Jugadores de los Tigres del Licey fueron registrados este miércoles, 11 de enero, al celebrar su actuación ante los Gigantes del Cibao, durante el último partido de la semifinal del Torneo de Béisbol de Rep. Dominicana, en el estadio Quisqueya, en Santo Domingo. (Foto: EFE/Orlando Barría)
Santo Domingo, República Dominicana.- Los cubanos Henry Urrutia, Carlos Hernández y Dairon Blanco, así como el mexicano Alemao Hernández reforzarán a las Estrellas Orientales y a los Tigres del Licey en la serie final del campeonato de béisbol invernal dominicano, que dará comienzo este viernes en Santo Domingo.
Los jugadores, que participan en calidad de importados en el torneo dominicano, fueron escogidos en el sorteo de reingreso para la final, realizado este jueves por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).
Los orientales sumaron a sus filas a Urrutia, quien se desempeña en la inicial y como bateador designado, y al lanzador zurdo Carlos Hernández.
Urrutia, quien culminó como líder de bateo en la serie regular y participó en la semifinal con los Gigantes del Cibao, le proporciona a la alineación de la tropa de Fernando Tatis un bateador zurdo con una gran capacidad de hacer contacto con la pelota y que puede pegarle con poder.
En la semifinal, Urrutia estuvo afectado por molestias que lo limitaron a 12 encuentros, en los que logró una línea ofensiva de .178, con un jonrón y cinco producidas.
Hernández, quien inició la campaña con los Toros del Este, lanzó en la semifinal para las Águilas Cibaeñas, para quienes tuvo marca de 1-2 y 1.13 de efectividad en tres presentaciones.
Con la llegada de Hernández las Estrellas agregan un brazo a su cuerpo de abridores de cara a su desafío con los Tigres.
Los felinos apostaron a reforzar su picheo con la incorporación del lanzador Alemao Hernández, quien puede trabajar como abridor o relevista.
Hernández tuvo una apertura en la semifinal con las Águilas, en la que laboró siete entradas en blanco y recetó cuatro ponches.
Por su parte, Blanco jugó solo dos partidos en la semifinal con los Gigantes, en los que bateó tres imparables en seis visitas al plato.
Con todo y el desempeño que logró con el bate, con la llegada de Blanco los Tigres fortalecen su defensa en los jardines y suman un jugador que les proporciona velocidad en el corrido de las bases.
La final entre ambos equipos, que está pautada al mejor de siete juegos, inicia este viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.
El ganador del campeonato representará a República Dominicana en la Serie del Caribe que se disputará en Venezuela del 2 al 10 de febrero próximo.
Adam Caprioli, de Long Pond (Pennsylvania), fue encarcelado en el correccional del condado de Monroe luego de llamar al 911 durante un ataque de pánico. Cuando su ansiedad aumentó en la cárcel, dijo Caprioli, pidió atención médica, y entonces empezó a autolesionarse. (JEREMY LONG/ /WITF) / Jamelia Morgan, profesora de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, está investigando el creciente número de demandas judiciales contra personas encarceladas con enfermedades mentales. Morgan afirma que las cárceles deben proporcionar alojamiento razonable a las personas con enfermedades mentales diagnosticadas. "En algunos casos, es tan sencillo como que responda el personal médico, en lugar del personal de seguridad", afirma Morgan. (UNIVERSIDAD DE NORTHWESTERN)
En cárceles de Pensilvania, guardias utilizan gas pimienta y pistolas paralizantes para controlar a personas con crisis de salud mental
Cuando llegó la policía, encontró a Ishmail Thompson desnudo delante de un hotel cerca de Harrisburg, Pensilvania. Acababa de golpear a un hombre. Tras su detención, un especialista en salud mental de la cárcel del condado dijo que Thompson debía ir al hospital para recibir atención psiquiátrica.
Sin embargo, tras unas horas en el hospital, un médico dio de alta a Thompson para que volviera a la cárcel. Así pasó de ser un paciente de salud mental a un recluso de la prisión del condado de Dauphin. A partir de ese momento, se esperaba que cumpliera las órdenes, o que se le obligara a hacerlo.
A las pocas horas de regresar a la cárcel, Thompson tuvo una pelea con los guardias. Su historia es uno de los más de 5,000 incidentes de «uso de fuerza» que se registraron en 2021 en las cárceles de los condados de Pensilvania.
El caso de Thompson figura en una investigación, efectuada por WITF, que revisó 456 incidentes de «uso de fuerza» en 25 cárceles de condados en Pensilvania, durante el último trimestre de 2021. Entre los casos revisados, casi 1 de cada 3 involucraba a una persona que sufría una crisis psiquiátrica o que padecía una enfermedad mental.
En muchos casos, los guardias utilizaron armas, como pistolas paralizantes y aerosoles de pimienta, para controlar y doblegar a presos con condiciones psiquiátricas graves que podrían haberles impedido seguir órdenes, o entender lo que estaba sucediendo.
Los registros muestran que cuando Thompson intentó huir del personal de la cárcel durante un intento de palparlo en busca de armas, un agente le roció con gas pimienta en la cara y luego intentó tirarlo al suelo.
Según la documentación, Thompson se defendió por lo que llegaron otros agentes para esposarlo y ponerle grilletes. Un oficial cubrió la cabeza de Thompson con una capucha y lo sentó en una silla, atándolo de brazos y piernas, y unos 20 minutos después, otro policía notó que Thompson no respiraba bien. Lo llevaron de urgencia al hospital.
Días después, Thompson murió. El fiscal del distrito no presentó cargos. El fiscal del distrito, las autoridades en la prisión y los funcionarios del condado que supervisan la cárcel no respondieron a las solicitudes de entrevistas sobre el tratamiento de Thompson, o se negaron a hacer comentarios.
