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Pennsylvania among states with highest youth aggression

A new study reveals that youth aggression ranks seventh in severity in Pennsylvania, which has one of the highest rates of juvenile arrests for aggravated assault in the United States.

The research, conducted by Florida-based personal injury law firm Anidjar & Levine, analyzed juvenile arrest data from 2016 to 2020, sourced from the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP). The study calculated the average annual rates of juvenile arrests for aggravated assault to identify the 10 states with the highest rates per 100,000 youth.

Pennsylvania ranks seventh, with an average of 120 arrests per 100,000 youth, which is 51.9% above the national average of 79. State rates ranged from a high of 144 in 2017 and 2019 to a low of 61 in 2020.

Commenting on the findings, a spokesperson for Anidjar & Levine stated:

“The data shows that Pennsylvania recorded the seventh-highest rate of juvenile arrests for aggravated assault in the U.S. (…) These figures highlight a growing trend of aggression among children and teens. Factors such as school violence, bullying, emotional stress, and lack of adequate support systems may contribute to violent behavior.”

The report emphasizes that addressing this issue requires a collaborative effort among parents, educators, and communities. Early intervention, access to therapy, and strong youth mentoring programs are key to reducing these numbers and helping teens develop healthier ways to manage conflict.

Pensilvania entre los estados con mayor agresividad juvenil

Un nuevo estudio revela que la agresión juvenil ocupa el séptimo lugar en gravedad en Pensilvania, estado que registra las tasas más altas de arrestos juveniles por agresión con agravantes en EE. UU.

La investigación, realizada por Anidjar & Levine, abogados especializados en lesiones personales con sede en Florida, analizó datos de arrestos juveniles entre 2016 y 2020, provenientes de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP). Se calcularon las tasas anuales promedio de arrestos juveniles por agresión con agravantes para identificar los 10 estados con las tasas más altas por cada 100,000 jóvenes.

Pensilvania ocupa el séptimo lugar, con un promedio de 120 arrestos por cada 100,000 jóvenes, un 51.9% por encima del promedio nacional de 79. Las tasas estatales oscilaron entre un máximo de 144 en 2017 y 2019 y un mínimo de 61 en 2020.

Al analizar el estudio, un portavoz de Anidjar & Levine comentó:

“Los datos revelan que Pensilvania registró la séptima tasa más alta de arrestos juveniles por agresión agravada en EE. UU. (…)  Estas cifras ponen de relieve una tendencia creciente a la agresión entre niños y adolescentes. Factores como la violencia escolar, el acoso escolar, el estrés emocional y la falta de sistemas de apoyo adecuados pueden contribuir al comportamiento violento”.

Señalan que abordar este problema requiere un esfuerzo colaborativo entre padres, educadores y comunidades. La intervención temprana, el acceso a terapia y los sólidos programas de mentoría juvenil son clave para reducir estas cifras y ayudar a los adolescentes a desarrollar formas más saludables de gestionar los conflictos.

Qué saber si está en riesgo de embargo salarial por deuda de préstamos estudiantiles en EE. UU.

préstamos
En esta fotografía del 5 de mayo de 2018, alumnos participan en una ceremonia de graduación en la Universidad de Toledo, Ohio. (Foto: AP/Carlos Osorio/Archivo)

A millones de prestatarios estudiantiles en Estados Unidos se les podría empezar a embargar parte de sus salarios incluso este verano, según estimaciones de la agencia de crédito TransUnion.

La compañía pronostica que, en agosto, aproximadamente 3 millones de prestatarios podrían entrar en mora, lo que significa que tienen 270 días de retraso en los pagos. Al llegar a ese punto, los titulares de los préstamos corren el riesgo de que el gobierno les retenga el 15% de su salario, destinando el dinero al pago de la deuda pendiente. No ha habido una indicación clara de cuándo comenzará el embargo de salarios.

Después de que la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia de COVID-19 llegó a su fin en mayo, los prestatarios han tenido que reevaluar el estado de sus préstamos y presupuestos. Según TransUnion, otros 2 millones de prestatarios se encaminan a caer en mora en septiembre.

