Un pequeño bufete de abogados de Texas vinculado con el gobierno del presidente Donald Trump rechazó un contrato federal por 150 millones de dólares para representar a niños migrantes que ingresaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, informaron las autoridades el miércoles.
Por su parte, a otro grupo cuyo exdirector ejecutivo se vio asediado por acusaciones de comportamiento indebido se le adjudicaron proyectos por un valor de hasta 244 millones de dólares para defender a los menores.
Los anuncios se producen en medio de dudas a largo plazo sobre quién representará en los tribunales a estos menores en medio de la ofensiva migratoria de Trump.
El gobierno anunció la semana pasada un plan para adjudicar el contrato a Burke Law Group, un despacho con sede en Houston que cuenta con poca experiencia en materia de inmigración. La oferta se produce después de que la Casa Blanca permitió que un contrato con casi 100 proveedores del Acacia Center for Justice expirara a finales del mes pasado.
Los menores que ingresaron al país sin compañía de un adulto y se encuentran bajo custodia federal están siendo representados temporalmente por otro grupo, aunque aún se desconoce cómo se resolverá la situación una vez que el contrato llegue a su fin en diciembre próximo. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), responsable de supervisar los contratos, emitió el miércoles un comunicado en el que no ofreció ninguna explicación sobre los motivos por los que Burke rechazó la oferta.
“Burke Law Group declinó presentar una solicitud y no se le ha otorgado ninguna subvención”, indicó la agencia —que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés)— en un correo electrónico en respuesta a una consulta sobre el contrato.
Burke Law Group publicó el martes un breve comunicado en redes sociales en el que señaló que había sopesado la posibilidad de postularse para una “pequeña parte” del contrato. No explicó por qué decidió no hacerlo.
La fundadora de Burke Law Group, Marcella Burke, trabajó como abogada en la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus iniciales en inglés) y el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump.
Entre los miembros de su equipo se incluye a Justin Shubow, partidario de los esfuerzos de Trump para exigir que los edificios federales se ajusten a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, y que en su momento fue designado por Trump como titular de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. El destacado académico conservador Ilya Shapiro figura como abogado principal.
El gobierno adjudicó otro contrato por un valor de hasta 244 millones de dólares a Our Rescue, una organización contra la trata infantil con sede en Sandy, Utah. El grupo —conocido previamente con el nombre de Operation Underground Railroad— ganó reconocimiento gracias a la película de 2023 “Sound of Freedom”.
El fundador de Our Rescue, Tim Ballard, presentó su renuncia ese mismo año en medio de señalamientos de comportamiento indebido. Varias mujeres interpusieron demandas en las que acusaban a Ballard de sacar provecho de su puesto en Operation Underground Railroad y de su deseo por ayudar a combatir la trata de niños para abusar de ellas.
Derek Benner, actual director ejecutivo de Our Rescue, celebró la nueva asignación.
“Estos son algunos de los niños más vulnerables en todo el mundo, y no merecen más que todo el peso de nuestra experiencia”, declaró Benner, un exfuncionario de alto rango del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés).
Los niños migrantes que son detenidos tras ingresar a Estados Unidos sin la compañía de sus padres suelen quedar bajo el cuidado del gobierno federal. El Congreso ha creado diversas medidas legales para su protección, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, la cual exige que el gobierno proporcione representación legal a los niños sometidos a procesos de deportación.
Unos 1.800 niños vivían en albergues y aproximadamente 22.000 menores que enfrentaban procesos de deportación vivían con patrocinadores y familiares, según los proveedores de servicios legales cuyo contrato venció.
Burke Law Group, con menos de 30 abogados y solo dos de ellos con experiencia relevante en derecho migratorio, según su sitio web, fue uno de dos bufetes seleccionados por el gobierno para cubrir el vacío.
Un contrato temporal por 20 millones de dólares que se extiende hasta finales del año le fue otorgado al Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en inglés), un grupo de asistencia legal cuyo trabajo previo con el gobierno consistió en ayudar al reasentamiento de afrikáners.
Abogados de USCRI comenzaron a presentarse en tribunales de inmigración la semana pasada y sin previo aviso, asegurando que eran los representantes legales de niños a los que aún no conocían, generando una enorme confusión entre jueces y abogados del contrato vencido que seguían brindando representación.
Algunos proveedores de asistencia legal cuyos contratos expiraron presentaron una demanda contra el gobierno, después de pasar varios meses sin recibir su pago. Un juez federal de California ordenó la semana pasada al gobierno federal que emitiera los pagos.
“Estos planes a medias no son suficientes para cumplir con la orden de este tribunal”, señaló ante el juez la semana pasada Caelin Moriarity Miltko, abogada que representa a los proveedores, en referencia a los contratos provisionales que el gobierno intenta establecer.
“Los demandantes tienen obligaciones éticas con los niños a quienes representan de seguir brindando representación de la mejor manera posible, y no se puede transferir esa representación de manera instantánea a un nuevo grupo simplemente porque los demandados hayan cambiado el contrato”, sostuvo Miltko.
Bilal Askaryar, director de comunicaciones del Acacia Center for Justice, la organización que gestionaba el contrato vencido con el gobierno, confirmó el miércoles que los grupos comenzaron a recibir pagos que cubren seis de los nueve meses adeudados, y que el resto está en proceso.