La mayoría de los casos de uso de fuerza en las cárceles no conducen a la muerte. En el caso de Thompson, la causa de la muerte fue «complicaciones derivadas de una arritmia cardíaca», pero la forma en que se produjo fue «indeterminada», según el forense del condado.
En otras palabras, no pudo determinar si la muerte de Thompson se debió a que le rociaron gas pimienta y lo sujetaron, pero tampoco dijo que Thompson muriera por causas naturales.
El vocero del condado de Dauphin, Brett Hambright, también declinó hacer comentarios sobre el caso de Thompson, pero señaló que casi la mitad de las personas en la cárcel padecen una enfermedad mental, «junto con un número significativo de individuos encarcelados con tendencias violentas».
«Siempre va a haber incidentes de uso de fuerza en la cárcel», indicó Hambright. «Algunos de ellos involucrarán a reclusos con enfermedades mentales».
Durante la investigación, expertos legales y en salud mental declararon que las prácticas empleadas en las cárceles del condado pueden poner a los presos y al personal en riesgo de sufrir lesiones, y pueden dañar a personas vulnerables listas para regresar a la sociedad en cuestión de meses.
«Algunos presos con enfermedades mentales quedan tan traumatizados por los malos tratos que nunca se recuperan; otros se suicidan, y a otros se les disuade de llamar la atención sobre sus problemas de salud mental porque denunciar estos problemas suele dar lugar a un trato más duro», afirmó Craig Haney, profesor de psicología de la Universidad de California-Santa Cruz, especializado en las condiciones de los centros penitenciarios.
Los expertos afirman que el uso de la fuerza es una opción para prevenir la violencia entre los encarcelados, o la violencia contra los guardias.
Sin embargo, los informes de los funcionarios de las 25 cárceles de condados de Pensilvania muestran que solo el 10% de los incidentes de «uso de fuerza» se produjeron en respuesta a la agresión de un preso a otra persona. Otro 10% informa de un preso amenazando a miembros del personal.
WITF descubrió que uno de cada cinco casos de uso de fuerza (88 incidentes) tuvo que ver con un preso que intentó suicidarse, autolesionarse o que amenazó con autolesionarse. Entre las respuestas más comunes del personal penitenciario figuró el uso de las mismas herramientas utilizadas con Thompson: una silla de inmovilización y gas pimienta. En algunos casos, los funcionarios utilizaron dispositivos de electroshock, como pistolas paralizantes.
Además, la investigación descubrió 42 incidentes en los que el personal penitenciario observó que un recluso mostraba problemas de salud mental, pero los guardias igual utilizaron la fuerza cuando no obedeció las órdenes.
Los defensores de estas técnicas afirman que salvan vidas al prevenir la violencia o las autolesiones; pero algunas cárceles de Estados Unidos han abandonado estas prácticas, y los administradores han afirmado que las técnicas son inhumanas y no funcionan.
El costo humano puede extenderse más allá de la cárcel, alcanzando a las familias de las personas encarceladas que mueren o quedan traumatizadas, así como a los funcionarios implicados, apuntó Liz Schultz, abogada de derechos civiles y defensa penal en la zona de Filadelfia.
«E incluso si el costo humano no fuera suficiente, los contribuyentes deberían preocuparse, ya que las demandas resultantes pueden ser costosas», agregó Schultz. «Pone de relieve que debemos garantizar unas condiciones seguras en las cárceles, y que deberíamos ser un poco más juiciosos sobre a quién encerramos y por qué».
Adam Caprioli, de Long Pond (Pennsylvania), describe cómo le dispararon por la espalda con un lanzador de gas pimienta mientras sufría una crisis de salud mental en el correccional del condado de Monroe. Fue encarcelado tras llamar al 911 durante un ataque de pánico. (JEREMY LONG/WITF)
“Solo necesitaba a una persona a mi lado”
La experiencia de Adam Caprioli comenzó cuando llamó al 911 durante un ataque de pánico.
Caprioli, de 30 años, vive en Long Pond, Pensilvania, y ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno de ansiedad. También lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, según declaró.
Cuando la policía respondió a la llamada al 911, en otoño de 2021, llevaron a Caprioli al correccional del condado de Monroe.
Dentro de la cárcel, la ansiedad y la paranoia de Caprioli aumentaron. Dijo que el personal ignoró sus pedidos de hacer una llamada telefónica o hablar con un profesional de salud mental.
Tras varias horas de angustia extrema, Caprioli se ató la camisa al cuello y se asfixió hasta perder el conocimiento. Cuando el personal penitenciario lo vio, agentes entraron en su celda, con chalecos antibalas y cascos. El equipo de cuatro hombres tiró al suelo a Caprioli, que pesaba 150 libras. Uno de ellos llevaba una pistola de aire comprimido que dispara proyectiles con sustancias químicas irritantes.
«El recluso Caprioli movía los brazos y pateaba», escribió un sargento en el informe del incidente. «Presioné el lanzador de Pepperball contra la parte baja de la espalda del recluso Caprioli y le impacté tres (3) veces». El abogado Alan Mills explicó que los funcionarios suelen justificar el uso de la fuerza física diciendo que intervienen para salvar la vida de la persona.
«La inmensa mayoría de las personas que se autolesionan no van a morir», señaló Mills, que ha litigado casos de uso de fuerza y es director ejecutivo del Uptown People’s Law Center de Chicago. «Más bien se trata de algún tipo de enfermedad mental grave. Y, por lo tanto, lo que realmente necesitan es una intervención para desescalar la crisis, mientras que el uso de la fuerza provoca exactamente lo contrario y agrava la situación».
En Pensilvania, Caprioli contó que cuando los agentes entraron en su celda sintió el dolor de las ronchas en su carne y el escozor del polvo químico en el aire, y se dio cuenta de que nadie le ayudaría.
«Eso es lo peor de todo», dijo Caprioli. «Ven que estoy angustiado. Ven que no puedo hacerle daño a nadie. No tengo nada con lo que pueda hacerte daño».