Un período de gracia concedido por el gobierno del expresidente Joe Biden, durante el cual los pagos atrasados o no realizados no eran tomados en cuenta en las calificaciones crediticias, terminó a fines del año pasado.

Desde entonces, millones de prestatarios han visto afectadas sus calificaciones crediticias.

Esto es lo que es conveniente saber:

Qué puede hacer usted para prepararse

«Lo más importante que los prestatarios pueden hacer antes de que se reinicie el embargo administrativo de salarios es iniciar sesión en el sitio web studentaid.gov para verificar si sus préstamos estudiantiles federales están en mora y tomar medidas ahora para sacarlos de la mora», recomendó Kyra Taylor, abogada del National Consumer Law Center, un organismo sin fines de lucro dedicado a la defensa del consumidor de bajos ingresos.

Taylor comentó que no es inusual que los prestatarios no sepan que sus préstamos están en mora. Si los prestatarios asistieron a la universidad o a la facultad de posgrado en distintos períodos de tiempo, o si tienen diferentes tipos de préstamos federales, también podrían tener varios administradores de préstamos estudiantiles.

Si ese es el caso, usted debería actuar ahora para sacar sus préstamos de la mora y volver a estar en buena situación, ya sea ingresando a un acuerdo de rehabilitación —en el que debe hacer nueve pagos consecutivos con base en sus ingresos— o consolidar sus préstamos en un nuevo Préstamo Directo federal.

«Debido a que esto no ha sucedido durante tanto tiempo, hay muchas personas que no tienen ni idea de que están en riesgo», observó Aissa Canchola Bañez, directora de políticas del Student Borrower Protection Center, un organismo sin fines de lucro enfocado en eliminar la carga de la deuda estudiantil.

Los tiempos de espera para los prestatarios estudiantiles que intentan contactar a sus administradores de préstamos han sido largos, con muchas llamadas perdidas, en parte debido a despidos en el Departamento de Educación. Bañez recomienda contactar a su legislador, utilizando una herramienta de gestión de casos que puede guiarlo para enviar una solicitud de elector.

«Estas oficinas tienen equipos enteros dedicados a la gestión de casos de electores para cuando usted tiene un problema con una agencia federal, como el Departamento de Educación», explicó. «Así que puede solicitar apoyo a su legislador: su representante o senador».

Qué sucede si usted permanece en mora

Hasta que se realicen los pagos atrasados o se resuelva el estado de mora del préstamo, los prestatarios corren el riesgo de que se les deduzca hasta el 15% de sus salarios directamente de sus cheques de pago.

El Departamento de Educación ha enviado avisos a los prestatarios, advirtiéndoles que los reembolsos de impuestos y salarios podrían ser retenidos a partir de este verano si los prestatarios no toman medidas para reiniciar los pagos. El departamento aún no ha proporcionado información adicional sobre cuándo ocurrirá eso.

Richelle Brooks, de 37 años, administradora educativa que vive en Los Ángeles, indicó que ha recibido advertencias y avisos sobre la reanudación de la cobranza de sus préstamos. Para varios títulos universitarios que obtuvo, todavía tiene 239.000 dólares en deuda pendiente, y se le informó que sus pagos mensuales para saldar esos préstamos serán de aproximadamente 3.000 dólares.

«No puedo pagarlo», señaló. «Acabamos de salir de la moratoria… sin pagar durante cinco años. Las personas que reciben estos avisos están aterrorizadas. Yo también estoy inquieta».

Brooks indicó que es una prestataria informada que se mantiene al día de cada novedad y conoce sus opciones. Planea inscribirse en clases de programación, al menos a medio tiempo, lo que podría colocar sus préstamos en aplazamiento —por lo que no se le pediría hacer pagos mensuales— mientras elabora un plan financiero.

Algunas opciones si usted teme que sus salarios sean embargados

Todavía hay tiempo para actuar.

Según Taylor, el Departamento de Educación debe proporcionar un aviso de 30 días antes de enviarle una orden de embargo a su empleador. Durante ese tiempo puede solicitar una audiencia para objetar, diciéndole al departamento que el embargo le causaría dificultades financieras. También puede solicitar que el departamento reduzca la cantidad embargada y presentar documentación sobre sus ingresos y gastos.

