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Ingresan en prisión dos exministros dominicanos imputados por corrupción

Los exministro de obras públicas Gonzalo Castillo (i) y el ministro de hacienda, Donald Guerrero (c), junto a otros detenidos por el caso Calamar, en una imagen de archivo. EFE/Orlando Barría

Los exministros dominicanos Donald Guerrero y José Ramón Peralta han ingresado este miércoles en la cárcel para cumplir los dieciocho meses de prisión preventiva dictados ayer por un tribunal por su presunta implicación en una red de corrupción administrativa.

Guerrero y Peralta, ambos empresarios, fueron trasladados de madrugada a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal (a unos 30 kilómetros al sur de Santo Domingo), horas después de la decisión adoptada en su contra por la jueza Kenya Romero.

Donald Guerrero, quien estuvo al frente de Hacienda durante la gestión de Danilo Medina, y José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia en esa época, son los únicos imputados enviados a prisión de los veinte detenidos dentro de la llamada operación anticorrupción Calamar.

En el expediente también figura el excandidato a la Presidencia en 2020 por el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y antiguo ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, enviado a arresto domiciliario y que debe depositar una garantía económica de 20 millones de pesos (unos 365.500 dólares al cambio actual).

En principio, el Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión para los veinte imputados, pero al final varió la solicitud para catorce de ellos, después de que estos admitieran su participación en la supuesta red de corrupción.

La magistrada les impuso distintas medidas preventivas, que van desde fianza a impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.

El supuesto entramado de corrupción desvió más de 19.000 millones de pesos (más de 345 millones de dólares) y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.

¿Cómo operaban y qué ha cambiado en la organización de las pandillas en El Salvador?

Un pandillero de la Mara 18 asiste a una conferencia de prensa de sus líderes en una cárcel de Quezatepeque, El Salvador, el miércoles 2 de mayo de 2012.

La MS y el Barrio 18 han sido las estructuras del crimen organizado responsables de la mayoría de los homicidios en El Salvador. Hoy, su control territorial y su estructura jerárquica parece desmantelada tras un régimen de excepción impuesto en el país centroamericano.

SAN SALVADOR – El poder de las pandillas en El Salvador es un fenómeno de larga data: desde hace tres décadas, el país centroamericano ha visto cómo la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 han reforzado su dominio pasando de ser grupos callejeros con operaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, a convertirse, una de ellas, en organización criminal transnacional.

Pero fue en El Salvador donde ambas pandillas encontraron arraigo luego de ser deportados desde Estados Unidos hace 25 años. Fue entonces cuando decidieron expandir su estilo gansteril en el país centroamericano: los tatuajes, el vestuario y el lenguaje fueron algunas de las características que les hicieron ganar adeptos, unos 118.000 asegura actualmente el gobierno de El Salvador.

Sin embargo, desde que el país centroamericano inició un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, cuyo propósito es encarcelarlos a todos, las pandillas comenzaron a perder el control de las comunidades paulatinamente. La Campanera, en San Salvador, es una colonia que ha cargado por años con el estigma de ser uno de los barrios más peligrosos del país, pero la realidad es distinta ahora, donde las pandillas no juegan ningún rol. Lo mismo ocurre con otras comunidades que por años fueron territorios repartidos entre estos grupos para cobrar la renta o asesinar.

Hoy, el gobierno de El Salvador asegura haber desestructurado a las maras socavando su control territorial y su estructura jerárquica.

Una estructura golpeada

La MS y el Barrio 18 han tenido su propia jerarquía desde hace años. En su ápice se encuentra el liderazgo nacional, conocido como “ranfla”, el cual es conformado por pandilleros fundadores.

Las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18 en El Salvador han tenido su propia estructura jerárquica durante las últimas décadas. Estas son las posiciones generales de ambas pandillas, misma que tras el régimen de excepción parece desestructurada.

Un documento de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que actualmente mantiene un caso abierto contra 14 cabecillas de la Mara Salvatrucha, detalla que la pandilla comenzó a organizarse en las cárceles salvadoreñas a inicios de la década del 2000. “La organización creó una jerarquía formal, un conjunto de reglas y un cuerpo de liderazgo para controlar y sacar provecho de las actividades de la pandilla en El Salvador”, señala.

Ese grupo de cabecillas fue nombrado inicialmente como “Los doce apóstoles del diablo”. Luego fueron renombrados como “Ranfla Histórica” o “Ranfla Nacional”, el nivel de liderazgo más alto que, según el documento fiscal, era equivalente a una “junta directiva”.

Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood” es uno de los cabecillas de mayor renombre dentro de la Mara Salvatrucha. Mientras que en el Barrio 18, la cabeza es Carlos Ernesto Mojica, alias “Viejo Lin”. Ambos fueron condenados en El Salvador.

En el segundo nivel se encuentran los llamados “programas”, en el caso de la MS, o “tribus”, en el Barrio 18, los cuales son operados por «los corredores» que buscan agrupar a las «clicas» o «canchas», es decir grupos de pandilleros con presencia en colonias y barrios que se encargan de las actividades operativas de las pandillas.