Finalmente, lo llevaron al hospital, donde, según Caprioli, evaluaron sus lesiones físicas, pero no recibió ayuda de un profesional de salud mental. Horas después, estaba de nuevo en la cárcel, donde permaneció cinco días. Al final se declaró culpable de un cargo de «embriaguez pública y mala conducta» y tuvo que pagar una multa.
Caprioli reconoció que sus problemas empeoran cuando consume alcohol o drogas, pero dijo que eso no justifica el trato que recibió en la cárcel.
«Esto no debería ocurrir. Solo necesitaba a una persona a mi lado que me dijera: ‘Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa?’ Y nunca me lo dijeron, ni siquiera el último día», añadió.
El alcaide del correccional del condado de Monroe, Garry Haidle, y el fiscal del distrito, E. David Christine Jr., no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Adam Caprioli, de Long Pond (Pennsylvania), fue encarcelado en el correccional del condado de Monroe luego de llamar al 911 durante un ataque de pánico. Cuando su ansiedad aumentó en la cárcel, dijo Caprioli, pidió atención médica, y entonces empezó a autolesionarse. (JEREMY LONG / WITF)
Algunas cárceles prueban nuevas estrategias
La cárcel no es un entorno adecuado para el tratamiento de enfermedades mentales graves, afirmó la doctora Pamela Rollings-Mazza. Trabaja con PrimeCare Medical, que presta servicios médicos y conductuales en unas 35 cárceles de condados en Pensilvania.
El problema, según Rollings-Mazza, es que las personas con problemas psiquiátricos graves no reciben la ayuda que necesitan antes de entrar en crisis. En ese momento, puede intervenir la policía, y quienes necesitaban atención de salud mental acaban en la cárcel.
«Así que los pacientes que vemos están muchas veces muy, muy, muy enfermos», explicó Rollings-Mazza. «Por lo que nuestro personal debe atender esa necesidad».
Los psicólogos de PrimeCare califican la salud mental de los presos en una escala de la A a la D. Los que tienen una calificación D son los más gravemente enfermos.
Rollings-Mazza indicó que constituyen entre el 10% y el 15% de la población total de las cárceles atendidas por PrimeCare. Otro 40% de la población tiene una calificación C, también indicativa de enfermedad grave.
Añadió que ese sistema de clasificación ayuda a determinar la atención que prestan los psicólogos, pero tiene poco efecto en las políticas de las cárceles.
«Hay algunas cárceles en las que no entienden o no quieren apoyarnos», dijo. «Algunos agentes no están formados en salud mental al nivel que deberían».
Rollings-Mazza explicó que su equipo ve con frecuencia llegar a la cárcel a personas que «no se ajustan a la realidad» debido a una enfermedad psiquiátrica y no pueden entender o cumplir órdenes básicas. A menudo se les mantiene alejados de otras personas, entre rejas, por su propia seguridad, y pueden pasar hasta 23 horas al día solos.
Ese aislamiento prácticamente garantiza que las personas vulnerables entren en una espiral de crisis, afirmó la doctora Mariposa McCall, psiquiatra residente en California que ha publicado recientemente un artículo en el que analiza los efectos del aislamiento.
Su trabajo forma parte de un amplio conjunto de investigaciones que demuestran que mantener a una persona sola en una celda pequeña, todo el día, puede causar daños psicológicos duraderos.
McCall trabajó durante varios años en prisiones estatales de California y dijo que es importante comprender que la cultura de los funcionarios de prisiones prioriza la seguridad y la obediencia por encima de todo. Por lo que pueden llegar a creer que quienes se autolesionan, en realidad, tratan de manipularlos.
Muchos guardias también ven a los presos con problemas de salud mental como potencialmente peligrosos.
«Y así se crea un cierto nivel de desconexión con el sufrimiento o la humanidad de las personas, porque se alimenta esa desconfianza», señaló McCall. En ese entorno, los agentes se sienten justificados para usar la fuerza, sin importarles que la persona encarcelada les entienda o no.
Jamelia Morgan, profesora de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, afirmó que, para comprender el problema, es útil examinar las decisiones tomadas en las horas y días previos a un incidente de uso de fuerza.
Morgan investiga un número creciente de demandas por uso de fuerza en las que están implicados presos con problemas de salud mental. Los abogados han argumentado con éxito que exigir que una persona con una enfermedad mental cumpla órdenes, que puede no entender, es una violación de sus derechos civiles. Esas demandas sugieren que las cárceles deberían proporcionar «soluciones razonables».
«En algunos casos, es tan sencillo como que responda el personal médico, en lugar del personal de seguridad», apuntó Morgan.
Los casos individuales pueden ser difíciles de litigar debido a un complejo proceso de quejas que los presos deben seguir antes de presentar una demanda, indicó Morgan y apuntó que para resolver el problema, los alcaides tendrán que redefinir lo que significa estar en la cárcel.
Esta investigación incluyó solicitudes de “derecho a saber” presentadas en 61 condados de Pensilvania, y el equipo de investigación realizó un seguimiento con los guardias de algunos de los condados que publicaron informes sobre el uso de la fuerza. Ninguno accedió a hablar sobre la formación de sus funcionarios o sobre si podrían cambiar su forma de responder a las personas en crisis.
Algunas cárceles prueban nuevas estrategias. En Chicago, el departamento penitenciario del condado de Cook no tiene alcaide. En su lugar, tiene un «director ejecutivo» que también es psicólogo.
Este cambio forma parte de una revisión del funcionamiento de las cárceles después de que un informe del Departamento de Justicia, de 2008, revelara violaciones generalizadas de los derechos civiles de los presos.
En los últimos años, el sistema penitenciario del condado de Cook ha eliminado el confinamiento solitario, optando en su lugar por poner a los presos problemáticos en zonas comunes, pero con medidas de seguridad adicionales siempre que sea posible, declaró el sheriff del condado, Tom Dart.
