Washington D. C. — Una investigación muy exhaustiva de la organización periodística sin fines de lucro ProPublica ha documentado la repetición de un patrón de encuentros muy alarmantes entre ciudadanos estadounidenses y agentes del ICE en los últimos meses, lo que ha generado serias preocupaciones legales y de derechos civiles en comunidades de todo el país.
Según la revisión realizada por ProPublica, durante los primeros nueve meses de la actual administraciónfueron identificadosmás de 170 casos, en los cuales fueron detenidas por agentes migratorios personas que posteriormente fueron confirmadas como ciudadanos estadounidenses, en ocasiones bajo circunstancias que incluyeron uso excesivo de la fuerza o detenciones prolongadas a pesar de que su estatus legal no estaba en disputa.
El informe señala que estos ciudadanos fueron, en muchos casos, “arrastrados, derribados, golpeados, electrocutados con pistolas Taser e incluso baleados por agentes migratorios”. Los testimonios recopilados describen situaciones en las que algunas personas fueron retenidas al aire libre bajo la lluvia, obligadas a permanecer en ropa interior, o ignoradas cuando presentaban documentos válidos que probaban su ciudadanía, incluso después de que esta había sido verificada.
Medios locales y miembros de las comunidades afectadas han difundido relatos y grabaciones en video de estos operativos, algunos de los cuales muestran el uso de fuerza física exagerada. En varios casos, las personas detenidas aseguraron haber pasado días bajo custodia sin tener acceso a contactar a abogados o familiares.
En uno de los incidentes documentados, agentes de inmigración fueron grabados mientras derribaban violentamente a un hombre latinoamericano durante una redada laboral, desestimando su identificación válida y manteniéndolo esposado pese a sus reiteradas afirmaciones de que era ciudadano estadounidense.
También embarazadas y menores
La investigación de ProPublica también señala que al menos tres mujeres embarazadas y cerca de 20 menores de edad, algunos con condiciones médicas graves, se cuentan entre los ciudadanos estadounidenses detenidos durante estos operativos migratorios.
Si bien los agentes de inmigración cuentan con autoridad legal para detener a personas sospechosas de violar leyes migratorias en determinadas circunstancias, algunos críticos sostienen que la detención de ciudadanos estadounidenses constituye una anomalía legal que pone en evidencia fallas sistémicas más profundas, como el uso corriente de perfilación racial y deficiencias claras en la capacitación de los agentes.
Respuesta del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado la existencia de irregularidades sistemáticas, afirmando que sus agentes no tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses ni practican la perfilación racial, y que cualquier ciudadano detenido es liberado una vez que se comprueba su estatus.
Sin embargo, el gobierno federal no mantiene una base de datos pública que contabilice cuántas veces ciudadanos estadounidenses son detenidos erróneamente en operativos migratorios, lo que convierte a investigaciones independientes como la de ProPublica en una de las pocas fuentes disponibles para dimensionar el problema.
Expertos legales señalan que, aunque los agentes migratorios disponen de cierto margen para realizar detenciones, la ley estadounidense e internacional protege de forma clara a los ciudadanos frente a la deportación o detención indefinida por motivos migratorios. Los casos en los que estas garantías parecen haber sido ignoradas ya están dando lugar a demandas judiciales y el llamado de diferentes ONG’s a una mayor supervisión.
Organizaciones de derechos civiles, funcionarios electos y líderes comunitarios han exigido mayor transparencia y mecanismos de control sobre las operaciones de inmigración, especialmente aquellas realizadas lejos de la frontera. En estados como California, Illinois y Carolina del Norte, autoridades locales y familiares de los detenidos han reclamado explicaciones públicas e investigaciones independientes sobre la actuación de los agentes federales.
El debate en desarrollo pone de relieve las profundas tensiones existentes en la política migratoria estadounidense, las prioridades de aplicación de la ley y la protección de las libertades civiles, en un contexto de intensificación de los operativos migratorios en todo el país.
