En el lapso de menos de 48 horas, el sistema nacional de atención en salud mental y tratamiento del consumo de sustancias fue empujado a una situación de crisis y luego a un alivio parcial, después de que la Administración Trump cancelara abruptamente hasta 1.900 millones de dólares en fondos federales, para pocas horas después dar marcha atrás ante una fuerte reacción de proveedores, legisladores y defensores.
A última hora del martes, hasta 2.800 organizaciones financiadas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) recibieron cartas que notificaban la terminación inmediata de sus subvenciones. Los recortes representaban cerca del 26 % del presupuesto total de la agencia y afectaban a casi todos los fondos discrecionales. Los proveedores describieron el impacto como un shock existencial: programas cerrados de la noche a la mañana, despidos inminentes y servicios esenciales para miles de personas vulnerables cortados de repente.
Las subvenciones sostienen un amplio abanico de servicios de primera línea: prevención de sobredosis y distribución de naloxona, atención en salud mental en escuelas, programas de tratamiento y recuperación para personas sin vivienda, apoyo a mujeres embarazadas y en posparto con trastornos por consumo de sustancias y capacitación para personal de primera línea de respuesta. Muchas de estas iniciativas son ampliamente reconocidas por haber contribuido a revertir la tendencia letal de las sobredosis en el país; en 2024, las muertes por sobredosis en EE. UU. cayeron aproximadamente un 27 % tras dos décadas de aumento sostenido.
La Administración justificó inicialmente la medida alegando que las subvenciones ya no se alineaban con sus prioridades, aunque los críticos subrayaron que muchos de los programas cancelados abordaban directamente la reducción de las sobredosis, la prevención del suicidio y el tratamiento de las enfermedades mentales, objetivos que la misma Administración había reafirmado apenas meses antes.
La reacción fue rápida y bipartidista. Legisladores, autoridades estatales, proveedores y familias denunciaron lo que calificaron de una interferencia temeraria y potencialmente ilegal en fondos aprobados por el Congreso. Para la noche del miércoles, la Administración comenzó a enviar cartas de restitución, restableciendo gran parte —aunque no estaba del todo claro si la totalidad— de las subvenciones canceladas.
Aunque la restauración fue recibida con alivio, el episodio ha dejado consecuencias. Incluso una congelación presupuestaria de corta duración obligó a organizaciones a suspender servicios, planificar despidos y apresurarse a tranquilizar a sus pacientes. Para un sistema ya tensionado por la escasez de personal y el aumento de la demanda, la incertidumbre en sí misma se tradujo en un daño.
Expertos advierten que este vaivén presupuestario tiene consecuencias que van más allá de una sola partida, ya que los sobresaltos reiterados erosionan la confianza entre los proveedores y el Gobierno Federal, desalientan la planificación a largo plazo y desestabilizan la atención de personas con trastornos mentales y de consumo de sustancias, condiciones en las que la continuidad del cuidado puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte.
El episodio también puso de relieve la fragilidad de los avances logrados en los últimos años contra la epidemia de sobredosis. No obstante, la restitución de los fondos evidenció la importancia de la reacción social para defender los servicios básicos de atención a la población.