 are over age 55 and have already served at least 25 years — and the vast majority are serving life without the possibility of parole. It will take something close to a miracle for them to die anywhere else but in prison.

Pennsylvania has a “compassionate release” law, sort of. The measure allows people who meet extremely strict criteria to be transferred from prison to a hospital, long-term care facility, or hospice. To be granted compassionate release under current law, individuals need to prove, among other things, that they are so ill that their death is imminent and they need care that is better provided outside of the prison. In practice, according to a recent investigation by SpotlightPA, 31 people were granted compassionate release in the last 13 years.

The cost to the state is huge. The average price tag per person for medication alone for an incarcerated individual over the age of 50 is nearly $3,000 a year. That’s double the cost for those under 50. Last year, the State Correctional Institutions in Laurel Highlands and Waymart, where individuals requiring long-term care are imprisoned, accounted for 9% of the entire prisons operations budget — $204 million. That’s despite the two facilities accounting for only 5% of the state prison system’s capacity.

Besides compassionate release, the only other way out of prison for a person serving life without parole is a commutation. Gov. Tom Wolf has signed the most commutations of any governor since the 1970s. But that has resulted in a grand total of 45 life sentences shortened — even though about 1,000 people serving life sentences in Pennsylvania never took a life. And those releases hardly ever have a negative effect on public safety: Study after study shows the lifers whose sentences were commuted or were pardoned rarely go on to commit other crimes.

One possible release valve for the system could come in the form of a medical parole bill introduced by State Sen. Sharif Street, a Democrat from Philadelphia. Street’s proposal would replace the state’s stringent compassionate release law with a system that allows for consideration of parole based on age, health, and length of time in prison. Another bill, introduced by State Reps. Joanna E. McClinton and Stephen Kinsey, both Democrats from Philadelphia, would allow for a commutation of a life sentence with a majority vote of the Board of Pardons instead of unanimous approval.

Pennsylvania could also do more to help people behind bars to remain healthy. Last year, John Wetzel, then the state’s secretary of corrections, suspended medical co-pays indefinitely. Wetzel left his post last fall, and shortly afterward, acting Secretary George Little lifted the suspension, with exceptions for chronic care and other scenarios. It might seem like not much, but $5 in a prison where an hour of work is compensated with a starting wage of 19 cents per hour can be a small fortune. A bill introduced by State Rep. Amen Brown would end the practice of medical co-pays in prison if passed and signed into law.

The costs are staggering, the public safety benefits are minimal, and the human toll of incarcerating the elderly and infirm is not one the state should have on its conscience. That is the story of Pennsylvania’s aging prison population — but it is one that state officials can change by choosing compassion over complacency.

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Lancaster Online/LNP. April 20, 2022.

Editorial: In Pa. Legislature, even popular bills like Victoria’s Law get stuck because of rules concentrating power in hands of few

Nothing in state government is simple.

Not even a piece of legislation that would prohibit pet stores from selling dogs that come from puppy mills. As Wereschagin noted, “Being anti-puppy-mill is about the easiest gimme in politics.”

The Humane Society of the United States defines a puppy mill as “an inhumane high-volume dog breeding facility that churns out puppies for profit, ignoring the needs of the pups and their mothers.” They are as horrible as they sound, and Lancaster County sadly is known for them.

No one should be making money off of the irresponsible breeding of cats, rabbits or dogs, and treating them as mere commodities to bring in profits.

Apparently, a lot of people agree with that in principle. But Victoria’s Law, which would seek to eliminate a primary revenue stream for puppy mill operators, remains stuck in the state Senate Judiciary Committee.

“Why? Why is it dead?” Kelly Herbert asked. “It’s a very popular bill… and it’s just kind of sitting on the sidelines.”

That is because of the idiosyncrasies of the state Legislature.

As Wereschagin explained, a rules structure is in place in Harrisburg that “gives legislative leaders and committee chairs nearly unfettered ability to control the legislative agenda.”

