El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, exigió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que detenga los planes para convertir dos grandes almacenes industriales en centros masivos de detención y procesamiento de inmigrantes en los condados de Berks County y Schuylkill County, al advertir que el proyecto representa riesgos serios para la infraestructura pública, la salud, el medio ambiente y la seguridad de las comunidades locales.
En una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, publicada el 12 de febrero, Shapiro afirmó que su Administración “perseguirá todas las opciones disponibles” para impedir que las instalaciones entren en operación si el Gobierno federal insiste en avanzar.
El gobernador subrayó que los planes se han desarrollado sin coordinación con autoridades estatales ni municipales, a pesar de que sus efectos recaerían directamente sobre comunidades pequeñas y con recursos limitados.
De acuerdo con la información conocida por el estado, los dos almacenes podrían albergar hasta 9,000 personas en total, lo que implicaría un aumento poblacional repentino y de gran magnitud en municipios rurales. Shapiro advirtió que este crecimiento forzado impondría una carga insostenible sobre los servicios públicos y municipales, además de privar a las comunidades locales de ingresos fiscales esenciales, ya que las instalaciones federales estarían exentas del pago de impuestos.
Amenazas al suministro de agua potable
Uno de los principales señalamientos del gobernador se centra en el impacto que los centros tendrían sobre el suministro de agua potable. La instalación propuesta en Tremont Township, en el condado de Schuylkill, podría requerir hasta 800,000 galones de agua al día, una cifra que supera ampliamente la capacidad actual del sistema local.
Según las autoridades estatales, el sistema de agua de Tremont ya opera bajo condiciones críticas debido a la sequía y ha dependido de suministros de emergencia transportados en camiones cisterna. De concretarse el proyecto federal, el consumo diario del centro de detención podría vaciar el reservorio comunitario en un solo día, dejando a los residentes sin acceso confiable a agua potable y reduciendo de forma peligrosa la capacidad de respuesta ante incendios u otras emergencias.
El gobernador advirtió que ni la infraestructura de almacenamiento ni la planta de tratamiento local cuentan con la capacidad necesaria para sostener una demanda de esa magnitud, lo que pondría en riesgo directo la salud y seguridad de la población.
Riesgos en alcantarillado y contaminación ambiental
En Upper Bern Township, en el condado de Berks, los riesgos se concentran en el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con los cálculos estatales, la instalación propuesta generaría más de 14 veces la cantidad de aguas residuales permitida por la normativa vigente.
Este incremento podría sobrecargar la planta de tratamiento municipal y elevar significativamente el riesgo de descargas de aguas residuales sin tratar o insuficientemente tratadas en cuerpos de agua cercanos, en posible violación de leyes ambientales estatales y federales. Shapiro advirtió que una contaminación de este tipo afectaría no solo al medio ambiente, sino también a la salud pública y a la calidad de vida de las comunidades circundantes.
Presión sobre servicios de emergencia y salud
El gobernador también alertó sobre el impacto que los centros de detención tendrían en los servicios de emergencia. Tremont Township cuenta con recursos limitados y depende en gran medida de servicios regionales para la atención de incendios, emergencias médicas y transporte en ambulancia. Upper Bern Township, por su parte, depende principalmente de un cuerpo de bomberos voluntarios.
La llegada de miles de personas detenidas, sumada al personal federal necesario para operar las instalaciones, aumentaría de forma considerable la demanda de servicios de emergencia, lo que podría provocar retrasos en la atención de incidentes para los residentes locales. Shapiro advirtió que, ante una emergencia mayor, las comunidades no cuentan con la capacidad necesaria para responder de manera adecuada.
Además, el aumento poblacional tendría un impacto directo en hospitales cercanos, muchos de los cuales ya operan bajo presión, lo que podría afectar la calidad de la atención médica tanto para los residentes como para las personas detenidas.
Falta de coordinación y posturas encontradas
Shapiro criticó la falta de diálogo del DHS con autoridades estatales y locales, señalando que su Administración ha tenido que recurrir a reportes públicos para conocer detalles clave del proyecto. El gobernador indicó que funcionarios locales y estatales, tanto demócratas como republicanos, han expresado preocupaciones similares sobre el impacto que estas instalaciones tendrían en sus comunidades.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la iniciativa y sostiene que los centros generarían empleos y beneficios económicos para los condados de Berks y Schuylkill. Funcionarios federales han señalado que las instalaciones estarán sujetas a evaluaciones de impacto comunitario y que contribuirán a los objetivos nacionales de detención y procesamiento de personas con antecedentes criminales.
Advertencia final del gobernador
En su carta, Shapiro dejó clara la postura del estado y advirtió que Pensilvania actuará si el proyecto continúa:
“Si insisten en avanzar, perseguiremos todas las opciones disponibles para evitar que estas instalaciones abran y dañen innecesariamente a Pensilvania”.
Aunque los almacenes ya fueron adquiridos por el gobierno federal, aún requieren permisos estatales y locales para operar como centros de detención. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el Gobierno estatal y el federal mantiene en incertidumbre el futuro de las instalaciones y mantiene en alerta a las comunidades de Berks y Schuylkill ante lo que podría convertirse en uno de los proyectos de detención más grandes en la historia reciente de Pensilvania.