El 16 de septiembre tuvo lugar en el Tribunal del Condado Bucks, en Doylestown, PA, una audiencia preliminar de requerimiento desafiando la decisión ilegal del alguacil Fred Harran, del condado Bucks, para realizar un acuerdo con el Control de Inmigración y Aduanas federales.
La demanda “Make the Road Pennsylvania, et al. v. Harran”, fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, por su acrónimo en inglés ACLU, de Pensilvania y el Proyecto de Justicia Comunitaria, alegando que dicho alguacil actuó unilateralmente al gestionar ese acuerdo sin la aprobación del condado, lo que es en contra de la ley.
El acuerdo 287(g) es un programa de los Estados Unidos implementado a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (por su acrónimo en inglés ICE) para delegar la autoridad de sus oficiales a agentes de seguridad estatales y locales para que realicen funciones específicas relacionadas con la ley de inmigración. Las agencias de cumplimiento de la ley y el ICE firman un Memorando de Acuerdo (MOU) para establecer la colaboración, a través del cual los agentes locales son capacitados por ICE en leyes de inmigración y reciben autorización para participar en la identificación, el arresto y la remoción de extranjeros.
Durante una conferencia de prensa previa al procedimiento legal, líderes comunitarios defensores de inmigrantes expresaron sus preocupaciones. “Toda persona tiene el derecho de vivir con seguridad, pero los acuerdos 287(g) como éste tienen el efecto opuesto ya que propagan miedo, erosionan la confianza entre las comunidades y su gobierno y empujan a las personas a vivir en las sombras. Así que hablemos de lo que se trata realmente, se trata de expandir los tentáculos de Washington, D.C. en cada parte de nuestro país y en nuestras comunidades. Es darle a alguna gente rienda libre para realizar perfiles raciales y arrestar a cualquiera que consideren una amenaza. Hoy son los inmigrantes, mañana pueden ser ustedes”, afirmó Diana Robinson, codirectora ejecutiva de “Make the Road Pennsylvania”.
Por su parte, Josh Blakesley, director ejecutivo de “The Welcome Project PA”, reiteró “este programa divide a nuestras comunidades y causa más miedo e incertidumbre, los residentes del condado Bucks no quiere esto ni nosotros tampoco”. Acotó que “nuestras comunidades son más seguras y mejores cuando las comunidades inmigrantes tienen acceso al debido proceso y asistencia legal”.
A su vez, Danitra Sherman, vicedirectora de defensoría y políticas de ACLU de Pensilvania, precisó “el peso de estos acuerdos 287(g) siempre es sentido por las comunidades negras y marrones, quienes se convierten en el blanco de perfilamiento racial ilegal y acoso generado por esos acuerdos. Las familias viven atemorizadas de que sus seres queridos no regresen a sus hogares cuando salen del hogar; nadie debería vivir así. Todos los residentes del condado Bucks merecen ser tratados con humanidad y dignidad. Y el dinero de sus impuestos debería ser usado en servicios vitales, no separando a las familias con el fin de llevar a cabo el plan destructivo de deportación de esta administración federal en contra de nuestros vecinos inmigrantes”.
La audiencia preliminar continuó el viernes 19 de septiembre en el Tribunal del Condado Bucks.
