La Administración Trump resaltó en su más reciente resumen semanal, sus logros migratorios en los últimos quince meses.
Desde su primera semana en el cargo, el presidente Trump ha firmado órdenes ejecutivas en esta materia (declaración de crisis en la frontera sur) y ha continuado firmándolas (refuerzo del control fronterizo, ampliación de deportaciones, suspensión de algunos programas de entrada legal y nuevas restricciones al asilo), hasta llegar a las más recientes el 6 de agosto.
Como la política migratoria de Trump es habitualmente recurrida ante los tribunales, su aplicación queda en ocasiones temporalmente suspendida –o definitivamente revocada–, lo que dificulta conocer la normativa vigente en cada momento.
Breve actualización sobre el tema migratorio
Las normas de inmigración en EE. UU. se rigen por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Tras la Ley de Seguridad Nacional de 2002, se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que supervisa las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que procesa trámites relacionados con el proceso de inmigración; Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) que protege las fronteras físicas de EE. UU. y administra los puertos de entrada y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) que aplica las leyes de inmigración y aduanas dentro de EE. UU.
Dos órdenes ejecutivas firmadas el 6 de agosto son las más recientes modificaciones aprobadas.
La primera, identifica ciertas categorías de hijos de extranjeros que no tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento. Promulgada tras el fallo del Supremo del 30 de junio en “Trump contra Barbara” que señala que la Constitución extiende el privilegio de la ciudadanía a los nacidos de padres en los EE. UU.
La segunda, insta a detener la práctica del “turismo de maternidad”. Llega después del rechazo del Supremo el 29 de junio de un intento previo de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes en situación irregular, argumentando que una orden ejecutiva no puede alterar la garantía establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.
Por orden del 20 de julio se eliminaron las pautas que venían utilizando los oficiales de USCIS para valorar la “carga pública”, aplicándose criterios más estrictos a partir del 18 de septiembre de este año. Se refiere a las razones para denegar la solicitud de residencia permanente (Green Card), visa o admisión al país, basándose en la probabilidad de que el solicitante se convierta en una “carga pública” para el país al depender de ciertos beneficios gubernamentales.
Según el Centro de Recursos Legales del Inmigrante (ILRC) no se trata de un cambio de la ley sino de un cambio en su aplicación.
Aunque este endurecimiento ya fue instado en febrero de 2020, un juez federal la anuló a finales de ese año alegando exceso de la autoridad que la ley de inmigración daba al presidente. El 8 de septiembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una norma sobre el criterio de inadmisibilidad al país por “carga pública”.
Stephany Plácido, representante acreditada ante el Departamento de Justicia que trabaja en Esperanza Immigration Legal Services, comparte que los procesos manejados por ellos no se ven directamente afectados, ya que “suele ser un tema relevante para personas que están iniciando un proceso de inmigración basado en una petición familiar o que buscan obtener la residencia permanente desde ciertos estatus migratorios”, y que su oficina está refiriendo estos casos “a otras oficinas que sí manejan ese tipo de representación”.
Los servicios legales de inmigración ofrecidos en Esperanza se especializan “en solicitudes de ciudadanía, renovaciones de residencia permanente y DACA, permisos de trabajo y solicitudes de asilo”, señala Stephany, quien aclara que incluso residentes permanentes, “pueden ser elegibles para recibir ciertos beneficios públicos” y que ellos ayudan con “exenciones del pago de tarifas de USCIS demostrando que el solicitante recibe beneficios públicos o cumple con los requisitos económicos establecidos”.
“En los casos de naturalización, recibir estos beneficios no afecta la elegibilidad para obtener la ciudadanía”, aclara.
“La única situación en la que podría surgir una preocupación es cuando un residente permanente ha permanecido fuera de Estados Unidos por un periodo prolongado (particularmente de seis meses o más), mientras continúa recibiendo beneficios para los que se requiere residir en el país. En esos casos podrían surgir cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos del programa o sobre un posible fraude en la obtención de dichos beneficios, aunque esto no está relacionado con la regla de carga pública en sí”, puntualiza la especialista.
Pese a todo, datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que las solicitudes de naturalización en Estados Unidos bajaron en más de 700,000 en los últimos dos años. Expertos atribuyen la baja al aumento de costes, procesos más largos y temor por las políticas migratorias. En 2024, 818,500 personas se hicieron ciudadanas. En 2025 unas 97,000. En 2026 hasta abril solo 27,569 casos fueron completados. Esto supone una reducción de un 72% de menos.
Convertirse en ciudadanos es para muchos residentes legales en Estados Unidos su meta final, pero los datos llevan a analistas a concluir que la aplicación de criterios más estrictos es disuasoria para inmigrantes que persiguen la naturalización.
El miedo puede llevar a no buscar ayuda especializada. El asesoramiento legal puede marcar la diferencia a lo largo de la tramitación de un proceso migratorio.
En Filadelfia además de Esperanza Immigration Legal Services hay otras organizaciones comunitarias que ofrecen asesoría, servicios, y clínicas legales de inmigración, que dan información y ayudan en el proceso, en muchos casos de forma gratuita tanto en los trámites como en información, entre ellos: Community Legal Services (CLS), BenePhilly Center, Nationalities Services Center, HIAS Pennsylvania, y Justice at Work Legal Aid.