La cárcel incluye un centro de transición de salud mental que ofrece alojamiento alternativo, un «entorno universitario de cabañas Quonset y jardines», como lo describió Dart. Allí, los presos tienen acceso a clases de arte, fotografía y jardinería. También hay formación laboral, y los gestores de casos trabajan con agencias comunitarias locales, planificando lo que ocurrirá una vez que alguien salga de la cárcel.
Igualmente importante, según Dart, es que la dirección de la cárcel ha trabajado para cambiar la formación y las normas sobre cuándo es apropiado utilizar herramientas como el gas pimienta.
«Nuestro papel es mantenerlos seguros, y si tienes a alguien con una enfermedad mental, no veo cómo las pistolas Taser y el espray [de pimienta] pueden hacer otra cosa que agravar los problemas, solo deberían utilizarse como la última opción», dijo Dart.
Las reformas del condado de Cook demuestran que el cambio es posible, pero hay miles de cárceles locales en todo Estados Unidos, y dependen de los gobiernos locales y estatales que establecen las políticas penitenciarias y que financian, o no, los servicios de salud mental que podrían evitar que personas vulnerables fueran a la cárcel.
En el condado de Dauphin, en Pensilvania, donde murió Ishmail Thompson, las autoridades afirmaron que el problema, y las soluciones, van más allá de los muros de la cárcel. Hambright, vocero del condado, señaló que la financiación se ha mantenido estancada mientras aumenta el número de personas que necesitan servicios de salud mental. Eso ha llevado a una dependencia excesiva de las cárceles, que “siempre están disponibles”.
«Ciertamente nos gustaría ver a algunos de estos individuos tratados y alojados en lugares mejor equipados para tratar la especificidad de sus condiciones», añadió Hambright. «Pero debemos utilizar lo que nos ofrece el sistema lo mejor que podamos con los recursos que tenemos».
Jamelia Morgan, profesora de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, está investigando el creciente número de demandas judiciales contra personas encarceladas con enfermedades mentales. Morgan afirma que las cárceles deben proporcionar alojamiento razonable a las personas con enfermedades mentales diagnosticadas. «En algunos casos, es tan sencillo como que responda el personal médico, en lugar del personal de seguridad», afirma Morgan. (UNIVERSIDAD DE NORTHWESTERN)
Esta historia es parte de una alianza que incluye a WITF, NPR, y KHN.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dirigen a la firma de acuerdos bilaterales tras su reunión, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con motivo de la controversia acerca de las reglas de origen del sector automotriz, ya que acusaban a Washington de violar el acuerdo.
El panel determinó que el T-MEC permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo terminado (motor, transmisión, carrocería, etc.) como originarias, una vez que, por separado, dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido regional (75 %), utilizando las metodologías alternativas que el mismo tratado establece.
La exsecretaria de Economía mexicana Tatiana Clouthier, impulsora de este panel de controversias, celebró el resultado.
Además, México y Canadá crearon un Plan de Acción basado y construido en nueve prioridades de los dos países, señalaron ambas naciones en un comunicado conjunto denominado «Hacia un futuro compartido entre México y Canadá».
En la nota, se apuntó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes sostuvieron una reunión bilateral, se comprometieron «a renovar una relación que se alimenta de la fuerza diversa de sus pueblos, poniendo en el centro de la cooperación bilateral su bienestar y sus intereses».
Agregaron que este compromiso «reconoce una visión compartida para construir sociedades más prósperas, sostenibles, seguras y equitativas para todos, así como contribuir a la integridad y la competitividad de la región norteamericana».
El texto indicó como primer punto que ambos líderes buscarán organizar una cumbre conjunta de alto nivel sobre la reconciliación con los pueblos indígenas.
El segundo es que ambos países continuarán siendo defensores de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas en foros regionales e internacionales, como la Alianza Global por los Cuidados, la Alianza para los Movimientos Feministas, la Iniciativa Nexus y SheDecides.
En lo que respecta al tercer punto, comercio e inversión, ambos líderes señalaron que continuarán construyendo sobre la base del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) «para crear una comunidad norteamericana más integrada».
Además, se comprometieron a continuar el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) para avanzar las prioridades de comercio internacional compartidas, entre ellas la recuperación económica postpandemia; las estrategias de comercio inclusivo; la innovación y el fortalecimiento de cadenas resilientes de suministro regional.
López Obrador y Trudeau reafirmaron, en el cuarto punto, la necesidad de atender la desigualdad y la discriminación racial, así como combatir todas las formas de discriminación y odio, y se comprometieron a trabajar hacia sociedades justas e inclusivas.
Además, apuntaron en el quinto que utilizarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 como oportunidad para defender los derechos humanos y reconocieron la importancia de la participación de la juventud en los procesos civiles y de toma de decisiones para innovar hacia un futuro ecológico, económico y socialmente sostenible.
También indicaron que, en cuanto a paz y seguridad, sexto punto, sus países están comprometidos en encontrar oportunidades que fortalezcan la justicia, la paz internacional y la cooperación en seguridad, por medio del sistema multilateral internacional. Canadá proporcionará asistencia técnica para ayudar a fortalecer la capacidad forense mexicana.
En el séptimo punto, ambos países continuarán apoyando la movilidad laboral, al tiempo que se promueven las prácticas éticas de reclutamiento para facilitar «una migración laboral segura, regular y ordenada y fortalecerán los sistemas de asilo y de protección en Centroamérica y México», y atenderán el desplazamiento forzado de personas a través de iniciativas multilaterales.
Sobre medio ambiente y crisis climática, octavo punto, los líderes de los dos países reiteraron que es imperativo elevar las ambiciones en el combate contra el cambio climático.