Según un estudio sobre la inclusión social en contextos de violencia, de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), habían más de 2.000 clicas y canchas en 2014, distribuidas en los 14 departamentos del país.

Esas agrupaciones han sido operadas por los corredores de clicas, quienes dan órdenes a los «homeboys» o «hommies», como se le conoce a quienes han hecho por años las labores de vigilancia, cobro de extorsión, entre otros, en las colonias. No cualquiera podía entrar a los territorios dominados, solo los habitantes del lugar y a quienes la pandilla había autorizado.

La muerte y la violencia

Desde que los jóvenes decidían “brincarse” a la pandilla, como se le conoce al ritual de iniciación, han sabido que la muerte es una posibilidad latente. De hecho, ha sido común escuchar a sus miembros, en entrevistas de medios locales, asegurar que mueren “por el barrio”.

El ritual, que antes consistía en una golpiza de 13 segundos para afiliarse a la MS o de 18 segundos, para el Barrio 18, “con el tiempo ha ido cambiando a misiones concretas que incluyen el asesinato de personas”, agrega el estudio de las Naciones Unidas y la CEPAL.

El homicidio ha sido el principal parámetro usado por los gobiernos salvadoreños para medir la seguridad ciudadana. De hecho, el gobierno de Nayib Bukele decidió solicitar un régimen de excepción tras una ola de asesinatos ocasionada por las pandillas. Hoy, Bukele asegura que marzo de 2023 “cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador”. Aunque no siempre fue así.

El Salvador rondaba una tasa de 64 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010. En 2015, casi se duplicó, aumentando a 103. Esto hizo que el país viviera el año más violento de su historia democrática, y pasara, además, a ser uno de los países más violentos del mundo. Luego de ese año, los niveles de violencia se fueron suavizando pasando de 36, en 2019, a 7,8 en 2022.

Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes encarcelados de pandillas, asegura que esas reducciones se dieron debido a “negociaciones encubiertas” entre dos funcionarios de Bukele y la Mara Salvatrucha “para garantizar que los incidentes de violencia de las pandillas y el número de homicidios confirmados en el país se mantuvieran bajos”.

Pese a esos señalamientos, la embestida de Bukele contra las maras, por medio del régimen, ha logrado lo que parece ser el final de las pandillas. Antes de marzo de 2022 era impensable entrar a los barrios acechados por pandillas. Sin embargo, diversos medios de comunicación, incluida la Voz de Américahan recorrido varias comunidades que por años cargaron con el estigma de ser las colonias más peligrosas de El Salvador.

Esa política de seguridad en El Salvador ha provocado aplausos y cuestionamientos. Uno de ellos es el de Estados Unidos, que aún espera la extradición de los cabecillas de pandillas reclamados por la justicia estadounidense. Hasta el momento, de los 14 cabecillas fundadores, el Buró Federal de Investigación de EEUU (FBI) espera capturar a dos. El resto se halla guardando prisión en las cárceles salvadoreñas.

El gobernador ve «con buenos ojos» el Plan Fiscal certificado por la Junta

Fotografía de archivo del Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. EFE/ Bienvenido Velasco

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este miércoles que ve «con buenos ojos» el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque su equipo lo está todavía analizando.

Pierluisi destacó como positivo que el plan incluya «importantes iniciativas para fortalecer la educación, reformar el sistema contributivo, invertir en la eficiencia gubernamental y continuar robusteciendo un ambiente de negocios».

«Mi visión es que sigamos haciendo todo el trabajo necesario para que nuestro gobierno tenga una situación fiscal sólida a corto y largo plazo y que la Junta culmine sus trabajos lo antes posible», indicó.

El gobernador señaló que continuarán colaborando con el ente fiscal en todo lo que beneficie al pueblo y, cuando sea necesario, solicitarán cambios al Plan Fiscal «para asegurar que atienda las necesidades del pueblo».

La JSF anunció este miércoles que el nuevo Plan Fiscal define el camino para restaurar el crecimiento económico ahora que la isla ha salido de la bancarrota.

«La reestructuración de la enorme deuda de Puerto Rico ha quedado atrás en gran medida, y nuestro único objetivo al momento es asentar la responsabilidad fiscal y trabajar con el Gobierno en crear un cimiento firme para el crecimiento económico», dijo el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr.

El responsable del ente fiscal aseguró que este crecimiento económico sostenible «depende de una administración fiscal responsable y de reformas que transformen el sistema educativo, el sistema contributivo y la infraestructura de Puerto Rico».

El nuevo Plan Fiscal o de Transformación tiene tres pilares: una sólida administración financiera, una cultura de rendimiento y excelencia en el sector público, y una inversión en el crecimiento económico para garantizar ingresos suficientes que respalden la prestación de los servicios.

Candidatos latinos quedan fuera de contienda por la alcaldía de Denver

Fotografía de archivo del el exsenador estatal Mike Johnston. EFE/Miguel Castro

Ninguno de los cinco candidatos latinos a la alcaldía de Denver logró ubicarse entre los dos primeros lugares de preferencia de voto en las elecciones locales de este martes, aunque varios hispanos fueron elegidos al Concejo Municipal, indican los resultados iniciales difundidos esta noche.

