Fotografía de archivo fechada el 1 de mayo de 2020 que muestra a manifestantes contra los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. (Foto: EFE/ Cristobal Herrera)

La victoria de Joe Biden representó un alivio a las incertidumbres en las que estuvimos sumidos los pasados cuatro años de la administración Trump. Incertezas médicas con el asunto del COVID-19, mediáticas en el plano nacional y diplomáticas en el internacional. Para los millones de indocumentados, la incertidumbre fue cotidiana.

Biden, en su primer día como presidente, eliminó de un plumazo la orden ejecutiva de Donald Trump que, como sabueso, buscaba inmigrantes indocumentados para arrestarlos y deportarlos. Pero el compromiso de Biden no se quedó en el tintero, pues le envió al Congreso una agresiva propuesta de ley que promete darle a los que cumplan con los requisitos, de los 11 millones de indocumentados, vías a la ciudadanía estadounidense. Esto suena a himnos de victoria con fuegos artificiales para nuestra comunidad indocumentada.

El proyecto de ley que Biden envió al Congreso se llama Acta de la Ciudadanía Estadounidense 2021. Este es un proyecto que en palabras de Biden procura “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses a nuestro sistema de inmigración”. Parece que Biden quiere enmendar los errores de los ocho años de la administración Obama, de la cual fue vicepresidente. Bajo esa administración se deportaron más de tres millones de indocumentados, de los cuales 1,7 millones no tenían récord criminal, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

De convertirse este proyecto en ley, sería una revolucionaria reforma migratoria sin paralelo en los últimos 50 años. Por supuesto que esto es esperanzador, pero hay que dejar en claro que ese proyecto de ley del presidente Biden es el eco de la lucha de millares de documentados e indocumentados que por décadas luchamos y exigimos el respeto a la dignidad humana y la descriminalización de nuestros indocumentados.

Fueron muchas las huelgas, marchas y protestas en todo el país, exigiendo justicia y respeto para nuestra gente. Ahora empezamos a vislumbrar el resultado de esas luchas y protestas. Valió la pena todo el esfuerzo, las noches rotas y los arrestos. Gracias a todo ese coraje en defensa de nuestros indocumentados, hoy tenemos un presidente respondiendo al clamor de la comunidad latina. La lucha por la justicia siempre da buenos frutos.

Veamos algunas de las protecciones que este proyecto de ley intenta establecer:

Abrir el camino para que los indocumentados tengan acceso a la ciudadanía.  Podrán solicitar un estatus legal temporal, con la posibilidad de pedir la residencia luego de cinco años, siempre y cuando pasen las verificaciones de antecedentes penales y de seguridad nacional, así como el pago de impuestos. Los soñadores, los que tienen el estatus de TPS y los trabajadores agrícolas que reúnan los requisitos, podrán ser elegibles para la residencia inmediatamente. Los que soliciten estos beneficios tendrán que haber estado en los Estados Unidos antes del 1º de enero del 2021.

Mantener a las familias unidas. No tendrían que sufrir las eternas esperas, sino que podrían recuperar las visas no utilizadas y se aumentarán los límites de visas por país. Se eliminarían las prohibiciones que mantienen a las familias separadas; y la discriminación que sufren las que son LGBTQ+. Proveería protección para los huérfanos, viudas, niños y veteranos filipinos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. También permitirá que inmigrantes con peticiones aprobadas de patrocinio familiar puedan unirse a sus familias en los EE. UU. mientras esperan por su residencia y les llega la tarjeta verde.

Abrazar la diversidad. El proyecto de ley incluye el Acta de No Prohibición, la cual impide discriminar por razones de religión y limita la autoridad presidencial en futuras decisiones de esta magnitud. También aumentaría a 80.000 las visas de diversidad.

Promover la integración y ciudadanía para inmigrantes y refugiados. El proyecto de ley incluye nuevos fondos para que el estado, el gobierno local, organizaciones privadas, instituciones educativas y comunales, así como agencias sin fines de lucro, expandan sus programas para promover la integración e inclusión, aumentar las clases de inglés y proveer asistencia a todo inmigrante que quiera hacerse ciudadano.

Estimular nuestra economía. Se eliminarían los retrasos en visas basadas en el empleo, se recuperarían las visas no utilizadas, se reducirían los prolongados tiempos de espera y evitando los límites de visas por país. Así se les haría más fácil a los inmigrantes graduados en universidades estadounidenses quedarse en el país. La propuesta quiere dar más acceso a la residencia a los trabajadores con salarios más bajos, y a la vez busca eliminar los obstáculos innecesarios para otorgar las tarjetas verdes basadas en el empleo.

Sin duda, de aprobarse este proyecto de ley, sería una enorme victoria. Implica que nuestro poder electoral aumentaría considerablemente. Si en todos estos años luchamos con pasión por nuestra comunidad indocumentada, ahora hay que redoblar la lucha y seguir presionando para que esta propuesta legislativa se convierta en realidad.

Llame o escríbale a su congresista, a su senador, a sus políticos locales, para que se pronuncien a favor de esta propuesta.

Es cierto que es muy ambiciosa, pero es necesaria para hacer una especie de justicia retroactiva, y el solo hecho de que un presidente someta a consideración del Congreso un proyecto como este, es para celebrar. Imagínese si se aprueba, entonces cantaremos y bailaremos en las calles. Mientras tanto, sigamos en la lucha.

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