Mientras que, en temas de salud, noveno y último punto, ambos países están comprometidos en fortalecer su cooperación en el campo de la salud pública a nivel bilateral, regional y multilateral y en favor del desarrollo de vacunas y medicinas.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (c), de Estados Unidos, Joe Biden (i), y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que «no hubo ninguna discrepancia» con su homólogo estadounidense, Joe Biden, ni con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Sus declaraciones se producen tras albergar de lunes a miércoles la cumbre de «Los Tres Amigos» con Biden y Trudeau, con quienes abordo temas controversiales como la migración récord, el tráfico de fentanilo, y los desacuerdos en política energética y comercial.
Tras el encuentro, Biden agradeció a México por acoger a migrantes deportados por Estados Unidos y Trudeau aseguró que abordó de forma «muy directa» los cuestionamientos a la política energética mexicana, acusada de favorecer a las empresas del Estado en detrimento de las extranjeras.
Pero López Obrador aseguró que “fue realmente una muy buena reunión» en «beneficio de los pueblos» de los tres países, que en conjunto representan 20 % del comercio global, superando el Producto Interno Bruto de la Unión Europea.
Se acordó acelerar la integración económica, con la creación de un comité que busca que 25 % de lo que ahora se importa de Asia, se produzca en Norteamérica. Esto implicaría, según los cálculos del Gobierno, que la economía de México crezca un 2 % más por año. También apuntó que por primera vez se abordó el criterio de movilidad laboral en la migración. Y destacó el compromiso de los tres países de reducir las emisiones y la lucha conjunta por el medioambiente.
Dando y dando
«El Gobierno de México diseña un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas, en colaboración con organismos internacionales», detallaron en un comunicado conjunto.
Este centro «ofrecería servicios y alternativas de protección, documentación y movilidad laboral», así como «tareas de control migratorio».
Además, «los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá colaborarán con el Gobierno de México y organismos internacionales para ofrecer servicios y asistencia para personas refugiadas en dicho espacio», explicaron.
Según el comunicado conjunto, los mandatarios se comprometieron a aumentar las «vías regulares como alternativa a la migración irregular en América» y «fortalecer los procesos de asilo».
Antes de la cumbre, Estados Unidos lanzó un programa migratorio acordado con México que prevé dar 30.000 permisos humanitarios a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, pero deportar a territorio mexicano a aquellos que crucen la frontera de forma irregular.
En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Biden agradeció públicamente a López Obrador por admitir a los migrantes que sean deportados de Estados Unidos.
La cumbre sucedió también tras la detención el jueves pasado de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Estados Unidos.
Fotografía sin fecha cedida por Olimpia Coral, que muestra a la activista mexicana Olimpia Coral. (Foto: EFE/Olimpia Coral)
México.- Para que «las niñas y las mujeres estén seguras también en Internet» es para lo que trabaja la mexicana Olimpia Coral Melo, cuyo caso de violencia sexual digital inspiró en su país la ley que lleva su nombre y que sanciona hasta con seis años de cárcel la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual e íntimo.
La activista feminista cuenta en entrevista con EFE que la lucha que lidera contra este tipo de violencia nació tras la difusión sin consentimiento de un vídeo sexual suyo por parte de un exnovio. Cuando quiso presentar la denuncia, le dijeron que ese delito no existía en México.
Desde 2021, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal de México llevan su nombre y ha inspirado leyes similares que se han analizado en Argentina, Honduras y Ecuador.
«Después de un tiempo considerable de sentirme mal y culpable, además en un momento en el que no se reconocía como violencia, fue mi familia la que me hizo ver que no era algo malo. Después conocí a más mujeres que como yo habían sido víctimas de esto y comenzamos una lucha para primero, que se reconociera que era violencia y, segundo, que se le diera un tipo penal», explica.
Según un estudio publicado en México en diciembre pasado, 95 de cada 100 víctimas de violencia digital son mujeres y 8 de cada 10 personas agresoras (identificadas) son hombres «y personas cercanas a esas mujeres», agrega.
Reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en 2021 gracias a su trabajo, Olimpia Coral Melo va ahora tras el pronunciamiento y la condena internacional de la violencia sexual digital. Coral quiere que en el mundo entero se reconozca que las agresiones virtuales traspasan las pantallas hacia la vida real.
«Aunque sea virtual es real. Cuando eres sobreviviente de esta violencia sexual, de la difusión o producción no consentida de material íntimo, sientes que fuiste violada sin ser penetrada. Una siente que violan su cuerpo con cada «like», con cada «compartir», con cada «me divierte», con cada comentario, con cada interacción».
«Y lo peor es que no solo viola quien publicó el vídeo sexual o quien publicó la fotografía, violamos todos y todas cuando interactuamos en esta violencia comunitaria que se da a través de Internet», agrega.
Fotografía sin fecha cedida por Olimpia Coral, que muestra a la activista mexicana Olimpia Coral. (Foto: EFE/Olimpia Coral)
DE PUEBLA A AMÉRICA LATINA
El primer lugar que aprobó la ley Olimpia fue Puebla, el estado de México donde ella nació. Desde ahí se extendió poco a poco a otros estados hasta llegar al Congreso y al Senado nacional.
«No lo hice sola. Fue gracias a decenas y decenas de mujeres que como yo habían sido víctimas de violencia sexual en Internet y que comenzamos una lucha en la que todavía seguimos», cuenta.
«Hoy (la ley) se ha aprobado en todo México, pero también se ha presentado en Argentina, Ecuador, Los Ángeles (California, EE.UU.) y Honduras. ONU Mujeres la ha reconocido como un hito para los países de América Latina y esto ha ayudado a entrar en diferentes conciencias, en diferentes congresos», destaca.
Sin embargo, la ley Olimpia no busca «que todas las personas estén en la cárcel» ni que no puedan vivir su sexualidad a plenitud. Tampoco «es avaladora de la cultura porno». Por el contrario, busca evitar «que una mujer y o una niña sufra este tipo de violencia».
