Las reducciones de la ayuda exterior de EE. UU. en 2025 han provocado «daños generalizados e inmediatos» en el movimiento global de derechos humanos, al «debilitar la labor de documentación de abusos, reducir la asistencia a víctimas y forzar el cierre o la reducción de numerosas organizaciones», según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este jueves.
Según la organización, la «retirada repentina de financiación» por parte de Washington ha tenido «consecuencias previsibles en contextos de alta vulnerabilidad» dado que EE. UU. fue durante décadas «el mayor donante global en materia de apoyo a iniciativas de derechos humanos, asistencia a la sociedad civil y programas de fortalecimiento institucional».
Sin embargo, entre enero y marzo de 2025, la actual administración estadounidense de Donald Trump llevó a cabo «una drástica reestructuración de la ayuda exterior» que afectó a programas en decenas de países.
«Cada vez que se interrumpe este tipo de apoyo, se debilitan los mecanismos que protegen a comunidades en riesgo y se dificulta la rendición de cuentas frente a abusos», señala el texto, que recoge testimonios y casos de impacto en al menos 16 países, entre ellos Afganistán, Birmania, Ucrania, Venezuela o la República Democrática del Congo.
El informe describe interrupciones en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, recortes en asistencia legal para víctimas de violencia y la paralización de proyectos vinculados a la libertad de prensa, la protección digital y la lucha contra la discriminación. Según HRW, organizaciones locales han tenido que reducir personal o cesar actividades por completo.
Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de HRW, afirmó en un comunicado que la retirada de fondos «ha facilitado el trabajo de los regímenes autoritarios» y ha dejado a muchas comunidades «sin herramientas básicas de protección».
El documento subraya que, aunque ningún Estado está obligado a proporcionar ayuda exterior, la forma en que se ejecutaron los recortes «ha generado daños evitables» y reclama una revisión independiente por parte del Congreso estadounidense.
Asimismo, insta a los responsables políticos y a los donantes internacionales a «reconstruir el apoyo al ecosistema global de derechos humanos de manera sostenible», para evitar un deterioro mayor en un contexto de «creciente autoritarismo».
«El compromiso de las organizaciones de derechos humanos ha sido extraordinario, pero no puede sustituir la necesidad de financiación estable», concluye el informe.