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México lucha contra el cáncer infantil, primera causa de muerte en niños

Edith García y su hijo Alan Israel participan durante una entrevista con EFE el 14 de febrero de 2023 en la ciudad de Oaxaca (México). (Foto: EFE/Jesús Méndez)

Oaxaca, México.- La sociedad civil mexicana y sus niños luchan en este Día Internacional del Cáncer Infantil, la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años y la sexta en niños menores de cinco, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En el sureño estado de Oaxaca, Alan Israel, de 12 años de edad, se escapó de las estadísticas fatales y ahora, después de tres años de lucha, sacrificios y secuelas, él y su familia se declaran vencedores.

Desde su silla de ruedas, donde convalece tras dos operaciones en la cabeza donde tenía alojado un tumor canceroso, Alan agradece a las organizaciones de la sociedad civil que nunca lo dejaron solo.

“Gracias por ayudarme y sacarnos de esta enfermedad, quiero caminar ahora», contó a EFE el niño.

Siempre a su lado, Edith García, madre de Alan y trabajadora del hogar, no solo es quien empuja la silla, sino la que sigue el tratamiento día con día.

“Actualmente Alan tiene dos cirugías, la primera fue en febrero del 2019 y la segunda fue en octubre del 2021, ha sido muy difícil porque sabemos el esfuerzo que hemos hecho nosotros económicamente, físicamente, emocionalmente no se diga», narró la mujer.

Edith García, traslada a su hijo Alan Israel en una silla de rueda el 14 de febrero de 2023 en la ciudad de Oaxaca (México). (Foto: EFE/Jesús Méndez)



UNA ENFERMEDAD QUE ASUSTA

En México, cada 90 minutos se registra un nuevo caso de cáncer infantil, lo que totaliza 5.000 nuevos pacientes cada año, según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

Del total, tres de cada cuatro casos de cáncer infantil se detectan en etapas avanzadas.

Pese a los temores, Edith García pide no ver el padecimiento como «una sentencia de muerte».

«A nadie le gusta ver a un hijo sufrir, estar a cada rato internado, no hay esperanzas. Lamentablemente se dice que el cáncer no es curable, que el cáncer es una sentencia de muerte, pero realmente no lo es, porque aquí está la prueba de que mi hijo ha vencido al cáncer”, señaló.

Edith García y su hijo Alan Israel posan al término de una entrevista con EFE el 14 de febrero de 2023 en la ciudad de Oaxaca (México). (Foto: EFE/Jesús Méndez)

EL APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL

La victoria es compartida con asociaciones como Nicuatole, Con Causa, Staff de los Sueños y Casa de la Amistad, porque si esperaban que el Estado les hiciera valer su derecho a la salud y a los medicamentos, seguirían esperando, dijo la mujer de 34 años de edad.

“Mi esposo es albañil, es chalán (ayudante), lo hacía de todo con tal de poder solventar, aunque sea un poco los gastos de mi hijo. Hay medicamentos que nos cuestan 20.000 o 30.000 pesos (entre 1.000 y 1.500 dólares) y solamente nos alcanza para dos o tres semanas nada más”, denunció.

Las semanas del 2021 fueron las más difíciles para la familia de Alan.

“A veces teníamos que poner todo lo que tenían nuestras bolsas, no importa. (Comíamos) frijolitos, arrocito, no importa. Era bendición con tal de que mis hijos no se quedaran sin comer», indicó.

Alan espera ahora su rehabilitación, porque quedó con secuelas en su movilidad por el tumor canceroso que tuvo en el cerebro durante tres años.

“Y ahora ya nos dieron luz verde para que podamos entrar con todo a la rehabilitación, se puede decir que le ganamos la primera batalla al cáncer para que esté libre completamente de cáncer y el cáncer no regrese. Tenemos que esperar cinco años que el niño siga, así como hoy, sin nada, libre su cuerpo”, dijo su madre.

Fallece la actriz de Hollywood Raquel Welch a los 82 años

Raquel Welch en el estreno en Los Angeles de "How to Be a Latin Lover" el 26 de abril de 2017. Raquel Welch, símbolo sexual internacional del cine de las décadas de 1960 y 70, ha muerto a los 82 años. Welch falleció el 15 de febrero de 2023 tras una breve enfermedad, dijo su agente Stephen LaManna. (Foto: AP Chris Pizzello/Invision/Archivo)

Nueva York, EE. UU.— Raquel Welch quien, tras emerger del mar en un revelador bikini lanudo en la película “One Million Years B.C.” (“Hace un millón de años”), se convirtió en un símbolo sexual internacional de las décadas de 1960 y 70, ha muerto a los 82 años.

Welch falleció la mañana del miércoles tras una breve enfermedad, dijo su agente, Stephen LaManna de la agencia de talento Innovative Artists.

El papel revelación de Welch llegó en 1966 con la historia prehistórica “One Million Years B.C.”, en el que tenía un total de tres diálogos. Ataviada con ese bikini marrón, logró esquivar pterodáctilos, pero no el ojo del público.

“Yo pensaba que era una película épica de dinosaurios boba que íbamos a dejar debajo del tapete un día”, dijo a The Associated Press en 1981. “Error. Resultó que yo era la Bo Derek de la temporada. La chica en el vestido de piel de la que todos decían ‘por dios, qué cuerpo’ y que esperaban que desapareciera de un día al otro”.

Pero no fue así, interpretó a Lust (Lujuria) para el equipo de comedia de Peter Cook y Dudley Moore en su película “Bedazzled” (“Mi amigo el diablo”) y a una agente secreta en la sátira de espías “Fathom” (“Guapa, intrépida y espía”), ambas de 1967.

Sus curvas y belleza capturaron la atención de la cultura pop, Playboy la declaró “la mujer mas deseada” de la década de 1970, a pesar de nunca haber estado completamente desnuda en la revista. En 2013, alcanzó el segundo puesto de la lista de “Las mujeres más sensuales de todos los tiempos” de la revista Men’s Health. En la película “The Shawshank Redemption” (“Sueños de libertad”), el protagonista Andy Dufresne usa un afiche de Welch para cubrir un túnel por el cual escapa de prisión, luego de usar imágenes similares de Rita Hayworth y Marilyn Monroe.

Además de actuar, Welch se desempeñó como cantante y bailarina. Sorprendió a muchos críticos y tuvo reseñas positivas, cuando protagonizó el musical de 1981 “Woman of the Year” (“La mujer del año”) en Broadway, como reemplazo de Lauren Bacall durante sus vacaciones. Welch regresó a Broadway en 1997 para un montaje de “Victor/Victoria”.

Sabía que algunas personas no la tomaban en serio por su imagen. “No soy Penny Marshall ni Barbra Streisand”, dijo a AP en 1993. “Ellos dicen “¿Raquel Welch quiere dirigir? Por favor”’.