«Se la conoce como ‘pornovenganza’ pero no es eso. Eso sería reducirla y justificaría una cultura porno que objetiviza, sexualiza y que minimiza nuestros cuerpos a ser objetos sexuales. Decirle venganza significaría darnos una responsabilidad a nosotras por amar, por confiar, por vivir nuestra sexualidad, por no tener educación digital», precisa.
Que la ley que lleva su nombre se esté extendiendo por la región también es para Olimpia «un tipo de justicia». «Cuando me pasó -relata-, cada vez que alguien buscaba en Internet aparecía: ‘Olimpia, la gordibuena de Huauchinango’. Cada vez que me buscaban en las redes sociales, lo primero que aparecía era un vídeo sexual de mí. Mi nombre estaba relacionado con un vídeo sexual al alcance de cualquier persona con un clic. Mi cuerpo, mi vida, mi nombre, mi piel eran completamente de dominio público patriarcal».
«El hecho de que ahora una parte de mí (la ley), que no me pertenece, esté también dándose en otros espacios y otras fronteras, ayuda y es un tipo de justicia», enfatiza.
Olimpia Coral lamenta que en América Latina las mujeres tengan en común «las vivencias de una cultura completamente machista». Pero agrega que «a la vez es una esperanza saber que cuando las latinas nos juntamos, conquistamos también espacios machistas».
Todo esto, cuenta, ha aprendido al transitar en el camino del feminismo, del que le hubiera gustado saber mucho antes.
«Tal vez cuando publicaron mi vídeo sexual lo primero que hubiese entendido es que no era mi culpa y que era una condición estructurada de violencia sistematizada que ahora se ha trasladado a Internet, pero que no significa que por ser virtual no sea real. Pienso que a mí, el feminismo me ha dado una nueva condición de amarme a mí misma y de amar una lucha colectiva».
Olimpia tiene ahora varios proyectos en mente entre los que figuran una campaña internacional, llevar la educación digital a las comunidades indígenas y poner en marcha una aplicación móvil para que las víctimas de esta violencia sepan qué hacer.
«No sé si alcance el tiempo para lograr todo esto, pero aquí seguimos. Serán unas u otras, pero Internet tiene que ser feminista. Tenemos que estar seguras también en Internet y en cualquier otro espacio que exista en el futuro», concluye.
Vista de una modista hispana que revisa unas prendas de vestir. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Felipe Chacón)
Washington, EE. UU.– El Departamento de Trabajo de Estados Unidos lanzó esta semana la versión en español de Timesheet, una aplicación digital con la cual los trabajadores pueden llevar el registro de sus horas trabajadas y sueldos adeudados.
“Con demasiada frecuencia, los trabajadores vulnerables pueden no conocer sus derechos, pueden no entender inglés y pueden temer perder su trabajo o dañar su estatus migratorio si hacen preguntas sobre las prácticas salariales de sus empleadores”, dijo Jessica Looman, administradora adjunta principal de horas y salarios.
“Hacer que nuestra aplicación Timesheet sea más accesible para más trabajadores nos ayudará a llegar e informarles, ayudarlos a realizar un seguimiento de sus horas y ganancias, y mostrarles que estamos aquí para ayudar cuando nos necesiten», añadió la funcionaria.
La aplicación puede usarse en los móviles con iOS (el sistema operativo de Apple) o Android y registra con precisión las horas trabajadas, lo cual contribuye a asegurar que los empleadores paguen a sus trabajadores los sueldos ganados y se eviten violaciones de las leyes laborales federales.
Con Timesheet los trabajadores pueden llevar la cuenta de sus horas de labor, incluidas las horas en que trabajan a remoto (teletrabajo), viajan, realizan tareas previas o posteriores a su turno, o inician sesión mientras están de guardia.
El anuncio del Departamento de Trabajo indicó que «para los empleadores, la aplicación proporciona información de cronometraje actualizada y de fácil acceso en su dispositivo móvil».
Empleadores y empleados pueden usar la aplicación para ingresar todos los datos y calcular los salarios adeudados, independientemente de si a los empleados se les paga por hora, sobre una base salarial o por pieza.
En el año fiscal 2022, las investigaciones de la División de Horas y Salarios de esa agencia federal recuperaron más de 213 millones de dólares para casi 153.000 trabajadores.
En particular, la división recuperó más de 114 millones de dólares para trabajadores en industrias de bajos salarios, incluidos servicios de alimentos, agricultura, atención médica, construcción y venta minorista.
Estos son los 14 nuevos congresistas de origen hispano que llegaron a la Casa de Representanes en Washington para asumir la legislatura del 118.º Congreso que durará dos años. (Fotocomposición/ VOA)
Los 47 legisladores de origen hispano representan una nueva marca en la composición del Congreso de EEUU como parte de la creciente comunidad hispana. 14 nuevos rostros, la mayoría jóvenes, se suman a la legislatura.
Washington, EE. UU.— El Congreso de Estados Unidos que se estrenó a tropezones el 3 de enero con dificultades para elegir al presidente de la Cámara de Representantes tuvo como testigos y actores en primera fila a los 47 congresistas de origen hispano, el mayor número que logra llegar a la sede del legislativo federal en Washington procedentes de familias inmigrantes de Latinoamérica.
En el hecho destaca la llegada de 14 nuevos rostros, la mayoría jóvenes que se suman a los representantes de descendencia hispana que poco a poco han ido ocupando las sillas de la «Casa» (The House), como se conoce en Washington al recinto legislativo de 435 escaños.
El joven legislador demócrata Robert García llega al pleno como el primer hispano nacido en Perú, abiertamente gay, y quien apuesta por su compromiso con el tema migratorio.
“Soy ciudadano estadounidense debido al último gran esfuerzo federal en la década de 1980” y dice que en la legislatura está dispuesto a todas “las conversaciones” bipartidistas, pero sin soslayar que las discusiones de cualquier plan migratorio “deben incluir caminos reales hacia la ciudadanía”, como en su caso.
