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Demanda republicana contra la acción climática

Esta semana, 12 fiscales generales republicanos anunciaron una demanda contra la orden ejecutiva de la administración Biden para medir el costo real de las emisiones que causan el calentamiento global y afectan el cambio climático. La orden ejecutiva, emitida el 20 de enero, fortalece el proceso de estimación del costo social del carbono (SCC por sus siglas en inglés) , un número que guía la toma de decisiones de las agencias federales sobre la acción climática al tener en cuenta el impacto que tiene el cambio climático en la salud, economía, seguridad y otros factores, a la hora de determinar el costo de la crisis climática en Estados Unidos.

El proceso es una herramienta esencial en la lucha por un aire y agua limpios y en la protección que las comunidades de color tienen en contra de la contaminación.

La acción ejecutiva de Biden se creó en respuesta a una medida que hizo la administración Trump para devaluar el costo de las emisiones de carbono a tan sólo $1 por tonelada. Esto inclinó los análisis de costo-beneficio que se requiere para la reglamentación federal a favor de recortar las protecciones climáticas y deshacer las regulaciones críticas de salud y seguridad para las emisiones. Bajo la acción ejecutiva de Biden, la estimación se elevó a $51, reflejando una estimación anterior utilizada bajo la administración de Obama.

La demanda es una movida política clara de los fiscales generales republicanos para detener cualquier acción climática de la administración Biden y favorecer con ello políticas que prioricen las ganancias de la industria del petróleo y el gas. Sopesar con precisión los costos y beneficios de las políticas gubernamentales con herramientas como el Costo Social del Carbono tiene una larga historia de bipartidismo y fue desarrollado originalmente por el presidente republicano Ronald Reagan.

Costo Social del Carbono y su importancia:

La orden ejecutiva:

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