Welch, cuyo nombre verdadero era Jo-Raquel Tejada, nació en Chicago y creció en La Jolla, California. Su padre era Armando Carlos Tejada Urquizo, un ingeniero aeroespacial originario de Bolivia y su madre era estadounidense, Josephine Sarah Hall. El Jo en el nombre de Welch es una abreviatura del nombre de su madre.

Welch era una madre divorciada cuando conoció al exactor convertido en agente de prensa, Patrick Curtis.

“La ironía de todo esto es que a pesar de que la gente pensaba en mí como símbolo sexual, en realidad, ¡yo era una madre soltera con dos hijos pequeños!”, escribió en su autobiografía, “Raquel: Beyond the Cleavage”.

Curtis se convirtió en su mánager y segundo esposo, la ayudó a convertirse en una chica glamurosa con cientos de portadas de revistas y múltiples películas, además de videos de ejercicio y libros de bienestar como “The Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program”.

Aunque apareció en películas explotadoras, también sorprendió a muchos en la industria con actuaciones refinadas, incluyendo “The Three Musketeers” (“Los tres mosqueteros”) de Richard Lester, que le valió a Welch un Globo de Oro y junto a James Coco en “Wild Party” (“Fiesta salvaje”). También estuvo nominada a un Globo en 1988 por la película para televisión “Right to Die” (“Derecho a morir”).

Se casó y divorció cuatro veces, le sobreviven sus hijos Damon Welch y Tahnee Welch, quien también es actriz.

Editorial Roundup: Pennsylvania

LNP/LancasterOnline. February 12, 2023

Editorial: Ruling in landmark Pennsylvania public education funding lawsuit is just and long overdue.

If you’ve watched “Abbott Elementary,” the ABC sitcom set in Philadelphia and created by Quinta Brunson, the daughter of a longtime Philly teacher, you may have wondered if its fictional portrayal of a poor public school was exaggerated.

Could a public school, in 2023, really have textbooks stating that the current president is one who left the White House decades ago? Could the broken-down restrooms and crowdfunding for basic supplies in “Abbott Elementary” be more than figments of a sitcom writer’s imagination?

These indeed are realities for underfunded public schools across the state.

According to testimony noted by Judge Jubelirer, the School District of Lancaster’s physics textbook is 12 years old, “and some of its high school textbooks list countries that no longer exist.”

And those are the least of the indignities that children in Pennsylvania’s underfunded school districts have been forced to endure because the state government has failed — in Jubelirer’s assessment — to fulfill its obligation under the Pennsylvania Constitution.

That obligation? To provide access to an education that offers students a “meaningful opportunity to succeed academically, socially, and civically.”

It is clear, “based upon the credited testimony and evidence, that every student is not receiving that opportunity,” Jubelirer wrote.

We don’t know yet whether Republican Leader Cutler intends to appeal Jubelirer’s historic ruling, but we fervently hope he doesn’t. If an appeal is filed in the next few weeks, the Pennsylvania Supreme Court will hear it.

High-quality education is essential if we are to prepare the next generation of Pennsylvanians for citizenship in the 21st-century world and workplace. Depriving young Pennsylvanians of this education will create a drag on the state’s long-term economic growth.

Children’s advocate Donna Cooper told Spotlight PA that the lawsuit showed how systemic underfunding has hurt rural, suburban and urban schools across the commonwealth. This, in turn, diminishes the state’s future prosperity.

In the introduction to the ruling, Jubelirer cited Benjamin Franklin, who observed that an “investment in knowledge pays the best interest.”

Jubelirer is not a progressive ideologue, by any stretch of the imagination. The Commonwealth Court president judge ran for the bench as a Republican.

Her ruling is a searing indictment of the state Legislature. And if its recalcitrant leaders have any shame, they will work expeditiously to correct the wrongs highlighted in this landmark lawsuit.

Shame was what we felt when we read that the legislative leaders responding to the lawsuit contended that the facilities in which students learn only need to be “generally safe,” rather than safe and adequate.

Would they accept a “generally safe” school building for their own children?

Would they be comfortable sending their kids to learn in a school district that, because of low property values and the forced reliance on real estate tax revenue, couldn’t provide up-to-date equipment or even a temperate classroom climate?

The evidence in this lawsuit made it clear that there is an achievement gap between students in underfunded school districts and students in better-funded districts. In response to this gap, the Pennsylvania Department of Education set separate, lower goals for underserved students.

Retired School District of Lancaster Superintendent Damaris Rau testified that she was “shocked” by this. And it is truly shocking.

Former Deputy Education Secretary Matthew Stem, now the executive director of Lancaster-Lebanon Intermediate Unit 13, testified that the decision was made not because of the innate ability of certain students, but because of the severity of the inequities within Pennsylvania’s school funding system.

The evidence in the lawsuit — including the disparate graduation rates, attainment rates and standardized test scores between students in low-wealth and high-wealth school districts — all painted a portrait of a state failing too many of its children.

As Jubelirer noted, the court heard “extensive credible testimony from educational professionals and experts” about how school staff — such as guidance counselors, social workers, nurses, psychologists, instructional aides, reading specialists and tutors — help students succeed.

Several of the petitioning districts have such personnel, but too few to meet student needs. According to testimony, for instance, the School District of Lancaster’s 20 student and family resource specialists — social workers — have caseloads of 500 to 600 students each, and the district’s 11 psychologists carry caseloads of around 1,000 students each. How could these professionals possibly address the individual challenges of students burdened by poverty, language obstacles and learning differences?

Money “does matter, and economically-disadvantaged students and historically underperforming students can overcome challenges if they have access to the right resources that wealthier districts are financially able to provide,” Jubelirer wrote. (Those “historically underperforming” students include students of color, English language learners and students with special needs.)

Statistics, the judge wrote, “confirm what numerous witnesses testified as to: every child can learn, regardless of individual circumstances, with the right resources, albeit sometimes in different ways.”

The bolded text was the judge’s. It was bolded because it’s a critical point.

She concluded: “It is now the obligation of the Legislature, Executive Branch, and educators, to make the constitutional promise a reality in this Commonwealth.”

It is, though she did not specify just how they must do it. It will be a heavy lift — perhaps too heavy to accomplish in this year’s budget process.

In a statement last week, Democratic Gov. Josh Shapiro praised the ruling, noting that “creating real opportunity for our children begins in our schools, and I believe every child in Pennsylvania should have access to a high-quality education and safe learning environment, regardless of their (ZIP) code.”

According to The Associated Press, Bruce Baker, a University of Miami education professor who researches public school financing, has found Pennsylvania to be the most inequitable state for school funding, along with Illinois.

“Abbott Elementary” has made us famous for it. But it’s not a laughing matter. It’s an injustice that must be remedied without further delay.


