En enero de 2024, la concejala del Distrito 7, Quetcy Lozada, presentó un proyecto de ley para imponer un toque de queda a negocios como food trucks, restaurantes de comida para llevar y tiendas de conveniencia en Kensington.
El objetivo: combatir el narcotráfico al aire libre y la actividad criminal nocturna en una zona históricamente afectada por el desorden urbano. Lozada explicó que la medida busca mejorar la calidad de vida de los residentes, especialmente aquellos que viven cerca de estos negocios.
Durante años, vecinos han denunciado problemas como basura, ruido, música a alto volumen y otros inconvenientes generados por negocios —algunos irregulares— en una región donde, según ellos, la ley ha sido aplicada con indulgencia.
La propuesta se basó en un programa piloto previo en Kensington que, según Lozada, mostró resultados positivos en la reducción de crímenes y disturbios nocturnos.
Durante meses se realizaron reuniones comunitarias con participación de vecinos, comerciantes y líderes locales. Entre ellos, Edward Bonilla, quien exigía mayor orden y seguridad.
Detalles de la ley
El toque de queda, que entró en vigor la semana pasada sin la firma de la alcaldesa Cherelle L. Parker, obliga a los negocios sin licencia para vender alcohol a cerrar entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m.
Las infracciones pueden acarrear multas de $500 a $1,000 por noche.
Algunos propietarios de food trucks y pequeños negocios han expresado su preocupación, alegando que la medida afecta directamente sus ingresos, ya que muchos operan principalmente en horario nocturno. Aunque la restricción representa solo una hora menos de operación, algunos temen tener que despedir empleados o incluso cerrar sus negocios.
Edward Bonilla afirmó haber sido multado con $2,500 por operar fuera del horario permitido. Él, junto con otros comerciantes opuestos a la iniciativa, esperaba que el Concejo Municipal reconsiderara la medida antes del 11 de septiembre, fecha límite para su entrada en vigor.
La ley se proyecta hasta el año 2030, con un periodo de evaluación para analizar su efectividad y realizar ajustes.
“La ciudad necesita datos claros sobre lo que ha funcionado y lo que no”, declaró Lozada, quien ha sido por décadas una defensora activa de la comunidad latina en Filadelfia.
Además del toque de queda, la concejala ha propuesto regular los servicios móviles de ayuda a personas sin hogar y con trastornos de adicción, buscando una coordinación más efectiva entre los actores involucrados.
Acusaciones y respuesta oficial
Ante las acusaciones de comerciantes que afirman estar siendo objeto de represalias por oponerse al toque de queda, Lozada coincidió con la Oficina del director general de Filadelfia —que supervisa el Departamento de Licencias e Inspecciones— en que ninguna persona que testificó ante el Ayuntamiento ha sido perseguida.
La aplicación de la ley, aseguró, fue planificada con antelación al 11 de septiembre y forma parte de una estrategia continua de cumplimiento del código municipal.
“Soy legisladora, no funcionaria de la policía ni de los departamentos encargados de aplicar la ley”, aclaró Lozada, en una conversación con Perla Lara, editora jefe de Impacto.
“Mi oficina ha promovido asistencia gratuita para que todos los que necesiten asesoría puedan informarse de todo lo que necesitan para estar en orden… Esto se sabía desde hace meses. Han tenido tiempo para reunir su documentación y no deben temer a los inspectores si no tienen nada que ocultar”.
Más diálogo, más acción
En declaraciones para la directora de Comunicaciones Comunitarias de Impacto Haydee Rosario, Edward Bonilla, propietario de La Quinta Supermarket y de un food truck, señaló que la medida ha reducido sus ventas hasta en un 80 % y ha complicado la organización de su personal.
“Mientras los negocios con alcohol pueden operar más tarde, nosotros enfrentamos restricciones que nos afectan directamente”, explicó.
“Este horario perjudica a trabajadores que salen tarde y no encuentran dónde comprar alimentos básicos”. Por lo que propone extender el horario hasta la medianoche para los negocios sin alcohol, argumentando que no representan un riesgo de seguridad.
“No es algo personal, es una defensa de nuestros derechos laborales y empresariales”, dijo, al tiempo que pidió diálogo con la concejala Lozada.
José Luis Reynoso, de Alta Cocina, cuyo camión de comida opera desde 2019, dice que ha sufrido pérdidas significativas.
“Los que cumplimos somos los más afectados. Muchos tienen miedo de hablar, pero yo doy la cara”, le dijo a Rosario.
Él propone extender el horario hasta la 1:30 a.m., ya que la mayor parte de sus ventas ocurre por la noche. También cuestiona que la medida busque combatir a la criminalidad, dado que su negocio es familiar y no representa un foco de riesgo.
Por su parte, el reconocido empresario dominicano Victor Tejada considera que, si se va a aplicar la ley con mayor rigor, debe hacerse de forma equitativa.
“No solo con quienes pagan impuestos y tienen sus negocios en regla, sino sobre todo con los irregulares. Ellos saben bien lo que hacen y dónde están. Deberían empezar por cerrar esos ‘hoyitos’”.
¿Qué son los “hoyitos”?
Los hoyitos son espacios ocultos o disfrazados de negocios legítimos que operan fuera de la ley. Allí se vende alcohol sin licencia, se organizan juegos de azar y se facilita el tráfico de drogas. Son puntos calientes donde la gente se reúne sin horarios ni reglas.
“No basta con cerrar más temprano y hacer cumplir las leyes a los negocios establecidos, hay que cerrar los hoyitos desde ya”, enfatiza Víctor, quien emplea a varias docenas de personas y conoce bien cómo los que viven fuera de la ley afectan de muchas maneras esas zonas específicas de la ciudad, ubicadas al norte, noroeste y noreste. El también activista de la prosperidad en Filadelfia, agrega que espera que quienes reporten grandes pérdidas puedan documentarlas en sus declaraciones de impuestos.
Si bien algunos dueños de negocios se dicen afectados y se han organizado en su oposición a la medida, miembros de la comunidad consideran que el toque de queda es una respuesta directa a sus reclamos.
“No es contra los negocios, es contra lo que ocurre alrededor de ellos”, dijo Carmen, vecina de Kensington, quien también coincide que se necesita más: cerrar los hoyitos, limpiar las calles y ofrecer servicios de salud y rehabilitación para quienes viven en adicción.
La alcaldesa Cherelle Parker ha declarado que no se permitirá que los negocios alimenten el desorden. La ley también incluye medidas contra las máquinas de apuestas ilegales en tiendas y gasolineras.
Para Abraham Reyes, que es el vicepresidente de Office of Housing and Diversion Services, estas medidas pueden estar respondiendo a que la Ciudad está actuando preventivamente para comprobar al Gobierno federal que están combatiendo la criminalidad, y así no dar lugar a una potencial intervención con el envío de la Guardia Nacional.
Lo que todos coinciden es en su apertura a seguir dialogando por el bien común.
