HARRISBURG, PA— La Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó el pasado 27 de abril, por un ajustado margen de 101 votos a favor y 100 en contra, un proyecto de ley que busca impedir la creación de comunidades residenciales nacionalistas blancas en el estado y reforzar las protecciones contra la discriminación, medida que ahora pasa a consideración del Senado estatal.
El proyecto, identificado como H.B. 2103, fue presentado a principios de este año por el representante estatal Ben Waxman, demócrata por Filadelfia, como respuesta directa a los intentos de grupos extremistas de aprovechar vacíos legales para establecer comunidades segregadas bajo la figura de clubes privados u organizaciones exclusivas.
La legislación surgió luego de que, según reportes públicos, la organización Return to the Land estableciera una comunidad exclusiva para personas blancas en Arkansas y expresara su intención de expandirse a Pensilvania y otros estados.
El proyecto de ley prohíbe que cualquier organización discrimine contra grupos protegidos escudándose en su carácter privado o en políticas de membresía, cerrando así lagunas legales que podrían permitir prácticas de vivienda excluyentes.
Durante el proceso legislativo, la iniciativa fue enmendada por el representante Malcolm Kenyatta, también demócrata por Filadelfia, para incorporar disposiciones conocidas como la Ley de Equidad (Fairness Act). Esta enmienda fortalece la Ley de Relaciones Humanas de Pensilvania, ampliando explícitamente las protecciones contra la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual e identidad o expresión de género en el empleo, la vivienda y los establecimientos públicos.
“Esto siempre ha sido sencillo: Pensilvania es mejor cuando es más justa”, expresó Kenyatta. “Durante demasiado tiempo, en particular la comunidad LGBTQ, ha tenido que vivir preguntándose si podría perder su trabajo o su vivienda simplemente por ser quienes son. Eso tiene que terminar”.
El texto de la Ley de Equidad reafirma que la discriminación —ya sea por raza, color, religión, ascendencia, edad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, discapacidad o situación familiar— pone en riesgo el bienestar público, la estabilidad económica y los derechos civiles de los residentes del estado.
Por su parte, Waxman subrayó que la libertad religiosa no debe convertirse en una excusa para excluir. “Las lagunas legales están permitiendo que la discriminación continúe hoy en día. Quiero dejar claro que la religión nunca debe utilizarse como pretexto para el odio o la intolerancia”, señaló.
De concretarse su aprobación en el Senado, el proyecto impediría que comunidades discriminatorias puedan echar raíces en Pensilvania, al tiempo que establece de forma más clara la igualdad de protección ante la ley. El gobernador Josh Shapiro ha expresado previamente su disposición a promulgar la legislación si llega a su escritorio.
El debate ahora se traslada al Senado estatal, donde defensores de los derechos civiles confían en que el proyecto continúe avanzando como una señal clara de que la exclusión y la segregación no tienen cabida en Pensilvania.