Philadelphia Daily News/Inquirer. February 10, 2023

Editorial: At long last, an equitable ruling on school funding. Change must now follow swiftly.

Gov. Josh Shapiro and state lawmakers do not have to wait for the courts to tell them what is obvious to everyone: It is past time to properly fund public education for all students.

A Commonwealth Court judge found what many have long said about the way Pennsylvania pays for K-12 public education: The state’s method of funding schools is unfair and inadequate. Even more egregious, it is unconstitutional.

Judge Renée Cohn Jubelirer’s landmark 786-page decision is a long-overdue victory for students across the state — especially those in poorer rural and urban districts. It is also a triumph for justice, equality, and the rule of law.

However, when real change will come remains unclear.

After all, the lawsuit was first filed in 2014 and did not go to trial until November 2021. After three months of arguments, the ruling came a year later. The decision will likely be appealed to the Pennsylvania Supreme Court.

That process could take another year or so. If the Supreme Court upholds the decision, it will be left to the General Assembly and Gov. Josh Shapiro to determine how to properly fund the schools, as the judge’s ruling did not prescribe a remedy.

Kudos to the attorneys at the Education Law Center, the Public Interest Law Center, and the private firm of O’Melveny & Myers for their tenacity throughout the long legal process. They shined a light on the state’s inability to provide a “thorough and efficient” education for all children, as the Pennsylvania Constitution’s education clause requires.

Hurdles remain, but Shapiro and state lawmakers do not have to wait for the courts to tell them what is obvious to everyone: It is past time to properly fund public education for all students. As the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. famously said, “The time is always right to do what is right.”

The price, though, will not be cheap. A Penn State professor’s analysis provided at the trial found it would take an additional $4.6 billion invested over time to adequately fund the schools. The entire state budget for 2022-23 is $45.2 billion.

In effect, to properly fund the schools, lawmakers would have to increase revenues by roughly 10%. Those revenues mainly come from three sources: sales taxes, personal income taxes, and corporate income taxes.

Republican lawmakers in Harrisburg will surely oppose tax increases and instead use the ruling to call for more school choice, which has failed to solve the state’s education woes.

The good news is Democrats control the state House, and Shapiro supports increasing education funding and making it more equitable for students in every zip code.

As state attorney general, Shapiro filed an amicus brief supporting the legal challenge to the current funding method. Shapiro’s brief said the “Commonwealth’s most fundamental need is an intelligent and informed citizenry, which will support our democratic institutions, grow our economy, and strengthen the foundations of our shared civic life.”

That cuts to the heart of the matter.

Pennsylvania does a good job of investing in the elderly. The state funds nursing homes, offers seniors property tax rebates, and earmarks lottery proceeds for a variety of programs that benefit senior citizens.

Now, Pennsylvania must also invest in its future.

Research shows that states with well-educated workers have stronger economies. One study found increasing student achievement to basic mastery levels across the country would increase the nation’s gross domestic product by $32 trillion, or 14.6%.

There is also a clear correlation that shows investing in education lowers crime. Pennsylvania spends more than $42,000 a year, per inmate, to house people in prison. The state would be better off investing in education, thus reducing prison costs and the number of incarcerated individuals.

Pennsylvania has long lagged behind other states in terms of funding public schools and job growth. Students in poorer school districts especially lack many basic resources, including books, libraries, counselors, and even enough teachers.

The state’s uneven funding was underscored during the pandemic, when schools in poorer districts lacked resources to transition to online learning, leaving kids to fall further behind.

Republicans in Harrisburg have long ignored education as an investment. More than a decade ago, then-Gov. Tom Corbett slashed education funding statewide by $1 billion and crippled Philadelphia’s schools.

Doug Mastriano, last year’s Republican nominee for governor, wanted to eliminate property taxes and give parents vouchers for $9,000, which would have effectively cut education funding by a third. Voters ensured that disaster was averted.

But Republicans in Washington have also been hostile to public education for more than a generation. Former President Ronald Reagan promised to kill the U.S. Department of Education in 1980. Donald Trump repeatedly proposed cutting billions in funding meant for after-school programs, teacher training, and grants.

Starving education is a losing policy on many levels. Public education is a public good. Pennsylvania students have already waited too long for state leaders to do what is right.


Pittsburgh Tribune-Review. February 14, 2023

Editorial: Food banks need more support in face of SNAP benefit changes

Since 2020, the number of people depending on SNAP benefits — the government program previously called food stamps — has grown. In 2019, the number of Pennsylvanians was 1.6 million. Today, it is 1.8 million.

The amount of money spent on the program in Pennsylvania has grown from $2.4 billion in 2019 to a high of $5.43 billion in 2021. It dropped back to $5.4 billion in 2022 and is expected to fall further in 2023 as an additional pandemic amount given to beneficiaries is discontinued in March.

This was going to be necessary. The increases couldn’t last forever. Recipients either were moved up to the maximum allowed for their family size or they received an additional $95 in benefits if they already were at that maximum. It was an important intervention at a time when shelves were empty and many of the service jobs that supported low-income families were in flux because of pandemic precautions.

The end to this program will bring a different kind of complication than the upheaval of Medicaid and CHIP approvals that comes in April. The food insecurity issue will not just affect the people who stop receiving the benefit.

It is almost guaranteed to hit the people who never qualified for it.

The Pittsburgh area became an example of the food insecurity issue in the early days of the pandemic when massive food bank lines showed the scope of need.

In the ensuing three years, many people still have relied on food banks and local pantries. Some of these are people who fall between the cracks of those who qualify for help and those who can get by without it. The inflation that has spiked so many once-affordable staples — including eggs, milk and bread — hasn’t helped.

Now, food banks are expecting the disappearing SNAP benefits to create even more demand.

“Everyone’s in an uproar and a panic,” said Chelsey Speed, CEO and founder of the Speed Family Blessing Box and Pantry in Arnold. “I’m doing everything I possibly can to get support to brace ourselves for that. It’s going to hit and hit hard.”

There also are people who won’t qualify for SNAP at all now, such as seniors who received a Social Security cost of living increase that moved them out of benefit eligibility.

The increased stress on nonprofit reserves will be felt by real people. It will require real work to alleviate it.

People have stepped up to do what they can to help food banks. So have businesses. Even government has made an effort, like Westmoreland County commissioners designating a portion of American Rescue Plan funds to tackle food insecurity.

But increased demand is going to require even more.

Food is more than just something that keeps us alive. It’s a way that we bond with each other — it’s how we celebrate, mourn and share. And, in the face of such pressure, food banks are going to need a lot more sharing.


