No hace falta mirar muy lejos para entender cuáles son las prioridades de la administración Trump. Basta con seguir el rastro de los miles de millones de dólares. Se han recortado recursos de programas esenciales para destinarlos a prioridades que dejan de lado las verdaderas necesidades de nuestras comunidades. Pero nosotros, el pueblo estadounidense, sabemos lo que realmente importa: la seguridad de nuestras familias y de nuestros hijos, el acceso a la atención médica y la garantía de las necesidades humanas más básicas, para que las personas puedan dejar atrás el estado de supervivencia y avanzar hacia un futuro con mayores oportunidades.
Estas condiciones se logran mediante inversiones en programas de prevención, intervención y recuperación que ofrecen acceso a servicios de salud mental, vivienda asequible, empleos y programas de tutoría para jóvenes, asistencia alimentaria y otros apoyos esenciales. No se alcanzan desplegando agentes federales bajo el pretexto de combatir el crimen contra personas inmigrantes o contra quienes ejercen su derecho constitucional, protegido por la Primera Enmienda, a protestar y alzar la voz frente al abuso de poder.
Antes del segundo mandato del presidente Trump, la inversión en programas y servicios que ayudan a las personas y a las comunidades a prosperar iba en aumento. Sin embargo, en lugar de seguir invirtiendo en la gente, el presidente y el Congreso han convertido al ICE en la agencia federal con mayor financiamiento y están encaminados a destinar cientos de miles de millones de dólares a aterrorizar a comunidades de todo el país, incluidas las de Pensilvania.
Pero el pueblo estadounidense no se deja engañar. Encuesta tras encuesta muestra que la mayoría de las personas considera que la despiadada campaña de ICE contra los inmigrantes nos hace a todos menos seguros y que nadie debería estar por encima de la ley, incluidos los funcionarios del Gobierno.
Hoy, agentes federales están violando derechos constitucionales en nuestras calles y comunidades. Están persiguiendo a personas que cumplen la ley y que no representan ninguna amenaza, utilizando tácticas que contradicen el Estado de derecho con el único propósito de cumplir con las cuotas de detención inhumanas. Estamos sacrificando la promesa de una seguridad pública real para financiar iniciativas que desvían recursos locales hacia la persecución de nuestros vecinos inmigrantes: personas que trabajan todos los días para sostener a sus familias y construir un futuro más próspero.
Y mientras la agenda de esta administración sigue avanzando, los abusos de poder se multiplican. No podrá haber una seguridad pública real mientras quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley actúan como si estuvieran por encima de ella. La presencia de agentes federales que operan sin control en nuestras comunidades no genera tranquilidad; genera miedo al actuar con una indiferencia imprudente hacia las vidas de los ciudadanos y residentes.
Por eso, hace poco, me uní a una delegación de defensores de políticas públicas para presionar a los miembros del Congreso en el Capitolio. Nuestro objetivo fue instarlos a impulsar mecanismos que permitan a las personas exigir la rendición de cuentas de los agentes federales cuando cometan violaciones a los derechos fundamentales.
Nuestras principales prioridades durante las reuniones con integrantes del Congreso fueron exhortar a los legisladores a respaldar la Ley Bivens (Bivens Act en inglés) y la Ley de Responsabilidad Constitucional (Constitutional Accountability Act en inglés). Estas iniciativas garantizarían que las personas afectadas por abusos cometidos por funcionarios federales cuenten con mecanismos reales para buscar justicia.
La Ley Bivens restablecería un precedente de la Suprema Corte que se ha debilitado en los últimos años, otorgando a las personas un derecho legal claro para presentar demandas. Además, impediría que los tribunales desestimen estos casos bajo el argumento de que la violación ocurrió en un «nuevo contexto» no protegido por precedentes judiciales anteriores, una estrategia que se ha utilizado cada vez con mayor frecuencia durante el segundo mandato del presidente Trump.
De manera similar, en los casos en que un agente federal acusado de violar los derechos de una persona goce de inmunidad frente a una demanda, la Ley de Responsabilidad Constitucional permitiría que las víctimas demanden, en su lugar, a la agencia federal que emplea al funcionario señalado. Además de ampliar el acceso a la justicia, esta medida generaría mayores incentivos para impulsar una reforma sistémica.
Cerrar estas brechas en materia de rendición de cuentas es especialmente urgente en este momento. Durante el último año hemos observado numerosos abusos cometidos por agentes federales de inmigración, incluidas las muertes de varios ciudadanos estadounidenses, sin que prácticamente existan consecuencias ni responsabilidades para las agencias involucradas. A pesar de estos hechos, por segunda vez en el último año, nuestros congresistas aumentaron el presupuesto destinado a alimentar la maquinaria de deportaciones masivas de la administración Trump.
Se han destinado más de 140 millones de dólares a la compra de municiones para usar contra nuestras comunidades inmigrantes, en lugar de responder a las verdaderas preocupaciones de la población, como el creciente costo de vida. Mientras tanto, el tamaño, el presupuesto y el poder de ICE han aumentado de manera significativa, sin mecanismos adecuados de supervisión ni rendición de cuentas. Si permitimos que ese poder continúe expandiéndose sin controles efectivos, las consecuencias recaerán sobre las familias y los contribuyentes de todo el país.
Debemos replantear y redefinir nuestras prioridades, porquelas personas deben estar primero. La verdadera seguridad solo es posible cuando la ley se aplica por igual a todas las personas, especialmente a quienes ejercen el poder y deberían dar el ejemplo, no convertirse en la excepción. Ese cambio comienza por desmantelar la cultura de impunidad que persiste en algunas agencias federales, donde los funcionarios se sienten con la libertad de violar los derechos de las personas al saber que difícilmente enfrentarán consecuencias.
Solo entonces podremos confiar en que las instituciones creadas para proteger y servir realmente cumplirán con su propósito y contribuirán a construir la seguridad pública que todas nuestras comunidades merecen.