Kelly Herbert’s question — “Why?” — is one we’ve asked many times about the Pennsylvania General Assembly. Why is it so bloated and so ineffective? Why are its members compensated so generously when they’re only nominally full-time? Why do the same people keep getting rewarded with reelection when they fail repeatedly to solve the commonwealth’s problems?

The whys are many; the answers, few.

In this instance, lawmakers say they are trying to address concerns raised by veterinarians, responsible breeders and the American Kennel Club “because I don’t think they want (puppy mills) operating in Pennsylvania either,” Sen. Phillips-Hill, R-York County, said.

More fundamentally, though, there are operational issues that delay good legislation.

In January 2021, lawmakers voted to adopt the rules “that would govern how the chambers operate for the next two years,” Wereschagin explained. “Those rules give enormous power to a small group of legislative leaders. They can single-handedly set the legislative agenda, fast-track favored bills and bury legislation, even if it has the support of a majority of the 203-member House and 50-seat Senate.”

As Carol Kuniholm, co-founder of Fair Districts PA, noted at a recent event in Harrisburg, “Year after year, bills with broad, bipartisan support are blocked by committee chairs and legislative leaders.”

Fair Districts PA has worked tirelessly since 2016 to reform the way the commonwealth handles redistricting. “It quickly became clear that the obstacles to reform were as much internal as external,” Wereschagin noted. “Party leaders, intent on maintaining control over the often-unwieldy process of passing laws through the country’s largest full-time state legislature, wrote operating rules that cement their primacy.”

And, he pointed out, there is no feasible way for rank-and-file lawmakers to force a vote on even the most popular bills.

“There are no mechanisms in place to ensure all legislators have a say in what bills are enacted, and no rules in place to ensure bipartisan solutions get a vote,” Kuniholm said. “So far, in this Legislature, no bills introduced by the minority party have gotten a vote on the House floor. Only one in the Senate was given a final vote.”

The minority party inside the state Capitol is actually the majority party in the state. Democrats long have outnumbered Republicans in Pennsylvania, but because of gerrymandering and structural advantages, Republicans have controlled the state Legislature.

So Republican leaders in the Legislature — including House Speaker Bryan Cutler, of Drumore Township — also control the legislative agenda.

As Wereschagin reported, “Fair Districts PA and the Pennsylvania League of Women Voters want lawmakers to change their chambers’ operating rules to, among other things, require that every bill get at least a hearing, allow rank-and-file members to vote to add a bill to their committees’ agendas, require committee chair selections to be approved by floor votes and give the minority party more say in the process.”

We endorse these proposals. We’d endorse them whichever party was in power in Harrisburg, in the interest of fairness.

But fairness is a noble concept and therefore generally not embraced by politicians.

One issue holding up Victoria’s Law is the lack of resources available to enforce the laws already on the books.

State Senate Judiciary Committee chairwoman Lisa Baker, a Luzerne County Republican, told Wereschagin that she’s had both rescue and purebred dogs, and has been “a supporter and protector of animals throughout my career.”

But before proceeding with Victoria’s Law, Baker wants the input of a task force that’s being created to study the state’s animal-welfare laws and enforcement regime. (Paralysis by analysis is real in Harrisburg.)

Baker said there’s not much point in adding a new law when the agencies tasked with enforcing such laws are so underfunded they can’t handle their workload as it is. “The key to ridding Pennsylvania of puppy mills is robust enforcement,” Baker said.

We couldn’t agree more.

But we’re a bit puzzled as to why the underfunding of enforcement agencies is raised in this context as if state lawmakers weren’t the ones who could do something about it.

Last July, Spotlight PA reported that the Pennsylvania Legislature “departed for the summer without voting on bills that would have raised dog licensing fees from $6.50 to $10 per year, an increase advocates say is critical to address insufficient staffing and a dire funding shortfall within the state’s Bureau of Dog Law Enforcement.”

This should surprise no one: That bill, too, remains stuck in committee.

If only there were a way to get it unstuck.