El último ataque de la administración Trump contra nuestros derechos amenaza nuestra capacidad de defendernos frente a la injusticia. No lo vamos a permitir.
En los primeros meses de su Administración, el presidente Donald Trump amenazó repetidamente el debido proceso, un principio fundamental consagrado en la Constitución de los Estados Unidos. Sus ataques han abarcado desde el uso arbitrario de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a residentes legales, hasta la detención ilegal de estudiantes.
Durante años, el debido proceso nos ha protegido contra un trato injusto, ilegal y desigual. Pero, ¿qué es exactamente el debido proceso? ¿Y por qué todos tenemos un interés en defenderlo?
¿Qué es el debido proceso?
La Constitución establece que el Gobierno no puede “privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”. Esta garantía legal tiene dos formas: el debido proceso procesal y el debido proceso sustantivo.
- El debido proceso procesal significa que el Gobierno debe seguir ciertos procedimientos cuando intenta privar a una persona de su vida, libertad o propiedad. Es decir, debe informarte de lo que está ocurriendo, ofrecerte rápidamente la oportunidad de ser escuchado en un tribunal y proporcionarte un tomador de decisiones imparcial (es decir, un tribunal de justicia).
- El debido proceso sustantivo significa que el Gobierno debe presentar una razón de peso antes de interferir con ciertos derechos fundamentales, sin importar qué procedimientos se sigan.
En la práctica, el debido proceso procesal implica que el Gobierno debe dar a las personas la oportunidad de defenderse en una audiencia justa antes de vulnerar sus derechos. No es una mera formalidad ni una parte vaga del sistema legal: es un pilar central de la justicia en Estados Unidos. Nuestro país fue fundado bajo la premisa de que el gobierno no puede quitarte tus derechos y libertades de manera arbitraria y que toda persona tiene derecho a defenderse ante la ley.
¿Puede el Gobierno restringir o eliminar el debido proceso?
No legalmente. La Quinta y Decimocuarta Enmienda establecen de forma explícita que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, bajo ninguna circunstancia.
El Gobierno está obligado a respetar el debido proceso antes de tomar cualquier acción que afecte la vida, la libertad o la propiedad de una persona. Esto incluye:
- Informarte sobre lo que está sucediendo, como por qué has sido arrestado/a
- Ofrecerte la oportunidad de impugnar cualquier acusación en tu contra
- En caso de ir a juicio, proporcionarte un jurado imparcial y justo, compuesto por tus pares
- Estas reglas están escritas en la Constitución y se aplican a todas las personas, sin importar su origen, creencias políticas, situación económica o estatus legal, o criminal.
¿Por qué es importante el debido proceso?
A nivel general, el debido proceso es la base de nuestro sistema legal. No vivimos en una monarquía ni en una dictadura: el poder emana del pueblo. El presidente no puede ignorar la Constitución ni las leyes aprobadas por los representantes del pueblo al ejercer la justicia.
A nivel individual, el debido proceso nos protege del juicio arbitrario del Gobierno. Ya sea que una persona esté enfrentando un desalojo, solicitando asilo, defendiéndose de cargos penales o luchando por la custodia de sus hijos, todos dependemos del debido proceso cada vez que interactuamos con el sistema judicial. Sin él, el Gobierno podría deportar ilegalmente a personas, encarcelarlas por largos periodos sin juicio justo, exigirles dinero, confiscar sus viviendas o perjudicarlas de otras formas sin darles la oportunidad de defenderse.
¿Cómo ha vulnerado la administración Trump el debido proceso?
El presidente Trump ha dedicado los primeros 100 días de su segundo mandato a impulsar órdenes ejecutivas y acciones inconstitucionales, además de atacar a jueces, firmas privadas de abogados, organizaciones de interés público, organizaciones sin fines de lucro y abogados individuales. En conjunto, estos ataques son una ofensa directa a las protecciones del debido proceso consagradas en la Constitución.
Deportaciones exprés: La Administración Trump ha acelerado ilegalmente deportaciones sin procesos legales justos. Por ejemplo, Kilmar Abrego García fue enviado de noche a una prisión de tortura en El Salvador sin previo aviso ni audiencia, a pesar de que existía una orden judicial que prohibía su deportación. Esto constituye una clara violación del debido proceso y de los derechos que le corresponden a toda persona. Su caso es uno entre muchos que han sido expulsados del país sin justificación adecuada.
Arresto de estudiantes que se expresan abiertamente: La Administración Trump ha ordenado a agentes de ICE encapuchados arrestar a múltiples estudiantes y profesores por ejercer su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda. Esto es una violación flagrante del debido proceso y una señal preocupante de autoritarismo que ha sido condenada por personas de todos los sectores políticos. En una sociedad libre, los agentes no pueden simplemente arrastrarnos hacia vehículos sin identificación en cualquier momento.
Hay muchos otros ejemplos, incluyendo la sugerencia más reciente del vicejefe de gabinete, Stephen Miller, de que el Gobierno podría suspender el habeas corpus, que garantiza el derecho de toda persona a impugnar su detención ilegal por parte del Gobierno. Esta amenaza, entre otras, pone en riesgo nuestro compromiso nacional con el debido proceso.
El Gobierno no puede decidir arbitrariamente quién merece o no las protecciones constitucionales. Permitir que la Aministración Trump lo haga es una pendiente resbaladiza que nos deja a todos vulnerables.
Abogados, estudiantes, inmigrantes y miembros de la sociedad civil desempeñarán un papel fundamental para contener los peores impulsos de esta Administración. Debemos responder a este momento con una resistencia firme e inquebrantable: en los tribunales, en las calles y en las legislaturas de todo el país.
Nuestra Constitución lo exige. Nuestra democracia depende de ello.
*Michael Tan, es subdirector, Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, ACLU