Para hacer esto, debe hacer su solicitud de audiencia por escrito, con un matasellos que no tenga una antigüedad mayor a 30 días después de la orden de embargo. Entonces su titular del préstamo organizará la audiencia. Si usted no está seguro de quién es su titular del préstamo, puede contactar al Grupo de Resolución de Moras del Departamento de Educación.

Si fue despedido de su último trabajo, también puede objetar el embargo si no ha estado en su trabajo actual durante 12 meses consecutivos. Puede solicitar una audiencia y objetar si presentó una solicitud para ciertos tipos de exenciones legales y aún no se ha tomado una decisión sobre éstas. Algunas razones comunes para la exención legal de préstamos estudiantiles son las siguientes: si la escuela a la que usted asistió cerró antes de que pudiera completar los cursos para su título, si su escuela le debe un reembolso pero no lo paga, si está experimentando una discapacidad total, o si se encuentra en bancarrota.

«Si el prestatario solicita una audiencia dentro de los 30 días después de recibir el aviso de embargo, el departamento no puede comenzar el embargo hasta que emita una decisión sobre las objeciones del prestatario y la solicitud de (que atraviesa por) dificultades financieras», apuntó Taylor.

Usted puede solicitar una audiencia después de que el período de 30 días haya terminado, pero, en general, en esos casos el departamento no detendrá el embargo de sus salarios mientras la solicitud de audiencia esté pendiente.

Armed robbers in latest Philadelphia-area Brinks truck heist took $700,000 or more, police say

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This photo taken from video shows a suspect pointing a gun after police say two armed men committed a robbery outside a store on Tuesday, Aug. 12, 2025, in Elkins Park, Pa. (Photo: AP/Cheltenham Township Police Department)

PHILADELPHIA.— Police are investigating whether the armed robbery of a Brinks truck on Tuesday outside a Philadelphia-area store is related to four other attacks on armored vehicles in and around the city this summer.

Two armed males got away with between $700,000 and $800,000 in the midday Tuesday heist at an H Mart in Elkins Park, according to Cheltenham Township police. The robbers — one described as armed with an AR-15-style pistol, the other with a handgun — fled with the cash and later abandoned their vehicle nearby, police said. No shots were fired, and no one was injured.

Cheltenham Township Police Lt. Andrew Snyder said it’s the first such robbery in their township, but authorities are looking into whether it may be connected to four robberies of armored cars in and around Philadelphia since June that police and the FBI are investigating as possibly related.

Federal prosecutors announced Wednesday that three people from Philadelphia who were arrested in early August are charged in connection with the $2 million armed robbery of a Brink’s armored vehicle outside a Home Depot on June 21.

A Loomis armored transport vehicle was held up outside an Aldi in a different neighborhood five days later. Then on July 2, a Brinks truck was held up outside a Dollar General at a shopping center. And on July 15, police had a report of two suspects robbing one of the armored vehicles in northeast Philadelphia.

FBI agent Wayne Jacobs told CBS News Philadelphia that law enforcement recovered most of the money stolen in the June 21 heist, as well as a number of long weapons and handguns. Some of the money had been spent on jewelry, clothes and other items, he said.

“If this is the type of activity you’re going to engage in, if you look at the timeline, six weeks from the time of the incident until the time of the arrest,” Jacobs said, “it’s just a matter of time before you’re held accountable for your actions.”

Trump dice que las personas sin hogar deben irse de Washington D. C.

Stephanie W., de 28 años, que no tiene hogar, descansa en un colchón de espuma mientras pasa un vehículo de la Policía de Parques de EEUU, el 13 de agosto de 2025, en el noroeste de Washington, cerca del Kennedy Center. (Foto: AP/Jacquelyn Martin)

El presidente Donald Trump afirma que las personas sin hogar en la capital del país serán trasladadas lejos de la ciudad como parte de la toma de control federal de la vigilancia en el Distrito de Columbia y su ofensiva contra el crimen.

Con sus planes exactos aún poco claros, hay preocupación entre los defensores y otros que dicen que hay mejores maneras de abordar el problema de la falta de vivienda que desmantelar campamentos, como ha prometido hacer la administración republicana.

