La Legislatura no puede poner fin a la Declaración de Desastres Unilateralmente
La Declaración de Desastres está separada de las Órdenes de la Secretaría de Salud
Pensilvania.- La Administración Wolf describió el impacto potencial de terminar con la declaración de desastre del 6 de marzo al tiempo que aclaró que la legislatura no puede terminarla unilateralmente. La declaración de desastre ayuda a acelerar la respuesta del estado a la pandemia y proporciona protecciones para empresas, trabajadores y residentes. Es importante destacar que finalizar la declaración de desastre no finalizaría ninguna orden emitida por el Secretario de Salud que establezca pautas para las operaciones comerciales.
La Asamblea General votó para finalizar la declaración de desastre con muchos miembros alegando que sus acciones terminaron con las órdenes de las pautas comerciales. Eso no es verdad. No solo cualquier resolución concurrente debe presentarse al Gobernador para su aprobación o desaprobación, sino que la declaración de desastre es independiente de las órdenes firmadas por la Secretaría de Salud, Dra. Rachel Levine, en virtud de la Ley de Prevención de Enfermedades que incluye disposiciones para la reapertura de negocios y para trabajadores y trabajadores. Edificio de seguridad. Esas órdenes permanecen en su lugar. La legislatura no hizo nada para terminar con eso.
Por el contrario, la legislatura decidió intentar poner fin a la declaración de desastre, una medida que aparentemente terminaría con las protecciones aprobadas para empresas, trabajadores y residentes.
Si la declaración terminara, estas protecciones desaparecerían:
- Los onerosos requisitos de elegibilidad para más de un millón de solicitantes de compensación por desempleo volverían a entrar en vigencia de inmediato, y los empleadores en todo el estado ya no recibirían alivio de los cargos.
- Los requisitos de certificación bajo el código de escuela pública y la ley de servicios de protección infantil terminarían.
- Terminaría una exención de elegibilidad para comidas escolares, que ha permitido que se abran más de 300 sitios de comidas para la distribución de alimentos a los niños en edad escolar que lo necesitan.
- La telesalud y otros servicios de atención médica brindados por proveedores de fuera del estado para residentes de Pennsylvania terminarían.
- La asistencia de servicios públicos para miles de familias e individuos terminaría, dejando a las personas sin agua ni electricidad.
- Los hospitales y los sitios de atención alternativa ya no podrían agregar capacidad o reutilizar instalaciones (es decir, camas) sin tener que cumplir con el requisito de aviso de 60 días.
- Las suspensiones de requisitos de renovación de licencia y capacitación para profesionales de la salud, trabajadores de cuidado infantil, trabajadores de cuidado directo, profesionales de apoyo directo, entre otros grupos profesionales que brindan servicios de soporte vital a nuestros niños, adultos mayores y residentes vulnerables terminarían, lo que significa que todos estos trabajadores terminarían deben elegir entre no regresar al trabajo hasta que esas credenciales se puedan renovar o completar los entrenamientos y la opción de regresar al trabajo con el entendimiento de que están practicando sin cumplir con la ley y la regulación de Pennsylvania, muy bien abriéndose a la responsabilidad personal.
- PennDOT renuncia a las limitaciones de peso de los vehículos comerciales y permite los requisitos para el transporte y la entrega de alimentos agrícolas, alimentos y productos lácteos, combustible, productos farmacéuticos y suministros médicos para ayudar en los desafíos de la cadena de suministro terminaría y los transportistas se verían limitados en su capacidad para ayudar directamente a apoyar los esfuerzos de ayuda de emergencia necesarios para responder a la pandemia.
- Las ejecuciones hipotecarias y las moratorias de desalojo que ofrecen protección a los residentes de Pensilvania vulnerables en riesgo de perder sus hogares durante la pandemia terminarían.
Además de que se eliminen estas exenciones inmediatas y las disposiciones legislativas, la finalización de la declaración de desastre también eliminaría muchos aspectos prácticos de la respuesta del estado a este desastre, incluida la autoridad para activar la Guardia Nacional para ayudar con hogares de ancianos; desplegar personal de la comunidad, servicios y distribuir suministros y equipos; implementación de fondos de emergencia; suspender las normas y reglamentos que dificultarían o retrasarían las acciones necesarias para hacer frente a la emergencia; y usar todos los recursos disponibles del gobierno de la Commonwealth y sus subdivisiones políticas para hacer frente a la emergencia.
El estado también podría perder la asistencia pública federal e individual por desastre, y cualquier fuente de financiamiento estatal adicional disponible mediante la transferencia de dólares del Fondo General no utilizados.
Durante un estado de emergencia declarado por el gobernador, las agencias y departamentos de la Commonwealth pueden implementar sus asignaciones de emergencia sin tener en cuenta los procedimientos requeridos por otras leyes relacionadas con la realización de su trabajo, la celebración de contratos, la compra de suministros y equipos y el empleo de trabajadores temporales.