Los agentes de policía locales deberían ser guardianes de la seguridad pública: las comunidades a las que sirven confían en que harán su trabajo, que consiste en hacer cumplir la ley y proteger a las familias y los contribuyentes. Sin embargo, esa relación muchas veces se ve debilitada, lo que ha impulsado esfuerzos constantes para reformar las prácticas policiales y fortalecer la confianza pública. Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza los recursos y la energía de las fuerzas policiales para cumplir las leyes migratorias federales, esa misión no solo se ve frustrada, sino que queda en el olvido y termina perjudicando en mayor medida a las comunidades negras, latinas y de bajos ingresos.
En enero de 2026, casi el 30% de los habitantes de Pensilvania (más de 3,8 millones de residentes) vivían en un condado donde los departamentos de policía o alguaciles han sido autorizados para actuar en nombre del ICE. En toda Pensilvania, la colaboración entre la policía local y el ICE a través de programas como el 287(g) va mucho más allá de una mala decisión de política pública: es una relación que tiene consecuencias catastróficas para las comunidades. Esta cooperación no refleja ni los valores de seguridad ni de justicia que dicen defender; de hecho, es todo lo contrario. Los estudios demuestran que cuando agentes locales deben interpretar y aplicar leyes federales de inmigración que son complejas y ajenas a su entrenamiento, aumenta el riesgo de perfilamiento racial y otras violaciones de los derechos civiles. Esto aumenta la probabilidad de que se presenten demandas contra los departamentos de policía, cuyos costos finalmente recaen sobre los contribuyentes.
Al utilizar a los agentes locales como agentes del ICE, se refuerza el poder de una agencia federal, lo que le permite actuar con poca supervisión, formación o responsabilidad, como subraya el reciente informe de la ACLU, Delegados para el desastre (Deputized for Disaster).
El impacto de esta situación se extiende a la vida cotidiana. Muchas familias se ven forzadas a evaluar todos los riesgos incluso en actividades básicas: conducir al trabajo, recoger a los niños en la escuela o acudir a una cita médica pueden convertirse en una situación de peligro. La confianza entre las personas y quienes deberían protegerlas se reemplaza por temor y angustia.
Nunca ha sido tan peligroso para las autoridades estatales y locales unirse al programa 287(g). Cada vez que nuestros agentes locales se unen al ICE, alimentan una máquina de operaciones imprudente que ignora el debido proceso, las necesidades de la comunidad y la dignidad de los habitantes de Pensilvania.
Las ambiciones del ICE son cada vez más grandes. El plan con un valor de 38.300 millones de dólares de la agencia para ampliar su capacidad de hacer más detenciones en todo el país ha generado muchas inquietudes entre los residentes de Pensilvania, ya que nuestro estado ha sido señalado como uno de sus objetivos clave. En los últimos meses, se han comprado discretamente almacenes que se convertirán en centros de detención y procesamiento. Las condiciones de estos centros también son motivo de gran preocupación, puesto que centros como el de Moshannon Valley Processing Center (el más grande en la zona del noreste) ya han sido señalados como lugares en los que se están cometiendo abusos. Si la intención es convertir lo antes posible los almacenes en instalaciones que agilicen el proceso de deportación, se espera que se dé un trato aún peor. Cada centro de detención que se abre crea un incentivo más para buscar personas que ocupen las camas, lo que convierte al ICE en una amenaza constante en los municipios y ciudades de todo el estado.
Cuando las comunidades se organizan es cuando los cambios suceden
Un ejemplo claro de lo que está en juego es lo que sucede en el condado de Berks. En donde un almacén de 520,000 pies cuadrados está a punto de convertirse en un centro de procesamiento con capacidad para detener a 1.500 personas, lo que revive recuerdos dolorosos para una comunidad que durante años luchó para cerrar el conocido “Berks County Residential Center” (Centro Residencial del Condado de Berks). Ese centro de detención familiar, que tenía décadas de violaciones sistemáticas y documentadas de derechos humanos, fue finalmente cerrado en 2023 como resultado de la tenaz defensa de grupos a favor de los derechos de los inmigrantes, activistas locales, artistas y todos aquellos que sufrieron la detención en carne propia. Enfrentarse a la posibilidad de la apertura de un nuevo centro tan solo unos años después de esa victoria resulta muy desalentador. No obstante, la batalla de Berks contra el ICE también deja una lección poderosa para el momento en el que vivimos: cuando las comunidades se organizan y persisten, pueden desmantelar incluso los sistemas de injusticia más arraigados.
Ahora es el momento de retomar el espíritu de la “Coalición Shutdown de Berks”. Cada acto de resistencia ya sea grande o pequeño, contribuye a generar el poder colectivo necesario para frenar y, eventualmente, detener la expansión del ICE. Defendemos a nuestras comunidades y nuestros valores cuando alzamos la voz, cuando usamos la creatividad para cambiar las narrativas, cuando movilizamos a nuestros vecinos y cuando apoyamos a las organizaciones de base que luchan todos los días por nuestros familiares, amigos y conocidos inmigrantes.
La democracia nos concierne a todos: una guía para que las personas en Pensilvania pasen del pensamiento a la acción
En respuesta directa a la creciente preocupación en todo el estado, la ACLU-PA ha publicado “Democracy Takes US All: A Toolkit for Pennsylvanians to Move from Thought to Action” (La democracia nos concierne a todos: una guía para que las personas en Pensilvania pasen del pensamiento a la acción). Esta guía, elaborada para responder a las necesidades de los habitantes de Pensilvania, rompe las barreras que impiden la acción y ofrece esperanza y un punto de partida a quienes están dispuestos a convertir sus convicciones en un apoyo a la lucha contra la cruel guerra que la administración Trump dirige contra los inmigrantes.
Entre los recursos que encontrarás en el toolkit están:
-Información de Conoce tus Derechos, incluyendo sus derechos a protestar, grabar a la policía y los derechos de las familias inmigrantes en las escuelas.
-Consejos prácticos de seguridad y herramientas para planificar en emergencias.
-Plantillas y contenido compartible para hacer presencia digital.
-Ideas para participar en acciones presenciales, con recomendaciones para distintos niveles de comodidad y riesgo.
La presencia del ICE no hace que nuestras comunidades sean más seguras. Mientras más pronto los habitantes de Pensilvania reconozcan esta verdad y se mantengan unidos, podremos garantizar cuanto antes que nuestros vecindarios se conviertan en lugares acogedores donde primen el respeto, la inclusión y la esperanza.
Descargue aquí el recurso de ACLU-PA: https://www.aclupa.org/threatstodemocracy/
*ACLU Unión Americana por las Libertades Civiles de Pensilvania