Según la División de Elecciones de Denver, con casi la mitad de los votos contados, el exsenador estatal Mike Johnston, con 25 % , y la expresidente de la Cámara de Comercio de Metro Denver, Kelly Brough, con 23 %, fueron los dos candidatos más votados, encaminándose así a la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 6 de junio.

En esa fecha, la capital de Colorado elegirá a un nuevo alcalde por primera vez en 12 años, luego de tres victorias seguidas de Michael B. Hancock, quien llegó al máximo permitido por la ley de tres períodos en la alcaldía.

Por su parte, Lisa Calderón, conocida por impulsar reformas entre las fuerzas de seguridad de Denver, quedó en un tercer lugar distante con 14 % de los votos. Aún más atrás figura la exconcejal Deborah Ortega (5 %).

Los otros tres candidatos hispanos, el activista medioambiental Ean Thomas Tafoya y los empresarios Trinidad Rodríguez y Aurelio Martínez, recibieron cada uno el 1 % o menos de los votos.

A la vez, dos concejalas latinas, Amanda Sandoval y Jamie Torres fueron reelectas, y otros tres, Diana Romero Campbell, Serena Gonzales Gutiérrez y Flor Alvídrez llegan por primera vez al Concejo Municipal de Denver, por lo que casi la mitad de las 11 bancas del Concejo estarán ocupadas por latinas.

El predominio de las hispanas podría haber sido absoluto, pero la concejal Candi CdeBaca, que representaba a los barrios latinos del norte de Denver, no obtuvo su reelección, quedando en segundo lugar detrás del consultor comunitario afroamericano Darrell Watson.

El puesto de alcalde de Denver, la principal ciudad en la zona de las Montañas Rocosas, es de alta importancia política y económica a nivel regional porque el alcalde de Denver controla el presupuesto de la ciudad, mientras que el gobernador de Colorado no tiene control del presupuesto estatal, algo que le corresponde sólo a la legislatura.

Por eso, el alcalde de Denver debe ser consultado para grandes proyectos de infraestructura con un impacto más allá de la ciudad, desde las carreteras interestatales hasta las iniciativas de desarrollo urbano y la expansión del Aeropuerto Internacional de Denver, construido en terrenos municipales.

Además, la alcaldía de Denver se ve como la antesala a otros puestos con mayor responsabilidad. Por ejemplo, tras ser alcalde de Denver, Federico Peña ocupó luego altos puestos en el gabinete del presidente Bill Clinton, y John Hickenlooper pasó de la alcaldía de Denver a la gobernación de Colorado y luego a su actual cargo electo como senador federal por este estado.

En la actualidad, según datos del Buró del Censo, Denver cuenta con unos 711.000 residentes y un 30 % de población hispana. Además, unas 524.000 personas figuran en los padrones electorales locales, estimando que menos de la mitad de ellas participaron en las elecciones de este martes.

Menudo regresa a su esencia con nuevos integrantes y música bilingüe

Desde la izquierda, los nuevos integrantes del grupo Menudo Ezra Gilmore, de 12 años; Andrés Emilio, de 14; Nicolás Calero, de 10; Gabriel Rossell, de 13, y Alejandro Querales, de 15, posan para EFE durante una entrevista realizada el 4 de abril de 2023, en Miami, Florida (EE. UU.). (Foto: EFE/ Alicia Civita)

Después de años de enredos legales y escándalos, el grupo Menudo ha renacido de las cenizas con nuevos integrantes, escogidos tras meses de audiciones, para regresar a la esencia de la “boy band” más exitosa en la historia de la música en español, según dijeron en entrevista con EFE.

Los integrantes de esta nueva etapa de Menudo son: Nicolás Calero, de 10 años; Gabriel Rossell, de 13; Andrés Emilio, de 14; Alejandro Querales, de 15, y Ezra Gilmore, de 12 años.

“Estamos orgullosos de ser parte de Menudo y llevar adelante su legado. Sabemos bien qué representa el grupo para muchas generaciones y queremos poner el nombre en alto en esta nueva etapa”, dijo Andrés.

“Desde pequeños hemos escuchado en casa el nombre de Menudo y hemos oído las canciones. Nuestras mamás eran fans, nuestras abuelas. Tenemos clara la responsabilidad que tenemos”, indicó por su parte Gabriel.

Ambos son venezolanos, al igual que Alejandro. Ezra creció en California de madre nicaragüense y padre afroestadounidense. El neoyorquino Nicolás es de madre rusa y papá puertorriqueño.

Los cantantes se sienten además orgullosos de ser multiculturales y pertenecer a familias inmigrantes.

Aunque todos entienden español, los más pequeños se sienten más cómodos comunicándose en inglés, pero se sienten “cien por ciento latinos”. Este bilingüismo se refleja en su primera canción “Mi Amore”, que salió en inglés y en español.