El estatus de Washington como un distrito federal establecido por el Congreso le da a Trump la oportunidad de impulsar su agenda de mano dura contra el crimen, aunque no ha propuesto soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda o el crimen.

Aquí hay un vistazo a lo que sabemos y las preguntas que quedan sobre cómo las acciones de Trump afectarán a la población desamparada del Distrito de Columbia.

¿Cuántas personas sin hogar hay en Washington?

Es difícil obtener conteos precisos de las poblaciones sin hogar.

Un día al final de cada enero, las agencias municipales en todo Estados Unidos realizan lo que se llama un conteo “de momento dado” destinado a capturar el número total de personas en refugios de emergencia, hogares de transición o sin ningún tipo de vivienda.

El conteo de 2025 en el distrito situó el total en 5.138 adultos y niños, una disminución del 9% en comparación con el año anterior, según la alcaldesa demócrata Muriel Bowser.

¿A dónde se llevarán a los indigentes?

No está del todo claro.

Trump escribió en su red social antes de la conferencia de prensa del lunes donde anunció que el gobierno federal tomaría el control de la seguridad que “los sin hogar tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE. Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la Capital”.

El martes, cuando se le preguntó durante una sesión informativa en la Casa Blanca sobre a dónde serían reubicadas las personas sin hogar, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió que la policía local y las agencias federales “harán cumplir las leyes que ya están en los libros”, las cuales, dijo, “han sido completamente ignoradas”.

Citando una regulación de la ciudad que, según ella, da a la policía local “la autoridad para tomar medidas cuando se trata de campamentos de personas sin hogar”, Leavitt dijo que a estas “se les dará la opción de dejar su campamento, ser llevadas a un refugio para personas sin hogar, o se les ofrecerán servicios de adicción o salud mental”. Aquellos que se nieguen “serán susceptibles a multas o tiempo en la cárcel”.

En los últimos cinco meses, la Policía de Parques de Estados Unidos ha eliminado 70 campamentos de indigentes, dando a las personas que viven en ellos las mismas opciones, agregó la vocera. Hasta el martes, Leavitt dijo que solo quedaban dos campamentos de personas sin hogar en los parques del distrito mantenidos por el Servicio de Parques Nacionales y serían eliminados esta semana.

¿Qué están haciendo los funcionarios de la ciudad?

Los funcionarios del distrito dijeron el martes que estaban haciendo espacio adicional en los refugios después de que Trump declaró que los agentes federales removerían a las personas sin hogar en la ciudad.

Kevin Donahue, el administrador de la ciudad, dijo que los trabajadores de alcance estaban visitando campamentos de personas sin hogar y que la ciudad tiene un edificio disponible que podría albergar hasta 200 personas, si fuera necesario.

Donahue hizo los comentarios durante una conversación con defensores de la comunidad y la alcaldesa Bowser. La conversación fue transmitida en la red social X.

Dijo que seguirá el acercamiento con las personas durante la semana con un “mayor nivel de urgencia”.

Bowser añadió que cuando Trump ve campamentos de indigentes en la ciudad, “desencadena algo en él que le hace creer que nuestra ciudad tan hermosa está sucia, lo cual no es cierto”.

¿Qué dicen los residentes de Washington?

Los residentes de Washington enfatizaron las reducciones en el crimen en los últimos años y las preocupaciones sobre la eliminación de campamentos de personas en situación de calle en entrevistas el martes donde también criticaron que el gobierno federal asuma la seguridad de la ciudad.

Jeraod Tyre, quien ha vivido en la ciudad durante 15 años, dijo que “el crimen ha estado disminuyendo últimamente” y argumentó que las tropas federales solo aumentarían las tensiones porque no tienen “relaciones con las personas en la comunidad”, como la policía local.

Sheiena Taylor, de 36 años, dijo que se siente más temerosa como resultado de la presencia de fuerzas federales en la ciudad donde nació y creció.

Agregó que ha visto federales alrededor de su casa y en el metro y le preocupa que vayan contra los jóvenes y las personas que carecen de vivienda.

“Ser una persona sin hogar no es un crimen”, dijo, enfatizando la necesidad de hallar soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda o el crimen en lugar de la vigilancia.