Scranton Times-Tribune. February 12, 2023

Editorial: Don’t appeal school ruling; fix funding

Commonwealth Court Judge Renée Cohn Jubelirer’s historic decision on school funding, issued Wednesday, honors the state constitution’s clear intent to ensure that all children have access to a decent education.

In a 786-page ruling, she found unconstitutional the method by which the state government partially funds public schools, largely along lines alleged by six underfunded school districts, some parents and several education advocacy organizations who brought the case.

The constitution, she found, was “clearly, palpably, and plainly violated because of a failure to provide all students with access to a comprehensive, effective, and contemporary system of public education that will give them a meaningful opportunity to succeed academically, socially, and civically.”

Pennsylvania’s government, in effect, has two systems for distributing $7.4 billion in education funding, only about 35% of total public education spending. The Legislature adopted a “fair funding” formula in 2015, thus acknowledging that the previous formula had become unfair. But, because lawmakers did not want to diminish funding to some districts, it decided to distribute fairly only the money that it appropriated after 2015. The result is that the new, fair formula applies to less than 20% of all state education funding.

Underfunded districts — like those in Scranton, Wilkes-Barre and Hazleton — must make up the shortfall through local property taxes.

Because of vast disparities in wealth and the tax bases across the state’s 500 school districts, many districts are underfunded relative to more affluent districts.

Jubelirer’s order invalidates the system but does not specify how to fix it, which she left to the Legislature and governor. “The options for reform are virtually limitless,” she wrote.

True enough. But, this being Pennsylvania, the options for lawmakers to evade their responsibility for fair funding also are limitless.

The decision is appealable by Gov. Josh Shapiro, who likely will not do so given his support, as attorney general, for the underlying litigation, and by House Republicans.

Shapiro should get the reform ball rolling by proposing effective reforms in his upcoming budget address. And rather than appeal to buy time against reform, legislative Republicans should engage in the process so that access to public education is not determined by ZIP code alone.


Wilkes-Barre Citizens’ Voice. February 14, 2023

Editorial: Court ruling opens eyes on nonprofit taxes

Taxpayers reasonably wonder why some nonprofit organizations, such as big hospital systems, are tax-exempt while paying executives salaries of seven figures-plus.

It’s a fair question, which the Commonwealth Court partially answered Friday.

More than 75% of hospitals in Pennsylvania operate as tax-exempt nonprofits. The rationale is that they provide services, health care, that the government otherwise would have to provide at public expense. State law sets parameters to qualify for tax exemptions, including providing free essential public services. Traditionally, hospitals have been able to withstand challenges to their tax-exemptions by providing care regardless of patients’ ability to pay, which also is required by federal law.

The Avon Grove, Coatesville Area and Phoenixville Area school districts in Chester County contended that three Tower Health Hospitals in that county — Brandywine, Jennersville, Phoenixville — operated for profit rather than as nonprofits and, therefore, should be subject to local taxation. The Pottstown School District made a similar claim regarding Tower Health’s Pottstown Hospital in Montgomery County.

All of the hospitals reported operating losses, but the court noted that they did so after paying more than $43 million a year in various management fees to the parent company. And, the court found, some executive compensation was “eye-popping.” Executive bonuses as high as 40% of salaries, it said, were tied to the hospitals’ financial performance as if they were for-profit enterprises.

According to the court, the hospitals also reported as “uncompensated” care the difference between their Medicare or Medicaid reimbursements and what the hospitals would charge at retail. But the health system’s own witness testified that the “master charge sheet” used for comparison was meaningless. “The numbers, essentially, are pulled out of thin air because the hospital is required to have a charge sheet to satisfy federal requirements,” the court decision said.

If the ruling withstands a certain appeal to the state Supreme Court, the hospitals will have to pay hundreds of thousands of dollars a year, each, their respective school districts and, potentially, local and county governments.

Regardless of the appeal, the decision is a cue to the state Legislature to modernize the state’s antiquated law, to protect true nonprofits while ensuring that profit-making enterprises pay their fair share in taxes.

END

Mexicanos consumen 7,8 kilos de papas fritas al año pese a daños a la salud

Según un estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el alto consumo de alimentos fritos puede ser perjudicial para la salud por los altos niveles de sodio y grasas mayormente hidrogenadas, que aumentan el riesgo de padecer afectaciones cardiovasculares. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Eduardo Miranda)

Ciudad de México.- Los mexicanos consumen una media de 7,8 kilos de papas o patatas fritas al año pese a que contienen en cantidades excesivas sodio, grasas, colorantes y calorías, lo que puede provocar afectaciones en su salud, expuso el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (Labdo).

En un comunicado publicado este miércoles, el organismo recaba datos de distintos organismos internacionales para exponer cómo los mexicanos consumen estos productos ultraprocesados sin conocer las consecuencias que tienen para su salud.

Con base en datos de Euromonitor International, cada mexicano consume una media anual de 7,8 kilos de patatas fritas, que en México se conocen como «botanas», entre las que predominan las marcas Sabritas, Cheetos, Doritos, Ruffles y Rancheritos.

La mayoría de estos productos, no obstante, «mantienen exceso de sodio, grasas, colorantes y calorías, ingredientes críticos que de ser ingeridos de forma excesiva pueden traer consecuencias a la salud», según la organización.

Además, el 90 % de los hogares mexicanos compra patatas fritas una media de 13 veces al año, por motivos que van desde el antojo a la socialización, de acuerdo con la consultora Kantar.

No obstante, un 20 % de los consumidores pueden llegar a consumir hasta tres veces más que el resto, comprando alrededor de 33 veces al año.

Estos hogares, incidió la consultora, se encuentran especialmente en Ciudad de México y el noroeste del país, y en los que suelen vivir adolescentes entre los 13 y 17 años.

Según un estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el alto consumo de alimentos fritos puede ser perjudicial para la salud por los altos niveles de sodio y grasas mayormente hidrogenadas, que aumentan el riesgo de padecer afectaciones cardiovasculares.

«En 100 gramos de papas fritas puedes ingerir de 464 a 563 kilocalorías, principalmente por las grasas y los carbohidratos que contienen», expone el informe de la Profeco.

El valor de mercado de este tipo de productos, recoge el comunicado, ascendió de enero a noviembre de 2022 hasta los 25.613 millones de pesos (1,3 millones de dólares).

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que los alimentos ultraprocesados son de los alimentos más consumidos en 13 países de América Latina, una región en la que la obesidad «se ha disparado».

Millones de niños podrían perder seguro médico; los latinos en mayor riesgo

(Foto: EFE/TANNEN MAURY)

Washington, EE. UU.– Millones de niños en Estados Unidos podrían quedar sin seguro médico desde el 1 de abril cuando comiencen a expirar las protecciones adoptadas por la pandemia de covid 19, y los menores latinos y afroamericanos corren mayor riesgo de perder la cobertura indebidamente, indicó un informe del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

En respuesta a la pandemia a comienzos de 2020 se amplió el beneficio de Medicaid -subsidio de gastos médicos para familias de bajos ingresos- y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

Por ley, las personas con seguro médico de Medicaid o CHIP han mantenido su cobertura desde marzo de 2020.