UN RENACER CUIDADOSO

El nuevo grupo Menudo viene cortesía del empresario musical Paul Tarponol, que pasó más de cuatro años luchando a nivel internacional por rescatar los derechos del nombre y la imagen del grupo, que actualmente tiene su empresa Menudo Productions.

Edgardo Díaz, el creador y dueño original de la banda, había vendido todas sus propiedades relacionadas con el grupo en 1997.

Díaz intentó mantener la agrupación bajo el nombre MDO, pero nunca logró recuperar el éxito del proyecto inicial que llegó a vender 20 millones de discos.

Los nuevos integrantes hablan con casi devoción de integrantes anteriores como Ricky Martin, el ex Menudo de mayor éxito, Xavier Serbiá, Miguel Cancel, Johnny Lozada, Ricky Meléndez y Draco Rosa.

Los dueños del nombre Menudo intentaron hacer un programa de telerrealidad con MTV para relanzar el proyecto, pero todos los intentos quedaron aplastados ante una avalancha de escándalos de abuso sexual y explotación de menores.

Ángel Zamora, gerente general de Menudo Productions, explicó a EFE que “se hicieron contratos muy cuidadosos con los niños para evitar cualquier tipo de situaciones nocivas para ellos. Esto incluye el compromiso de los padres de siempre acompañar a sus hijos, educación virtual hasta el fin de la secundaria y normas estrictas para garantizar su tiempo libre.

“Ellos son apasionados por lo que hacen y siempre están dispuestos, pero necesitan su tiempo para vivir su infancia y adolescencia de la manera más normal posible”, manifestó.

LA ESENCIA MENUDO

El ejecutivo subrayó que el mismo cuidado se aplicó a la selección de la música y los vestuarios. Estos últimos tienen una clara inspiración en el Menudo de los años 80.

“Pensamos que hace falta música para los muchachos jóvenes que sea una alternativa a las letras de lo urbano. Canciones para una forma más fresca e inocente de ver la vida”, dijo Zamora. También querían eso en los integrantes del nuevo Menudo.

Los chicos contaron que llegaron al proyecto por diferentes caminos, como la escuela de drama de Alejandro, una amiga del papá de Gabriel y hasta por haber visto por casualidad un llamado audiciones en internet.

“Mi mamá pensó que sería una experiencia linda para mí. Nunca pensamos que me escogerían”, contó Ezra riéndose.

Andrés contó que cuando lo escogieron para ser parte de la banda no lo podía creer. De hecho, aún ninguno lo cree, aunque “Mi Amore” ha superado las 20 millones de visualizaciones en YouTube y se preparan para dar su primera presentación en vivo en Miami.

El actor, conductor y empresario del entretenimiento Mario López, quien es la cara pública de Menudo Productions, dijo en un comunicado que lo más complicado de todo el proceso fue “decidir quiénes serían los cinco integrantes. Fue más difícil de lo que imaginamos porque había mucho talento para elegir”.

Para Menudo Productions lo más importante era “que pudieran cantar, luego vino el baile, la personalidad y la imagen”, reveló Zamora.

Paralelamente fueron preparando la música, que los chicos definen como “estilo Menudo, con mucho pop, baladas, reguetón y todo lo que define lo que se escucha en el mundo latino”.

Progresista Brandon Johnson se elige alcalde de Chicago en reñida pelea

Al contarse los sufragios del 100% de las mesas habilitadas, el afroamericano Johnson obtuvo el 51% de los votos, mientras que a Vallas le correspondió el 49%. Imagen de archivo. (Foto: EFE/TANNEN MAURY)

El progresista Brandon Johnson derrotó al conservador Paul Vallas este martes y será el nuevo alcalde de Chicago, por un escaso margen obtenido en una disputa muy reñida.

Ambos estaban virtualmente empatados y parecía que la elección iba ser decidida en los próximos días por unos 90.000 votos postales todavía no contados, pero Vallas llamó por teléfono a su rival y concedió la derrota esta noche.

Al contarse los sufragios del 100% de las mesas habilitadas, el afroamericano Johnson obtuvo el 51% de los votos, mientras que a Vallas le correspondió el 49%.

Dado el estrecho margen, parecía que ninguna de las partes estaba decidida a reconocer al otro o declararse vencedora esta noche, declaró a periodistas el vocero de la Junta Electoral, Max Bever.

Sin embargo, medios locales proyectaron a Johnson como el ganador, al considerar que Vallas no tendría posibilidades de descontar la escasa diferencia de votos que los separan, y el candidato conservador admitió la derrota.

Algunos encuestadores, como Matt Podgorski de M3 Strategies, opinaron que los votos postales no contados hasta el momento van a favorecer a Johnson, quien tiene una base de seguidores jóvenes y progresistas, que “históricamente tienden a votar tarde” por correo.

Vallas, ex director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, y Johnson, comisionado de la Junta directiva del Condado de Cook, donde se asienta Chicago, llegaron a la segunda vuelta al imponerse a otros 8 candidatos que buscaban desalojar a la alcaldesa Lori Lightfoot.