¿Qué es lo que aún no sabemos?

No está exactamente claro qué agentes estarán específicamente encargados de sacar de la ciudad a las personas sin hogar.

Tampoco hay información detallada sobre cómo se alojará o se proveerá a las personas en las nuevas ubicaciones.

Algunos defensores han planteado dudas constitucionales sobre la legalidad de remover por la fuerza a las personas sin hogar de la ciudad.

Exigen el cierre del Centro de Detención Moshannon Valley después del suicidio de uno de los detenidos

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Exterior del Centro de Procesamiento Moshannon Valley, ubicado a más de cinco horas de Filadelfia. (Foto: Cortesía/Juntos)

Una coalición de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes exige el cierre del Centro de Procesamiento Moshannon Valley (MVPC por su acrónimo en inglés) en el condado Clearfield, Pensilvania, tras la muerte de un detenido y denuncias de condiciones inhumanas.

El MVPC alberga a 1,876 inmigrantes indocumentados en condiciones precarias y peligrosas, según un informe de la organización Juntos. El centro es operado por GEO Group, una empresa privada con sede en Boca Ratón, Florida, y ha funcionado como instalación de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde 2021.

El 5 de agosto, Chaofeng Ge, ciudadano chino de 32 años, fue encontrado colgado e inconsciente en el cuarto de regaderas del centro. El personal intentó reanimarlo y llamó a los Servicios de Emergencia Médica de Phillipsburg. Aunque ICE informó que la causa de su muerte estaba bajo investigación, la Policía Estatal de Pensilvania determinó que fue un suicidio, tras encontrar una nota escrita a mano, revisar las cámaras de vigilancia y entrevistar a personal y detenidos.

Vista exterior del centro, con capacidad para 1,800 detenidos. (Foto: Cortesía/Juntos)

Durante una conferencia virtual de emergencia realizada el 7 de agosto, con la participación de 41 personas, los líderes comunitarios exigieron la terminación del contrato entre ICE y el condado Clearfield.

Erika Guadalupe Núñez, directora de Juntos, ha visitado el MVPC en múltiples ocasiones y documentado condiciones como negligencia médica, confinamiento solitario, barreras lingüísticas, y abuso físico y psicológico. “Después de que uno de nuestros propios miembros fue detenido y puesto en confinamiento solitario por meses, comenzamos una red de visitas al centro”, afirmó Núñez. En una de sus visitas, observó cómo 70 personas compartían solo siete tabletas, su única conexión con el mundo exterior, sus familias, apoyo legal y noticias.

Durante la conferencia, se presentó el testimonio grabado de Santiago, un afrolatino confinado en el MVPC, así como el de otro detenido del condado Erie.

El MVPC abrió sus puertas en 2006 como la primera prisión privada en Pensilvania.

HRW advierte sobre «manipulación» en informe de derechos humanos del Gobierno de Trump

(Foto: EFE/José Jácome/Archivo)

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la omisión que hizo el Departamento de Estado de EE. UU de ciertas secciones en su informe anual sobre derechos humanos que publicó este martes «y la manipulación» de abusos en ciertos países «degradan y politizan el informe».

El informe omitió varias categorías de violaciones que eran habituales en ediciones anteriores, incluidas las de las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad, la corrupción en el gobierno y la libertad de reunión pacífica, señaló en un comunicado.

Igualmente, afirmó que al socavar la credibilidad del informe, la Administración del presidente Donald Trump pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos, debilita las protecciones para los solicitantes de asilo y socava la lucha global contra el autoritarismo.

«El nuevo informe del Departamento de Estado es en muchos aspectos un ejercicio de encubrimiento y engaño», afirmó Sarah Yager, directora en Washington de HRW.

En el informe correspondiente a 2024, la Administración Trump eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras intensificó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica, países considerados rivales del nuevo Gobierno.

HRW recordó que el Departamento de Estado tiene la obligación de enviar al Congreso un informe anual sobre las «condiciones de los derechos humanos» de los países y territorios de todo el mundo.

Pero, reiteró, el informe de este año «puede ajustarse estrictamente a los requisitos legales mínimos, pero no reconoce la realidad de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra grupos enteros de personas en muchos lugares».