“Medicaid cubre actualmente a la mayoría de los niños en Estados Unidos,” dijo Joan Alker, directora ejecutiva del centro de investigación de la Universidad de Georgetown y autora principal del informe.

“El crecimiento en la inscripción de niños en Medicaid y CHIP es un desarrollo muy positivo, ya que significa que más niños pueden obtener la atención que necesitan para asistir a la escuela listos para aprender y las familias están protegidas de las altas facturas médicas», agregó.

El informe señaló que la inscripción a Medicaid y Chip creció un 28 % a nivel nacional entre febrero de 2020 y agosto de 2022, y a nivel nacional el 54 % de todos los niños están cubiertos por Medicaid o por CHIP.

Los cinco estados con las mayores proporciones de niños cubiertos por Medicaid o CHIP son Nuevo México, con 75,7 %; Luisiana, con 70 %; Misisipi, con 67,7 %; Florida, con 65,7 %, y Alabama, con 64,6 %. La cobertura alcanza el 74,8 % de los niños en el Distrito de Columbia.

La Ley de Asignaciones Presupuestarias Consolidadas, recientemente promulgada, reduce gradualmente los fondos federales aumentados de Medicaid para los estados en el transcurso de 2023 mientras los estados reanudan los procesos regulares de renovación de dicho programa.

Los estados tienen hasta mayo de 2024 para verificar la elegibilidad en Medicaid para la mayoría de las personas inscritas en el programa, incluidos más de 34 millones de niños.

Aproximadamente cuatro millones de niños inscritos en Medicaid financiado con fondos de CHIP también necesitarán renovar su cobertura.

“Los niños latinos tienen el doble de probabilidades de no tener seguro que otros niños y también tienen más probabilidades de quedarse sin seguro cuando expire la protección de cobertura continua de Medicaid”, dijo Leo Cuello, profesor de investigación de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

“Los estados deben hacer todo lo posible para garantizar que no cancelen la inscripción de las personas que aún son elegibles para Medicaid o CHIP, y eso significa llegar a aquellos que no hablan inglés o que han cambiado de dirección durante la pandemia”, sostuvo.

A su vez, Alker señaló que “los legisladores estatales deben prestar especial atención a las necesidades de los niños en el proceso de renovación de Medicaid que se avecina”.

Split Pennsylvania House set for raucous return next week

Shown is the Pennsylvania House of Representatives on Jan. 5, 2021, at the state Capitol in Harrisburg, Pa. Six weeks after Pennsylvania state representatives elected a Democratic speaker and have not returned to session, the Republican leader on Wednesday, Feb. 15, 2023 warned of chaos when they reconvene next week. (Photo: AP/Laurence Kesterson/File)

HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s top House Republican on Wednesday warned of chaos when legislators reconvene next week, six weeks after representatives elected a Democrat as House speaker and left Harrisburg without conducting any other business.

Republican Minority Leader Bryan Cutler of Lancaster County said the chamber’s 102-101 Democratic majority may not be able to solve the gridlock that has so far prevented lawmakers from so much as adopting operating rules for the 2023-24 session. Cutler himself served as House speaker before deciding in November not to seek the leadership post again.

Cutler spoke to reporters in the Rotunda Wednesday, down the corridor from a lengthy, closed-door meeting about the rules being held among Democratic House members. By sweeping three special elections last week, Democrats cemented a tiny majority, their first in 12 years. Republicans had kept a tight grip on the chamber for more than a decade, with rules that largely prevented Democrats from changing GOP bills or advancing their own priorities.

Pennsylvania Speaker of the House Mark Rozzi arrives for Democratic Gov. Josh Shapiro’s inauguration, Tuesday, Jan. 17, 2023, at the state Capitol in Harrisburg, Pa. Six weeks after Pennsylvania state representatives elected a Democratic speaker and have not returned to session, the Republican leader on Wednesday, Feb. 15, 2023 warned of chaos when they reconvene next week. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

“Without copies of rules in advance, what will we really be doing?» Cutler said. «If the Democrats are ready to lead, let’s see what they want to do. Let’s see the rules. Let’s get the House operating an agenda that works on behalf of all Pennsylvania. So far, we’ve seen very little, and that should concern every single taxpayer in this commonwealth.”

The House convened Jan. 3 and elected Rep. Mark Rozzi of Berks County as speaker after the two caucuses’ first choices, Rep. Joanna McClinton, D-Philadelphia, and Rep. Carl Walker Metzgar, R-Somerset, failed to garner majority support.

All Republican leaders and a few other GOP representatives voted with all Democrats to elevate Rozzi. But in the weeks of legislative inaction that have ensued, Republicans have generally soured on the new speaker, accusing him of falling short his commitment to be an independent leader. Rozzi did not return messages left Tuesday and Wednesday.

 House Democratic Leader Joanna McClinton of Philadelphia arrives for Democratic Gov. Josh Shapiro’s Inauguration, Tuesday, Jan. 17, 2023, at the state Capitol in Harrisburg, Pa. Six weeks after Pennsylvania state representatives elected a Democratic speaker and have not returned to session, the Republican leader on Wednesday, Feb. 15, 2023 warned of chaos when they reconvene next week. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

“The speaker hijacked the chamber with broken promises and he has held the will of Pennsylvanians hostage ever since,” Cutler said.

Few bills are usually voted on by the full House early in a legislative session, but even preliminary work has been frozen because operating rules also determine the partisan makeup of committees.

Since early January, Rozzi has been holding public meetings with six state representatives, three from each party, that he assembled to develop what he calls the “Rozzi rules.” Nothing has been made public and it’s unclear whether he will be able to wrangle a majority to adopt his rules next week.

It’s also unclear if other Democrats or Republicans will have the votes to adopt their own rules, or even replace Rozzi at the speaker’s rostrum.

The current one-vote majority is so small that if even a single state representative departs — which could occur repeatedly in the next two years — it will cause problems.

State Rep. Bryan Cutler, R-Lancaster, speaks at the Capitol in Harrisburg, Pa., Tuesday, Feb. 8, 2022. Cutler was state House speaker until the end of November 2022. Six weeks after Pennsylvania state representatives elected a Democratic speaker and have not returned to session, the Republican leader on Wednesday, Feb. 15, 2023 warned of chaos when they reconvene next week. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

“There will be people on both sides of the aisle running for different offices and having to resign their positions,” Rep. Josh Kail of Beaver County, the Republicans’ policy chairman, said at the news conference. “Every time that happens we’re going to have to shut down the House because some side doesn’t like the numbers that the other side has at that point in time. It’s ridiculous. This body has work to do.”

