El anuncio de la reelección del gobernador Josh Shapiro no solo marca el inicio de una contienda decisiva para Pensilvania, sino que también pone en el centro a una comunidad que puede definir el resultado: los latinos. Con más del 7% del electorado estatal y una presencia creciente en ciudades como Filadelfia, Reading, Allentown y Lancaster, el voto latino se ha convertido en un bloque estratégico que ningún candidato puede ignorar.

Shapiro llega fortalecido. Su campaña cerró 2025 con más de 30 millones de dólares en fondos, una cifra récord que refleja apoyo masivo y organización sólida. Pero más allá del dinero, el reto es conectar con las prioridades de los latinos: empleo, educación, acceso a servicios y protección de derechos civiles. En sus mensajes, el gobernador ha insistido en que “presentarse, escuchar y hablar” con estas comunidades es esencial, y ha lanzado contenido en español para reforzar ese compromiso.

¿Por qué importa tanto este voto?

Porque Pensilvania es un estado bisagra. En elecciones recientes, márgenes estrechos han decidido el rumbo nacional. Si los latinos se movilizan, pueden inclinar la balanza. Sin embargo, persisten desafíos: barreras lingüísticas en las urnas, desinformación y falta de recursos en distritos escolares. Organizaciones como ACLU-PA y coaliciones locales ya trabajan para garantizar que la voz latina se escuche sin intimidación.

La reacción inicial tras el anuncio ha sido ambivalente, ya que según varios activistas que se han movilizado en las calles, en especial esta semana, no ha habido una clara defensa de los derechos de los inmigrantes y de la no perfilación racial ni del gobernador, ni de la alcaldesa Parker, ni de la única concejala latina, Quetzy Lozada.

Gente de la comunidad que prefiere no ser identificada, pero que ha contactado a la redacción de Impacto, ha compartido que: “Necesitamos gobernantes que defiendan nuestra dignidad y derechos”. También han manifestado que “el voto latino no es automático; requiere confianza, información y presencia en cada barrio”.

Filadelfia enfrenta una nueva tensión política. Donald Trump ha amenazado con cortar los fondos federales a las “sanctuary cities” y a los estados que alberguen dichas jurisdicciones, comenzando el 1 de febrero de 2026. Aunque la elegibilidad de Pensilvania como «estado santuario» ha sido cuestionada, Filadelfia sí figura en la lista más reciente del Departamento de Justicia.

Este anuncio ha provocado un cruce de declaraciones entre los principales líderes locales. La sheriff de Filadelfia, Rochelle Bilal, ha calificado a los agentes de ICE como fuerzas de “aparecer y desaparecer”, afirmando que está lista para arrestar a cualquier agente federal que actúe fuera de la ley en terreno local. Por su parte, el fiscal de distrito Larry Krasner advirtió que cualquier oficial federal que cometa un crimen en la ciudad podría ser procesado por su oficina.

Mientras tanto, el comisionado de Policía designado por la alcaldesa de Filadelfia, ante la ola de consultas nacionales sobre la autoridad policial en la ciudad, Kevin J. Bethel emitió un comunicado en el que enfatizó que Bilal es una funcionaria electa y no forma parte del Departamento de Policía, ni tiene jurisdicción sobre la lucha contra el crimen en Filadelfia.

Además, discrepa sobre el nivel de cooperación con el ICE, generando incertidumbre en la estrategia de seguridad. Un indeseable choque de poderes que incluye al fiscal, al sheriff, al comisionado y al ICE, y que amenaza con fragmentar la autoridad local en medio de este pulso con Washington.

Por su parte la concejala Jamie Gauthier agradeció en redes sociales la amplia participación en el entrenamiento “ICE Out” realizado en West Philadelphia, organizado junto a otros líderes locales y organizaciones comunitarias para ofrecer herramientas sobre derechos, acompañamiento solidario y autocuidado ante operativos migratorios. Gauthier reafirmó que “los inmigrantes hacen mejor a Filadelfia” y rechazó que Trump y MAGA definan la identidad de la ciudad, destacando el compromiso colectivo por la justicia y la solidaridad. “Trump y MAGA no definen quiénes somos. Nosotros sí”. “Los inmigrantes hacen mejor a Filadelfia. Punto”, afirmó Gauthier.

En un arranque de año donde las políticas federales antinmigrantes escalan con violencia, y amenazas, Pensilvania se ha sumado a la tendencia de defensa estatal inspirada en la 10ª Enmienda, adoptando una postura legal preventiva en lugar de confrontativa. Al legislar para proteger sus propios espacios y servicios estatales, busca blindar a sus comunidades santuario sin bloquear el actuar federal. Sin embargo, esto plantea un nuevo capítulo legal que podría llegar a tribunales y redefinir los límites entre autoridad federal y soberanía estatal.  

El gobernador Shapiro, viendo el escenario tenso y dividido, ha criticado abiertamente la intervención federal y ha recurrido a las cortes para confrontar las políticas de Trump. “Estos chicos no saben gobernar”, llegó a decir, al referirse a la falta de claridad en el manejo de las listas de jurisdicciones santuario del DHS. Además, Shapiro presentó recursos legales y apoyó una orden judicial que protege a las políticas locales de las acciones del Gobierno federal.

Este escenario podría complicar la carrera de reelección de Shapiro, pues debe mantener un frente unido entre poderes estatales y municipales, garantizar el financiamiento federal tan esencial y, al mismo tiempo, conectar con los votantes latinos.

El desafío será equilibrar la firme defensa de los derechos locales con la capacidad de evitar divisiones internas.

En un contexto nacional donde los derechos de los inmigrantes están bajo ataque, Pensilvania se convierte en escenario de una batalla más amplia: ¿quién garantiza que la diversidad sea vista como fortaleza y no como amenaza? La respuesta podría estar en las urnas y los latinos podrían tener la llave.