El más conservador Vallas y el progresista Johnson se enfrentaron durante gran parte de la campaña de febrero, y siguieron haciéndolo en la segunda vuelta, con dos grandes temas: educación y altos índices de criminalidad.

Vallas, de 69 años, nieto de inmigrantes griegos, adoptó una postura dura contra el crimen, con el respaldo del sindicato de policías de Chicago, la Orden Fraternal de la Policía, Logia 7.

Sin embargo, Johnson, de 46 años, hijo de un pastor y uno de 10 hermanos, será el 47º. Alcalde de Chicago. El candidato afroamericano fue maestro de escuela pública, y organizador del poderoso Sindicato de Maestros de Chicago, que respaldó financieramente su campaña.

La alcaldesa saliente, Lightfoot, hizo historia en 2019 como la primera mujer afroamericana y la primera persona abiertamente LGBTQ a cargo de la Alcaldía de Chicago. Pero al no lograr llegar a la segunda vuelta en febrero, se convirtió en la primera alcaldesa elegida de Chicago desde Jane Byrne -la primera mujer al frente de la ciudad- en no ganar un segundo mandato.

Chicago es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos y los hispanos son, según el censo de 2020, un tercio de la población pero esta comunidad ya quedó decepcionada cuando en febrero su candidato favorito, el congresista demócrata Jesús García, quedó rezagado en las primarias.

Tras su derrota, García dio su apoyo a Johnson.

Miami acogerá una jornada sobre el periodismo en español en Estados Unidos

Miami es una ciudad de gran importancia para el español en Estados Unidos ya que cerca del 70 % de sus habitantes son de origen latino. Imagen de archivo. EFE/EPA/TANNEN MAURY

La ciudad de Miami acogerá el próximo día 11 de abril el evento «Periodismo con ‘Ñ’: Jornadas sobre periodismo en español en EE. UU.» organizado por la Asociación de prensa de Cádiz, según un comunicado divulgado este miércoles.

El comunicado, que divulga la Cámara de Comercio de España-EE. UU. en Florida, señala que la iniciativa forma parte de las actividades del IX Congreso internacional de la Lengua Española 2023.

El evento que se llevará a cabo en la ciudad del sureste de Florida está dirigido a todos aquellos periodistas y profesionales de la comunicación que estén interesados en el periodismo en español en Estados Unidos.

Durante la jornada se abordarán temas de interés para el sector y se contará con la presencia de reconocidos expertos en el ámbito periodístico, según señala la Cámara de Comercio de España-EE. UU.

El evento se realizará el día 11 de abril a partir de las 9 de la mañana hora local (13.00 GMT) en el Hotel Indigo Miami Brickell.

La jornada se celebrará en el marco de las actividades del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebró en Cádiz (España) del 27 al 30 de marzo pasados bajo el título «Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro».

El congreso contó con 1.300 participantes, 57 paneles temáticos y 78 eventos culturales paralelos que resumen en cifras la cita internacional del español en esa ciudad andaluza.

Miami es una ciudad de gran importancia para el español en Estados Unidos ya que cerca del 70 % de sus habitantes son de origen latino.

Editorial Roundup: Pennsylvania

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Pittsburgh Post-Gazette. April 3, 2023

Editorial: Cheers to Pa.’s senators for leading the way in holding the rail industry accountable

Pennsylvania’s U.S. senators are leading the push to hold the rail industry more accountable for ensuring the safety not just of the people who work in the industry but the tens of millions of Americans who live near railroad tracks. Americans are justly upset at what seems an industry operating on the edge of safety and justly demand reform.

The picture of black smoke from a chemical fire rising over a typical middle-American town will do that. So will the stories of the people of Palestine, Oh., who in a few minutes found their town, the environment and themselves possibly poisoned and their homes nearly worthless. Who’s going to buy a house in Palestine, not knowing whether it’s safe? How many people are going to trust the railway company or government regulators when they say it is?

At this point, the real economic and health effects are unknown. The cultural effects should be recognized as well. The derailment has deeply changed and perhaps destroyed an American community.

Senators Robert Casey, Jr., and John Fetterman, both Democrats, are among those sponsoring both the Railway Safety Act of 2023 and the Railway Accountability Act. The first was proposed at the beginning of March, the second, which builds upon the first, last Thursday.

The Railway Safety Act requires common sense practices, like tighter requirements for transporting hazardous material, keeping a well-trained crew of 2 on the trains, improving monitoring of the wheel bearings that caused the East Palestine derailment, and a requirement that railway companies tell state emergency response officials what their trains are carrying. It also raises the amount the U.S. Department of Transportation can fine companies for violations.

The Railway Accountability Act, which our state’s two senators are sponsoring with Ohio senator Sherrod Brown, also a Democrat, proposes more common sense practices. It is reassuringly detailed.

It will, as reported by Post-Gazette reporter Jonathan D. Salant, “direct the Federal Railroad Administration to study wheel-related derailments and mechanical defects, and come up with regulations to address those problems; require that mechanics who inspect train cars attest to their safety; ensure that the end of trains get emergency brake signals, and that warning equipment is provided to watchmen and lookouts.”