Rozzi has said the House won’t take up other legislation until lawmakers pass his signature issue: a two-year “window” to let victims of child sexual abuse sue for otherwise outdated claims.

Rozzi has said publicly that a now-deceased Roman Catholic priest molested him when Rozzi was a boy, and that he received a settlement over abuse from the Allentown Diocese. He has long been a leader in the campaign for other victims to be compensated.

Outside the House Democrats’ caucus room Wednesday, Rep. Mike Schlossberg of Lehigh County said members were reviewing rules with a large freshman class and soliciting ideas about how to to establish «a more just and a more fair system.»

“We are having conversations about basically the gamut of potential proposals,” Schlossberg said. “What I don’t know is the specifics yet, because it’s really tough to say.»

Pennsylvania Gaming Control Board Reports Over $84 Million in Wagers on Super Bowl Placed in Commonwealth


HARRISBURG, PA:
  The Pennsylvania Gaming Control Board today reported that preliminary figures show $84,313,189 was wagered in the Commonwealth on this past weekend’s Philadelphia Eagles/Kansas City Chiefs Super Bowl through retail and online sportsbooks. That was a 19% increase over the $68,044,810 of wagers placed on the Los Angeles Rams/Cincinnati Bengals game last year.

After payouts, revenue is expected to be $29,722,902 compared to $4,575,339 in 2022.

This was the fifth year in which legal sports wagering was available in Pennsylvania for the Super Bowl, and the fourth in which online wagering options were available. This year, patrons could choose to place Super Bowl wagers at 19 retail locations and through 14 online wagering sites.

The sports wagering handle and revenue is as follows with comparisons to wagering on the previous three Super Bowls:

Super Bowl Handle Retail 2023$10,316,188
Super Bowl Handle Retail 2022$6,938,462
Super Bowl Handle Retail 2021$6,137,478
Super Bowl Handle Retail 2020$6,728,544
  
Super Bowl Handle Online 2023$73,997,001
Super Bowl Handle Online 2022$61,106,349
Super Bowl Handle Online 2021$47,497,202
Super Bowl Handle Online 2020$24,035,942
  
Total Super Bowl Handle 2023$84,313,189
Total Super Bowl Handle 2022$68,044,810
Total Super Bowl Handle 2021$53,634,680
Total Super Bowl Handle 2020$30,693,942
Super Bowl Revenue Retail 2023$4,652,018
Super Bowl Revenue Retail 2022$697,646
Super Bowl Revenue Retail 2021-$24,264
Super Bowl Revenue Retail 2020-$450,894
  
Super Bowl Revenue Online 2023$25,070,884
Super Bowl Revenue Online 2022$3,877,693
Super Bowl Revenue Online 2021$9,418,535
Super Bowl Revenue Online 2020-$2,840,675
  
Total Super Bowl Revenue 2022$29,722,902
Total Super Bowl Revenue 2022$4,575,339
Total Super Bowl Revenue 2021$9,394,271
Total Super Bowl Revenue 2020-$3,334,787

The Board also reports that there were more than 793,000 online sports wagering accounts that were active during the Super Bowl weekend per data from geolocation technology service GeoComply. Additionally, GeoComply reported that it conducted more than 11.8 geolocation checks during the weekend to ensure that the wagering activity was being conducted by individuals who were within Pennsylvania and were authorized to conduct wagering on a site.

The activity reported by GeoComply does not include any wagering by patrons at retail sports wagering locations in the Commonwealth.

About the Pennsylvania Gaming Control Board

The Pennsylvania Gaming Control Board is tasked to oversee all aspects of gambling involving 17 land-based casinos, online casino games, retail and online sports wagering, and Video Gaming Terminals (VGTs) at qualified truck stops, along with the regulation of online fantasy sports contests.

The land-based casino industry in Pennsylvania consists of six racetrack (Category 1) casinos, five stand-alone (Category 2) casinos, two resort (Category 3) casinos and four mini-casinos (Category 4).  Casino expansion will continue over the next couple of years with the anticipated opening of an additional Category 4 casino. A significant job generator in the Commonwealth, casinos and the other types of Board-regulated gaming generated over $2 billion in tax revenue in 2022.

Para muchas mujeres en Haití, salir de casa ya es un riesgo

Una mujer que no quiso dar su nombre por miedo a represalias posa para una foto durante una entrevista en una clínica cerca de Puerto Príncipe, Haití, el viernes 20 de enero de 2023. La mujer, de 36 años, envió a sus dos hijos a vivir con unos familiares en otra parte de la ciudad después de que su marido fuera secuestrado y asesinado. Más tarde, varios hombres la violaron en grupo y la obligaron a huir de su casa. (Foto: AP/Odelyn Joseph)

Puerto Príncipe, Haití. — Nadia acalla a una bebé de tres meses que llora envuelta en sus brazos y la besa suavemente en la frente. Tenía 19 años y no estaba lista para ser madre, pero la vida de la joven haitiana cambió el año pasado cuando caminaba a casa por las calles polvorientas de una zona controlada por pandillas en la capital de Haití.

Fue arrastrada al interior de un automóvil por varios hombres, que le vendaron los ojos y la secuestraron. Durante tres días, la golpearon, la hicieron pasar hambre y la violaron en grupo.

Meses después, supo que estaba embarazada. En un instante, se desvanecieron sus sueños de estudiar y ayudar económicamente a su familia.

Un conjunto tóxico de pandillas saquea la nación caribeña castigada por la crisis — secuestrando, extorsionando y desplazando a los civiles que ya no tienen nada más que dar— y utiliza cada vez más los cuerpos de las mujeres como armas en su guerra por el control.

Las mujeres como Nadia viven con las consecuencias.

“Lo más difícil es que no tengo nada que darle”, dijo Nadia sobre su hija. “Tengo miedo porque a medida que crezca y pregunte por su padre, no sabré qué decirle… Pero tendré que explicarle que fui violada”.

La mujer sólo usó el nombre de Nadia, que no es su nombre verdadero, para hablar con The Associated Press, que tiene la política de no identificar a las víctimas de violencia sexual.

Castigado desde hace mucho tiempo por la crisis —desastres naturales, agitación política, pobreza extrema y oleadas de cólera—, Haití se sumió en el caos en 2021, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

La violencia sexual se ha utilizado durante mucho tiempo como un instrumento de guerra en todo el mundo, una forma bárbara de sembrar el terror en las comunidades y asegurar el control.

“Se están quedando sin herramientas para controlar a la gente”, explica Renata Segura, subdirectora para América Latina y el Caribe del International Crisis Group (Grupo Internacional de Crisis), una organización independiente que trabaja para evitar guerras y conflictos letales.

