Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una moción para desestimar una demanda interpuesta por republicanos, la cual prohibiría que la Oficina del Censo de Estados Unidos incluya a personas que están en Estados Unidos sin autorización legal durante el conteo de población de 2030.
Los grupos activistas aseguran que la demanda, que fue presentada el mes pasado por la fiscal general de Missouri Catherine Hanaway, violaría la ley y requeriría un recuento de la población de Estados Unidos de 2020, lo que costaría miles de millones de dólares.
«La solicitud ilegal distorsionaría la representación de millones de estadounidenses y sacudiría los cimientos de nuestra democracia representativa», afirmó la moción presentada por los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, los cuales cuentan con la asesoría legal de varias ramas de la Fundación ACLU.
La demanda es el más reciente esfuerzo de los republicanos por excluir a las personas que están sin autorización legal en Estados Unidos y a otros extranjeros de los resultados del censo. Estas cifras son la base para la asignación de fondos federales y determinan el número de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral que recibe cada estado, un proceso conocido como distribución.
La demanda de Missouri solicita que se realice nuevamente el proceso de distribución con las cifras del censo de 2020, pero ahora sin incluir a las personas que se encuentran sin permiso legal en el país. También pide que el proceso posterior al censo de 2030 se lleve a cabo de la misma manera.
Otros cuatro fiscales generales estatales del Partido Republicano presentaron una demanda similar que está pendiente en un tribunal federal de Luisiana. Además, legisladores republicanos en el Congreso han presentado una propuesta que lograría el mismo objetivo.
Un experto en redistribución de distritos del Partido Republicano había escrito que utilizar únicamente a la población en edad de votar, en lugar de la población total, para el propósito de rediseñar los distritos congresionales y legislativos estatales podría beneficiar a los republicanos y blancos no hispanos.
La 14ª Enmienda de la Constitución dice que se debe contar al «número total de personas que haya en cada estado» para fines de distribución. La Oficina del Censo ha interpretado esa frase como cualquier persona que viva en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal.
La demanda de Missouri se produce en momentos en que el presidente Donald Trump ha estado presionando a los estados con gobiernos republicanos a rediseñar sus distritos legislativos para beneficiar al Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período de este año. Trump instruyó en agosto al Departamento de Comercio para que la Oficina del Censo comenzara a trabajar en un nuevo censo que excluya del conteo a los inmigrantes que vivan sin autorización legal en el país.
Los interventores lograron recientemente que se desestimara otra demanda contra la Oficina del Censo. Un panel de tres jueces en Tampa desestimó la semana pasada una impugnación presentada por grupos republicanos a los métodos estadísticos que empleó la agencia durante el censo de 2020.
Durante una audiencia del Comisión de Asignaciones del Senado, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, reconoció el martes que la ciudadanía no era un factor en el proceso de distribución según la Constitución. Cuando se le preguntó si se incluiría una pregunta sobre la ciudadanía, dijo que la agencia aún no ha determinado las preguntas que aparecerán en el formulario del censo de 2030. El Departamento de Comercio supervisa la Oficina del Censo.
«Cuál es el cuestionario, no lo sé, y no hemos decidido», dijo Lutnick.