Filadelfia, PA – El debate sobre el futuro del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) continúa en Estados Unidos. Como parte de la iniciativa “Make America Healthy Again”, el gobierno federal ha impulsado medidas para limitar el uso de los beneficios del programa para la compra de refrescos, bebidas azucaradas y dulces, con el objetivo de fomentar una alimentación más saludable entre las familias beneficiarias.
Sin embargo, una reciente decisión de la jueza federal Amy Berman Jackson bloqueó los esfuerzos para implementar estas restricciones en 23 estados, al determinar que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar unilateralmente la definición de los alimentos que pueden adquirirse con SNAP. En Pensilvania, hasta el momento, no existe ninguna restricción para comprar estos productos con los beneficios del programa.
Con el objetivo de conocer cómo percibe la comunidad latina este debate, realizamos una encuesta entre 22 integrantes de la comunidad latina en Filadelfia. Aunque no se trata de una muestra representativa de toda la población, las respuestas ofrecen un panorama de las opiniones de algunos residentes sobre una posible modificación al programa.
De las 22 personas consultadas, 15 mujeres y 7 hombres entre los 35 y 50 años, 11 señalaron que no reciben beneficios de SNAP, mientras
que 8 indicaron que sí son beneficiarias. Y tres personas prefirieron no responder.
Entre quienes reciben este apoyo, siete de las ocho personas consultadas consideraron muy importante conservar la libertad de decidir qué alimentos comprar con sus beneficios. La octava persona respondió que esta libertad es de importancia media.
También se les preguntó a los participantes si Pensilvania debería restringir la compra de refrescos, bebidas azucaradas y dulces con los beneficios de SNAP. 17 de los 22 participantes consideraron que sí debería existir alguna restricción, al señalar que podría contribuir a reducir enfermedades como la diabetes, la diabetes infantil y la obesidad, además de incentivar la compra de alimentos con mayor valor nutricional.
Por su parte, cinco participantes se manifestaron en contra de una medida de este tipo. Entre sus principales argumentos, señalaron que estos productos suelen ser más económicos y que limitar su compra podría dificultar la gestión del presupuesto familiar. Otros consideraron que los beneficiarios debían conservar la libertad de decidir cómo utilizar sus beneficios.
Al preguntar si estas restricciones realmente ayudarían a mejorar la alimentación, 12 de las 22 personas respondieron que sí, que podrían favorecer una dieta más saludable. Las 10 restantes consideraron que una prohibición, por sí sola, no cambiaría los hábitos de consumo ya que las personas encontrarían otras formas de adquirir esos productos.
Finalmente, se les pidió a los participantes que propusieran un cambio en el programa SNAP para fomentar una alimentación más saludable. La recomendación más frecuente fue fortalecer la educación nutricional mediante campañas informativas, orientación para administrar mejor el presupuesto destinado a alimentos y programas educativos en las escuelas públicas.
Algunos participantes también propusieron ampliar los incentivos para la compra de frutas y verduras, como los programas que ya existen en algunos farmers markets, donde los beneficios de SNAP permiten obtener un mayor valor en este tipo de alimentos. Otras sugerencias incluyeron elaborar una lista clara de alimentos de alto valor nutricional y facilitar su acceso en los supermercados.
Más allá de las diferencias sobre restringir o no ciertos productos, la mayoría de las personas consultadas coincidió en un punto: promover una alimentación saludable requiere brindar información, educación y opciones accesibles para que las familias tomen mejores decisiones alimentarias.