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Carga Pública: ¿Quiénes podrían verse afectados y quienes no deberían preocuparse? 

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

A partir del 18 de septiembre de 2026, entrará en vigor una nueva regla federal de carga pública, que podría afectar a algunas personas que están tramitando un beneficio migratorio. Sin embargo, también se ha generado mucha confusión y temor entre familias inmigrantes, por lo que es importante conocer quienes realmente podrían verse impactados y quienes no. Es importante señalar que la carga pública no se refiere únicamente a los beneficios públicos. La ley federal establece que los funcionarios también deben considerar factores como la edad, el estado de salud, los ingresos y recursos económicos, la educación y el historial laboral.

¿Que cambia con esta nueva regla? 

El departamento de Seguridad Nacional (DHS), eliminó la regla vigente desde 2022 y otorgó a los oficiales de inmigración mayor discreción para evaluar si una persona pudiera convertirse en una carga pública al solicitar la residencia permanente (Green Card) o al pedir admisión al país. Nota: Cuando un residente permanente pasa más de 180 días fuera de los Estados Unidos, al regresar puede ser considerado como una persona que está reingresando para establecer nuevamente su residencia. En ese momento, puede ser aplicable la evaluación de carga pública (public charge).

Entre los factores que podrían considerarse, esta el uso de ciertos beneficios públicos como:

Medicaid (seguro médico)

SNAP (cupones de alimentos)

CHIP (Children’s Health Insurance Program), seguro médico para niños y adolescentes

Algunos programas de asistencia para vivienda

La nueva regla no establece una lista detallada de criterios, sino que permiten una evaluación más amplia de cada caso. 

¿Quiénes podrían verse afectados? 

Las reglas afectan principalmente a personas que están en alguno de estos procesos migratorios  

Solicitud de residencia permanente (Ajuste de Estatus) 

Personas que solicitan una visa de inmigrante desde el extranjero 

¿Quiénes NO deben preocuparse por esta regla? 

Es importante aclarar que muchas personas no están sujetas a esta evaluación entre ellas: 

Residentes permanentes que solamente están renovando su Green Card (Si planea realizar un viaje de más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, consulte con un abogado de inmigración para determinar cómo la regla de carga pública podría afectar su solicitud.

Residentes permanentes que están solicitando la ciudadanía. (Consulte con un abogado de inmigración para asegurarse de que no tenga factores de riesgo, como haber permanecido fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses u otros posibles indicios de abandono de su residencia. Si existe alguno de estos factores, la regla de carga pública podría ser aplicable).

Ciudadanos estadounidenses

Refugiados

Asilados

Varias categorías humanitarias que están exentas por ley, como algunos sobrevivientes de violencia doméstica (VAWA), trata de personas (visa T) y otros programas protegidos.

En esos casos, el proceso migratorio no se decide utilizando la regla de la carga pública, por lo que personas en alguno de esos procesos, no deberían preocuparse.  

Probablemente no. La renovación de la residencia generalmente no está sujeta a la evaluación de carga pública. Contacte a un abogado migratorio si viajará por más de seis meses. 

Probablemente no. Generalmente, la naturalización no utiliza la regla de carga pública para decidir el caso. Consulte con un abogado de inmigración para asegurarse de que no tenga factores de riesgo que puedan generar un problema relacionado con la carga pública. 

No. Estas categorías están exentas de la regla de carga pública.

Probablemente. En ese caso podría aplicarse la evaluación de carga pública, dependiendo de las circunstancias individuales del caso.

Probablemente. Los beneficios recibidos por un hijo ciudadano estadounidense pueden atribuirse al padre o madre que está realizando un trámite migratorio. Esto es particularmente importante al solicitar la residencia permanente, pero no es el único factor que se toma en cuenta. Por ello, las familias deben tomar decisiones sobre el uso o la suspensión de beneficios públicos después de consultar con un consejero y/o un abogado de inmigración, especialmente si tienen una solicitud de residencia (Green Card) pendiente.

Cada caso migratorio es diferente. Antes de cancelar un beneficio médico, alimentario o de vivienda por miedo a afectar un trámite migratorio, es recomendable consultar con un abogado o representante acreditado o a un consultor de Benephilly que pueda analizar la situación específica.

La información correcta puede evitar que una familia renuncie innecesariamente a beneficios para los que tiene derecho y que son fundamentales para su salud y bienestar.

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