“Extorsionan, pero hay un límite al dinero que se puede extorsionar de personas que son realmente pobres. Esto es lo único que tienen que pueden imponer a la población”.

Ese miedo se ha extendido por todo Puerto Príncipe. Los padres dudan en enviar a sus hijos a la escuela, temerosos de que puedan ser secuestrados o violados por las bandas de delincuentes. Por la noche, las calles bulliciosas de la ciudad se vacían.

Salir de casa es un riesgo, sobre todo para las mujeres. También lo es huir: las pandillas utilizan la amenaza de violación para impedir que las comunidades abandonen las zonas que controlan.

Helen La Lime, enviada especial de la ONU en Haití, dijo a finales de enero al Consejo de Seguridad que las pandillas emplean la violencia sexual para “destruir el tejido social de las comunidades”, particularmente en zonas controladas por pandillas rivales.

Violan a niñas y niños desde los 10 años, afirmó.

Lo que empeora eso es la fuertemente baja cantidad de denuncias, lo que dificulta que cualquier autoridad comprenda el alcance total del daño. Las mujeres temen que las pandillas busquen vengarse de ellas y confían en la policía haitiana tan poco como en las pandillas.

El gobierno actual del país, que muchos consideran ilegítimo, declinó hablar sobre lo que hace para abordar el problema.

La ONU documentó 2.645 casos de violencia sexual en 2022, un aumento del 45% con respecto al año anterior. Esa cifra es apenas una fracción del número real de agresiones.

Nadia estuvo entre quienes no presentaron una denuncia.

Cuando se enteró de que estaba embarazada, se debatió entre quedarse con el bebé o no, pero decidió darle a su hija la mejor vida que pudiera. En Puerto Príncipe, un lugar ya carente de oportunidades y con altos niveles de pobreza, fue imposible que la nueva madre entrara a trabajar o continuara sus estudios.

Mientras tanto, médicos como Jovania Michel intentan cubrir estas lagunas.

Michel trabaja en uno de los únicos hospitales de Cité Soleil, el epicentro de las guerras de pandillas en Puerto Príncipe. Allí ve a madres que fueron violadas en grupo después de que mataran a sus maridos; sobrevivientes de violencia sexual que viven en la calle, sin poder regresar a casa por temor de que vuelva a ocurrir; y víctimas que padecen infecciones de transmisión sexual.

“La violencia sexual es una forma de paralizar, de asustar a la gente. En el momento en que aumenta la violencia sexual, todo el mundo deja de moverse, la gente no va a trabajar porque tiene miedo”, expresa Michel. “Es un arma, es una forma de enviar un mensaje”.

Ese fue el caso de una mujer de 36 años que habló con la AP vestida con una blusa con rosas rojo brillante y el cabello cuidadosamente recogido en trenzas. Pidió que no se publicara su nombre por temor a represalias.

La mujer dirigió alguna vez una boutique con su esposo en la capital de Haití para que sus dos hijas y su hijo fueran a la escuela. En julio, un grupo de hombres armados, miembros de la pandilla G-Pep, se presentó en la puerta de su casa y dijeron que necesitaban dinero para balas.

Al no obtener el efectivo, los hombres se llevaron a su esposo a las 8 p.m.

Al día siguiente, encontró su cadáver en una zanja. Huyó del vecindario y envió a sus hijos a vivir con amigos y familiares en otras partes de la ciudad. Mientras tanto, ella durmió sola en la calle, y se unió a por lo menos otros 155.000 haitianos desplazados por la fuerza debido a la violencia.

En diciembre, cuando intentó regresar a su casa, los pandilleros la violaron y la golpearon.

“Soy una profesional, y de la nada vienen estos bandidos… que me hicieron perder todo. No estoy bien. No estoy bien. Todo me hace enfurecer de verdad. Llegué a un punto en el que quería suicidarme”, admite la mujer.

De pie, con la mandíbula firme y la cabeza inclinada hacia arriba, se secó las lágrimas del rostro.

Cuando trató denunciar la violación a la policía, le dijeron que no manejaban casos de pandillas.

En la actualidad, ella duerme en un parque con otros haitianos desplazados por la fuerza, y lo único que le da esperanza es que sus hijos, a quienes rara vez ve, puedan tener una vida mejor.

Pero le preocupa lo que significarán la profunda inestabilidad y el creciente control de las pandillas en Haití.

“No vivo en un buen país”, recalca.

Soñadores tienen hasta febrero 28 plazo para solicitar becas universitarias

(Foto: EFE/Lenin Nolly/Archivo)

Washington, EE. UU.- The Dream.US, una organización que ha provisto subsidios para más de 8.750 estudiantes indocumentados, señaló que el próximo 28 de febrero vence el plazo para solicitar su Beca Nacional.

Esa ayuda está disponible para los «soñadores» que están a punto de graduarse de la escuela secundaria o de obtener un diploma GED y estudiantes en colegios universitarios, entre otros, para asistir a una de las más de 80 universidades asociadas en 21 estados y el Distrito de Columbia.

Las becas están abiertas para estudiantes inmigrantes con o sin DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o TPS (Estatus de Protección Temporal) que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad y antes del 1 de noviembre de 2016.

«Estos estudiantes recibirán hasta 16.500 dólares para la matrícula y cuotas para un título de asociado y 33.000 dólares para un licenciatura», indicó un comunicado de la organización.

Este año, en particular, TheDream.US busca solicitantes adicionales de nuevas universidades asociadas como la Universidad Northern Arizona, la Universidad estatal de Colorado, en Pueblo; la Universidad St. Francis, en Illinois, y la Universidad Viterbo, en Wisconsin.

«Solamente quedan dos semanas para que soñadores puedan solicitar estas becas» dijo Gaby Pacheco, directora en TheDreams.US. «Estamos orgullosos de apoyar a jóvenes inmigrantes indocumentados altamente motivados en todo el país en su búsqueda de una educación superior y una carrera significativa».

«Este año, hemos ampliado nuestros criterios de elegibilidad para que más Dreamers puedan hacer realidad sus metas universitarias y profesionales,» añadió.

Más de 3.000 estudiantes se han graduado, incluidos maestros, autores, científicos de computación, investigadores científicos, empresarios, analistas políticos y personal de enfermería, que «contribuyen al futuro del país», indicó el grupo.

En Kensington, Filadelfia venden opioides mezclados con tranquizilantes para animales

En el vecindario Kensington de Filadelfia, Stephanie Klipp, enfermera de atención de heridas, venda una herida grave producto del consumo de opioides con xilacina, que corre peligro de llegar al hueso. (Courtenay Harris Bond)

Courtenay Harris Bond

Muchas personas del barrio de Kensington, en Filadelfia —el mayor mercado abierto de drogas al aire libre de la costa este— son adictas y aspiran, fuman o se inyectan al aire libre, encorvadas sobre cajas o en los escalones de las casas. A veces es difícil saber si están vivos o muertos. Las jeringuillas ensucian las aceras y el hedor de la orina inunda el aire.