Y en lado republicano, Juan Ciscomaní ha llegado también como el primer hispano del partido conservador en representar a Arizona en el Congreso.
“Siempre estaré agradecido con mis padres por su sacrificio para garantizar una vida mejor para mí y mis hermanas en la búsqueda del sueño americano. Que los enorgullezca a ellos y a mi comunidad mientras sirvo en el Congreso 118”, ha dicho.
Con la nueva composición del legislativo con mayor número de voces hispanas, la Asociación Nacional de Latinos Electos (NALEO) celebra la diversidad de la composición y destaca la llegada de más mujeres procedentes de regiones del país donde todavía los hispanos tienen menor composición demográfica que otras regiones del país con mayor presencia de inmigrantes ya por varias décadas.
“El número de latinas que sirven en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aumenta en cuatro (29 hombres y 18 mujeres) desde el Congreso anterior (24 hombres y 14 mujeres). La elección de 2022 también contó con la elección de las primeras latinas para representar a Colorado, Illinois y Oregón en el Congreso”, dijo la organización.
Voces femeninas
La congresista demócrata Yadira Caraveo llega como la primera hispana en representar al estado de Colorado.“Me siento honrada de recibir el apoyo de nuestra comunidad, llena de familias como la mía”, ha dicho en sus redes sociales.
Y Dalia Ramírez, primera mujer congresista demócrata de origen hispano en repesentar a Illinois, es hija de padres que atravesaron la frontera de forma ilegal, y está casada con un beneficiario del Programa de Acción Diferida (DACA) aprobado para menores de edad indocumentados durante la administración del presidente Barack Obama.
Es una de las nuevas miembros de la Casa más activa en las redes sociales, y se comprometió con sus seguidores de su distrito a mantenerlos informados de los pormenores dentro de la Cámara.
Desde el balcón del hemiciclo ha dicho que tiene una vista a uno de los edificios administrativos del Congreso el Longworth «donde se encuentra mi oficina para atender a la gente de Illinois. Es más que simbólico», posteó.
NALEO también destacó la llegada de Maxwell Alejandro Frost, demócrata de la Florida, el primer latino de la Generación Z, quien buscaba antes de llegar a Washington un sitio de bajo costo porque no tenía los recursos para pagar un alquiler en la ciudad hasta recibir el primer pago de la plaza de congresista hasta febrero.
Mientras en el Capitolio se votaba una y otra vez la candidatura de Kevin McCarthy para la presidencia de la Cámara, Frost explicaba a los incautos cómo funciona el sistema de rentas en la ciudad capital.
Para los que no entienden“cómo funciona el alquiler de un apartamento, déjame desglosar esto. No recibo mi primer cheque de pago hasta febrero y no tengo mucho dinero. Cuando te mudas a un apartamento, pagas primero el depósito, a veces al final los muebles”, comentaba mientras en presencia debía votar una y otra vez por la terna de la minoría demócrata.
Muy pronto Frost y otros legisladores en apuros económicos podrán resolver el impasse, los congresistas reciben un salario anual de 174.000 dólares repartido en 12 meses.
Al cruzar datos
Del total de 47 legisladores de origen hispano, 35 son demócratas y 12 republicanos. Los números son consecuentes con la preferencia mayoritaria que sigue teniendo el Partido Demócrata en las urnas entre los latinos, según las encuestas de los procesos electorales de las últimas décadas.
Si se compara las 435 sillas del pleno con los 47 curules ocupados por hispanos, el porcentaje de participación de la voces de origen hispano en el hemiciclo llega al 11 %.
El Censo 2020 arrojó que los hispanos en EEUU representan el 19 % de la población del país y fue la única minoría que creció en las proyecciones. En la actualidad se calcula que viven en Estados Unidos unos 62 millones de habitantes que se identifican como hispanos.
En una primera visita al Capitolio a finales de diciembre de los funcionarios electos y donde aprovecharon la fotografía del nuevo Caucus Hispano, el congresista Ruben Gallego, listo para presidir en esta legislatura al grupo latino, dijo a la prensa que el voto por candidatos latinos se ha diversificado más allá de distritos con fuerte presencia hispana.
Ya que al ser la mayoría hijos de inmigrantes y formados en Estados Unidos tienen la ventaja de moverse con facilidad en distintos franjas para conectar con los votantes en los dos idiomas.
“Tenemos un montón de miembros latinos que ganaron sus respectivas elecciones y no solamente en distritos de mayoría latina”, explicó Gallego, porque ellos “hablan con votantes latinos desde el principio y cuentan con candidatos latinos y latinas no solo en los distritos de mayoría latina”, apuntó.
Washington, EE. UU.- El Instituto del Caucus Hispano en el Congreso celebró este miércoles una ceremonia en honor al histórico número de nuevos legisladores de origen latino -42- de la 118 legislatura estadounidense.
Entre quesadillas y croquetas cubanas amenizadas con cumbia y bachata, el Caucus Hispano dio la bienvenida a los nuevos miembros latinos, festejada en una sala de conciertos de Washington para acoger a la gran cantidad de asistentes, a diferencia de otras ediciones llevadas a cabo en el Capitolio estadounidense.
Tras cantar el himno nacional de Estados Unidos y que la guardia del distrito militar de Washington presentara los colores, representantes del grupo demócrata hispano de la Cámara Baja quisieron elogiar los hitos de la comunidad latina en el Congreso estadounidense.
«Tomaros un momento para ver lo lejos que hemos llegado», insistió el presidente y CEO del Instituto del Caucus Hispano, Marco A. Davis, que aprovechó para recordar que en el año 1976 solo había cinco miembros de origen latino en el Congreso.
Davis aludió al histórico número de representantes latinos alcanzado en esta legislatura, que cuenta con 38 miembros en la Cámara Baja de EE.UU. y cuatro senadores por primera vez.
