Santo Domingo.- Centenares de dominicanos exigieron este domingo, con una marcha a la Justicia, un castigo severo a los dos hermanos dueños de la discoteca Jet Set por las más de 200 víctimas mortales al desplomarse el techo deteriorado en abril de 2025, de cara al posible inicio del juicio del caso el próximo mes.
«Nuestra principal exigencia en esta marcha fue la solicitud de la recalificación jurídica del caso Jet Set (…) Ellos (los propietarios) tenían pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo y aún así continuaron con la fiesta», señaló a EFE Ana Ramírez, fundadora del Movimiento Justicia Jet Set, la entidad organizadora de la marcha.
Los manifestantes exigieron una nueva valoración jurídica del caso para pasar de la acusación actual presentada por la Fiscalía como homicidio involuntario, con la que los propietarios podrían enfrentar un máximo de dos años de prisión, hacia una por homicidio voluntario, con una pena de hasta 30 años de cárcel, en medio de críticas por supuesta indulgencia.
El desplome del techo de la discoteca, propiedad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, se produjo el 8 de abril de 2025 durante el show del famoso merenguero dominicano Rubby Pérez, causando 236 muertes y decenas de heridos, además de una gran conmoción en la sociedad del país caribeño.
Ahora, tras concluir las audiencias preliminares hace dos semanas, el 15 de junio un juez decidirá si continúa o no el proceso contra ambos hermanos.
Familiares de las víctimas: «Los hermanos sabían del problema»
Entre gritos de «queremos justicia», y carteles con eslóganes como «no fue un accidente, fue homicidio con dolo eventual» o «quien conoce el peligro y no actúa, responde por las muertes», los manifestantes recorrieron las principales calles de Santo Domingo hasta el Palacio de Justicia, custodiado por la Policía, que impidió el paso.
«Creo que han sido muy suaves con los hermanos Espaillat, porque desde el principio las pruebas estaban. Ha sido una debilidad del sistema a favor de ellos. Sabemos que son personas que gozan de muchos privilegios y gozan de mucho poder», expresó Ramírez tras finalizar la marcha.
El manifestante José Luis Custodio pidió al juez al frente del caso no equivocarse: «Se me fueron cuatro personas en el Jet Set. Si hubiera sido en otro país, hace rato que Antonio y Maribel Espaillat estarían presos. Con nosotros, los sobrevivientes del Jet Set y, primero Dios, ellos no van a poder».
Los hermanos propietarios de la discoteca «sabían el problema que tenía el local en el techo. Tenían mucho conocimiento, porque él dijo que desde que compró el local caía agua, y él nunca tomó la medida de arreglarlo», expresó Milagros Martínez, madre de una gobernadora fallecida en el derrumbe de la discoteca.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía dominicana sostuvo que los dueños de la discoteca realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a «ninguna» institución, «por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación».
Eso «constituye una inobservancia a la ley» y «una muestra de negligencia de parte de los mismos», afirmaron los fiscales. Además, la acusación subraya que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
«Todavía una hora antes de la fiesta, él podía haber previsto que no murieran esas 236 personas y no lo hizo», señaló Martínez, madre de la víctima mortal.