El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, interpuso hoy una acción legal para obligar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a usar fondos de contingencia ya autorizados por el Congreso y así pagar los beneficios de SNAP correspondientes a noviembre, suspendidos a raíz del cierre del gobierno federal. La medida busca proteger a casi dos millones de residentes del estado —incluidos cientos de miles de niños y adultos mayores— que dependen de esta asistencia alimentaria mensual.
De acuerdo con la demanda, presentada junto con un bloque de 25 estados y el Distrito de Columbia, el USDA cuenta con miles de millones de dólares en reservas que pueden activarse en situaciones extraordinarias como un cierre gubernamental. El gobierno federal ordenó a principios de mes pausar la emisión de beneficios de noviembre, y la semana pasada formalizó la suspensión. Pensilvania acató la instrucción y notificó públicamente el paro de pagos por falta de financiamiento federal.
Shapiro calificó como “inaceptable” el uso de la asistencia alimentaria como “ficha de negociación”, al señalar que es la primera vez desde 1964 que se detienen pagos de SNAP a nivel nacional por decisión administrativa en medio de un cierre. “Cuando hay fondos de contingencia disponibles, el gobierno tiene la obligación de garantizar que la gente no pase hambre”, sostuvo el mandatario.
La queja enumera datos que dimensionan el impacto en el estado: en 2024, en promedio 2,025,387 residentes recibieron SNAP cada mes, entre ellos 713,811 niños y 697,001 adultos mayores; y solo en septiembre de 2025, el Departamento de Servicios Humanos (DHS) emitió 354 millones de dólares en beneficios. En términos económicos, la administración estatal subraya que cada dólar de SNAP genera 1.54 dólares en actividad económica, por lo que un corte abrupto afectaría a más de 10,600 comercios y a productores agrícolas locales.
Organizaciones de la red alimentaria caritativa advirtieron que no pueden absorber el incremento repentino de la demanda si se interrumpen los depósitos. Julie Bancroft, directora ejecutiva de Feeding PA, señaló que la cancelación de pedidos del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) y la eliminación del financiamiento del Programa de Asistencia para la Compra de Alimentos Locales (LFPA) ya habían tensionado el sistema y que una pausa en SNAP “simplemente no puede suplirse” con despensas.
La acción judicial de hoy se suma a otras emprendidas por la Administración Shapiro este año para sostener programas alimentarios y proteger a agricultores de Pensilvania, luego de que el gobierno federal diera por terminado el financiamiento de 13 millones de dólares del LFPA que beneficia a 189 granjas y 14 bancos de alimentos; en ese caso, la resolución sigue pendiente.
El litigio también busca aclarar un punto clave de política pública: si el USDA puede ignorar su propio plan de contingencia —que reconocía cerca de 6,000 millones de dólares en fondos multianuales para operaciones estatales durante un cierre— y, a la vez, suspender una prestación que llega a 42 millones de personas en todo el país.
La demanda cuenta con la adhesión de las fiscalías generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin; además de los gobernadores de Kansas y Kentucky.
Próximo paso: el caso buscará una orden judicial que obligue al USDA a liberar de inmediato los pagos de noviembre mientras persista el cierre, con especial urgencia ante la inminente temporada de fiestas, cuando tradicionalmente aumenta el gasto en alimentos y la presión sobre los bancos de comida.