Las aflicciones del barrio se remontan a principios de los años 70, cuando la industria desapareció y el tráfico de drogas se afianzó. Con cada nueva oleada de drogas, la situación se agrava. Ahora está peor que nunca. Y con la llegada de la xilacina, un tranquilizante de uso veterinario, nuevas complicaciones están sobrecargando un sistema ya desbordado.

«Hay que poner manos a la obra», dijo Dave Malloy, un veterano trabajador social de Filadelfia que trabaja en Kensington y otros lugares de la ciudad.

Los traficantes utilizan xilacina, un sedante barato no autorizado, para cortar el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. El nombre callejero de la xilacina es «tranq», y el fentanilo cortado con xilacina se llama «tranq dope».

La xilacina lleva una década diseminándose por el país, según la Agencia Antidroga (DEA). Su aparición ha seguido la ruta del fentanilo: empezando en los mercados de heroína en polvo blanco del noreste y desplazándose después hacia el sur y el oeste.

Además, ha demostrado ser fácil de fabricar, vender y transportar en grandes cantidades para los narcotraficantes extranjeros, que acaban introduciéndola en Estados Unidos, donde circula a menudo en paquetes de correo exprés.

La xilacina se detectó por primera vez en Filadelfia en 2006. En 2021 se encontró en el 90% de las muestras de opioides callejeros. En ese año, el 44% de todas las muertes por sobredosis no intencionales relacionadas con el fentanilo incluyeron xilacina, según estadísticas de la ciudad. Dado que los procedimientos de análisis durante las autopsias varían mucho de un estado a otro, no hay datos exhaustivos sobre las muertes por sobredosis con xilacina a nivel nacional, según la DEA.

Aquí en Kensington, los resultados están a la vista. Usuarios demacrados caminan por las calles con heridas necróticas en piernas, brazos y manos, que a veces llegan al hueso.

La vasoconstricción que provoca la xilacina y las condiciones antihigiénicas dificultan la cicatrización de cualquier herida, y mucho más de las úlceras graves provocadas por la xilacina, explicó Silvana Mazzella, directora ejecutiva de Prevention Point Philadelphia, un grupo que ofrece servicios conocidos como “reducción del daño”.  

Stephanie Klipp, enfermera que se dedica al cuidado de heridas y a la reducción de daños en Kensington, dijo que ha visto a personas «viviendo literalmente con lo que les queda de sus extremidades, con lo que obviamente debería ser amputado».

El papel que desempeña la xilacina en las sobredosis mortales pone de relieve uno de sus atributos más complicados. Al ser un depresor del sistema nervioso central, la naloxona no funciona cuando se trata de un sedante.

Aunque la naloxona puede revertir el opioide de una sobredosis de “tranq dope”, alguien debe iniciar la respiración artificial hasta que lleguen los servicios de emergencia o la persona consiga llegar a un hospital, cosa que a menudo no ocurre. «Tenemos que mantener a las personas con vida el tiempo suficiente para tratarlas, y eso aquí es diferente cada día», explicó Klipp.

Si un paciente llega al hospital, el siguiente paso es tratar el síndrome de abstinencia agudo de “tranq dope”, que es algo delicado. Apenas existen estudios sobre cómo actúa la xilacina en humanos.

Melanie Beddis vivió con su adicción dentro y fuera de las calles de Kensington durante unos cinco años. Recuerda el ciclo de desintoxicación de la heroína. Fue horrible, pero después de unos tres días de dolores, escalofríos y vómitos, podía «retener la comida y posiblemente dormir». Con la “tranq dope” fue peor. Cuando intentó dejar esa mezcla en la cárcel, no pudo comer ni dormir durante unas tres semanas.

Las personas que se desintoxican de la “tranq dope” necesitan más medicamentos, explicó Beddis, ahora en recuperación, quien ahora es directora de programas de Savage Sisters Recovery, que ofrece alojamiento, asistencia y reducción de daños en Kensington.

«Necesitamos una receta que sea eficaz», señaló Jeanmarie Perrone, médica y directora fundadora del Centro de Medicina de Adicciones de Penn Medicine.

Perrone dijo que primero trata la abstinencia de opioides, y luego, si un paciente sigue experimentando malestar, a menudo utiliza clonidina, un medicamento para la presión arterial que también funciona para la ansiedad. Otros médicos han probado distintos fármacos, como la gabapentina, un medicamento anticonvulsivo, o la metadona.

«Es necesario que haya más diálogo sobre lo que funciona y lo que no, y que se ajuste en tiempo real», afirmó Malloy.

En el vecindario Kensington de Filadelfia, Stephanie Klipp, enfermera de atención de heridas, venda una herida grave producto del consumo de opioides con xilacina, que corre peligro de llegar al hueso. (Courtenay Harris Bond)

Fialdelfia ha anunciado recientemente que va a poner en marcha un servicio móvil de atención de heridas como parte de su plan de gastos de los fondos del acuerdo sobre opioides, con la esperanza de que esto ayude al problema de la xilacina.

Lo mejor que pueden hacer los especialistas en las calles es limpiar y vendar las úlceras, proporcionar suministros, aconsejar a la gente que no se inyecte en las heridas y recomendar tratamiento en centros médicos, explicó Klipp, que no cree que un hospital pueda ofrecer a sus pacientes un tratamiento adecuado contra el dolor. Muchas personas no pueden quebrar el ciclo de la adicción y no hacen seguimiento.

Mientras que la heroína solía dar un margen de 6-8 horas antes de necesitar otra dosis, la “tranq dope” solo da 3-4 horas, estimó Malloy. «Es la principal causa de que la gente no reciba la atención médica adecuada», añadió. «No pueden estar el tiempo suficiente en urgencias».

Además, aunque las úlceras resultantes suelen ser muy dolorosas, los médicos son reacios a dar a los usuarios analgésicos fuertes. “Muchos médicos ven eso como que buscan medicación en lugar de lo que está pasando la gente”, dijo Beddis.

Por su parte, Jerry Daley, director ejecutivo de la sección local de un programa de subvenciones gestionado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), dijo que los funcionarios de salud y las fuerzas del orden deben comenzar a tomar medidas enérgicas contra la cadena de suministro de xilazina y transmitir el mensaje de que las empresas deshonestas que fabrican xilacina están «literalmente beneficiándose de la vida y las extremidades de las personas».

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, una organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.

Versión original en inglés:

https://khn.org/news/article/xylazine-animal-tranquilizer-fentanyl-opioids-kensington-philadelphia-health-problems/