One encouraging sign is the diversity of sponsors of the Railway Safety Act. The sponsors represent an unusual range of views — a range almost unknown on any substantive matter beyond military spending — from Mr. Fetterman, one of the Senate’s most liberal members, to Mr. Hawley, one of its most conservative.

They disagree on almost every political issue, but agree that the rail industry cannot be allowed to continue operating without much more scrutiny and more careful and detailed regulation. The picture of black smoke from a chemical fire rising over a typical middle-American town will do that.


Pittsburgh Tribune-Review. April 4, 2023

Editorial: Campaign finance reform is part of election security

Tightening rules on elections has been a hot topic in recent years.

It’s an idea that has gotten top-down attention. Donald Trump brought heat to it with questions about the 2016 and 2020 presidential elections. It has been picked up by leaders in state governments, including state Sen. Doug Mastriano, R-Franklin, during his 2022 gubernatorial run.

It trickles to the counties that have the responsibility of running the boots-on-the-ground business of elections. It has gotten even to the most granular local level when the integrity of the employees and volunteers who work the polls has been questioned.

However, amid all the fighting as demands for security crash into calls for accessibility, one aspect tends to get lost.

One way to make elections more secure and more accountable is by focusing on the campaigns and the boatloads of money that shower down on them.

A Spotlight PA story looked at the lack of attention Pennsylvania has brought to campaign finance and lobbying reform. This isn’t shocking — the state’s lawmakers run for office themselves.

The Legislature has shown little interest in reining in money and increasing oversight when it comes to what will affect its own business. For example, just look at the opacity of spending by lawmakers and the continued use of per diems instead of submitted receipts for expenses.

On top of that is the continued failure to pass a gift ban that would spell out detailed rules for what is acceptable when it comes to taking money, opportunities and items from individuals and organizations.

So why should it surprise that there is likewise no attempt to filter the muddied water of campaign money? Senate Minority Leader Jay Costa, D-Forest Hills, has introduced such legislation 12 times. It never advances.

The real reason a gift ban and finance reform are needed is that they are two sides of the same coin. Pennsylvania law shrugs at distinguishing a gift from a bribe. At the same time, it doesn’t stop a candidate from using campaign donations for personal use. Again, that sounds a lot like a door to sanctioned — or ignored — bribery.

Pennsylvania should be a leader in making elections as accountable as possible. You should have confidence in casting your ballot and in how that ballot is counted.

But lawmakers also owe voters crystal-clear transparency when it comes to how candidates have funded their campaigns. Without it, elected officials tighten the rules on the ballot in your hand without putting limits on the money in theirs.


Scranton Times-Tribune. April 4, 2023

Editorial: Lift shade on community solar power

The sun shines everywhere but state law casts shade on its ability to produce electricity just about everywhere. Now, bipartisan bills in both houses of the state Legislature would allow community solar energy projects to increase power production, reduce power costs and create thousands of renewable energy jobs.

Community solar projects differ from utility-scale projects, in which utilities build and operate large-scale solar farms and sell the electricity that they generate. Community projects are smaller. They enable individuals, businesses, nonprofits, civic groups and others to invest in solar projects in exchange for credits on their electricity bills. According to the U.S. Department of Energy, the credits usually amount to 10% to 15% of the participant’s monthly power bill.

Republican state Sen. Rosemary Brown of Monroe County, who also represents part of Lackawanna County, sponsors a Senate community solar bill, saying that “creating a market for additional electricity options is a way to keep consumer costs down.”

That alone is a worthy goal. But Democratic Rep. Peter Schweyer of Lehigh County, sponsor of a similar House bill, said it also would extend solar power cost savings to people who can’t afford to install their own solar arrays who live where that is not possible.

“My district has a lot of apartment buildings and multi-tenant homes, and right now they’re being excluded from a renewable, affordable energy source just because they don’t have a single-family home in the suburbs,” he said.

Proponents pointed to a 2020 study of community solar power by researchers at Penn State University, who found that community solar would create about 12,000 jobs and generate $1.8 billion in direct and indirect economic activity, in addition to competitive pressure on power prices.

Legislative sponsors said that the 230 proposed community solar projects in 48 Pennsylvania counties collectively would reduce electricity costs by $30 million a year.

Legislators should see the light and make Pennsylvania the 23rd state to authorize community solar power projects, for the good of the environment and the economy.


Uniontown Herald-Standard. April 2, 2023

Editorial: More attention should be paid to increasing adult literacy

A lot of attention is being paid to what our children are reading nowadays, turning once sedate classrooms and libraries into battlefields in our country’s never-ending culture wars.

Some overzealous parents and community members have gone on book-banning benders, even though restricting the choices of young people and dampening their curiosity is hardly a path to instilling a lifelong love of reading and all the benefits that flow from that. Rather than wringing our hands about whether children should be exposed to Judy Blume or Anne Frank or Toni Morrison, our time would be more productively spent facing up to a much simpler and more pressing reality – some of the parents of those children have a hard time reading themselves.

