Nací en Puerto Rico. Por eso, cuando leo que a más de 180,000 clientes se les advierte que podrían pasar hasta 48 horas sin agua corriente, no veo solamente una estadística. Escucho una pregunta conocida por generaciones de puertorriqueños: “¿Hay agua?”
Más de 500.000 personas en siete municipios están afectadas por el plan de racionamiento de agua debido a la sequía y al nivel crítico del embalse Carraízo. Esto equivale a aproximadamente 183,000 abonados de la AAA
Es una pregunta sencilla que puede determinar todo un día. ¿Pueden bañarse los niños? ¿Se puede preparar la cena? ¿Se puede lavar la ropa? ¿Queda suficiente agua almacenada para descargar el inodoro? ¿Deberíamos llenar otro cubo antes de que el servicio vuelva a desaparecer?
En agosto de 2026, esa pregunta volvió con urgencia.
Puerto Rico comenzó otro programa de racionamiento de agua el 7 de agosto, luego de que una severa sequía llevara al embalse Carraízo a niveles críticos. Más de 180.000 clientes fueron colocados en un sistema alterno bajo el cual las comunidades afectadas pueden pasar hasta 48 horas sin servicio. San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza se encuentran entre los municipios afectados.
La sequía es real. Julio fue el mes de julio más seco registrado en San Juan en más de 120 años y el segundo más caluroso. Pero la sequía es solo una parte de la historia.
Mucho antes de que dejara de llover, el sistema de agua de Puerto Rico ya venía dando señales de alerta.
En 2006, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, conocida en inglés como PRASA y en español como AAA, llegó a un acuerdo para declararse culpable de 15 cargos graves por violaciones a la Ley federal de Agua Limpia, relacionadas con descargas ilegales de contaminantes provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable. El acuerdo incluyó una multa penal de $9 millones y compromisos significativos de mejoras de capital.
En 2015, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Justicia alcanzaron otro acuerdo con la AAA. La demanda federal alegó descargas excesivas de contaminantes, fallas en las operaciones y el mantenimiento, y descargas no autorizadas persistentes, incluyendo aguas residuales sin tratar. La AAA estimó que cumplir con el acuerdo requeriría aproximadamente $1,500 millones en mejoras.
Luego llegó el huracán María en 2017, devastando infraestructura crítica en todo el archipiélago. El racionamiento de agua regresó durante otra sequía en 2020. Para entonces, las emergencias relacionadas con el agua ya no eran desconocidas para los puertorriqueños.
En 2023 apareció otra señal de advertencia. La Junta de Supervisión y Administración Financiera informó que la AAA estaba perdiendo aproximadamente el 65% del agua que producía debido a tuberías con fugas y desbordamientos. La Junta también identificó pérdidas financieras adicionales relacionadas con medidores inexactos y hurto de agua.
Una sequía reduce la cantidad de agua que llega a los embalses. Un sistema de distribución envejecido puede reducir la eficiencia con la que el agua disponible llega a los clientes. Cuando ambos problemas chocan, pedirles a las familias que conserven agua solo puede lograr hasta cierto punto.
Para la primavera y el verano de 2026, decenas de miles de puertorriqueños ya estaban experimentando graves problemas de suministro relacionados con infraestructura envejecida y otras fallas del sistema. Se ampliaron los esfuerzos de distribución de agua de emergencia, incluyendo asistencia de la Guardia Nacional. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, demandó a la autoridad de agua después de prolongadas interrupciones del servicio, acusándola de años de negligencia y mala administración.
Sería incorrecto decir que el gobierno creó la sequía de Puerto Rico. También sería incorrecto sugerir que la sequía creó todos los problemas que enfrenta el sistema de agua de Puerto Rico.
La crisis de infraestructura ya existía. Luego, la sequía hizo que sus consecuencias fueran más graves.
Para agosto, Carraízo había caído a niveles críticamente bajos. Las autoridades dividieron a las comunidades afectadas en zonas que alternaban entre períodos con y sin servicio en ciclos de 48 horas. La AAA indicó que desplegaría camiones cisterna, dando prioridad a hospitales y centros de cuidado prolongado. Se pidió a los clientes conservar agua mientras tuvieran servicio y hervirla después de que regresara, como medida de precaución.
Pero la sequía no borra la historia. No borra los casos de cumplimiento federal, no repara una tubería envejecida ni elimina la cifra de 65% de pérdida de agua documentada en 2023. Tampoco explica las interrupciones graves que los puertorriqueños ya estaban experimentando antes de que esta sequía se intensificara.
Puerto Rico merece respuestas claras. ¿Cuánta agua está perdiendo hoy la AAA? ¿Cuánto progreso se ha logrado desde 2023? ¿Qué tuberías, tanques y sistemas de tratamiento críticos han sido reparados o reemplazados? ¿Qué proyectos siguen sin completarse? ¿Cuánto dinero público realmente se ha traducido en infraestructura terminada? Cuando llegue la próxima sequía, ¿estará Puerto Rico mejor preparado?
Los documentos gubernamentales hablan de galones, embalses, permisos, plantas de tratamiento, mejoras de capital y porcentajes. Las familias viven la crisis de otra manera.
Abres la llave. No sale nada.
Entonces comienzan los cálculos. ¿Cuánta agua queda? ¿Cuánta necesitamos? ¿Cuánto falta para que regrese?
Revisas la cisterna. Llenas cubos cuando vuelve el servicio. Compras agua embotellada. Llamas a tus padres. Verificas cómo está abuela. Cambias la hora en que te bañas, lavas la ropa, limpias y, en algunos casos, hasta la forma en que operas un negocio.
Y cuando alguien finalmente grita: “¡Llegó el agua!”, te mueves rápido porque no sabes cuánto tiempo la tendrás.
Hay un costo humano escondido detrás de las cifras. Una persona mayor cargando agua no está viviendo una “ineficiencia del sistema de distribución”. Una madre intentando preparar comida no está viviendo un “reto en la administración de embalses”. Un pequeño empresario tratando de mantener abierto su negocio no está viviendo un “problema de agua no facturada”. Está viviendo sin acceso confiable al agua.
Como alguien nacido en Puerto Rico, me siento orgulloso de esa resiliencia. Me siento orgulloso de las familias que comparten lo que tienen, de los vecinos que verifican cómo están los adultos mayores, de las comunidades que se organizan cuando los sistemas fallan y de un pueblo que, una y otra vez, encuentra la manera de seguir adelante.
Pero la resiliencia puede convertirse en un cumplido peligroso cuando se utiliza para normalizar condiciones que nadie debería haber tenido que soportar.
¿Cuántas veces más tienen que demostrar los puertorriqueños su resiliencia antes de que los sistemas que les sirven demuestren confiabilidad?
La sequía de 2026 es real. La conservación es necesaria. Los embalses no pueden distribuir lluvia que nunca cae. Pero Puerto Rico no llegó a este momento sin advertencias. Hubo casos federales, sequías anteriores, programas de racionamiento, problemas documentados de infraestructura y enormes pérdidas de agua. También hubo interrupciones graves antes de que esta sequía se intensificara.
Los puertorriqueños ya han demostrado que saben sobrevivir una crisis. Ese no debería seguir siendo el estándar.
La verdadera medida del progreso será mucho más sencilla: ninguna declaración de emergencia, ningún camión cisterna, ningún cubo esperando al lado del fregadero.
Abre la llave.
Y que salga el agua.