La preocupación entre la comunidad inmigrante en Filadelfia va en aumento. Natalia Ruggiero, Esq., socia de inmigración en Palladino, Isbell and Casazza y miembro de la junta directiva de Esperanza Immigration Legal Services (EILS), analizó el difícil panorama actual: “La inmigración está en todas partes”, afirmó. “Hemos visto detenciones en lugares de trabajo, durante entrevistas o revisiones rutinarias. Personas que simplemente están cumpliendo con la ley terminan en situaciones de riesgo”.
La abogada destacó la importancia de la preparación legal familiar: “Es vital que todos tengan un plan: saber a quién llamar, mantener copias de documentos importantes y hablar con un abogado de inmigración antes de que ocurra una emergencia”.
Otoño de 2025: tendencias preocupantes en inmigración
En los pasados meses ha crecido el uso de la detención y se han eliminado vías para regularizar el estatus migratorio: “Hay oficiales que deben cumplir con cuotas de arrestos mensuales, lo que aumenta la presión sobre las comunidades vulnerables”, advirtió. “Las personas que conducen sin licencia, trabajan sin autorización o tienen casos pendientes en tribunales de inmigración están especialmente en riesgo”.
Las comunidades hispanas enfrentan además la expiración final del parole (permiso temporal otorgado por el gobierno de EE. UU) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) en mayo de 2025, así como el fin de varios programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), incluidos los de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Esto deja a miles de inmigrantes que han vivido legalmente en Estados Unidos, incluso por décadas, en situación precaria y sin permiso de trabajo.
Aunque existen vías como el asilo, los solicitantes deben enfrentar nuevas tarifas y requisitos más estrictos: una tarifa obligatoria de $100 por la solicitud inicial de asilo, $550 por la tarjeta de trabajo basada en el asilo y un cargo anual de $100 mientras el caso permanezca pendiente. Estas medidas, sumadas al atraso en las oficinas de inmigración, aumentan la ansiedad en las familias.
A ello se suma la promoción gubernamental de la llamada “autodeportación”, una ficción legal sin base en la ley migratoria. Ante amenazas de arresto, detención indefinida o deportación, algunos consideran esta opción, atraídos por promesas de vuelos gratuitos, estipendios y un posible reingreso futuro. Sin embargo, no existe ninguna ley que garantice nada de esto, dejando a muchas familias frente a decisiones difíciles.
“Todos perdemos cuando los perdemos a ellos. Pero nuestros vecinos inmigrantes no están solos”, asevera.
Dónde pueden encontrar ayuda
Además de EILS y PIC, que brindan representación legal, hay múltiples recursos locales. Organizaciones como Juntos acompañan a inmigrantes en citas con ICE y tribunales; la Pennsylvania Immigration Coalition impulsa políticas que evitan la cooperación con ICE; y la Escuela de Derecho de Temple organiza talleres de preparación familiar. La Northwest Regional Refugee & Immigrant Network (NWRRIN) brinda apoyo financiero a familias afectadas por detenciones, y los consulados ofrecen asesoría legal, orientación y apoyo a quienes deciden regresar a sus países: “Este no es un problema individual, sino colectivo. Las comunidades deben apoyarse mutuamente, compartir recursos y mantenerse informadas”, concluyó Ruggiero.
Para más información sobre talleres, consultas legales o derechos como inmigrante, comuníquese con organizaciones locales o visite Philadelphia Immigration Lawyer | Palladino, Isbell & Casazza | PIC Law.
