El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ordena suspender la financiación federal destinada a la radio pública NPR y a la cadena de televisión PBS, a las que acusa desde hace años de mantener un sesgo izquierdista.
“Ninguna de las dos entidades presenta a los ciudadanos contribuyentes una imagen justa, precisa e imparcial de la actualidad”, argumentó el mandatario en el decreto.
La orden instruye a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) a reducir al mínimo legal el presupuesto actual de NPR y PBS, y a negar cualquier “financiación futura” para ambas emisoras.
La financiación de NPR y PBS depende del Congreso, por lo que el decreto podría enfrentar desafíos legales, como ha ocurrido con anteriores órdenes ejecutivas del presidente.
La CPB, creada por el Congreso en 1967, es el principal canal de distribución de fondos federales para los medios públicos y cuenta con un presupuesto de unos 535 millones de dólares para el actual ejercicio fiscal.
Aunque los fondos federales representan cerca del 1 % del presupuesto total de NPR, suponen entre el 8 % y el 10 % para sus más de 1.300 emisoras afiliadas. En el caso de PBS y sus estaciones asociadas, aproximadamente el 15 % de sus ingresos provienen de la CPB.
PBS centra buena parte de su programación en contenido educativo y documentales, mientras que NPR se especializa en noticias y música, con formatos populares como los conciertos ‘Tiny Desk’.
A comienzos de abril, Trump instó públicamente a los republicanos en el Congreso a cortar el financiamiento a estas emisoras, a las que calificó como “monstruos de la izquierda radical”.
Este viernes, NPR defendió su independencia editorial. “Las prácticas editoriales y la toma de decisiones de NPR son independientes y libres de influencias externas”, aseguró un portavoz en un comunicado enviado a The Washington Post.
No se trata del primer ataque de Trump contra los medios públicos. En marzo, ordenó el cierre de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), lo que supuso una pausa en las operaciones de la emisora Voz de América y el despido de más de 1.300 empleados, que mantienen litigios en los tribunales.
El pasado 22 de abril un juez federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump restaurar los servicios del medio de comunicación financiado por el Gobierno, la Voice of America (VOA, por su sigla en inglés), que por más de 80 años brindó información.
En su decisión, el juez Royce Lamberth del Distrito de Columbia dijo que el desmantelamiento de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM), que financia VOA y otros medios, probablemente fue ilegal y violó la Constitución.
“La renuencia del gobierno a gastar fondos de acuerdo con las leyes de asignaciones del Congreso constituye una afrenta directa al poder legislativo”, indicó el magistrado.
En el fallo de 37 páginas, el juez dijo que la decisión del Gobierno Trump sobre la USAGM fue “arbitraria y caprichosa”.
El Ejecutivo estadounidense deberá regresar de inmediato los trabajos a todos los empleados y contratistas de VOA. Además deberá descongelar el financiamiento de otras cadenas afiliadas, como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
La programación de VOA deberá ser restablecida y todas las funciones de USAGM de modo que sus medios internacionales puedan «ofrecer noticias consistentemente confiables, fidedignas, precisas, objetivas y completas», señala la orden del juez.
La organización tenía un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, contaba con más de 2.000 empleados, y emitía en 49 idiomas. Su audiencia semanal superaba los más de 361 millones de personas, de acuerdo con el diario The New York Times.
No obstante, Trump ha sido muy crítico con esta agencia desde su primer mandato (2017-2021) y en marzo pasado firmó la orden ejecutiva que pedía a los directores de las agencias que eliminaran todas las funciones que no estén legalmente establecidas y reducir «el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley».
«Esta orden continúa la reducción de los elementos de la burocracia federal que el presidente ha determinado que son innecesarios», anota el edicto firmado el 14 de marzo por el mandatario estadounidense.
En este sentido, el juez Lamberth ha dicho que el desmantelamiento de USAGM y sus dependencias ha violado incluso la misma orden de Trump.
“Tomaron medidas inmediatas y drásticas para recortar drásticamente… sin considerar sus funciones legales o constitucionales, tal como lo exige el lenguaje claro de la Orden Ejecutiva, y sin considerar el daño infligido a empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios de comunicación de todo el mundo”, subrayó el fallo.
Sin embargo, la decisión del juez de permitir seguir con las labores de la VOA recibió una orden de apelación. Este fallo de apelación podría tardar semanas o meses. Mientras tanto, siguen suspendidas las operaciones hasta nuevo aviso.