El líder demócrata Hakeem Jeffries también aplaudió la entrada de nueve nuevos representantes de origen latino, como el primer legislador de la Generación Z, Maxwell Alejandro Frost, o la primera congresista latina en representar a Colorado a nivel federal, Yadira Caraveo.
Jeffries destacó que el Caucus Hispano «refleja lo mejor de la Cámara de Representantes» y que sus miembros son «las voces para los que no tienen voz», por lo que continuarán trabajando por un «Estados Unidos más inclusivo».
Aunque incialmente el grupo fue creado como una organización bipartidista, en la actualidad solo lo integran demócratas. Los republicanos tienen su propio grupo hispano, la Conferencia Hispana en el Congreso.
Los nuevos miembros prestaron juramento de su cargo como ya lo hicieron en la inauguración de la 118 legislatura y señalaron todo lo que aún queda por hacer, como centrarse en la juventud latina para que puedan tener éxito en el campo de su elección.
Asimismo, la presidenta del Caucus Hispano, Nanette Diaz Barragán, quiso conmemorar la «histórica noche» con la idea de que la comunidad latina está «en alza».
San Juan, Puerto Rico.- El exalcalde del municipio puertorriqueño de Trujillo Alto José Luis Cruz fue condenado este miércoles a dos años de cárcel por un cargo federal de corrupción pública por aceptar sobornos.
La sentencia, emitida por la jueza Silvia Carreño Coll, del Tribunal Federal de Puerto Rico, es nueve meses inferior a la recomendada por la Fiscalía.
Cruz renunció al cargo en junio pasado y pocos días después se declaró culpable de recibir pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de adjudicar contratos municipales de asfaltado y recolección de basura.
El exalcalde aceptó múltiples sobornos entre 2020 y 2021 que ascienden a 10.000 dólares a través de un intermediario e instruyó a los empleados municipales para ejecutar esos contratos.
Los pagos fueron realizados por el propietario de una empresa de asfalto y pavimentación, y por el dueño de una empresa de recolección de basura, ambas adjudicatarias de contratos municipales en Trujillo Alto.
Cruz se enfrentaba a una pena máxima de cinco años de prisión.
En diciembre de 2021, agentes del FBI en la isla arrestaron a Radamés Benítez Cardona, ayudante especial de Cruz, por cargos de conspiración, soborno y extorsión.
Desde 2021, varios alcaldes puertorriqueños han sido detenidos o se han declarado culpables por corrupción pública, lo que demuestra el arraigo de esto en la isla.
U.S. Senate candidate Montgomery County Commissioner Val Arkoosh speaks during a meeting of the Pennsylvania Democratic Party State Committee in Harrisburg, Pa., on Jan. 29, 2022. Arkoosh, an anesthesiologist who led Pennsylvania's third-most populous county through the pandemic before mounting a failed run for U.S. Senate, will be nominated to lead the sprawling Department of Human Services according to an announcement Wednesday, Jan. 11, 2023, by incoming Democratic Gov. Josh Shapiro. (Photo: AAP/Matt Rourke/File)
Harrisburg, Pa. — Dr. Val Arkoosh, an anesthesiologist who led Pennsylvania’s third-most populous county through the pandemic before mounting a failed run for U.S. Senate, will be nominated to lead the sprawling Department of Human Services under the incoming Democratic governor, Josh Shapiro.
Wednesday’s announcement by Shapiro also included his picks to lead the departments of Health, Drug and Alcohol Programs, Aging and Insurance.
Arkoosh, 62, is a former chair of anesthesiology at Drexel University College of Medicine who now chairs the three-member board of commissioners in Montgomery County, in suburban Philadelphia.
Shapiro, the state’s two-term elected attorney general, will be inaugurated Tuesday to become the 48th governor of Pennsylvania.
On Montgomery County’s board, Arkoosh overlapped with Shapiro for two years before he was elected to attorney general.
During the pandemic, Arkoosh held daily, livestreamed briefings about the county’s efforts to stem the spread of COVID-19, as it became the first county where Gov. Tom Wolf ordered the shutdown of schools and businesses.
Arkoosh ran unsuccessfully for Congress in 2014 and was prominent before that in campaigning publicly for passage of then-President Barack Obama’s health care law, the Affordable Care Act. She again ran in the Democratic primary for U.S. Senate, but dropped her candidacy in February before filing paperwork to get on the ballot.
The Department of Human Services administers more than $50 billion in state and federal money, or about half of all the money that flows through Pennsylvania’s state government every year.
Much of the money is tied to the Medicaid program, the federal-state partnership that provides medical care for the poor, long-term care for the elderly and direct care for the disabled. In particular, the growing elderly population and the growing cost to care for them has rapidly driven up the program’s costs.
The department also runs the county assistance offices around the state, administers the federal food stamps program and distributes billions of dollars to counties and nonprofit agencies for child welfare services, child care subsidies and mental health counseling and assessment services.
Arkoosh and Shapiro’s other Cabinet selections announced Wednesday are subject to confirmation in the Republican-controlled Senate once they are nominated.
To head up his Department of Health, Shapiro selected Dr. Debra Bogen, a pediatrician who led Allegheny County through the pandemic as the director of the health department.
Before that, Bogen was professor of pediatrics, psychiatry and clinical and translational science at the University of Pittsburgh and served as vice chair of education for the pediatrics department at UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh.
To be insurance commissioner, Shapiro chose Michael Humphreys, currently the agency’s acting commissioner after holding senior positions there and in Tennessee’s insurance regulator for the past decade.
Shapiro picked Latika Davis-Jones to be secretary for the Department of Drug and Alcohol Programs. She is currently the senior director of behavioral health at Highmark Wholecare, a Medicaid health insurance plan in Pennsylvania and subsidiary of Highmark Health.
For the Department of Aging, Shapiro picked Jason Kavulich, currently the director of Lackawanna County’s Agency on Aging.
