San Juan.- La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto de la Cámara 1364, ahora Ley 207-2026, dirigida a fortalecer los derechos de los consumidores del servicio eléctrico mediante requisitos de transparencia, seguimiento y notificación que impidan el cierre de querellas sin su resolución efectiva.

La medida añade un nuevo inciso a la Sección 6 de la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para establecer responsabilidades a toda empresa que opere el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

«Los ciudadanos merecen respuestas y soluciones cuando presentan una querella sobre su servicio eléctrico. No podemos permitir que una reclamación se dé por atendida mientras el abonado continúa enfrentando el mismo problema», expresó la gobernadora.

«Con esta medida, fortalecemos las herramientas para exigir seguimiento, comunicación y responsabilidad de la empresa encargada de operar el sistema», añadió.

La legislación requiere que el operador mantenga un sistema que permita al cliente conocer el estatus de su reclamación, incluyendo el número de querella, la fecha de presentación, el tiempo estimado de respuesta y la fecha de cierre.

Asimismo, establece un mecanismo de confirmación con el cliente antes de considerar una querella como atendida. Cuando el abonado indique que la situación no ha sido resuelta, la empresa deberá continuar trabajando el caso sin exigirle que presente una nueva reclamación.

«Un número de querella tiene que representar un compromiso de atender al ciudadano. Si el problema persiste, corresponde continuar la gestión, sin obligar a la persona a comenzar de nuevo. Esta legislación pone al consumidor en el centro del proceso y exige mayor claridad sobre las acciones tomadas para resolver su situación», explicó González Colón.

La medida excluye del proceso de confirmación las interrupciones relacionadas con mantenimientos programados, apagones masivos y relevos de carga.

Además, concede a LUMA un término de 180 días, contados a partir de la vigencia de la ley, para realizar los ajustes necesarios a sus sistemas de manejo de querellas y procesos internos.

La gobernadora destacó que la debida notificación sobre el resultado de una reclamación también es esencial para que los consumidores puedan ejercer sus derechos y acudir a los mecanismos de revisión disponibles ante el Negociado de Energía de Puerto Rico.