Emely. E tiene 8 años y está impaciente por regresar a la escuela. Este año cursará 3er grado en la escuela elemental de Georgetown, DE.
Anhela volver, sobre todo, para reencontrarse con sus amigos.
Sin embargo, aunque ella no lo sabe, puede que no todos sus compañeros, se reincorporen a clases este año.
El centro público al que la pequeña asiste cuenta con un 54.2% de estudiantes hispanos. Algunas familias inmigrantes, anunciaron la pasada primavera a los maestros que no iban a matricular a sus hijos en la escuela este curso. Miss Susan fue una de las docentes a la que los padres dieron la noticia.
“Hubo padres que me contactaron y me compartieron que no matricularían a los niños este curso porque las familias habían decidido regresar a sus países de origen”.
Y es que algunas familias decidieron autodeportarse conforme al programa CBP Home. Otras, regresaron a sus países tan calladamente como llegaron. O como la familia de Katy, prefirieron emigrar a estados aledaños al Primer Estado, en un intento de que se perdiese su rastro, tras recibir cartas citándoles a comparecer en tribunales de inmigración.
Al padre de Mía, de 9 años, acaban de deportarle a México tras varias semanas de permanecer en un centro de detención en Pensilvania.
Su madre se debate entre salir del país con su hija para reunirse con su esposo, o permanecer viviendo bajo el miedo a ser detenidas.
A estas y similares situaciones se unen ahora más circunstancias adversas.
Por un lado, el recorte de fondos federales para Head Start y otros programas educativos, que entrará en vigor el 11 de septiembre y que ha provocado que el 15 de agosto los gobernadores de Pensilvania y Kentucky, junto con la fiscal general de Delaware hayan interpuesto una demanda contra el Gobierno federal que se unirá a una demanda anterior presentada el 21 de julio por una coalición de 20 estados (incluyendo Maryland y New Jersey), argumentando que el Gobierno federal actuó ilegalmente al emitir cambios en la financiación educativa sin seguir los procedimientos requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (PRWORA) y que aplicó incorrectamente esta ley a programas completos en lugar de a beneficios individuales.
Se estima que estos recortes tan solo en Delaware afectarán a más de $11 millones en subvenciones federales, que apoyan más de 250 programas educativos y atienden a más de 50,000 residentes de Delaware (incluyendo estudiantes adultos, niños en hogares de acogida y niños sin hogar). (Para consultar resto de estados ver reporte del National Institute For Early Education Research).
Por otro lado, la presunción de que Delaware, esté optando por aplicar restricciones federales a programas financiados por el estado, incluso cuando no exista mandato legal para hacerlo.
La voz de alarma ha sido dada por María Matos, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano (LACC) ubicado en Wilmington, DE, del que dependen entre otros los centros de educación temprana La Fiesta 1, 2 y 3 y que ha recibido en estos días una carta del Departamento de Educación de Delaware que ha motivado su urgente preocupación.
En la carta se anunciaba que debido a una directiva reciente del departamento se les exigía revocar la inscripción de los niños nacidos fuera de Estados Unidos en su programa de cuidado y educación temprana financiado por el estado en el centro La Fiesta 2. La justificación es que el centro también recibe fondos federales a través de Early Head Start.
Matos se lamenta en una comunicación que refleja su preocupación “¿Por qué se utilizan las directrices federales, pensadas para solo 27 niños financiados con fondos federales, para negar servicios a los otros 77 niños que reciben apoyo únicamente de fondos estatales?”.
La Fiesta 2 es un centro de educación temprana dependiente del LACC y que acoge a estudiantes desde 24 meses a 4 años. Más que una simple guardería, ofrece educación dual en inglés para los niños mayores e inmersión en español para los bebés y niños pequeños. Son elegibles para aplicar al centro, hijos de familias cuyos ingresos son iguales o inferiores al nivel federal de pobreza, familias con niños en hogares de acogida, familias con niños sin hogar y familias con niños con retrasos o discapacidades documentadas (IFSP y IEP).
La veterana directora ejecutiva ha instado a las autoridades oportunas a una aclaración urgente ya que la directiva del Departamento de Educación (DOE) mencionada en la misiva, podría dejar sin acceso a oportunidades de aprendizaje temprano financiado por el estado a niños inmigrantes en todo Delaware.
“¿Está Delaware optando por aplicar restricciones federales a los programas financiados por el estado, incluso cuando no existe un mandato legal para hacerlo?”, se pregunta Matos.
“¿Deberá ahora cualquier organización que reciba fondos estatales y federales aplicar las directrices federales de elegibilidad de forma generalizada, simplemente porque los servicios se prestan bajo el mismo techo?”.
Escuelas de educación temprana con estudiantes inmigrantes como La Fiesta II esperan aclaraciones y respuestas e iniciarán el curso escolar bajo un efecto de tristeza, shock e incredulidad.
“Se trata de una cuestión de justicia, equidad y bienestar”, señala Matos.