Donald Trump prometió “hacer a Estados Unidos saludable de nuevo”. Pero en lugar de eso, su administración ha permitido aumentar la presencia de químicos tóxicos en el agua que millones de familias consumen todos los días. La decisión de debilitar límites sobre los PFAS, conocidos como “químicos eternos”, es otro recordatorio de las prioridades erráticas de este gobierno.
Estos químicos no desaparecen. Se acumulan en el agua, en el cuerpo y en nuestras vidas. Los científicos han relacionado la exposición a los PFAS con cáncer, enfermedades de la tiroides, defectos de nacimiento, enfermedades renales y daños al sistema inmunológico. En abril de 2024, la EPA logró un avance histórico para proteger nuestra salud, al establecer límites para algunos de los compuestos PFAS más peligrosos en el agua potable. Ahora la administración Trump quiere eliminar algunas de esas protecciones y retrasar su aplicación durante años.
¿Quién paga el precio de esa decisión? Todos, los padres, los niños, pero sobre todo las comunidades que ya están expuestas a la contaminación y la falta de recursos para costear los gastos médicos. Las familias latinas, en particular, suelen estar más expuestas porque muchas viven cerca de granjas industriales, instalaciones petroleras y sistemas de agua deteriorados que ni siquiera cumplen con los estándares básicos de seguridad.
Al menos 73 millones de estadounidenses reciben agua de sistemas en los que la contaminación por PFAS supera los límites establecidos por la EPA. Las comunidades latinas se encuentran entre las más afectadas de manera desproporcionada, donde ya coinciden el asma, el aire tóxico y el agua insegura. Debilitar estas protecciones solo empeora la situación.
Un nuevo informe de Protect Our Care y Climate Power detalló cómo Trump ha debilitado las protecciones contra la contaminación, exponiendo a las familias estadounidenses a toxinas peligrosas que agravan el asma y otras enfermedades potencialmente mortales. El informe también señala que Trump y los republicanos del Congreso han recortado más de un billón de dólares en Medicaid y en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, poniendo en riesgo la cobertura médica de más de 15 millones de personas.
El reporte presenta un panorama alarmante. Trump eliminó 31 protecciones ambientales que, en conjunto, habrían generado aproximadamente 275 mil millones de dólares al año en beneficios económicos y de salud pública, además de evitar hasta 30 mil muertes anuales. Tan solo la eliminación de algunas de estas medidas podría provocar cientos de miles de muertes prematuras y millones de casos de asma en las próximas décadas.
Nada de esto ocurre por casualidad. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha rellenado agencias clave con aliados de las industrias petroleras. El resultado lo tenemos enfrente. Menos regulaciones para quienes contaminan y más riesgos para la salud, así como mayores costos médicos para las familias trabajadoras.
La hipocresía es imposible de ignorar. La administración habla de proteger la salud mientras permite que más toxinas terminen en el agua que consume la gente. La EPA de Trump debería proteger al público, no a los contaminadores.
Lo que está en juego es demasiado importante para quedarse en silencio. Las familias latinas merecen agua potable limpia, líderes que digan la verdad y un gobierno que proteja la salud de las personas por encima de los intereses corporativos. Y lo que hoy se debilita en los reglamentos no desaparece: se acumula en el agua y en nuestros cuerpos, para siempre.
*Antonieta Cádiz es la directora ejecutiva de Climate Power En Acción. Anteriormente, trabajó como corresponsal nacional para La Opinión y fue escritora política nacional para Univisión.