Los 9 activistas pro-Palestina arrestados durante el desmantelamiento del campamento instalado en Swarthmore College ofrecieron una conferencia de prensa el 8 de julio en el condado de Delaware. A través de sus abogados, los nueve acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía el pasado 26 de junio que no incluyó penas de encarcelamiento. Como parte de la negociación, deberán cumplir ocho horas de servicio comunitario y pagar los costos judiciales. Antes del juicio programado para el 1 de julio, se declararon culpables de una infracción sumaria por ruido.
Conocidos como “Los 9 de Swarthmore”, el grupo estuvo integrado por Jace Mirghani Boland, de Middletown; Brendan D. Cook, de Dover, Delaware; Andrew R. Gilbert, de Gibsonia; y Jonathan Britt, Mara Helen Cahill, Daria C. Dressler, Thomas J. Falcone, Colin Buckley Malcarney y Riley J. McManus, de Filadelfia.
El 25 de mayo del año pasado, los nueve activistas —entre ellos estudiantes de la institución— fueron acusados de allanamiento desafiante (defiant trespass). Cada uno enfrentaba hasta un año de prisión por permanecer durante cuatro días en el campamento de protesta instalado en el campus.
Los manifestantes denunciaban lo que consideran el respaldo de la administración universitaria a empresas vinculadas con las acciones militares de Israel en Gaza, mediante inversiones y donaciones por aproximadamente $2.7 mil millones. Entre las compañías señaladas se encontraba Cisco Systems.
El campamento fue bautizado “Hossam Shabat” en honor al periodista palestino fallecido durante el conflicto.
Según los activistas, pese a la tradición de Swarthmore College de respaldar las protestas pacíficas, la presidenta Valerie Smith y la vicepresidenta Stephanie Ives se negaron a negociar. El 3 de mayo de 2025, la universidad solicitó la intervención de unos 40 agentes de ocho departamentos policiales para desalojar el campamento. Smith afirmó entonces que su principal responsabilidad era garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria. Los manifestantes sostienen que fueron tratados con violencia durante el operativo.
En las recientes comparecencias judiciales en Media, cerca de 100 personas acudieron para expresar su apoyo a los jóvenes. Además, se promovió un boicot académico respaldado por más de 400 firmas.
En una declaración conjunta previa a la conferencia de prensa, los activistas afirmaron que, durante los 14 meses transcurridos desde sus arrestos, la universidad “prefirió vernos condenados antes que considerar la desinversión de Cisco Systems”. También señalaron que rechazaron una primera oferta de la Fiscalía con la esperanza de exponer las inversiones de Swarthmore y lo que describen como una represión contra la organización pro-Palestina.
Los jóvenes reconocieron que aceptar el acuerdo fue una decisión difícil y no unánime, pero agradecieron el respaldo recibido de la comunidad. Según indicaron, la negociación les permitió evitar la libertad condicional o una posible pena de cárcel.
“Estamos profundamente agradecidos por la efusión de apoyo en solidaridad con nuestro caso. El trabajo de la comunidad para ejercer presión al fiscal de Distrito y en condenar la represión y complicidad de Swarthmore, solo fortalece nuestra lucha contra la desinversión y para poner fin al genocidio”.
Al aceptar la negociación que les ofrecieron, pudieron evitar la libertad provisional o el encarcelamiento para “poder unirse de nuevo al trabajo más importante, luchar por una Palestina libre y un mundo liberado”.