En las últimas semanas, múltiples jurisdicciones de Pensilvania han dado pasos formales para limitar o terminar su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una decisión que refleja preocupaciones sobre la seguridad pública, la confianza comunitaria y el impacto del clima político nacional.
Bucks County: el cambio más significativo
El anuncio más destacado proviene de Bucks County, donde el nuevo sheriff Danny Ceisler confirmó el fin del acuerdo 287(g) que permitía a los agentes del condado actuar como oficiales de inmigración federales.
Ceisler, quien hizo campaña contra este programa, explicó que la colaboración con ICE había generado miedo entre los residentes inmigrantes y perjudicado la seguridad pública. “Inmigrantes son nuestros vecinos… y merecen la protección de la ley”, afirmó durante una conferencia de prensa el 14 de enero.
El sheriff también instruyó a su personal a no preguntar a víctimas o testigos sobre su estatus migratorio, señalando que las comunidades deben sentirse seguras al denunciar delitos.
WHYY confirmó que la decisión responde a meses de polémica y una demanda de la ACLU cuestionando la autoridad del antiguo sheriff para firmar el acuerdo 287(g) sin aprobación de los comisionados del condado.
Haverford Township también limita la colaboración
En el condado de Delaware, los comisionados de Haverford Township aprobaron por voto 7–2 una resolución que prohíbe a la policía local ayudar a ICE en la aplicación de leyes civiles de inmigración.
La medida, presentada por la comisionada Laura Cavender, se basa en la preocupación de que la cooperación migratoria genera miedo y desincentiva la denuncia de crímenes. Cavender afirmó que la seguridad pública depende de la confianza, no del miedo, señalando además que el reciente caso de la muerte de Renee Good en Minneapolis aceleró la discusión pero no originó la propuesta, que llevaba más de cinco meses considerándose.
Otros esfuerzos en el estado
Este ambiente ha impulsado propuestas legislativas a nivel estatal. La representante estatal Heather Boyd presentó un proyecto para prohibir que agencias policiales de Pensilvania firmen acuerdos 287(g) y terminar los existentes, argumentando que estos acuerdos dañan la confianza comunitaria y generan costos innecesarios para los gobiernos locales.
Un movimiento en crecimiento
Estos anuncios reflejan una tendencia creciente en Pensilvania, donde comunidades suburbanas y urbanas cuestionan la colaboración local con autoridades federales de inmigración. La combinación de temor comunitario, tensiones políticas y los recientes incidentes que involucran a ICE ha llevado a más jurisdicciones a redefinir sus políticas en defensa de la seguridad pública y los derechos civiles.
