La crisis fiscal de Puerto Rico sigue sin solución clara, mientras aumentan las tensiones entre el control federal, las necesidades locales y el papel de la diáspora desde la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2016.
La JSF es un ente federal encargado de controlar las finanzas de Puerto Rico y manejar su deuda pública. Aunque busca estabilidad económica, ha impuesto recortes severos que afectan servicios esenciales como salud, educación y pensiones. Estos recortes han provocado una mayor migración hacia Estados Unidos continental, impactando comunidades puertorriqueñas en ciudades como Filadelfia. Esta migración acelerada genera retos en vivienda, empleo, educación y acceso a servicios en la diáspora.
En entrevista con Nilda Ruiz, presidenta de la Agenda Nacional Puertorriqueña (ANP) y de la Asociación de Puertorriqueños en Marcha (APM), compartió sobre los retos que enfrenta Puerto Rico y el papel de las organizaciones comunitarias para defender a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla.
Cambios recientes y controversias
En agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos Donald Trump removió a la mayoría de los miembros de la Junta, generando incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, un dato positivo es que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA), que antes representaba 50 centavos por dólar en la factura eléctrica, ahora equivale solo a 7 centavos, liberando recursos para mejorar la calidad de vida, según señaló.
Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿Quién vigila a la Junta? Su director ejecutivo, Robert Mujica Jr., un puertorriqueño de la diáspora, ha expresado que no se deben exigir más pagos a los bonistas. Por otro lado, muchos, como Nilda Ruiz, creen que “la Junta no debería existir” debido a su falta de transparencia y a que no es una entidad electa.
La vida cotidiana: entre apatía y agotamiento
Para muchos en Puerto Rico, la crisis fiscal se ha vuelto una rutina resignada, reflejada en frases como “La vida es así”. Aunque la juventud se moviliza en protestas, hay un nivel oculto en Puerto Rico; no se sabe qué pasa realmente”, advierte.
La diáspora: ciudadanía sin representación
En Estados Unidos, la diáspora puertorriqueña vive una realidad compleja. Por un lado, tienen acceso a información y pueden contactar legisladores; por otro, enfrentan la carga de apoyar económicamente a sus familias en la isla. “El Congreso tiene poder sobre Puerto Rico. Por eso es vital que nuestra gente se organice, se informe y toque las puertas correctas”, señala.
Nilda y otros líderes coinciden en que la solución está en empoderar a la ciudadanía con acciones concretas:
-Informarse en la página web oficial de la Junta de Supervisión Fiscal.
-Educar a puertorriqueños en la isla y la diáspora sobre el proceso fiscal y sus efectos.
-Organizarse y presionar a los legisladores federales para que actúen con justicia y respeto.
Conclusión: entre fiscalización y esperanza
Puerto Rico está en una encrucijada. La diáspora es clave, no solo como resistencia, sino como motor de cambio.