A través de un comunicado conjunto, diversas organizaciones de defensa comunitaria expresaron su rechazo a la reciente decisión de un tribunal del condado de Bucks que permite al sheriff Fred Harran mantener un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como programa 287(g).
El fallo, emitido por el juez Jeffrey Trauger, desestimó la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania (ACLU-PA) contra el sheriff, quien firmó el acuerdo sin la aprobación de los comisionados del condado. Según las organizaciones, esta acción fue realizada de manera unilateral, sin transparencia y sin autoridad legal.
Diana Robinson, codirectora ejecutiva de Make the Road Pennsylvania, calificó la decisión como un intento de “intimidar y convertir los vecindarios en zonas de vigilancia”. Aseguró que el fallo no detendrá la lucha por responsabilizar al sheriff Harran: “Redoblaremos nuestros esfuerzos para defender lo que es justo y proteger a nuestras comunidades”.
Por su parte, Stephen Loney, abogado principal de la ACLU-PA, lamentó que el tribunal “no haya reconocido que la ley es clara: el sheriff no tiene autoridad para firmar un acuerdo 287(g) con ICE”. Añadió que la organización planea apelar la decisión y continuará trabajando para garantizar el respeto al estado de derecho.
El comunicado, emitido por Make the Road Pennsylvania y la ACLU-PA, junto con aliados como la NAACP de Bucks County y la comunidad BuxMont Unitarian Universalists, denunció que el programa 287(g) convierte a los agentes locales en extensiones de las autoridades migratorias, sin la capacitación ni los recursos necesarios. También advirtió que esta práctica incrementa el riesgo de perfiles raciales, debilita la confianza entre la policía y la comunidad, y genera miedo entre las familias inmigrantes.
Las organizaciones reafirmaron su compromiso de mantener la vigilancia sobre el cumplimiento del acuerdo y de emprender nuevas acciones legales si se vulneran los derechos de los residentes. “No guardaremos silencio ni seremos cómplices. Continuaremos luchando en los tribunales, en las calles y en nuestras comunidades hasta que Bucks County esté libre de políticas migratorias injustas”, concluyeron.