Como resultado, advirtió, el Congreso carece ahora de una herramienta «integral y ampliamente confiable» de su propio gobierno para supervisar adecuadamente la política exterior de Estados Unidos y comprometer recursos.

Asimismo, destacó que muchas de las secciones y los abusos de derechos humanos que el informe omitió son «extremadamente importantes» para entender las tendencias y los avances de los derechos humanos a nivel mundial.

De Israel, no incluye el desplazamiento forzado masivo de palestinos en Gaza, su uso del hambre como arma de guerra y su privación deliberada de agua, electricidad y asistencia médica, «acciones que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio», destacó además HRW en el comunicado.

De El Salvador, donde EE. UU, está enviando inmigrantes a la prisión de máxima seguridad Cecot —criticada por violaciones a los derechos humanos—, no encontró “informes creíbles de abusos significativos”.

El informe también señala que la situación de los derechos humanos en Haití y Venezuela es significativamente peor que el año anterior. En estos países, así como en Honduras, Nepal, Nicaragua y Afganistán, se denuncian de manera creíble numerosos abusos de los derechos humanos, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras violaciones, indicó.

Sin embargo, pese a que el Gobierno de Trump reconoce que estos lugares son peligrosos, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para afganos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, nepaleses y haitianos, argumentó HRW y recordó cómo este informe ha sido de gran beneficio de diversas formas, entre ellas la académica.

«El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado ha proporcionado durante mucho tiempo una base sólida, aunque con demasiada frecuencia ignorada, para el apoyo de Estados Unidos al movimiento mundial de derechos humanos», indicó además Yager.

No obstante, considera que la Administración Trump ha convertido gran parte del informe «en un arma que hace que los autócratas parezcan más aceptables y minimiza los abusos de derechos humanos que ocurren en esos lugares”.

México entrega a EE. UU. a los capos ‘El Cuini’, ‘La Tuta’ y al yerno de ‘El Mayo’ Zambada

Fotografía de archivo del líder del cártel de Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez alias "La Tuta". (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Abigael González, alias ‘El Cuini’, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix‘, yerno de Ismael Zambada ‘El Mayo’ García, son algunos de los 26 capos del narcotráfico entregados por México a Estados Unidos.

La Fiscalía General mexicana anunció el martes la entrega de esas personas, encarceladas en diferentes centro penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

Según la lista proporcionada por el Departamento de Justicia estadounidense, también fueron enviados Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; y Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias ‘El Chacho’, ambos del Cártel de Sinaloa.

También Pablo Edwin Huerta, alias ‘El Flaquito’, un importante capo del Cártel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por asesinato de un sheriff de Los Ángeles en 2008.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que los presos afrontan diversos cargos penales federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Estados Unidos acusa a la mayoría de traficar grandes cantidades de drogas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Los 26 serán procesados en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York, California o el Distrito de Columbia; y todos ellos afrontan penas máximas de cadena perpetua excepto Abdul Karim Conteh, quien afronta 45 años de prisión.

«Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país», declaró Pam Bondi, fiscal general estadounidense.

Bondi agradeció además a México por «su colaboración en este asunto».

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso», informó la Fiscalía mexicana.

En febrero pasado, como parte de un acuerdo entre ambos países, México entregó a 29 narcotraficantes que estaban presos en el país, entre ellos el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

La Administración de Donald Trump designó a principios de año como grupos terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Según el periódico The New York Times, Trump habría ordenado al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los carteles.

Sondeo: Los estadounidenses disminuyen su consumo de alcohol; los jóvenes encabezan la tendencia

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Bebidas colocadas en la barra de un bar en Baltimore, el 8 de febrero de 2023. (Foto: AP/Julio Cortez/Archivo)

Menos estadounidenses están bebiendo alcohol mientras se expande la creencia de que incluso su consumo moderado es un riesgo para la salud, según una encuesta de Gallup publicada el miércoles.