Overall, the United States has an adult literacy rate of 79% as of 2022, with 21% being illiterate. On a worldwide scale, the U.S. is the 125th most literate nation in the world, despite our economic power, military might and cultural dominance. We fall well behind the likes of Uzbekistan, Tajikstan, Kazakhstan, and the European microstate San Marino, all of which have close to universal literacy. Also, according to the U.S. Department of Education, 54% of adults aged between 16 and 74 are not proficient in reading. That means they read below a sixth-grade level.

And it’s costing us all.

In 2020, a Gallup study found the country could be losing out on a little more than $2 trillion every year as a result of our middling levels of adult literacy. The study was carried out on behalf of the Barbara Bush Foundation for Family Literacy, and British A. Robinson, the organization’s CEO, pointed out, “America’s low literacy crisis is largely ignored, historically underfunded and woefully under-researched, despite being one of the great solvable problems of our time.” He also said that a lack of literacy “prevents millions of Americans from fully participating in our society and our economy as parents, workers and citizens. It lies at the core of multigenerational cycles of poverty, poor health, and low educational attainment, contributing to the enormous equity gap that exists in our country.”

Adults wanting to improve their reading skills can take classes, but opportunities to enroll in one can be few and far between in parts of the United States bedeviled by the lowest rates of adult literacy, including portions of Appalachia. Sometimes resources provided to the programs can be so meager that students end up on waiting lists. Despite the dedicated efforts of paid staff and volunteers, sometimes the programs don’t have enough material or teachers with the specific skills to help adults who struggle with reading. There’s also a problem in connecting adults with the services – it’s estimated that only 3% of the eligible adults take advantage of the programs that could help them.

The fact that we lag behind our developed peers in adult literacy should make it a top-tier concern. Making sure all adults can read proficiently should matter a lot more than whether a drag queen is leading a story hour somewhere.


Wilkes-Barre Citizens’ Voice. March 31, 2023

Editorial: Carbon plan serves economy, environment

Whether Pennsylvania remains a member of the Regional Greenhouse Gas initiative will be determined by the state Supreme Court. But Gov. Josh Shapiro has demonstrated the program’s benefits by including massive revenue from it in his first proposed state budget.

The RGGI is an agreement among a dozen states to, in effect, put a market price on carbon emissions that drive atmospheric warming. Failure of the state and federal governments to put a price on carbon pollution has produced vast amounts of it; the RGGI already has demonstrated that putting a price on it produces far less pollution.

Gov. Tom Wolf enrolled Pennsylvania in the RGGI, prompting several lawsuits contending that he needed legislative approval to do so.

Under the RGGI, fossil-fuel-powered plants that produce 25 megawatts or more of electricity must acquire one RGGI credit for every ton of carbon dioxide that they produce. The number of available credits is capped, by state, according to the amount of relevant pollution produced in each states. Generators acquire the credits at quarterly auctions.

Pennsylvania’s entry into the program is especially significant because it is by far the biggest producer of fossil-fuel-generated electricity within the compact. Natural gas has replaced coal as the primary fuel. The other states in the RGGI are Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont and Virginia.

States use money from the auctions to fund renewable energy research and deployment, conservation, improve air quality, job training in relevant industries and more. The most recent carbon credit auction, in early March, sold 21,522,877 credits at $12.50 each and generated nearly $270 million for the participating state governments.

Pennsylvania cannot yet participate because of the pending litigation. But in his proposed budget for the 2023-2024 fiscal year, which begins July 1, Shapiro penciled in $663 million in anticipated carbon credit revenue from the RGGI. The estimate is based on the results of 59 credit auctions and Pennsylvania’s proportionally high number of credits.

Shapiro did not specifically embrace the RGGI while campaigning but his budget proposal speaks loudly to the program’s benefits. He should stay the course.

Filis ganan al fin: 4-1 a Yanquis

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Yanquis de Nueva York, el martes 4 de abril de 2023 (Foto: AP/Frank Franklin II)

Kyle Schwarber llegó a 200 jonrones de por vida, al desaparecer el segundo lanzamiento del encuentro, y aportó además un sencillo productor el martes para que los Filis de Filadelfia, el único equipo que no había ganado en la campaña, lo consiguieran al fin, 4-1 sobre los Yanquis de Nueva York.

Los Filis, campeones vigentes de la Liga Nacional, evitaron así lo que hubiera sido su peor inicio de campaña desde 1934. Habían sido superados por 37-12 durante su comienzo con registro de 0-4 y estaban a punto de tener su peor inicio de temporada desde que cayeron en los primeros siete compromisos de 1934.

Brandon Marsh consiguió también un cuadrangular, un día después de incurrir en dos pifias graves en una derrota por 8-1.

Tras imponer la mejor cifra de su carrera con 46 vuelacercas el año pasado, Schwarber había bateado de 17-1 en esta campaña. Encontró el segundo pitcheo del dominicano Domingo Germán (0-1) y depositó la pelota en las butacas del jardín derecho.

Andrew Bellatti (1-0) resolvió el quinto episodio para llevarse el triunfo.

