Fotografía de archivo de un grupo de migrantes venezolanos, guatemaltecos, hondureños y mexicanos esperando para iniciar la solicitud de visa humanitaria afuera de la oficina fronteriza estadounidense de El Chaparral, en la frontera de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, con Estados Unidos. (Foto: EFE/Alonso Rochin)

Defensores de los derechos de los inmigrantes anticiparon el 21 de octubre un “desastre humanitario” en la frontera sur si el Gobierno Biden revive el programa MPP «Quédate en México” ya que, en su opinión, los otros mecanismos de protección inmediata a los solicitantes de asilo se utilizan de manera incorrecta, y que ha obligado a unos 70.000 solicitantes de asilo a quedarse en un país en plena crisis de seguridad.

Los abogados que trabajan con los solicitantes de asilo en la frontera aseguraron en una conferencia de prensa que incluso después de la cancelación de MPP, los inmigrantes se han encontrado con un muro de trabas para poder presentar sus casos dentro de Estados Unidos, contrario a las promesas de la Administración de “una frontera más humana”.

CUATRO CASOS APROBADOS EN DOS MESES

Entre los mecanismos establecidos están las visas humanitarias que se otorgan en la frontera a migrantes que demuestran una necesidad urgente de ingreso al país porque su vida corre peligro, incluido los problemas de salud. Charlene D’Cruz, del Proyecto Corazón en el Valle del Río Grande (Texas), contó que en los últimos dos meses tan sólo ha logrado la aprobación de cuatro casos en los que se concedió una visa humanitaria a inmigrantes en ese sector.

Con esos datos en la mano, asegura que la situación con respecto a las visas humanitarias es muy parecida que en la era del expresidente Donald Trump (2017-2021), es decir, casi nula.

Miller también denunció fallas en las entrevistas de miedo creíble a las que son sometidos los solicitantes de asilo en la frontera después de que MPP fuera derogado los primeros días del actual gobierno.

La preocupación y frustración es tal que el sábado pasado 60 representantes de grupos que abogan por los migrantes abandonaron una reunión con funcionarios del Gobierno en la que se discutía la reanudación de MPP, programa insignia de Trump para dificultar al máximo la petición de asilo.

LA VIOLENCIA EN LA FRONTERA NO SE DETIENE

Entre los argumentos para instar al Gobierno a detener la implementación de MPP los activistas señalaron que desde que la Administración demócrata asumió el cargo ha habido 6.356 informes de secuestro, violación, tortura y otros ataques contra los migrantes bloqueados en los puertos de entrada o expulsados a México.

Los abogados también expresaron gran preocupación por los inmigrantes que estaban en la lista de espera de MPP que aún no han sido admitidos en Estados Unidos, y que corren el peligro de ver sus casos estancados.

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