El reciente cerco de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, según se informa, para combatir el narcoterrorismo y, al mismo tiempo, restaurar eventualmente la democracia, reaviva el fantasma de viejas aventuras militares de Estados Unidos en el extranjero. El devastador historial político del régimen de Maduro es innegable: retroceso total de la democracia, represión violenta contra la población, colapso de la economía y la migración forzada de más de siete millones de venezolanos.
Sin embargo, antes de que EE. UU. quiera avanzar nuevamente hacia una posible guerra en América Latina, sería bueno examinar con mucho cuidado los motivos, las evidencias y, sobre todo, las posibles consecuencias. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir los errores que llevaron a Washington a serias equivocaciones en el pasado.
Uno de los pilares de las acusaciones recientes de Estados Unidos contra Nicolás Maduro es su presunto vínculo con el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico aparentemente muy incrustada en sectores de las fuerzas armadas venezolanas. La acusación es políticamente muy grave, pero al mismo tiempo, las evidencias presentadas públicamente siguen siendo limitadas y hasta ahora ningún organismo de inteligencia independiente o multilateral ha confirmado públicamente la existencia de un cartel estructurado y centralizado dirigido por el propio Maduro. Gran parte de lo que circula proviene de testimonios de desertores, y aunque eso no demuestra que las acusaciones sean falsas, tampoco es conveniente presentarlas como hechos comprobados.
Una ambigüedad similar rodea los presuntos vínculos entre el Gobierno venezolano y el Tren de Aragua, una organización delictiva responsable de extorsión, trata de personas y operaciones criminales transfronterizas. Algunos informes de inteligencia sugieren que el grupo opera con la tolerancia, o al menos “bajo la vista gorda” de las autoridades venezolanas. Pero también aquí, a la fecha, no se ha presentado evidencia concluyente de una alianza directa y operativa entre el régimen y esta banda. La distinción importa, ya que la negligencia y la corrupción en un Estado debilitado o fallido no equivalen a una asociación intencional. Confundir ambos fenómenos implica transformar un problema complejo en una narrativa más bien simplista con fines geopolíticos. Muestra de ello es el Plan de Seguridad Nacional 2025 (NNS) de la Administración Trump que fue presentado oficialmente el 4 de diciembre de 2025.
Ese día se evidenció un cambio claro de enfoque hacia una doctrina “America First”, con especial atención al hemisferio occidental, que incluye un sometimiento de los países de América, acaparamiento de cadenas de suministro y una visión económica realista. En un análisis de Raymundo Riva Palacio, este considera la NSS como una política intervencionista y subordinante, que quiere imponer su agenda a la región.
Advierte que el documento “no habla de cooperación ni de diálogo, sino de control”, y pone en evidencia la intención de reducir la marcha de actores externos en el continente
Por lo que lo que sucede con Venezuela y las amenazas de que sigue Colombia, debería ser preocupante para todos: ¿es el comportamiento antidemocrático de Maduro, indiscutiblemente grave y dictatorial, justificación suficiente para promover un nuevo intento de cambio de régimen? La experiencia histórica debería aconsejarles prudencia a nuestros gobernantes actuales. Las transiciones políticas impuestas desde el exterior, ya sea en Medio Oriente o en América Latina, rara vez han producido resultados democráticos duraderos, y con mayor frecuencia han generado inestabilidad prolongada, desplazamientos y resentimiento. La crisis política venezolana debe enfrentarse, y se deben buscar mecanismos para regresar a la democracia y poner fin al calvario del pueblo venezolano; pero una intervención militar o cuasi militar posiblemente profundizará la fragmentación del país, podría desbordar el caos hacia los países vecinos y podría encender la región.
Además, todos saben que Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En un mercado energético marcado por la volatilidad geopolítica desde Ucrania hasta Medio Oriente y África, la tentación de encubrir intereses estratégicos bajo imperativos morales está siempre al acecho y no sería la primera vez. Cuando Washington presenta a Venezuela como una amenaza inminente, no es difícil recordar la guerra de Irak en 2003, cuando informes de inteligencia no verificada y una indignación atizada por la propaganda mediática allanaron el camino para una guerra desastrosa. ¿Estamos viendo la ejecución de una partitura conocida?
Finalmente, no debe ignorarse a quien más afecta todo esto: a los venezolanos. El apoyo a una intervención externa no es por fuerza mayoritario. Muchos venezolanos se oponen a la dictadura de Maduro, pero muchos también desconfían de una participación militar extranjera, temiendo la violencia, las represalias y la pérdida de soberanía; y recordando el caos que intervenciones estadounidenses previas han causado en la región.
Nada de esto absuelve al gobierno de Maduro. Sigue siendo un régimen represivo, corrupto y devastador para los venezolanos del común, pero reconocer esta verdad no valida automáticamente una intervención. Por el bien de los venezolanos y por la integridad de la política exterior estadounidense, se debería de resistir la tentación de los villanos simples y las soluciones apresuradas. La última vez que una narrativa así dominó a los líderes en Washington, el país pagó un precio que se ha extendido por varias décadas.