Toda ley en EE. UU., desde el ayuntamiento de una ciudad hasta los pasillos del Congreso, debe responder a un mismo libro de reglas: la Constitución de los Estados Unidos. Redactada durante el verano de 1787 en el Independence Hall, a pocos pasos de nuestros vecindarios, se convirtió en la ley suprema del país en 1789 y sigue siendo la constitución nacional escrita más antigua aún vigente en el mundo. Sus primeras palabras son una promesa: “Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y garantizar las bendiciones de la libertad para nosotros mismos y nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.”
Aquel verano, cincuenta y cinco delegados se reunieron en Filadelfia. George Washington presidió las sesiones; James Madison aportó tantas ideas que la historia lo recuerda como el Padre de la Constitución. El primer plan de gobierno del país, los Artículos de la Confederación, había demostrado ser demasiado débil, por lo que los redactores de la Constitución construyeron algo más sólido: tres ramas de gobierno, cada una vigilando a las otras, como vecinos que cuidan de toda la cuadra. A esto se le llama «pesos y contrapesos». Los fundadores sabían que no podían prever el futuro, por lo que dejaron una puerta abierta para realizar cambios: la Constitución puede modificarse mediante enmiendas cuando surgen nuevas necesidades. Las primeras diez llegaron rápidamente, en 1791: la Carta de Derechos, que garantiza la libertad de expresión, de religión y de prensa, además de un trato justo ante la ley.
Por esa puerta abierta llegaron también las acciones más importantes del país para incluir a todas las personas, tal como pretendía la frase «Nosotros, el Pueblo». La 13.ª Enmienda, en 1865, abolió la esclavitud. La 19.ª Enmienda, en 1920, otorgó a las mujeres el derecho al voto. Ninguna enmienda mencionó específicamente a los pueblos indígenas; fue necesaria la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924, para reconocer como ciudadanos a los primeros pueblos de esta tierra, y aun así algunos estados bloquearon su derecho al voto durante décadas.
La Ley de Derechos Civiles de 1964 fue una ley, no una enmienda. Se apoyó en la promesa de igualdad de protección contenida en la 14.ª Enmienda para prohibir la discriminación. El cambio más reciente, la 27.ª Enmienda, limita cuándo el Congreso puede aumentar su propia remuneración. Madison la propuso en 1789, pero no fue ratificada hasta 1992, como una carta que se perdió en el correo y tardó más de dos siglos en llegar.
Cuando una ley o una orden, incluida una orden ejecutiva presidencial, viola las reglas de la Constitución, los tribunales pueden declararla inconstitucional y dejarla sin efecto. El Artículo VI establece que la Constitución es la ley suprema del país, por lo que toda ley estatal y toda orden presidencial deben ajustarse a ella, como ramas que forman parte de un mismo árbol. El pasado 30 de junio, la Corte Suprema anuló una orden presidencial que intentaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento, al determinar que la 14.ª Enmienda garantiza la ciudadanía a los bebés nacidos en suelo estadounidense.
Por eso todo presidente, legislador y juez jura defender la Constitución. La promesa se hace al libro de reglas, no a un partido político ni a una persona.
La historia muestra lo que ocurre cuando los líderes rompen esa promesa. En 1992, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, envió tanques a las calles de Lima, cerró el Congreso y suspendió la Constitución de su país. En Cuba, Fulgencio Batista suspendió partes de la constitución tras tomar el poder en 1952, y esta fue completamente suspendida después de la Revolución Cubana.
La Constitución solo se mantiene fuerte cuando el pueblo la protege aprendiendo sobre ella, defendiéndola y votando.
La próxima semana: la mecánica de nuestro gobierno y cómo trabajan juntas sus diferentes ramas.
Las ramas del gobierno y sus controles
| Rama | Qué hace | Quién la controla |
| Congreso (Poder Legislativo) | Redacta y aprueba las leyes | El presidente puede vetar una ley; los tribunales pueden declararla inconstitucional |
| Presidente (Poder Ejecutivo) | Ejecuta y hace cumplir las leyes | El Congreso controla los fondos públicos y puede iniciar un juicio político; los tribunales pueden declarar inconstitucionales sus órdenes |
| Tribunales (Poder Judicial) | Interpretan el significado de las leyes y de la Constitución | El presidente nombra a los jueces; el Senado confirma sus nombramientos |