El fiscal de distrito Larry Krasner respondió de manera firme a las críticas de congresistas republicanos que el 4 de mayo de 2026 cuestionaron las políticas de “ciudad santuario” de Filadelfia y su relación con las autoridades federales de inmigración.
Los legisladores, encabezados por el congresista Jim Jordan, enviaron cartas a funcionarios locales acusando a la ciudad de obstaculizar la aplicación de leyes federales de inmigración y de dar trato preferencial a inmigrantes indocumentados.
En respuesta, Krasner rechazó estas acusaciones durante una conferencia de prensa el 13 de mayo y defendió las políticas de la ciudad, afirmando que las críticas son infundadas:
“Esta carta básicamente acusa a la fiscalía de aumentar el crimen. Todos sabemos que eso es completamente falso”, sostuvo.
El fiscal también lanzó un reto directo a los congresistas, invitándolos a un debate público sobre el tema:
“Pull up” (“preséntense”), dijo, utilizando una expresión local para exigir que enfrenten el tema de forma abierta ante la ciudadanía.
Uno de los puntos centrales de su respuesta fue su crítica a las prácticas de ICE (Inmigración y Control de Aduanas). Según Krasner, en algunos casos federales, personas acusadas de delitos son deportadas antes de enfrentar juicio, lo que impide que el sistema judicial actúe.
“No hay juicio, no hay condena, no hay sentencia”, explicó, indicando que esto perjudica a las víctimas y debilita la justicia.
Krasner también señaló que su oficina cumplirá con la solicitud de documentos del Congreso, aunque calificó el requerimiento como excesivamente amplio y difícil de completar en el tiempo exigido.
Además, pidió transparencia por parte del gobierno federal y sugirió que cualquier investigación debería incluir también las políticas y prácticas de ICE.
El enfrentamiento refleja una lucha nacional sobre el papel de las llamadas “ciudades santuario”. Los críticos argumentan que estas políticas limitan la colaboración con agencias federales y ponen en riesgo la seguridad, los defensores, como Krasner, sostienen que son necesarias para: proteger derechos civiles, mantener la confianza entre comunidades inmigrantes y la policía, garantizar un sistema judicial justo.