Un porcentaje récord de adultos en Estados Unidos, el 53 %, ahora dice que el consumo moderado es malo para su salud, frente al 28% en 2015. El aumento en la duda sobre los beneficios del alcohol está impulsado en gran medida por los adultos jóvenes, el grupo de edad que es más propenso a creer que beber “una o dos copas al día” puede causar riesgos para la salud, pero los adultos mayores también son cada vez más propensos a pensar que el consumo moderado conlleva riesgos.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre los impactos en la salud, menos estadounidenses informan que beben. La encuesta revela que el 54% de los adultos en Estados Unidos dice que consume bebidas alcohólicas como licor, vino o cerveza; la cifra más baja en las últimas tres décadas.

Los hallazgos de la encuesta, que se realizó en julio, indican que después de años de creer que el consumo moderado era inofensivo, o incluso beneficioso, las preocupaciones acerca de beber alcohol están ganando terreno. Según los datos de Gallup, incluso aquellos que consumen alcohol están bebiendo menos.

El gobierno estadounidense está actualizando las pautas dietéticas, incluidas las relacionadas con el alcohol. Antes de la pandemia de COVID-19, los datos del gobierno mostraban que el consumo de alcohol en Estados Unidos estaba en aumento. Pero otras encuestas gubernamentales han mostrado una disminución en ciertos tipos de consumo, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Esto se produce junto con un nuevo flujo de información sobre los riesgos del alcohol. Aunque antes se pensaba que el consumo moderado tenía beneficios para la salud del corazón, los profesionales de la salud en los últimos años han señalado pruebas abrumadoras de que el consumo de alcohol tiene efectos negativos para la salud y es una de las principales causas de cáncer.

Escepticismo creciente sobre los beneficios del alcohol

Los adultos jóvenes han sido más rápidos que los mayores en aceptar que beber es perjudicial, pero los adultos mayores están llegando a la misma conclusión.

Casi dos tercios de los jóvenes de 18 a 34 años creen que el consumo moderado es perjudicial para la salud, según la encuesta, frente a 4 de cada 10 en 2015. Los adultos mayores son menos propensos a ver el alcohol como perjudicial: aproximadamente la mitad de los estadounidenses de 55 años o más lo cree, pero eso también es un incremento sustancial. En 2015, solo alrededor de 2 de cada 10 adultos de 55 años o más pensaban que el alcohol era malo para su salud.

En el pasado, se pensaba que el consumo moderado tenía algunos beneficios. Esa idea provenía de estudios imperfectos que en gran medida no incluían a personas más jóvenes y no podían demostrar causa y efecto. Ahora el consenso científico ha cambiado, y varios países han reducido recientemente sus recomendaciones de consumo de alcohol. A principios de este año, director saliente de salud pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, recomendó una etiqueta en las botellas de cerveza, vino y licor que describiera claramente el vínculo entre el consumo de alcohol y el cáncer.

Las pautas dietéticas actuales del gobierno federal recomiendan a los estadounidenses no beber o, si consumen alcohol, los hombres deben limitarse a dos bebidas al día o menos, mientras que las mujeres deben limitarse a una o menos.

Lydia Saad, directora de investigación social de Estados Unidos en Gallup, dijo que los cambios en los consejos de salud a lo largo de la vida de los estadounidenses mayores pueden ser una razón por la que han sido más graduales que los adultos jóvenes en reconocer el alcohol como perjudicial.

“Las personas mayores pueden estar un poco más endurecidas en términos del vaivén que experimentan con las recomendaciones”, indicó Saad. “Puede que les lleve un poco más de tiempo absorber o aceptar la información. Mientras que, para los jóvenes, este es el entorno en el que han crecido… en muchos casos, sería lo primero que los adultos jóvenes habrían escuchado al entrar en la adultez”.

Se espera que el gobierno publique nuevas pautas a finales de este año, bajo la dirección del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha prometido grandes cambios. Kennedy no ha insinuado cómo podrían cambiar las recomendaciones sobre el alcohol.

Las tasas de consumo caen a un mínimo de la década

Un poco más de la mitad de los estadounidenses, el 54%, informa que bebe alcohol, un mínimo en los datos de Gallup que es especialmente pronunciado entre mujeres y adultos jóvenes.

