La redada llevada a cabo el miércoles 16 de julio por agentes del ICE en un concurrido mercado de agricultores en West Norriton, PA, fue un recordatorio impactante del clima tenso que enfrentan las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Catorce inmigrantes indocumentados fueron detenidos: algunos mientras trabajaban, otros mientras compraban.
Las imágenes de agentes moviéndose entre los pasillos de frutas y camiones de comida, entre carros de clientes e incluso subiéndose a los techos, generaron ansiedad, especialmente entre quienes han vivido en este país durante años, criando familias y contribuyendo a sus comunidades. Sin embargo, junto con la indignación justificada por las tácticas agresivas utilizadas, también es necesaria una mirada honesta hacia adentro.
Es una verdad difícil, pero necesaria de expresar: los inmigrantes con casos criminales abiertos no deberían poner en riesgo a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, acudiendo a lugares públicos de alto perfil, donde ICE tiene más probabilidades de detener a más personas, (los llamados daños colaterales).
Esto no significa justificar los operativos desmedidos ni criminalizar a comunidades enteras. Pero la cautela y la responsabilidad son una exigencia crucial para sobreponerse ante el clima actual.
Cuando personas con antecedentes criminales, ignoran los riesgos de exponerse, –especialmente al acudir a sitios concurridos por inmigrantes con una situación vulnerable, y que están monitoreados– no solo se ponen en peligro a sí mismas, sino también a quienes las rodean. Sabemos por experiencia que ICE rara vez se limita a su objetivo inicial. Los agentes suelen detener a cualquiera que esté cerca y no pueda presentar documentación de inmediato, sin importar si eran parte de la investigación original. La decisión arriesgada de una sola persona puede generar consecuencias para todo su entorno. En este contexto, la discreción no es cobardía: es del más elemental sentido común.
Dicho esto, las redadas que están proliferando por todas partes en especial en jurisdicciones demócratas, no pueden ser excusadas ni normalizadas.
El nuevo patrón del ICE de realizar operativos en espacios pacíficos y familiares siembra el miedo y destruye la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones. El arresto de 14 personas en un solo lugar no es “una acción de rutina”; es un mensaje político de intimidación, que impulsa la idea de la auto-deportación, y no se debe trivializar, pero tampoco sucumbir al miedo.
La comunidad inmigrante, que ya vive bajo una vigilancia constante, no necesita ser tratada como una amenaza. Estas personas son vecinos, padres, trabajadores. Su estatus migratorio no debe ser una licencia para la humillación e infundirles terror.
Lo que ha venido haciendo el Gobierno, con sus redadas beligerantes, centros de detención draconianos, y revirtiendo programas como el TPS, no es son protección pública, son puestas en escena destinadas a demostrar poder sin clemencia, y no para impartir justicia.
Dicho esto, la toma de consciencia no termina con las políticas y prácticas antinmigrantes y anti derechos civiles y humanos, también debe incluir a los empleadores que siguen explotando a la fuerza laboral indocumentada mientras fingen no tener responsabilidad. Propietarios de negocios, especialmente en la agricultura, la construcción y la industria de tiendas, bares y restaurantes, dependen rutinariamente del trabajo indocumentado para sobrevivir. Sin embargo, cuando ICE aparece o un trabajador es detenido, se lavan las manos, y en ocasiones hasta amenazan a sus empleados de ellos mismos llamar a la migra. Esta hipocresía no debe continuar.
Si usted contrata trabajadores indocumentados y se beneficia de su trabajo, les debe más que un salario; les debe apoyo. Les debe ayuda para navegar el sistema legal, es debe respaldo para regularizar su estatus cuando sea posible.
Existen muchas organizaciones y grupos de ayuda legal dispuestos a asistir, pero todo comienza con los empleadores asumiendo su rol, no dándole la espalda al problema.
En última instancia, este momento exige un compromiso comunitario tanto con la protección como con la responsabilidad. Los inmigrantes con procesos legales pendientes deben actuar con precaución, sensatez y estrategia. ICE debe ser obligado a actuar con legalidad y con humanidad. Y los empleadores deben dejar de aprovecharse de las vulnerabilidades migratorias mientras se benefician económicamente; y la clase política que está por los derechos de todos, sin importar su estatus migratorio, deben actuar con estrategias enérgicas para defender los derechos humanos civiles y todos. No hay soluciones mágicas, pero al enfrentar la realidad con claridad y humanidad, y actuando con responsabilidad colectiva, podemos reducir el daño, resistir la injusticia y proteger a las comunidades inmigrantes, empezando por si mismos y los allegados