Por los Filis, no batearon latinoamericanos.

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres de 3-1.

Fiscal dice que Trump orquestó trama ilegal para suprimir información dañina

Donald Trump, en la corte en Manhattan. (Foto: EFE/Peter Foley)

Nueva York, EE. UU.- El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, dijo este martes que el expresidente Donald Trump, imputado hoy por 34 delitos de falsificación de registros mercantiles, orquestó una trama ilegal que emitió tres pagos a personas con información dañina sobre él de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

Trump se presentó hoy ante el juez Juan Marchán, seguido a cada movimiento por cámaras que captaron su gesto serio, para conocer unos cargos que habían permanecido sellados desde el jueves, cuando un gran jurado consideró que había suficientes pruebas y argumentos en el caso para imputar al exmandatario.

Bragg resumió las acusaciones en una rueda de prensa posterior a esa vista judicial, de la que solo se filtró la advertencia de Marchán a Trump sobre su retórica incendiaria en redes sociales, y tras la cual el empresario subió a su avión privado rumbo a su mansión de Florida, donde escribió en su red social Truth que no había hecho nada ilegal.

Trump, junto a la editora American Media Incorporated (AMI) y su exabogado personal Michael Cohen «acordaron en 2015 ejecutar una trama de ‘catch and kill’ (cazar y matar), que es una trama para comprar y suprimir información negativa, para mejorar las posibilidades de que Trump ganara las elecciones», explicó Bragg.

Esa trama, denunció, incluyó actividades delictivas como el establecimiento de empresas pantalla y la producción de documentos falsos, y la comparó con una «conspiración para promocionar una candidatura (electoral) por medios ilegales».

(Foto: EFE/CURTIS MEANS)

TRES PAGOS Y UNA SORPRESA

Agregó que «hicieron tres pagos a personas que decían tener información negativa» sobre Trump, algo que sorprendió, ya que se sabía que el grueso de la investigación giraba en torno a la actriz porno Stormy Daniels, y recientemente se había filtrado un segundo pago a otra mujer, la modelo Karen McDougal.

A Daniels, Cohen le pagó 130.000 dólares dos semanas antes de las elecciones de 2016 a través de «una empresa pantalla», de acuerdo con lo revelado por el exabogado tras declararse culpable y cumplir condena, una cantidad que «supera el límite de contribuciones a campañas federales», indicó Bragg.

Posteriormente, Trump emitió once cheques para Cohen «con propósitos fraudulentos», que fueron procesados por su Organización y «camuflados como pagos por servicios legales» prestados por el abogado en 2017 pero que eran «ficticios».

Si hubiera dicho que reembolsaba a Cohen por el pago a Daniels de 2016, que superaba los límites de financiación de campaña, Trump habría «admitido un crimen», argumentó.

La segunda mujer en el caso, McDougal, recibió un pago de 150.000 dólares por su silencio sobre una supuesta relación sexual con el entonces candidato, de manera similar a lo ocurrido con Daniels.

El tercer pago que no se conocía, y que se remonta a 2015, según especificó la Fiscalía en una nota de prensa, lo hizo AMI, que entregó 30.000 dólares a un antiguo portero de la Torre Trump «que decía tener una historia sobre un hijo que Trump tuvo fuera del matrimonio».

(Foto: EFE/SARAH YENESEL)

FRAUDE EN LA CAPITAL DE LOS NEGOCIOS

El fiscal señaló que Trump recorrió «grandes distancias para esconder su conducta», dando lugar a decenas de entradas falsas en los registros mercantiles de su empresa para «ocultar la actividad delictiva, incluyendo intentos para violar las leyes electorales estatales y federales».

Tras ganar las elecciones, el presidente reembolsó a Cohen varios cheques mensuales, recogidos en la imputación, desde un fondo que creó para mantener los activos de la Organización Trump mientras estaba en la Casa Blanca, y después desde su cuenta bancaria personal.

El fiscal, que ha sido objeto de centenares de amenazas a raíz de la investigación sobre los pagos irregulares y también diana del propio Trump y sus seguidores, que le acusan de «persecución política» e «interferencia ilegal», defendió hoy su trayectoria de 24 años y el «exhaustivo» trabajo de su oficina y del gran jurado.

Desde que ocupó su puesto hace más de un año, aseguró que su oficina ha interpuesto un centenar de cargos similares a los de hoy y describió el estado de Nueva York como «la capital de los negocios mundial», reivindicando que se asienta en «la integridad del mercado, que son los registros contables ciertos y correctos».

Según los expertos, los 34 cargos de falsificación de documentos mercantiles, que en el estado de Nueva York son un delito menor penalizable con menos de 1 año de cárcel, se agravan al estar ligados a la promoción u ocultamiento de otro delito, en este caso relacionado con las elecciones, que conlleva hasta 4 años.

No obstante, se trata de un caso sin precedente legal y se espera que Trump siga su estrategia habitual en los litigios, que consiste en aplazar los asuntos todo lo posible, por lo que lo único previsible será la lentitud en el primer proceso judicial contra un presidente o expresidente estadounidense.