El consumo de alcohol entre los jóvenes estadounidenses ha estado disminuyendo durante años, acelerando la disminución general en el consumo de alcohol. En marcado contraste con los hallazgos de Gallup de hace dos décadas, cuando los adultos jóvenes eran los más propensos a informar que bebían, la tasa de consumo de alcohol de los adultos jóvenes ahora es ligeramente inferior a la de los adultos de mediana edad y mayores.

El consumo de alcohol informado por los estadounidenses está entre los más bajos desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1939. Durante la mayor parte de las últimas décadas, al menos 6 de cada 10 estadounidenses han informado que consumen bebidas alcohólicas, solo cayendo por debajo de ese punto unas pocas veces en la historia de la pregunta.

Los estadounidenses están consumiendo menos alcohol

Incluso si las preocupaciones sobre los riesgos para la salud no están haciendo que algunos adultos abandonen el alcohol por completo, estas preocupaciones podrían estar influyendo en la frecuencia con la que beben.

Aproximadamente la mitad de aquellos que piensan que el consumo moderado es perjudicial dijeron que habían bebido en la semana previa, en comparación con 7 de cada 10 que no pensaban que beber fuera malo para su salud.

En general, solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses que beben dijeron que habían consumido alcohol en las 24 horas anteriores, un mínimo histórico en la encuesta. Aproximadamente 4 de cada 10 dijeron que había pasado más de una semana desde que bebieron.

SEPTA faces potential major service cuts: What the Philadelphia community needs to know

Elvira Méndez, Senior Press Officer and Multilingual Communications Lead at SEPTA (Photo: Courtesy)

The Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) is facing a financial crisis that could significantly affect public transit in Philadelphia and the surrounding areas. To clarify the situation, we interviewed Elvira Méndez, Senior Press Officer and Multilingual Communications Lead at SEPTA, who explained the current scenario:

What is the current state of funding, and what changes are anticipated in the short and medium term?

SEPTA is facing a structural deficit of $213 million for fiscal year 2026, despite austerity measures like hiring freezes and administrative cuts. On August 11, 2025, the Pennsylvania House of Representatives approved a bill allocating an additional $292 million (a 25% increase in operational funds for public transit statewide), but the bill still faces opposition in the Senate. If not approved by August 14, SEPTA warn it will be forced to implement major cuts starting August 24.

Are any route reductions or eliminations expected?

Yes, they are planned in several phases if a budget agreement is not reached.

Starting August 24, 2025:

-20% reduction in service

-Elimination of 32 bus routes, shortening of 16 routes, and overall service cuts on many others

-Cancellation of all special services, such as “Sports Express” trains

Starting September 1:

-Fare increase of 21.5%, setting the base fare at $2.90

Starting January 1, 2026:

-Elimination of five Regional Rail lines

-Elimination of 18 additional bus routes

-Conversion of trolley routes T1 (10) and G1 (15) into bus routes

-Closure of the Broad-Ridge Spur (B3) of the Broad Street Line and 9 p.m. shutdown of subway and regional rail service

What kind of additional funding is SEPTA requesting to maintain or improve service?

We are supporting the governor’s proposal to increase the portion of the sales tax allocated to public transportation, from 4.4% to 6.15% for five years, which would generate sustainable revenue.

Additionally, SEPTA is seeking long-term state support to cover basic operating costs, avoid irreversible service cuts, and revive infrastructure projects.

What is your message to the community about the current situation and SEPTA’s actions?

SEPTA is working closely with schools, employers, and local communities to guide passengers and ensure accurate information across all channels. Meanwhile, it continues to collaborate with the state legislature to avoid service cuts.

The agency urges the public to contact their state representatives and support a sustainable funding solution. Without funding before August 14, those who rely on SEPTA every day will be hit the hardest.

Are there any adjustments in routes, schedules, or frequency in response to increased demand during the back-to-school season? What should parents, students, and teachers know?

In the past, we adjusted service to accommodate increased school-year ridership, but this year, that won’t be the case. The service cuts planned to begin August 24 do not include those adjustments.

The situation is critical and calls for the attention and support of the entire community to ensure accessible and reliable public transit for Philadelphia and southeastern Pennsylvania.

 For more information, visit https://www.septa.org/fundingcrisis/